¿Luz al final del túnel?

 

Solo podremos empezar a ver la luz de la democracia al final de este largo y tenebroso túnel, cuando tengamos la lucidez de renovar por completo esta sofisticada tramoya electoral y sus coaliciones político-criminales que, con cinismo y credibilidad, se denomina la democracia más estable y antigua de Sudamérica.

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política,
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Javeriana de Cali
 
 

Seguro que hay motivos para el jolgorio nacional por la inauguración del túnel de la línea, un proyecto que se vislumbró como necesario para el desarrollo de la economía y la integración nacional, desde hace al menos un siglo. También, porque coincide con la llamada “nueva normalidad” que, invita a muchos a relajar sus medidas de bioseguridad, corriendo así el riesgo de ver la luz postrera de la eternidad, según la leyenda que nos cuentan quienes han estado cerca de abandonar este túnel terrenal. Este túnel terrenal que forzosamente tenemos que compartir entre todos, pero que hasta ahora hemos sido incapaces de hacerlo para avanzar públicamente y encontrar una salida que nos permita respirar y convivir amablemente, como suele suceder en toda auténtica democracia. Pero con el paso de las generaciones este túnel se ha convertido en una caverna, como a la que alude Platón, que nos impide ver la realidad y vivimos extraviados en un laberinto lleno de espejos y espejismos que nos proyectan imágenes falsas. Imágenes que muchos convierten en mitos y tabúes a los que subordinan sus vidas e identidades y, lo que es peor, pretenden someter a sangre y fuego a quienes no los vean y compartan con igual intensidad. Quizá el mayor poder del mito deriva de que es incuestionable, pues vivimos inmersos en él. No logramos tomar distancia para apreciar su dimensión y se nos va la vida creyendo en el mito. Pues es aquello que nos permite sentirnos miembros de una comunidad al compartir una visión y una creencia común.

El mito democrático

Es lo que nos sucede con la democracia. Así ella no exista entre nosotros, ni siquiera en la acepción más mínima y vital, parafraseando de nuevo a James Bryce, quien la definió como “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas, en lugar de cortarlas”. Entre nosotros no existe, pues la violencia guerrillera, paramilitar y estatal la convirtieron en todo lo contrario: “una forma de gobierno que permite cortar cabezas, sin poder contarlas”. Pero entre nosotros el mito democrático continúa inexpugnable, simplemente porque quienes votan confunden la democracia con las elecciones. Tanto en su época de colapso, durante la Violencia, como ahora, es imposible precisar el número de cabezas cortadas o, lo que es peor, desaparecidas. Ya se nos volvió costumbre vivir entre tumbas y urnas. Entre agosto de 1989 y abril de 1990, en ocho meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán (18 de agosto), Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo) y Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril). Todos asesinados por una coalición de políticos, narcotraficantes, paramilitares y miembros de agencias de seguridad del Estado1, cuya capacidad de mutación y mimetismo con el establecimiento político continúa vigente, solo que más diseminada, sofisticada y camuflada que entonces. Lo que tenían en común los tres candidatos asesinados era que encarnaban una seria amenaza a esa simbiosis entre la política y el crimen. Conocemos en parte la identidad de los autores intelectuales, pero solo los pertenecientes a la ilegalidad, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Castaño, entre muchos otros, pero conocemos muy pocos del establecimiento. Algunos líderes políticos fulgurantes, como Alberto Santofimio Botero; otros, en altos cargos de la seguridad estatal, como Miguel Maza Márquez y unos cuantos miembros de la Fuerza Pública, muchos de ellos todavía sub judice. Pero lo que no podemos ignorar o desconocer es que, desde entonces, todos nuestros presidentes, comenzando por Gaviria hasta Duque, no han podido gobernar sin tener relaciones con dichos poderes de facto. Relaciones que van desde la negociación hasta la confrontación, más allá de las contingencias y circunstancias en que se han dado y de la forma como han sido ignoradas, auspiciadas, toleradas o, incluso, estimuladas por muchos de sus electores en las urnas y sus copartidarios en el Congreso, a través de leyes y reformas constitucionales.

Dinámicas políticas electofácticas

Gaviria, a través de la llamada política de sometimiento a la justicia2, para desarticular la terrible violencia de los extraditables y facilitar la entrega de Pablo Escobar y sus hombres de confianza. Samper, con el escandaloso proceso 8.000, detrás del cual había una apuesta de los Rodríguez por obtener una política de sometimiento a la justicia más generosa que la otorgada a Pablo Escobar, algo así como tener a Cali por cárcel. Pastrana, mediante el veto de las Farc – EP a Serpa, quien le había ganado en primera vuelta, a cambio de la zona de distensión en el Caguán, como efectivamente la ofreció en su discurso del Hotel Tequendama3, unos días antes de la segunda vuelta, asesorado por Álvaro Leyva Durán. Uribe, mediante acuerdos más o menos explícitos con los paramilitares, que luego darían origen al escándalo y la depuración de la parapolítica, para facilitar una desmovilización y reincorporación a la vida civil lo más flexible y ventajosa posible a los narcoparamilitares. Acuerdos consagrados en ley 975 de 2015, de “Justicia y paz”4, que incluso promovió Mancuso desde el Congreso5 con el fallecido Iván Roberto Duque (alias, Ernesto Báez) y Ramón Isaza, estando aun armados y cometiendo crímenes atroces. Acuerdos que se teme mucho se hagan explícitos con la llegada de Mancuso y que explican, en gran parte, los errores del actual gobierno, en sus tres o más fallidas solicitudes de extradición. Por último, Santos con sus secretas conversaciones con las Farc – EP y los generosos apoyos de Odebrecht a sus campañas6, hasta llegar a Duque que, gracias a la pandemia, ha pasado de agache por sus familiares relaciones con el Ñeñe Hernández7 y de las generosas y sospechosas contribuciones de un empresario venezolano de apellido Cisneros a su campaña8, previa triangulación por empresas colombianas y el Centro Democrático. Este largo y farragoso recuento, simplemente para constatar que entre nosotros las elecciones presidenciales son una sofisticada tramoya en donde la influencia de múltiples poderes de facto, algunos legales y otros ilegales, condicionan y determinan la suerte de los candidatos, su triunfo, derrota o muerte. Poderes que no dudan en eliminar a quien consideren una amenaza para su supervivencia, como lo hicieron con Galán, Jaramillo y Pizarro. De allí que llame a nuestro régimen –disculpen la cacofonía, pero aquí no caben los eufemismos de moda— régimen electofáctico en lugar de democrático. Y que solo podremos empezar a ver la luz de la democracia al final de este largo y tenebroso túnel, cuando tengamos la lucidez de renovar por completo esta sofisticada tramoya electoral y sus coaliciones político-criminales que, con cinismo y credibilidad, se denomina la democracia más estable y antigua de Sudamérica.

Edición 699 – Semana del 12 al 18 de septiembre de 2020

1 “El hombre de la pancarta”. Revista Semana. Agosto 15 de 2004.

2 “Política de sometimiento institucionalizó el caos”. Diario El Tiempo, enero 12 de 1995.

3 “Historia secreta de los diálogos”. Diario El Tiempo, enero 11 de 1990.

4 “Entrevista a Salvatore Mancuso”. YouTube, abril 23 de 2008.

7 “El fantasma del Ñeñe”. Revista Semana, julio 3 de 2020.

   
 
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