Los tres días que estremecieron
a Colombia, y la nueva ciudadanía

 

La semana pasada asistimos estupefactos a la mayor ironía mortal como resultado de esta violación mayúscula de los derechos humanos fundamentales, ya que la masacre coincidió con el día nacional de los D.H., una celebración que recuerda la vida ejemplar del jesuita catalán Pedro Claver Corberó dedicado al cuidado de los esclavos en Cartagena hasta su muerte el 8 de septiembre de 1654.

 
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD.
 
Director Grupo Presidencialismo y Participación
 
 

“No es un hecho aislado; hay una conducta, no diría sistemática pero sí recurrente, de casos de violencia y abuso policial”.
Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en: ET, 10/9/2020, p. 1.2.

Violencia y desigualdad

“Se ha preguntado muchas veces, ¿quién dio la orden? (de disparar), seguramente pensando en que las órdenes se dan desde arriba para que los policías salgan a disparar y matar indiscriminadamente ciudadanos.
Eso no es así, no funciona así”
.
Intervención de Mindefensa, invitado por mayoría de la plenaria del senado, 15/9/2020.

Los golpes de Táser, una pistola no letal, y los posibles mandobles a bolillo limpio produjeron 9 si no 10 fracturas en el cráneo y lesiones en órganos internos del estudiante de derecho Javier Ordóñez, de 44 años, defensor espontáneo de sus derechos y de los otros, en situaciones conflictivas, en Engativá, una localidad de la ex Atenas suramericana. Así perdió la vida Javier, a golpes, de un modo infamante mientras imploraba.

Hasta el reticente y remolón ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo así lo reconoció a regañadientes por estos días, en la invitación senatorial amañada que le prepararon sus conmilitones del Centro Democrático, sin que el presidente Iván Duque siquiera se haya atrevido a presentar sus condolencias personales a la familia del occiso. En cambio, sí estuvo ya, en traje de policía, visitando uno de los CAI atacados, porque él es la suprema autoridad de este cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la Nación, que no del Estado. Tal y como lo establece el artículo 218 de la Constitución.

Los dictámenes filtrados de Medicina Legal, antes que lo certifique la Fiscalía, indican y prueban que al menos uno de esos golpes, le produjo a Javier la muerte sin remedio. Por ese motivo, y los tuits que compartió un amigo de Javier, la ciudadanía indignada, hastiada y movilizada sin conocer el dictamen con todas las de la ley “para los de ruana”, en especial, los cientos de jóvenes iluminaron a Bogotá, sin concierto previo, con un reclamo de decencia incendiaria. Fue una acción sin precedentes, que otros, de modo principal el gobierno, presidente y mindefensa califican de vandalismo. A este coro extemporáneo, cómo no, se le unió el general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía, en ausencia de Atehortúa, que tiene pendiente varias sindicaciones, para decir que había “92 policías que están plenamente identificados y que posiblemente participaron en actividades de incumplimiento de los reglamentos”.

Claro, que se conozca todo el dictamen, como reclamó el rabulismo nacional –que se conociera todo el expediente que ordenó la cautela del ex Uribe Vélez–, para defender la causa indefensable de quien parapetado en el Ubérrimo, sujeto a restricciones para que no influya en la justicia, sigue influyendo cada que puede desde el foro virtual para reclamar en más de una vez entonces: toque de queda, pero ni siquiera “piedad” para su semejante muerto; él que se autocalifica, exhibe y vanagloria de católico practicante.

El ciudadano ejemplar sigue pensando, en medio de los incendios de indignación, que es una suerte de Pericles criollo, sujeto al ostracismo por obra de una justicia venal y pendenciera. Es la misma que con diligencia, pasó su expediente a conocimiento de la Fiscalía, después que el “ilustre” senador, aunque decía que no renunciaría, ante la gabela de pasarse a otra instancia, no dudó en hacerlo porque él juzga que la Fiscalía de Barbosa, el PhD, lo tratará mejor. Lo hizo sin empacho, con todo el cinismo del caso y a la vista del público nacional e internacional. Quiere salvar su pellejo de un posible encierro, sin que importe dignidad o decencia alguna.

Este “patricio criollo” habla del uso de la fuerza que mata desde que estaba como gobernador de Antioquia, porque su paso por la alcaldía de Medellín fue fugaz, pero nunca habla de cómo obtuvo el patrimonio que él y su familia tienen cuando se lo preguntan; y menos del que han ido consiguiendo los hijos, aprovechándose de las influencias de haber sido parte de la familia presidencial. Ahí están tanto el asunto litigioso de la zona franca de Mosquera, como el negocio de las basuras en la zona metropolitana de Bogotá.

Antes y ahora, primero están los privilegios de la sacrosanta propiedad privada en Colombia, y después, si se puede, la protección de la vida de los asociados en condiciones de desigualdad frente al “monopolio legítimo” de la fuerza. A la vista tenemos el insultante conteo de la masacre padecida por la nación colombiana en Bogotá, que nada ni nadie excusa. Sin embargo, Carlos Holmes Trujillo quiere “equilibrar” la balanza delante de un senado en su mayoría obsecuente, con la siguiente perorata sibilina:

“Si hay policías que cometieron el delito de homicidio, pues hay que condenarlos por ese delito (…) pero también hay que conocer los nombres y los delitos de quienes hayan sido autores materiales o instigadores de una serie de delitos que están contemplados en el Código Penal, porque aquí de lo que se trata es de conocer la verdad”. Disfrazado de toga romana, este ilustre colombiano se puso en las antípodas del célebre Catón el Censor. Pero, para nada Holmes Trujillo hizo las cuentas en este desastre contra la vida y la convivencia, ni él, ni el presidente.

Hubo al menos 13 muertes civiles en Bogotá y en Suacha, y la pérdida de ninguna vida del personal uniformado que usó armas no letales, y disparó armas de fuego mortales, golpeó con tubos de metal, y apabulló ciudadanos en la calle durante aquellas aciagas, inenarrables noches de pesadilla y muerte. Este es el balance detrás de las palabras de las autoridades en la más profunda crisis de gobernabilidad vivida en muchos años, que solo tiene paragón con la masacre de estudiantes en Bogotá por las recién llegadas tropas del Batallón Colombia, que se sacaron a las calles para reprimir a los manifestantes, por el general Gustavo Rojas Pinilla, el gobernante de hecho in illo tempore.

Enderezar el rumbo

“Quisiera proponer que trabajemos en conjunto la reforma legal que sea necesaria para abordar el problema estructural de casos recurrentes de abuso policial”.
Alcaldesa Claudia López, en: ET, 10/9/2020, p. 1.2.

El ciudadano Álvaro Uribe Vélez habiendo sido el gobernante de Colombia por dos periodos, y los gobernantes que le siguieron, uno repitente también, y el actual que sigue perdiendo el año, con sonoridad inaudita, no se han preocupado de ayudar a establecer las condiciones sociales que hagan posible que los privilegios desaparezcan de esta nación contrahecha; para que la igualdad social que la Constitución reclama del Estado y la nación colombiana herida de muerte a diario necesita en campos y ciudades, para que se construya de forma efectiva, y progresiva una salida decorosa de este laberinto agravado por una inequitativa pandemia, que también distingue a pobres, miserables, pudientes y superricos.

A contravía de lo que pudiera pensarse, en semejantes condiciones de desigualdad en materia de garantía para la vida en condiciones ordinarias y extraordinarias, lo que se defiende en cambio es el posible préstamo a una aerolínea, Avianca, que hace una buena cantidad de años dejó de ser colombiana. Para ella se disponía la entrega en calidad de préstamo, preparado en secreto, de hasta US$370 millones de dólares. Pero para los muchos hasta hoy, solo hubo limosnas con cuenta gotas. Y claro en aquellos tres días de espanto y estupor se desbordó la copa.

Porque los jóvenes que han protestado estos tres días, arriesgando sus vidas para rechazar la muerte inaceptable de Javier, y luego de las demás víctimas reclaman también trabajo y estudio en una de las sociedades más desiguales de la tierra, en la que para 2015 el coeficiente GINI nos marcaba 0,91. Estos gobernantes de los últimos veinte años habitan otro país, y tienen otros planes, seguir favoreciendo a las minorías opulentas, y sobornando a los servidores del actual estado de cosas.

No es con represión, golpeando a la población civil con el ESMAD, la caballería de vuelta a las calles, las motocicletas que intimidan y aporrean, dándole armas a supuestos civiles, con códigos de secrecía como se construye una verdadera y robusta ciudadanía. Con la fórmula inhumana que “la letra con sangre entra” y la ley del miedo lo único que se cosecha es rebelión y perversiones. Por eso, la policía que de acuerdo con la Constitución es un cuerpo civil, tiene que separarse de ese “matrimonio” mortal con las fuerzas armadas. Tiene que ser un cuerpo civil a cargo de la nación, con una veeduría ciudadana permanente.

Para nada se puede seguir en cambio insistiendo en el placebo de la modernización y la transformación de la que habló este viernes 18 de septiembre el ministro de defensa en el reportaje que le hizo la W en la ciudad de Bogotá, para esquivar la exigencia de una reforma estructural de la misma sin aplazamientos. Para empezar, realizando la modificación del artículo 221, que fuera modificado por el Acto legislativo N.02 de 1995. A propósito del juzgamiento actual de los miembros de la fuerza pública por actos del servicio, y en relación con el mismo, conforme al Código Penal Militar. Amén de una claridad meridiana en la responsabilidad en la cadena de mando cuando se establece y autoriza el uso letal de la fuerza.

Por eso, la alcaldesa Claudia López no se equivoca al reclamar la reforma radical de la Policía, en contradicción con la negativa del presidente Iván Duque, exhibiendo valor civil digno de esta causa, que, sin embargo, no borra la oscuridad de lo que pasó cuando hacía parte del mando conjunto cuando ocurrieron los hechos luctuosos. Los gobernantes no pueden seguir incentivando la guerra social, ya no solo en el campo, sino en la ciudad, y prolongando la vigencia de hecho del régimen parapresidencial que gangrena cualquier aclimatación de la paz en el posconflicto.

La semana pasada asistimos estupefactos a la mayor ironía mortal como resultado de esta violación mayúscula de los derechos humanos fundamentales, ya que la masacre coincidió con el día nacional de los D.H., una celebración que recuerda la vida ejemplar del jesuita catalán Pedro Claver Corberó dedicado al cuidado de los esclavos en Cartagena hasta su muerte el 8 de septiembre de 1654.

Edición 700 – Semana del 19 al 25 de septiembre de 2020
   
 
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