¡Colapsa el estado social de derecho!

 

Las pequeñas expresiones que mostraban cierto compromiso del Estado en la garantía de los derechos de los ciudadanos, o cierta independencia de la rama judicial frente al ejecutivo, o cierto control político por parte del Congreso frente a las actuaciones del Gobierno, hoy están seriamente amenazadas como consecuencia de la consolidación del proyecto autoritario de la extrema derecha, representado en la actualidad por el Uribismo y su ficha en la Casa de Nariño, Iván Duque.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
 
 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el Estado de derecho es un modelo de gobernanza en el que todos los integrantes de la sociedad (incluidos los miembros del Gobierno), están sometidos a leyes que deben ser divulgadas públicamente y que se deben cumplir por igual. En este tipo de Estado, cualquier acción, incluidas las medidas del Gobierno, deben estar sujetas a normas jurídicas. En consecuencia, el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente, el cual puede coincidir o no con principios basados en los derechos y las libertades humanas. En la literatura se conocen dos acepciones sobre este concepto: la débil y la fuerte o substantiva. La primera refiere a aquellos sistemas políticos cuya organización político – social está configurada a partir del uso de dispositivos normativos que no necesariamente riñen con la implementación de estados autoritarios (de hecho, algunos sostienen que este modelo caracterizó a la Alemania Nazi). La segunda plantea que, además de estructurar el orden social y político a partir de un sistema normativo robusto, el Estado debe someter permanentemente los contenidos de estas prescripciones jurídicas al horizonte de los derechos y la democracia.

Basados en esta segunda acepción, la Constitución de 1991, en su artículo 1, declaró que Colombia es “un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Varias sentencias de la Corte Constitucional han afirmado que el Estado social de derecho se materializa por medio de dos tipos de acciones. Por un lado, en las acciones de los servidores públicos, quienes deben actuar no solo en el marco de la Constitución y la ley, sino también con arreglo al cumplimiento de la dignidad humana, situación que implica brindar las condiciones para que los ciudadanos puedan vivir con calidad de vida, con un proyecto de vida posible y sin humillaciones (Sentencia C-221 de 1994). Y, por otro, garantizar un sistema de pesos y contrapesos entre los órganos del poder público, los cuales eviten abusos, acciones impulsivas y el sacrificio del bienestar de largo plazo por cuenta de medidas inmediatistas y/o irresponsables por parte de quienes detentan el poder.

En Colombia, estos principios históricamente han sido burlados por las élites políticas que por cerca de tres décadas han estado en el poder. Particularmente, con los hechos ocurridos durante los últimos meses en plena pandemia, se puede afirmar que las pequeñas expresiones que mostraban cierto compromiso del Estado en la garantía de los derechos de los ciudadanos, o cierta independencia de la rama judicial frente al ejecutivo, o cierto control político por parte del Congreso frente a las actuaciones del Gobierno, hoy están seriamente amenazadas como consecuencia de la consolidación del proyecto autoritario de la extrema derecha, representado en la actualidad por el Uribismo y su ficha en la Casa de Nariño, Iván Duque. Además del saboteo al Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno anterior y la exguerrilla de las Farc, evidenciado en el incumplimiento de los compromisos efectuados con víctimas y excombatientes, así como los permanentes señalamientos a la Jurisdicción, Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, existen tres tipos de acciones y omisiones adelantadas por el Gobierno Duque y la jauría de fanáticos que lo acompañan, las cuales demuestran el resquebrajamiento del Estado social de derecho en función de un proyecto político autoritario que busca perpetuarse: las acciones omisivas y hasta cómplices frente al asesinato de líderes sociales, la masacre de jóvenes y el abuso policial y militar; el desconocimiento a los fallos judiciales y el desprestigio a la rama judicial; y la cooptación de los órganos de control.

Sobre el primer aspecto, resulta ofensivo que mientras Iván Duque se presenta ante la comunidad internacional como un presidente amigo del proceso de paz y sensible al cuidado de los páramos, simultáneamente oriente políticas que buscan erradicar cultivos para uso ilícito con glifosato y a sangre y fuego, implementar el fracking para el desarrollo de proyectos de explotación minera en zonas de reserva ambiental, introducir tropas estadounidenses en el territorio nacional y criminalizar el derecho a la protesta. Asimismo, mientras la sociedad se sume en la incertidumbre tras la implementación de una serie de decretos de emergencia, la mayoría inconstitucionales, que buscan recaudar billones de pesos sin que esto redunde en la garantía de una renta básica a familias vulnerables o en subsidios a pequeñas y medianas empresas para aliviar en algo la crisis económica, se evidencia la actitud omisiva y cómplice de un Gobierno indolente que no plantea estrategia alguna para defender la vida de los ciudadanos en los territorios. Frente al asesinato de líderes sociales, las cerca de 50 masacres ocurridas en 2020 y los asesinatos de ciudadanos desarmados a manos de la policía el 9 y 10 de septiembre pasados, las respuestas de Duque, en lugar de haber sido empáticas y solidarias con las víctimas, se han caracterizado por su arrogancia e hipocresía. Un ejemplo de estas respuestas fue cuando se disfrazó de policía y expresó su apoyo a los uniformados. Esto sin ahondar en los mensajes emitidos por la Presidencia en los que comparó el alto número de masacres ocurridas en los ochos años del Gobierno anterior frente al bajo número de “asesinatos colectivos” ejecutados en los últimos dos años.

Sobre el segundo aspecto, es claro que el ejecutivo no acata las órdenes judiciales de las altas cortes. Frente a las medidas de detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe proferidas por la Corte Suprema de Justicia, como consecuencia de su presunta relación con los delitos de fraude procesal y soborno, y luego de que el llamado “eterno presidente” asegurara a modo de víctima que su detención en El Ubérrimo es tan grave como un secuestro, Iván Duque salió a decir públicamente que confía y confiará por siempre en su mentor. Además de ser una clara expresión de desacato a la Corte y un modo de desinstitucionalizar el sistema de pesos y contrapesos, estas nefastas declaraciones ponen a los togados en riesgo e invita a los sectores de ultraderecha a desacreditar a la rama judicial. Otro caso que demuestra esta problemática es la posición soberbia y sectaria del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien luego de que la Corte Suprema obligara al Gobierno a efectuar una reestructuración a fondo de la Policía, presentar disculpas por el asesinato de Dylan Cruz a manos de un integrante del Esmad el pasado 21 de noviembre y prohibir el uso de escopetas calibre 12, aseguró que las disculpas ya fueron presentadas desde la semana anterior (con motivo de la muerte de Javier Ordoñez) y que la fuerza pública no incurre en excesos. Además de desconocer el fallo del alto tribunal, el cual analizó rigurosamente pruebas desde el año 2005 hasta el 2019 en los que fueron asesinadas más de 10 personas en protestas callejeras, la postura de Trujillo es intencional y deliberada dado que busca convertirse en el candidato del Uribismo para el 2022. De acuerdo con Denis Cruz, hermana de Dylan, quien publicó un video en su cuenta de Twitter el 24 de septiembre, las palabras de Trujillo son una clara burla hacia las víctimas, la ley y la justicia, por lo que debe renunciar inmediatamente. Y como para no dejar duda de la posición agitadora y pendenciera del ministro – candidato del Uribismo, quien tuvo que poner la cara ante los medios por el asesinato de Juliana Giraldo por parte de un soldado en las inmediaciones del municipio de Miranda (Cauca) el pasado 24 de septiembre, al cerrar esta columna se divulgó un trino de su cuenta oficial que dice: “¡Gloria al Soldado!”.

El tercer aspecto que consolida esta estrategia de desinstitucionalización es la cooptación de los organismos de control que sigilosamente ha adelantado el partido de Gobierno. Al respecto, resulta muy riesgoso para un Estado de derecho que aquellas instancias que deben vigilar al Gobierno provengan de sus mismas huestes ideológicas, tal como hasta el momento viene ocurriendo con la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La elección del Fiscal Barbosa, amigo personal de Duque, del Defensor del Pueblo Carlos Camargo, cuyo mayor mérito es haber estudiado en la Universidad Sergio Arboleda, y la Procuradora Margarita Caballero, supernumeraria del Gobierno, quien tiene perfil para cualquier cargo en la burocracia estatal, atentan claramente contra los pesos y contrapesos del Estado, especialmente en lo que concierne a la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Con estos funcionarios, a la cabeza de los órganos de control, ¿quiénes van a responder por desastres como Odebrecht, Reficar, Hidroituango y “el cartel de la toga”? ¿Qué va a pasar con la efectividad del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en la defensa de líderes sociales y poblaciones en zonas de conflicto? ¿Qué organismo de control fomentará políticas sociales que expliciten la diferencia entre protesta ciudadana y delito?

Para finalizar, es importante señalar que este panorama deja claro que nos enfrentamos a un proyecto autoritario que se inició hace cerca de 20 años con la primera presidencia de Uribe, pero que se está reconfigurando en estos momentos a partir de una serie de estrategias que buscan profundizar el sectarismo, la concentración del poder y la violencia. Este proyecto es gestionado no solo por las élites políticas y económicas ya conocidas, sino que cuenta con el apoyo del narcotráfico y el paramilitarismo, tal como lo demuestran las evidencias de la llamada “Ñeñepolítica”, los negocios de la familia de la vicepresidenta con “Memo fantasma” y las investigaciones de la Corte Suprema contra el expresidente Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, las cuales fueron perpetradas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además de reactivar la guerra con los impuestos de los colombianos y con los jóvenes más pobres, este proyecto actúa deliberadamente contra los derechos humanos, la democracia y la oposición. Ante la ausencia de las Farc como grupo terrorista, su nuevo enemigo interno es la oposición o la ciudadanía que critica o expresa sus desacuerdos ante este paquete de medidas que buscan incendiar al país. Por esta razón, considera que quienes hagan protesta, resistencia y propongan proyectos alternativos deben ser perfilados y criminalizados. Es su forma de hacer política, pues la retórica contra la independencia de los poderes públicos, en lugar de ser un cuestionamiento ético a su proceder, es su propaganda. Así han consolidado su capital electoral y están confiados en que esta estrategia nuevamente les dará réditos para 2022.

Edición 701 – Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2020
   
 
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