Entre semánticas criminales y vitales

 

De cada uno de nosotros depende si optamos por la semántica de las verdades, la vida y la reconciliación o continuamos tolerando la semántica de las mentiras, el odio y la muerte. Es una decisión personal que no podemos eludir y ella definirá nuestra propia humanidad y dignidad.

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política,
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Javeriana de Cali
 
 

Este mes de septiembre ha marcado la vida política nacional en forma indeleble, pues nos está enseñando nuevas semánticas, que se debaten entre la vida y la muerte. Lo paradójico es que los portadores de estas semánticas son antagónicos y al parecer irreconciliables. En la derecha, tenemos al gobierno nacional y en la izquierda al partido Farc. Después del asesinato de Javier Ordoñez y de los torrentes de sangre civil derramada, comprendimos en la misma capital el significado exacto del eufemismo gubernamental, homicidios colectivos. En efecto, en la capital no se presentó una sola masacre, pues las diez víctimas civiles cayeron en lugares distantes y cada una por separada. En rigor, pues, no cabe hablar de una masacre, pero sí de homicidios colectivos, al parecer atribuibles a miembros de la Policía Nacional. Y, de otra parte, el partido Farc, por fin en un comunicado oficial, reconoció que comprendió el significado exacto del secuestro y que éste fue su mayor error político. Pero fue mucho más que un error. Fue un horror para la vida personal y familiar de miles de colombianos y la zozobra de toda Colombia. Como en todos los crímenes que hacen parte de nuestra vida política, pero especialmente en este, el subregistro es incalculable. Lo más grave es que ello también sucede con crímenes aún más atroces, como la desaparición forzada, las masacres, la violencia sexual, los abortos y los asesinatos precedidos de torturas y vejámenes atroces, como el de Javier Ordoñez, iniciado en plena vía pública y culminado en el CAI de Villa Luz. Semejante crimen, para mayor estupor e indignación, no fue ejecutado solo por un par de agentes de Policía. Para su ejecución contó con el encubrimiento y la pasividad de más agentes de policía, presentes en dicho CAI, donde Ordoñez murió destrozado a golpes. Algo similar a la ejecución del secuestro, cometido sistemáticamente por las Farc – EP, cuya responsabilidad mayor recae en los comandantes, pero que precisó de una extensa y densa red de colaboradores para ser cometido por años en forma impune y sostenida.

Una semántica vital

Lo que revelan estos crímenes es que, como sociedad, apenas estamos empezando a comprender y aprender, a punta de sangre y horror, la semántica que necesitamos para convivir en paz. Y esa semántica es la de las verdades públicas, cuyo contenido y sentido vital no puede ser manipulado por nadie y mucho menos ocultado con eufemismos, ya que nos pertenecen a todos. Son verdades que dan sentido a nuestra vida en común, como la libertad, la justicia y la dignidad. De allí, que no pueda llamarse retención a un secuestro y mucho menos acto de servicio policial al asesinato de un ciudadano. Por eso, son las víctimas quienes nos están enseñando a todos los colombianos los significados exactos de crímenes como el secuestro y el alcance profundo e inefable de la libertad. Así lo hizo Ingrid Betancur ante la Comisión de la Verdad1 con la sensibilidad, la profundidad y el dramatismo de quien sufrió el vejamen de ser despojada de su libertad y ultrajada en su dignidad, la cual nunca claudicó y siempre enarboló frente a sus secuestradores. Seguramente que al escuchar los excomandantes de las Farc – EP su testimonio, comprendieron y sintieron no solo la inhumanidad de su crimen, sino su absoluto extravío político. Así lo expresan en su Comunicado: “El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”2. Sin duda, porque no es propio de revolucionarios, sino más bien de reaccionarios, arrebatar arbitrariamente la libertad a un ser humano y someterlo a humillaciones, tratos crueles y degradantes. Mucho menos, es de revolucionarios reclutar forzosamente menores de edad y otros crímenes más deleznables, como la violencia sexual, el aborto y las desapariciones.

Una semántica criminal y oficial por rectificar

Pero aún más grave y criminal es que un Estado, proclamado constitucionalmente como de derecho y democrático, llame “seguridad democrática” al asesinato de miles de jóvenes pobres. Que, en nombre de una disposición oficial, como la Directiva 0293, firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina, se haya promovido con pueriles estímulos dichos asesinatos y, peor aún, se trate de banalizarlos con el atroz eufemismo de “falsos positivos”. Es esta semántica criminal la que están en mora de abjurar y rectificar públicamente el expresidente Álvaro Uribe y Camilo Ospina, así como lo hicieron los excomandantes de las Farc – EP con el secuestro, y deben seguir haciéndolo con otros crímenes semejantes como el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual, los abortos y las desapariciones. Si no lo hacen el expresidente Uribe y su ministro de defensa, Ospina, y es aceptado pasivamente por nuestra sociedad, entonces estaríamos legitimando lo inadmisible: que hay una violencia buena y justa, en nombre de la cual están autorizados asesinatos, desapariciones, torturas y demás crímenes de lesa humanidad, contra supuestos enemigos o, en el sibilino lenguaje oficial, “guerrilleros vestidos de civil” o “malos ciudadanos”. Y si Uribe y Ospina no se sienten aludidos y emplazados, entonces seguiremos viviendo eternamente en este infierno, donde otros policías encargados de proteger la vida –como aconteció con los policías Lloreda y Rodríguez– se sentirán autorizados para torturar y matar a innumerables Javier Ordoñez, supuestamente para corregir a los “malos ciudadanos” que alteran la convivencia en el vecindario y beben licor con sus amigos en lugares públicos. Entonces continuará indefinidamente la guerra de los “ciudadanos de bien” contra los “ciudadanos del mal”. De los creyentes contra los paganos. De los “normales heterosexuales” contra los “anormales y degenerados homosexuales”. Y esta lógica maniquea se trasladará y profundizará en la lucha visceral de una “derecha virtuosa” contra una “izquierda criminal”. Y así continuará la matanza con la mejor buena conciencia, pues los “buenos somos más” y los “demócratas” no pueden permitir que los “comunistas” y “castrochavistas” se tomen el país.

Redes sociales de odio y criminalidad

Sin exagerar, este es el tipo de lenguaje que ya circula e inunda las redes sociales, con epítetos que van desde “mamerto, petrista y terrorista” contra “paraco, uribista y fascista” o viceversa. Si no abandonamos esta semántica de odio y mentiras, no podremos avanzar hacia una semántica de vida, respeto y reconciliación. Para ello, convendría que quienes desde sus altas magistraturas enfrentaron a los excomandantes de las Farc – EP, también asumieran la semántica de la vida y la verdad y llamarán sus políticas y éxitos por su nombre. Que comparecieran ante la Comisión de la Verdad y nos contarán a todos los colombianos sus logros históricos, sin eufemismos, sin refugiarse más en el respaldo complaciente o cómplice de millones de sus seguidores. Seguidores que, en su laxitud moral, indolencia de privilegiados, miedo comprensible, revanchas personales y familiares o fanatismo e ignorancia invencible, todavía los consideran honorables servidores públicos que están más allá del bien y del mal, más allá del sufrimiento y las demandas de verdad, justicia, reparación, no repetición y sentido de humanidad que claman sus miles de víctimas y familiares sobrevivientes. Por el respeto hacia todas las víctimas, no solo por las numerosas víctimas que el partido Farc ya empieza a reconocer, sino por las más de 9 millones a quienes todavía no se les reconoce plenamente su ciudadanía, debemos exigirles a todos los responsables que no nos sigan mintiendo. Que se despojen de tanta honorabilidad y nos digan la verdad, que reconozcan sus errores y horrores. Y que, ojalá, no eludan la justicia, ni la ordinaria, ni la propia de su fuero, ni la de la JEP, porque la dimensión pública de sus crímenes y abusos de autoridad –como el asesinato de Javier Ordoñez y los “falsos positivos”– no se pueden ocultar ni negar por mucho tiempo más. Ya están inscritos en la conciencia pública de toda Colombia y la comunidad internacional.

No más prohibicionismo criminal

Pero, por lo pronto, al presidente Duque hay que decirle que no continúe aumentando la cifra de víctimas, prolongando y profundizando la mentirosa e insensata guerra contra las drogas. Que la coca no es la mata que mata4. Que lo que cada día mata más colombianos, campesinos, soldados y policías, es la política prohibicionista que aumenta la codicia y la criminalidad de los narcotraficantes, junto a sus cómplices legales e ilegales. Lo expresó claramente Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Esto es literalmente cierto”5. Puesto que es su ilegalidad, la que aumenta las ganancias del crimen y de todo el sistema financiero e institucional que se aprovecha del mismo. La única forma de contener la violencia de los gánsteres en Estados Unidos en la década del prohibicionismo del licor fue precisamente regulando en forma legal y estricta su producción, distribución y consumo. Que el presidente Duque no se haga responsable, por complacer a Trump, de un doble crimen, de consecuencias imprevisibles. Del ecocidio, al fumigar y envenenar nuestros bosques tropicales con glifosato. Y del desplazamiento forzado de poblaciones campesinas, indígenas y negras, pues sus cultivos de pan coger serán arruinados, sus parcelas y resguardos envenenados, por más protocolos técnicos y sofisticados que se utilicen en la aspersión del glifosato. Contra las veleidades del viento y el clima no hay ciencia ni técnicas infalibles. De otra parte, quienes más dinamizan la criminalidad del narcotráfico y sus astronómicas ganancias son sus consumidores norteamericanos y europeos, no los raspachines de la coca, a quienes el Estado no les brinda políticas sostenibles de desarrollo rural y social, incumple con la sustitución voluntaria de sus cultivos y nos les deja otra alternativa que la ilegalidad.

Los culpables son los otros

Pero, claro, es políticamente más convincente y conveniente responsabilizar al Acuerdo de Paz, al gobierno anterior, incluso a Santos y Obama, de ser los “culpables” del auge de los cultivos de coca y del narcotráfico. Pero, sobre todo, es absolutamente cierto, acertado y correcto, obedecer los dictados de Trump, ese líder humanitario que salvará a Estados Unidos del “socialismo radical” del partido demócrata y a la civilización blanca y cristiana de los pecaminosos y ateos izquierdistas, partidarios del aborto, la igualdad racial y la justicia social. Basta leer la carta del más autorizado consejero presidencial, Luis Guillermo Echeverri, dirigida a El País6, de España, para comprender la semántica de la mentira, la ignorancia y el odio que impera en las altas esferas oficiales. Vivimos y morimos entre semánticas criminales y vitales. Ahora somos conscientes de ello, como nunca había sucedido en nuestra vida política, gracias al Acuerdo de Paz y las instituciones creadas para reconocer la dignidad de todas las víctimas: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Dichas instituciones nos están enseñando, con el testimonio de las víctimas y el reconocimiento de los victimarios de sus responsabilidades, la nueva semántica de la vida. Una semántica que expresa todas las verdades, por terribles que sean, y demanda de nuestra parte la suficiente sensibilidad, empatía y valor civil para no negarlas y muchos menos justificarlas, refugiándonos en argumentos criminales como la “justicia por propia mano” (AUC), o en supuestos valores superiores como la “seguridad democrática” o la “paz con justicia social”, en nombre de los cuales se cometieron innumerables crímenes de lesa humanidad. De cada uno de nosotros depende si optamos por la semántica de las verdades, la vida y la reconciliación o continuamos tolerando la semántica de las mentiras, el odio y la muerte. Es una decisión personal que no podemos eludir y ella definirá nuestra propia humanidad y dignidad. Ya es hora de reconocernos, por fin, como una comunidad política democrática, sin enemigos a la izquierda o la derecha, a quienes se odia y elimina con cinismo e impunidad desde hace más de medio siglo. Empecemos a convivir como ciudadanos y a comunicarnos con la semántica de las verdades, el perdón y la reconciliación política, por el respeto que merecen todas las víctimas y el derecho sagrado a la vida de nuestras próximas generaciones y del mismo planeta.

Edición 701 – Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2020

1 Ingrid Betancourt en Contribuciones a la Verdad – Comisión de la Verdad, septiembre 14 de 2020.

2 Declaración Partido de las Farc. Septiembre 14 de 2020.

5 El Malpensante, (2000, septiembre 16 a octubre 31) No. 25, pp. 20.

   
 
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