Lectura socioteológica de la coyuntura actual del país

 

La violencia y el despojo multiforme han generado una crisis sin antecedentes en Colombia que no puede ser ignorada por los ciudadanos. La movilización y exigencia ciudadana es un imperativo que no se puede debilitar en este momento que los jóvenes en buena hora han llamado al conjunto del país a defender el fin de la guerra.

 
Jaime H. Díaz A.
 
Director Corporación Podion
 
 

Introducción

Estamos a cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. El presente informe recoge una conferencia que pronuncié a fines del año pasado, pero con datos actualizados para este análisis de coyuntura, donde se hizo una lectura de contexto sobre el cumplimiento de los acuerdos. Se presenta por su vigencia y por las reflexiones aquí expuestas sobre la reconciliación social, tantas veces solicitada y frecuentemente mal comprendida.

Es un capítulo del libro ¿Es pertinente la Teología de la Liberación hoy?, publicado por Amerindia1.

Soñé que el río me hablaba
Con voz de nieve cumbreña
Y dulce, me recordaba
Las cosas de mi querencia.
Tú que puedes, vuélvete ...
Me dijo el río llorando.
Los cerros que tanto quieres,
-me dijo-
Allá te están esperando.
Es cosa triste ser río
Quién pudiera ser laguna ...
Oír el silbo del junco
Cuando lo besa la luna ...
Qué cosas más parecidas
Son tu destino y el mío:
Vivir cantando y penando
Por esos largos caminos.
Tú que puedes, vuélvete ...
Me dijo el río llorando.
Los cerros que tanto quieres,
-me dijo-
Allá te están esperando.
Tú que puedes, vuélvete ...

Tú que puedes, vuélvete ...

He querido comenzar con este poema del canta-autor argentino, Atahualpa Yupanqui, que nos habla del desarraigo, como lo han sufrido millones de nuestros compatriotas.

Lamentablemente muchos quisieran, pero no pueden, acoger su consejo porque la muerte los está esperando en el regreso a sus tierras. Así ha sido y así está siendo la experiencia que están viviendo centenares de familias que quisieron retornar y encontraron la muerte a manos de quienes les quitaron sus tierras o las vendieron a terceros que hoy pretenden mediante trámite legislativo que los llamados “terceros de buena fe” se puedan quedar con la tierra de humildes campesinos. En eso está el partido de gobierno (Centro Democrático) y especialmente las senadoras latifundistas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, ambas de las entrañas del expresidente Uribe, que también tiene tierras “como tercero de buena fe”.

Nuestros ríos tienen mucho que contarnos y también que lamentarse porque están heridos y algunos en agonía por la deforestación y la minería a mansalva. Nuestros ríos están teñidos de sangre: ¡cuántos cadáveres han arrastrado por la violencia causada a su paso!

Permítanme hacer memoria del padre Tiberio Fernández Mafla, mi amigo y compañero de estudio en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana.

Sus despojos flotando, sin cabeza, fueron encontrados en el río Cauca. Al momento de su asesinato mi oficina lo asesoraba en el establecimiento de pequeños emprendimientos para campesinos y gente sencilla de Trujillo en el norte del Valle. Era un párroco que había desplegado una labor social formidable. Se calcula que en ese pequeño pueblo había unos 45 emprendimientos en marcha animados por el sacerdote. Hombre de un don de gentes inigualable, decidido defensor de los derechos de los campesinos y de los pobres, profeta que denunciaba la violencia que se vivía en Trujillo y en todo el norte del Valle.

En los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar campeaba la violencia de tal manera que hoy se da cuenta que entre 1988 y 1994 se registraron, según los familiares y organizaciones humanitarias, 342 víctimas de homicidios, tortura y desaparición forzada. Ante la monstruosa situación, Tiberio no se podía callar y denunció el torbellino de violencia contra la población civil en una alianza entre narcotraficantes, agentes locales y regionales, y la fuerza pública.

La Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT) de 1995, con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pudo establecer la alianza regional entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya, alias “Don Diego”, y Henry Loaiza, alias el “Alacrán”, junto a miembros de la fuerza de seguridad del Estado, policía y ejército, y algunas autoridades civiles, con muy variados móviles: limpieza social, eliminación de testigos, despojo de tierra y persecución política. El profesor Gonzalo Sánchez, director de Memoria Historia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, señala:

“En Trujillo se exhibieron un repertorio de instrumentos y procedimientos de tortura y de terror que serían multiplicados una y mil veces en la geografía nacional: motosierras para desmembrar vivas a las víctimas, hierros candentes introducidos en los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas abiertas, uso de soplete de gasolina, martilleo de los dedos, levantamiento de las uñas, en fin, lo más denigrante y atroz que se pueda concebir”.2

El 17 de abril de 1990 el padre Tiberio, que conducía el vehículo de la parroquia en compañía de tres personas más, entre ellas su sobrina de 18 años, fueron desaparecidos para ser conducidos a la hacienda Villa Paola, propiedad del narcotraficante Henry Loaiza. En dicho lugar, las víctimas sufrieron innumerables torturas. El informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre el caso Trujillo señala:

“El padre Tiberio habría sido obligado a ver el padecimiento de cada uno de sus acompañantes antes de ser torturado. A su sobrina la violaron y mutilaron sus senos. El cadáver descuartizado del párroco fue rescatado de las aguas del río Cauca[..] Los cuerpos de sus acompañantes no fueron recuperados”.3

Por esta masacre el Estado colombiano fue condenado en 1995 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que obligó al presidente Samper a pedir perdón y a reconocer la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos.

En Trujillo, con tesón y admirable valentía, la Asociación de Víctimas, con el concurso invaluable de la hermana dominica Maritze Trigos y el padre jesuita Javier Giraldo, han llevado la causa de las víctimas de Trujillo a las más altas instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que la Nación ha sido condenada; y en las instancias judiciales colombianas, donde se siguen los procesos, las víctimas han estado representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con gran generosidad y competencia. La Asociación de Víctimas de Trujillo construyó un gran Centro de Memoria donde se encuentran los restos mortales de Tiberio y de la mayoría de las víctimas de Trujillo.

Las injusticias sociales, económicas y políticas han alimentado la violencia y el conflicto armado en Colombia. Para la sociedad civil progresista la construcción de una paz estable y duradera pasa por la conquista de un país más equitativo y justo. Por esta razón, convocar y exigir una negociación del conflicto armado tenía en sus entrañas la convicción de que los acuerdos a los que se pudiera llegar abrirían la puerta a un proceso de desarrollo con justicia social en el que la paz se fuera aclimatando no solo por la dejación de las armas, sino por una cultura de convivencia, en un marco de respeto y dignidad para que los derechos pudieran ser ejercidos a plenitud.

No podemos olvidar que el nuestro es el segundo país con mayor inequidad en América del Sur (después de Brasil) y el onceavo en el mundo, y que es en las zonas rurales donde más aguda es esa inequidad y pobreza. El abandono y la ausencia social del Estado en inmensos territorios mantienen a sus habitantes con grandes carencias en salud, educación, seguridad, vías. Esta situación propicia en muchos casos el ingreso de economías mafiosas, como las del narcotráfico y la minería ilegal, aumentado la espiral de violencia, ilegalidad y zozobra de sus habitantes.

El último Censo Agropecuario es claro en señalar cómo es la injusta y absurda concentración de la tierra en el país, fruto de una historia de despojo y atropello a indígenas y campesinos: el 1% de las explotaciones más grandes acapara más del 80 por ciento de las tierras rurales. En relación con la propiedad, las cifras son también alarmantes: el 43% de las unidades productivas de más de 2.000 hectáreas no se conoce de qué forma sus propietarios la obtuvieron. El uso de la tierra es también totalmente inadecuado: 40 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería, lo que implica también un deterioro del territorio y crecientes erosiones. Sin embargo, es el campesinado en sus pequeñas y medianas propiedades el que entrega el 70% de los alimentos a los colombianos. Cultivos como el café, la caña panelera y la papa la producen pequeños campesinos, mientras que gran parte de la palma africana se da en unidades de más de 1.000 hectáreas y el 85% de la caña de azúcar está en predios de más de 100 hectáreas.

Si nos preguntamos: ¿Cuándo se originó está inequidad en la propiedad de la tierra, ese despojo que ha conllevado a tanta violencia? Debemos ir 527 años atrás.

– La bula Inter caetera de Alejandro VI, del 3 de mayo de 1493, otorgó a perpetuidad todas las tierras descubiertas y por descubrir en América a los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla de un lado y del otro a los reyes de Portugal. Se constituyó así una alianza estrecha entre conquista y evangelización, entre Iglesia y usurpadores, entre dueños y vasallos, entre señores e indígenas y, posteriormente, entre amo y esclavo.

– Las tierras desde la llegada de los españoles han sido un lugar de disputa. La Encomienda, institución colonial, fue el comienzo del acaparamiento privado de las tierras, mientras que los indígenas gozaban de tenerlas de forma colectiva como hasta ahora. Desde la Colonia se crearon los resguardos indígenas en territorios alejados y considerados de menor valor mientras las mejores tierras fueron dadas primero a los encomenderos y luego a los hacendados.

– Pero seríamos justos si no recordáramos que también llegaron a estos territorios personas que lucharon contra las injusticias y el despojo que veían que se estaba produciendo, que expresaron con sus voces y acciones el auténtico mensaje evangélico de estar del lado de la justicia, de optar por el pobre, el humillado, el empobrecido. Los frailes dominicos Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas se convirtieron en adalides de los derechos de los indígenas. Es bien conocido el sermón de Antón de Montesino que había preparado con sus ocho hermanos religiosos y pronunciado el 4º domingo de Adviento, el 21 de diciembre de 1511. Lo introdujo tomando el evangelio de San Juan:

Enviaron los fariseos a preguntar a Juan Bautista quien era, y este les respondió: “Ego vox clamantis in deserto”. Y continuó diciendo: “Esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué auctoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades en que, de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y cognozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo”4.

– Fray Bartolomé de las Casas, que había comenzado su labor en América como encomendero, a los 30 años renunció públicamente a la encomienda y se dedicó a la defensa de los indígenas sin descanso, tanto en América, donde fue nombrado obispo de Chiapas, como frente a la corona española. Por eso Bartolomé de las Casas, junto con Francisco de Vitoria es considerado uno de los fundadores del derecho internacional moderno.

– Dando un salto a la república, nacimos con una disputa política y económica entre conservadores y liberales, en la que los conservadores estaban ligados a la tierra, al latifundio y fieles a la Iglesia y la Iglesia fiel a ellos, mientras los liberales, más dedicados al comercio, eran artesanos, zapateros, herreros y después banqueros, y en el siglo XX propiciaron el ingreso del protestantismo al país.

– En el siglo XIX las guerras civiles nacionales y regionales fueron constantes y las revueltas innumerables. Tuvimos nueve guerras civiles de carácter nacional y 14 de menor calado de carácter regional. Culminamos ese siglo con la guerra de los mil días, que tuvo entre otras consecuencias la pérdida de Panamá.

– Los conservadores tenían como divisa “Dios, patria y familia”. Los liberales, por su parte, identificados con los ideales de la Revolución francesa tenían como referencia Égalité, liberté e fraternité y, para ellos, la Iglesia era un obstáculo para la modernización.

– El mayor desangre que ha tenido el país se produjo a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Se ha llegado a hablar de 500.000 muertos, cuando Colombia tenía una población de 12.300.000 habitantes. Es realmente una barbaridad. Con ello vinieron el despojo de tierras, la expulsión de los territorios y nuevas colonizaciones con nuevos despojos, esta vez de indígenas, por ejemplo, en los Llanos y zonas selváticas próximas (como Caquetá y Putumayo). En el país se instauró una cultura de la violencia, que ha conducido a que los conflictos sean tramitados de forma violenta.

– El atropello de las fuerzas de seguridad del estado era constante contra sectores campesinos liberales. Uno de ellos, Manuel Marulanda Vélez, se reveló contra esta situación y conformó un grupo de autodefensa campesina, no aceptó perder ni su parcela, ni sus gallinas ni sus cerdos, como lo diría más tarde en carta dejada en la silla vacía y dirigida al presidente Pastrana Arango en el Caguán. En 1964 se crearon oficialmente las Farc.

– Un gran sector de la dirigencia empresarial y financiera del país consideró que la guerra no tenía más sentido, que no se acabaría a las Farc en una guerra prolongada, que era una buena inversión negociar. Eso sí no se deberían tocar los pilares del sistema económico y político. No se negociaría ni el modelo económico, ni se harían reformas al Estado, no se tocarían las fuerzas militares, ni tampoco las relaciones internacionales. La guerrilla debilitada y teniendo claro que no sería posible llegar al poder por las armas y calculando que lograrían más por la vía de la negociación se decidió por una negociación del conflicto armado.

– La guerra había dejado muerte, desplazamiento, despojo y una inmensa cultura de violencia.

– El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó al país el 24 de julio del 2013 el informe: ¡Basta ya!, Colombia: Memorias de guerra y dignidad5. El documento, elaborado durante seis años por incuestionables académicos y estudiosos del conflicto armado interno, es un espeluznante relato de 54 años de violencia en Colombia.

– De forma metódica nos presenta la radiografía de terror que el país ha vivido desde 1958 hasta 2012. Las cifras son altamente dicientes de hasta dónde puede llegar la barbarie entre habitantes de un mismo país y cuya población civil ha sido la mayor afectada. De 220.000 muertos por el conflicto, 176.000 fueron civiles; mientras que se ha llegado a tener 7 millones de ciudadanos desplazados; 10.189 colombianos mutilados. Se calcula entre 80.000 y 100.000 los desaparecidos.

– La lucha por la tierra ha sido uno de los motores más fuertes de las masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento. De esta manera, como consecuencia de la guerra prolongada 6,5 millones de hectáreas fueron despojadas. El gobierno está totalmente rezagado en sus obligaciones con las víctimas despojadas.

– El documento señala que “los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basada en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito el desplazamiento forzado selectivo. Además, afectaron a la población civil como efecto colateral de los centros urbanos, y de la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal. La violencia de los miembros de la Fuerza Pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos, y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza”6.

– El informe llama la atención acerca de cómo los asesinatos selectivos “constituyen la modalidad de violencia empleada por los actores armados que más muertos ha provocado en el desarrollo del conflicto”7. De acuerdo con las proyecciones del GMH, las proyecciones de asesinatos selectivos son de 150.000 personas. Es decir, nueve de cada diez homicidios de civiles en el conflicto fueron asesinatos selectivos.

Desde que llegó Duque al poder el 7 de agosto de 2018 y hasta julio de 2020, según datos suministrados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, habían sido asesinados 573 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los indígenas se constituyen en la población que más dirigentes han perdido por asesinato, según INDEPAZ, en ese mismo periodo del gobierno Duque había sido asesinados 167 indígenas. Infortunadamente Colombia es el país donde más líderes ambientalista son asesinados en el mundo, según Global Witness; en el 2019 fueron asesinados 64 líderes que defendían la naturaleza. Para completar el triste panorama, debemos señalar que a julio del presente año habían sido asesinados 222 excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz, según denuncia hechas por el propio partido Farc. Día tras día son asesinados líderes y lideresas sociales en Colombia, indígenas, afrodescendientes, campesinos, dirigentes de Acción Comunal, reclamantes de tierras, ambientalistas, exguerrilleros de las Farc, etc. Personas que luchan por sus derechos y los de sus comunidades. Que trabajan por un país donde se realicen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde se erradiquen cultivos de uso ilícito, donde se tenga igualdad de oportunidades y no exista discriminación alguna ni por sexo, raza, religión o cultura, donde la participación política sea auténticamente democrática y libre.

El que asesina, atenta y amenaza es un monstruo de mil cabezas. Diana Sánchez, directora de la ONG, Minga, reconocida defensora de Derechos Humanos, señala: son “muchos: grupos sucesores del paramilitarismo, como en Córdoba; quienes financian a sus grupos; quienes defienden intereses económicos y políticos; los narcotraficantes, los explotadores ilegales de minerales, los excombatientes de las Farc, disidentes; los que desplazaron y ocuparon tierras. Muchos”8.

El control de los territorios es clave importante en este desangre nacional. Se quiere ese control para tener posesión de tierras, de minas, de cultivos de uso ilícito y su tráfico, de extracción de recursos naturales, etc. En ese proceso de control territorial se corrompe a autoridades locales, a sectores de la fuerza pública: policías y militares.

Entre tanto el gobierno nacional, los regionales y locales no trabajan con la contundencia, la inteligencia y los ajustes sociales e inversión y políticas públicas. Los líderes sociales se sienten desprotegidos. No basta con establecer esquemas de seguridad, con guardaespaldas, vehículos, chalecos antibalas.

Quienes trabajamos por poder vivir en paz, con justicia social y plena garantía de los derechos, debemos redoblar nuestro trabajo, invitar a que más colombianos se vinculen a estas causas y exigir al gobierno nacional acciones más contundentes. Este gobierno debe comprender que los acuerdos establecidos en las negociaciones con las FARC, de ser cumplidos a cabalidad, pueden ser un camino firme para hacer frente al drama nacional que padecen los líderes en Colombia.

Un defensor de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades ancestrales es Leyner Palacios. Leyner es el vocero de las víctimas de Bojayá. Él mismo perdió cerca de 30 familiares cuando gran parte de la comunidad se había refugiado en el templo parroquial que se encontraba en medio de los enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y paramilitares. En el templo murieron 74 personas víctimas del cilindro bomba disparado por las Farc. Leyner estaba refugiado en la casa de las Agustinas, a pocos metros del templo. Cuando estalló el cilindro, salió corriendo con su hija de dos años en sus brazos y se arrojó al rio en medio de la balacera. Para esquivar las balas, tomaba aire y de nuevo se hundía en el rio, así lo hizo por varios minutos. Durante un largo tiempo después del acontecimiento, su hija no quería ver a su papá, le tenía terror, pensaba que volvería a intentar ahogarla.

Leyner estuvo en el primer grupo de víctimas que fueron a La Habana a hablar con la guerrilla de las Farc en el tiempo de la negociación. Allí les dijo en varios momentos de su discurso: “a ustedes se las voy a cobrar duro”; los guerrilleros estaban tensos, pues quien lo decía era un hombre de gran estatura moral que también había condenado a los paramilitares y a los militares por su alianza con estos últimos. Al final les dijo: “Saben ¿cómo se las voy a cobrar? Ustedes no deben levantarse de la mesa hasta que no hayan concluido la negociación y acordado el final de esta guerra que tanto mal nos ha hecho a mi comunidad en Bojayá y a todos los colombianos”. La guerrilla, después acordaría que en Bojayá sería el primer lugar a donde irían a pedir perdón. Como en efecto lo hicieron. Leyner hoy sigue siendo amenazado por los paramilitares. Leyner Palacios ha sido elegido miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y ejerce el cargo de Comisionado, reemplazando a Ángela Salazar, quien falleció el pasado 7 de agosto.

Lo ambiental

¿La guerra protegió la naturaleza? Parece que en gran parte sí.

Con el proceso de negociación y con ello la disminución de la guerra con las Farc y posteriormente con el cese al fuego bilateral y finalmente con la dejación de las armas se ha disparado la deforestación en el país y el apetito por la minería a gran escala por parte de las multinacionales y grandes empresas nacionales y por parte de la minería ilegal.

En Colombia la deforestación sigue su curso, sobre todo en la Amazonía. Durante el año 2018 se perdieron 197.159 hectáreas de bosque. Sin embargo, el gobierno la dio como una información positiva al argumentar que en el año 2017 la deforestación había sido de 219.973 hectáreas, es decir la “reducción” había sido de un 10%.

Sin duda el país necesita de manera urgente una legislación dura y con dientes en contra de quienes deforestan, pagan para que se deforeste, compran y venden territorios deforestados. Lamentablemente esto no es de alta prioridad ni para el gobierno ni para los “honorables” legisladores.

La deforestación va aparejada con un mayor acaparamiento de la tierra: para muchos inversionistas esta es la mejor manera de hacer rendir su dinero, apropiarse de la tierra pagando a otros para que deforesten grandes extensiones de bosque en baldíos nacionales.

Gobierno Duque

La plataforma de Derechos Sociales Económicos y Culturales (DESC) hizo durante algunos años un balance del gobierno Uribe, que denominó el “Embrujo autoritario”. A finales de septiembre de 2019 se presentó un balance del primer año del gobierno Duque, que se denominó “El aprendiz del embrujo”, teniendo en cuenta al novato presidente. Una de las personas que animó activamente el proceso de elaboración de este balance, fue Camilo Castellanos, que falleció, el 3 de octubre de 2019, ocho días después de presentado este documento. Los siguientes son apartes del texto que él hizo y que es como su testamento intelectual y su manifestación de amor por Colombia.

Un gobierno para la violencia y despojo
(del documento de Camilo Castellanos)9

La paz debiera estar por encima de las banderas partidistas y de todo interés particular. Es la noción contenida en el precepto constitucional de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Así, un gobierno estará bien encaminado si acerca el fin de la guerra o, por el contrario, estará descaminado si prolonga esta tragedia.

Otro reto no menos importante y quizás condición y resultado de la superación de la guerra, es la construcción de una comunidad política en función del interés general. Una tendencia de nuestro tiempo es la corporativización del Estado, lo que se ha llamado la captura de lo público por los intereses privados, a veces también ilegales. Viéndolo bien, todo interés particular que se apodera del Estado traspasa la frontera de la legalidad, sin importar que para ello se respeten las formas jurídicas e institucionales. Hacer República, poner las instituciones en función del bien común, desprivatizar el Estado es una condición para la plena vigencia de los derechos humanos, para la existencia de la democracia y para la conquista de una convivencia satisfactoria. Así, un gobierno estará bien encaminado si nos aproxima al ideal de un Estado que encarna lo público o, por el contrario, estará descaminado si el Estado se mantiene como un botín que se disputan los políticos y las corporaciones para su propio beneficio. El gobierno Duque recibió un proceso de paz en marcha: acuerdo con una de las fuerzas insurgentes, acaso la más determinante; conversaciones abiertas con otra; apoyo y respaldo de la comunidad internacional en esta empresa; cumplimiento más que satisfactorio de lo acordado por la parte insurgente.

La paz era, perdón, es la gran oportunidad de la sociedad colombiana. Sin guerra será posible enfrentar los grandes déficits en materia social y ambiental de nuestro país. Superada la confrontación armada será posible que los recursos que hoy se destinan a comprar armas, a aprovisionar combatientes, a garantizar la seguridad de personas e instalaciones, se dirijan al gasto social y constructivo: a consolidar el sistema educativo, a reorganizar la prestación del servicio de salud, a crear condiciones para que florezcan el arte, la cultura y el deporte, a integrar el país, a construir bienestar para los campesinos, a desarrollar ciudades amables para todos sus habitantes. Todo indica que, en paz, Colombia tendrá el renacimiento que ya anuncian los logros de nuestros deportistas, académicos y cultores de las artes.

Sin embargo, otra cosa piensa los que se han lucrado con la guerra y han incrementado sus posesiones a la sombra del conflicto armado. Estimulando el odio y los prejuicios que genera, han logrado que Otra vez la guerra parte de la opinión nacional se manifieste contraria al proceso de paz. En un esfuerzo sistemático han hecho del desarrollo legal de los Acuerdos la ocasión para hacerlos trizas […].

Aún más, preocupa el rol determinante que vienen retomando las Fuerzas Militares en este tiempo. Purgados los mandos comprometidos con la paz, retorna la lógica eficientista que propició los falsos positivos, otra vez se regresa a las zonas de rehabilitación o de consolidación –ahora llamadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral– y ha vuelto la aspersión de glifosato con su secuela de hambre y devastación […].

El presidente Duque se pasea por el extranjero alardeando de su compromiso con la paz solo que el único que resulta engañado es él mismo: es sabido por todos que a la sombra de la demolición de los Acuerdos se vienen eliminando a la dirigencia cívica y comunitaria que defiende los territorios y la dignidad de su gente […].

Sin embargo, la comunidad internacional y los movimientos sociales se vienen encontrando en el reclamo por el cumplimiento del Acuerdo Final y por el cese del exterminio del liderazgo social […].

Un factor generador de violencia y estímulo para todos los conflictos es la captura del Estado por los intereses privados. En sí mismo es un acto de corrupción pues pone los recursos financieros e institucionales a disposición de los particulares que bien pueden apropiárselos o utilizarlos en su beneficio. Por ejemplo, cuando por disposición del Estado todo vehículo debe usar una determinada proporción obligatoria de etanol, se convierte forzosamente al ciudadano en tributario de los dueños de los ingenios que lo producen. Igual que cuando se entregan los baldíos de la Nación a los grandes capitales cuando deberían destinarse para los pobres que los necesitan. Como cuando se apropian de los alimentos destinados a los niños de guarderías y colegios y regiones enteras ven a sus niños morir de desnutrición. O se pagan sobrecostos por las contrataciones o los funcionarios que las asignan cobran comisiones. En todos estos casos el Estado es apropiado por los particulares. Recientemente la Contraloría General de la República estimó en 50 billones de pesos por año la sangría de los recursos públicos por cuenta de la corrupción. Casi un billón semanal […].

Del Plan (Nacional de Desarrollo) se retiró toda mención al Acuerdo Final y a los derechos humanos […]. Todo indica que el gobierno Duque será una mala época para la paz y los derechos humanos. Nada bueno podrá esperar el país en estos dos campos […]. Pese a lo anterior habría que anotar que los partidarios de la paz no están mejor para ser alternativa. Es insuficiente decir solamente no a la guerra. Es necesario que la paz se llene de un contenido concreto y consensuado o será un conjunto inarticulado de anhelos y deseos piadosos, de aspiraciones benévolas y buenos sentimientos. Pero quién será capaz de hacerles entender que esta es la condición para vencer y que siendo el Acuerdo de Paz una gran conquista, hay que completarlo con propuestas para la ciudad y los jóvenes, para la universidad, la cultura y la ciencia, que tengan en cuenta la industria, el sistema financiero y la articulación a la economía mundial10.

Hasta aquí las sentidas palabras de Camilo Castellanos.

Reflexiones finales y puntadas teológicas

La justicia social requerirá la toma de conciencia por parte de los sectores populares para que puedan exigir sus derechos y su dignidad, esto implicará una acción política militante. Pero esta causa no es solo de los más pobres es de todo aquel que, interpelado por el evangelio, que, llamado por la justicia, se decide para que tengamos un país más equitativo y digno.

La justicia social se consigue de forma procesual. Los acuerdos de La Habana pueden darnos unos avances, pero se debe continuar sin desmayar con resultados concretos en bien de los más desfavorecidos. El providencialismo que fue inoculado con la religión debe ser dejado atrás y trasformado en exigibilidad de derechos; la realidad histórica injusta padecida en Colombia desde la llegada de los españoles debe ser transformada estructuralmente. La justicia y la solidaridad con los pobres no puede ser un apaciguamiento ficticio a los conflictos, que seguirán existiendo; es una lucha contra el hambre, contra la ignorancia, la falta de salud, el desarrollo de infraestructura para que los campesinos puedan sacar sus productos y no se vean obligados a llevar a cabo cultivos de uso ilícito o al maltrato de los territorios con minería destructiva.

La reconciliación que buscamos los colombianos no puede ser una conciliación con la injusticia sino fruto de la realización de la justicia.

La construcción de una sociedad justa parte de la organización, en primer lugar, de la base social popular que no busca paternalismos o asistencialismo que son sucedáneos que adormecen y dificultan las necesarias trasformaciones sociales.

Si los colombianos queremos seguir teniendo un país habitable para el bien y disfrute de todos, para que nos nutra, nos quite la sed, podamos ser orgullosos de su biodiversidad y belleza, tendremos que combatir la minería irracional e irresponsable llevada a cabo por multinacionales, empresas nacionales y grupos ilegales. Defendiendo nuestro rico territorio podremos ser exportadores de alimentos para un planeta que cada vez tendrá más bocas que alimentar y podremos seguir teniendo agua suficiente en un mundo que sufrirá por ella. Estamos obligados a hacer frente común ante gobiernos irresponsables que por codicia y corrupción no son garantía para la conservación del país y el futuro de las nuevas generaciones.

Jesús es el inspirador, la fuerza y el paradigma en la tarea por la construcción de un mundo más justo. Él presenta la buena noticia en oposición con la situación de opresión; se presenta y opta desde los pobres, desde los despreciados y segregados de la sociedad. Jesús anuncia una novedad radical en un mundo por venir, entra en colisión con los poderes sociales y religiosos que oprimen, sufre la violencia y la muerte por parte de estos poderosos que se oponen al reino de justicia y de verdad que vino a traer.

Hablar de reconciliación parece fácil para quienes han visto la violencia y la guerra desde lejos y no la han sufrido en carne propia. Acudir a discursos moralistas, proponer un mundo donde todos nos amemos manteniendo el statu quo, hacer concesiones a la injusticia, pensar que las víctimas sean las que paguen la factura buscando forzarlas a establecer lazos de concordia y amistad, no constituye en ningún momento un proceso de reconstrucción social y personal. Nada tiene que ver con la aproximación a una reconciliación con fundamentos éticos y de justicia.

Cuando se vive la experiencia de las masacres, asesinatos selectivos, tortura, desplazamiento, violaciones y despojo, es evidente que las víctimas y amplios sectores de la sociedad tengan una natural desconfianza al llamado a la reconciliación y a dejar las polarizaciones que se hacen desde el Estado, los políticos y distintas fuerzas de la sociedad, donde se incluye de manera particular y fuerte a las Iglesias.

No se puede aceptar una reconciliación encubridora o ficticia, una reconciliación cargada de angelismo y carente de realismo histórico; una reconciliación que busque enmascarar el cúmulo de injusticia y de mentiras; que persigue la impunidad y el mantenimiento del botín en poder de los criminales; que trata de tapar y esconder la verdad; que es más una coartada al servicio de los victimarios.

La reconciliación social es un objetivo y es un proceso. Los acuerdos y los eventuales decretos que se establezcan pueden ser una hoja de ruta, pero el camino no se acaba cuando se diseña en el papel la carretera. Se debe construir con fundamento y calidad para que no se convierta en un lodazal de buenas intenciones, de maniobras que la entorpezcan y no permitan que llegue a su destino.

Las víctimas deben jugar un papel fundamental en el proceso de reconciliación social. Su empoderamiento como personas y comunidades sujetas de derechos es indispensable, como también lo es su conciencia política y social. Su voz no puede seguir siendo interpretada por otros, las víctimas tienen su propia voz, sus propias exigencias; la reconstrucción de sus vidas y lazos comunitarios. Lecciones tenemos, como las que ha demostrado al país la Comunidad de Bojayá en el Chocó.

La reconciliación requiere de la verdad. Descubrir y hacer pública la verdad trae consigo un acto de justicia. La verdad no es una simple memoria del pasado, con todo lo que él entraña, sobre todo cuando ese pasado ha sido cruel y doloroso, también es una evidencia para enseñarnos en el presente y para construir el futuro. La verdad nos abre el camino para la reparación y para las garantías de no repetición. El Estado, garante del bien común, debe emplearse a fondo para garantizar que se reúnan todas las condiciones necesarias para el establecimiento de la verdad y, posteriormente, para que la aplicación de la justicia se constituya en una realidad sustentada en proporcionalidad y sustentabilidad.

Una autentica reconciliación social exige cambios estructurales, no hace concesiones con situaciones injustas establecidas por particulares o por el mismo Estado. Si bien el diálogo es fundamental en el proceso de reconciliación, se debe pasar a acciones y logros eficaces, seguramente alcanzados mediante la presión de las víctimas en primer lugar, como también de las fuerzas vivas de la sociedad que debe perseguir la justicia y el bien común. No se procura la reconciliación con mera declaración de intenciones. La reconciliación supone la lucha y la superación de la injusticia.

La violencia y el despojo multiforme han generado una crisis sin antecedentes en Colombia que no puede ser ignorada por los ciudadanos. La movilización y exigencia ciudadana es un imperativo que no se puede debilitar en este momento que los jóvenes en buena hora han llamado al conjunto del país a defender el fin de la guerra. La movilización social debe continuar para exigir el cumplimiento de la justicia, la protección a las víctimas, el retorno a sus tierras, la entrega de títulos y tierras suficientes a los campesinos para vivir con dignidad. La paz territorial y el desarrollo rural integral van más allá de la tenencia de la tierra: implica también la seguridad y la protección; y, desde luego, que los ciudadanos en condición de pobreza dispongan de atención digna en la salud, la educación, la vivienda, carreteras y posibilidades de comercialización.

La reconciliación social se va logrando en el espacio y en el tiempo partiendo de cada ciudadano(a), en el seno de una comunidad y de una sociedad que exige cambios estructurales con acciones concretas. No se puede pretender el logro de la reconciliación de forma inmediata y mágica; su construcción es fruto de una paciente, enérgica y consistente labor.

La “guerrillerada” que dejó las armas por las que había optado argumentando que por esa vía querían un Estado y una sociedad más justa y equitativa, pero que en su camino dejaron desplazamiento, muerte y dolor, ahora requieren ser acogidos por la sociedad colombiana para construir en conjunto una nueva Colombia. También ellos exigen espacios políticos para la participación como ciudadanos pacíficos, espacios sociales para la convivencia y espacios laborales para poder vivir con dignidad.

Los guerrilleros comenzarán a ser ciudadanos en la medida que reconozcan el dolor causado, las víctimas que han dejado en el camino, la destrucción ocasionada por su actuar. Cuando estando frente de las víctimas pidan sincero perdón y se comprometan a la construcción de una sociedad más justa y en paz.

Bibliografía

Castellanos, Camilo. “Un gobierno para la violencia y el despojo”, en El aprendiz del embrujo (Finge la paz, reinventa la guerra, privatiza lo público. Balance del primer año de gobierno de Iván Duque). Una publicación de las Plataformas DESC, CCEEU y Alianza. Bogotá: Ediciones Antropos, 2019. 436 – 439.

Grupo de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, CNMH, 2013.

“Trujillo: una tragedia que no cesa”. Primer gran informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá: Planeta, 2008.

1 Corpas de Posada, Isabel, Editora Académica, ¿Es pertinente la Teología de la Liberación hoy? Una publicación de Fundación Amerindia. Bogotá: DGP Editores, septiembre 2020, págs. 197 – 217.

2  Cfr. Sánchez G., Gonzalo, en Trujillo: una tragedia que no cesa. Primer gran informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá: Planeta, 2008., págs. 16-17.

3 Cfr. Trujillo: una tragedia que no cesa, Op. Cit. Pág. 54.

4 Cfr. Montesino, Antón, en Conmemoración de los 500 años del Sermón de Antón de Montesino y la primera comunidad de Dominicos en América – Texto del Sermón de Antón Montesino según Bartolomé de las Casas y comentario de Gustavo Gutiérrez, págs. 6 – 7.

5 Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Historias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.

6 Ídem. 35.

7 Ídem. 43.

8 Amat, Yamid. “No es normal que sigan los asesinatos de líderes”. Entrevista a Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga. El Tiempo (julio 28/ 2019): 1.12.

9 Castellanos, “Un gobierno para la violencia y el despojo”, en El aprendiz del embrujo (Finge la paz, reinventa la guerra, privatiza lo público. Balance del primer año de gobierno de Iván Duque). Una publicación de las Plataformas DESC, CCEEU y Alianza. Bogotá: Ediciones Antropos, 2019. 436 – 439. El aprendiz del embrujo.

10 Ídem. 436 – 439.

Edición 705 – Semana del 24 al 30 de octubre de 2020
   
 
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