Chile, un laboratorio de democracia

 

Se ha iniciado la aventura incierta de forjar una democracia de ciudadanos, no solo de partidos, pues dichos delegados elegidos directamente por los ciudadanos deberán realizar en la Convención Ciudadana la tarea de mayor importancia y trascendencia histórica en cualquier sociedad: la redacción de una nueva Constitución.

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
 
 

De nuevo Chile se encuentra a la vanguardia política de nuestro continente y quizá también del renacimiento de una democracia agónica, amenazada en todo el mundo por exclusiones, discriminaciones y privilegios heredados del neoliberalismo. En el extremo sur ha comenzado un novedoso experimento en el laboratorio de la democracia. Ese laboratorio donde la voluntad ciudadana y sus anhelos de libertad y justicia no pueden predecirse. Una exigua mayoría del 50.79% de participación del total de ciudadanos chilenos habilitados para votar desafió el coronavirus, el pasado domingo 25 de octubre1, y liquidó el autocrático legado de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet en 1980. Una Constitución sin título de legitimidad democrática, con fuertes enclaves autoritarios, bajo la cual Chile vivió la ficción de ser una democracia, siendo en realidad una mercadocracia electoral, cuyo embrujo desapareció en octubre de 2019, cuando el aumento de 30 pesos en el tiquete del metro desató la ira popular contra 30 años de aguante y sacrificio de las mayorías. Entonces el oasis de “democracia” y “prosperidad” de Latinoamérica que, orgullosamente promovía Piñera, se convirtió en un campo de batalla, cuya ciudadanía fue calificada por su presidente como un peligroso e implacable enemigo a quien declaró la guerra2. Fue así como el “milagro chileno” reveló su verdadero rostro y nombre: el enorme déficit social del neoliberalismo con una ciudadanía cada vez más consciente y exigente de sus derechos. Quedó al descubierto una mercadocracia que privatizó los servicios públicos y expropió la democracia a la ciudadanía, para entregarla al dominio de los intereses empresariales, corporativos y financieros. Por eso, de ese 50.79% que participó, el 78% optó por embarcarse en la aventura de una nueva Constitución y solo el 21.3% respaldó la Constitución actual. Lo cual revela la precaria legitimidad democrática de las actuales instituciones chilenas, la bancarrota de su sistema de partidos y el colapso casi total de la representatividad política. Según sondeos de opinión del Centro de Estudios Políticos, antes del plebiscito, Piñera gobernaba con la aprobación del 5% de los ciudadanos, el Congreso con el 3% y los partidos políticos apenas con el 2%. Por todo ello, es comprensible que el 79% de los votantes haya decidido que sea una Convención Constitucional la que redacte la nueva Constitución, sin la presencia de políticos profesionales. Dicha Convención estará integrada totalmente por ciudadanos electos en forma paritaria, 50% mujeres y 50% hombres, con representantes de los pueblos originarios. Todos los anteriores delegados serán elegidos el 11 de abril de 2021. Esto significa, ni más ni menos, una posibilidad inédita de renovación y recomposición del sistema de representación partidista, realizado directamente por los chilenos en clave social y ciudadana. Es decir, la decapitación de la actual desprestigiada partidocracia que gobierna con apenas el 2% de respaldo de los ciudadanos. Sin duda, una refundación ciudadana y democrática del Estado chileno, totalmente negada por la actual Constitución pinochetista. En otras palabras, se ha iniciado la aventura incierta de forjar una democracia de ciudadanos, no solo de partidos, pues dichos delegados elegidos directamente por los ciudadanos deberán realizar en la Convención Ciudadana la tarea de mayor importancia y trascendencia histórica en cualquier sociedad: la redacción de una nueva Constitución. Una Constitución que diseñará la matriz de un Estado capaz de garantizar los derechos sociales a millones de chilenos, así como las reglas de juego para una competencia política que traduzca en las instancias representativas y en las decisiones gubernamentales los intereses generales de la población y no solo los de minorías empresariales y financieras. Por eso, dicha Carta la deberán aprobar o rechazar los ciudadanos en un nuevo plebiscito, probablemente a comienzos del 2022, después de los 9 o máximo 12 meses que tendrán los ciudadanos delegados para redactarla, aprobarla y presentarla al escrutinio de toda la ciudadanía chilena. Entonces el voto será obligatorio y no voluntario como en el reciente Plebiscito Nacional. Sin duda, todo un laboratorio democrático, que demandará a los ciudadanos chilenos y especialmente a sus delegados en la Convención Constitucional dosis de audacia y prudencia, para impedir que en medio de las deliberaciones y apuestas estratégicas de la nueva Constitución dicho laboratorio explote, bien por aspiraciones maximalistas o concepciones hegemónicas que terminen haciendo imposible el consenso político y social que demanda y exige toda constitución democrática. Un consenso que permita la dinámica transformadora de la sociedad chilena por las principales fuerzas políticas, siendo leales a la Constitución, pero al mismo tiempo respondiendo a las demandas inaplazables de las mayorías para que los derechos sociales allí proclamados no se queden escritos en la Constitución y progresivamente se conviertan en realidad. Pues para la legitimidad democrática de una Constitución no basta su origen ciudadano, sino fundamentalmente su cumplimiento en la realidad política, económica, social y cultural. Y lo anterior depende más de los actores políticos y las fuerzas sociales, no tanto de la Constitución que, en últimas, es una promesa solemne que se hacen los ciudadanos sobre la sociedad que quieren ser y la forma como desean convivir, resolviendo civilizadamente sus conflictos en torno a valores e intereses que siempre serán plurales y diversos. No vaya a suceder que los chilenos aprueben una Constitución nominal y fetichista, como la nuestra, sin contar con la renovación de los liderazgos políticos y el surgimiento de nuevos actores políticos, con la suficiente voluntad y capacidad política para convertir en realidad los derechos en ella consignados. Sin dicha renovación y el afianzamiento de una ciudadanía participativa y organizada, más allá de la parafernalia partidista y la inercia de la burocracia estatal, la nueva Constitución corre el riesgo de convertirse en un “paquete chileno”.

Edición 707 – Semana del 7 al 13 de noviembre de 2020
   
 
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