Las exhumaciones de Dabeiba: desaparición forzada, crímenes de estado y restauración de la dignidad

 

“¿Dónde lo asesinaron?”, el detenido respondió: “¿Si ve esas antenas en la montaña? Hay cuatro. Entre la primera y la segunda. Le disparamos y lo bajamos”. Luego complementó diciendo que en un lugar del cementerio enterraron a un niño de 15 años, y que el uniformado elegido para asesinarlo, al mostrarse dudoso en la ejecución, fue interpelado por el comandante, quien le dijo “¿Le quedó grande matarlo?” El soldado fue trasladado posteriormente al Nudo de Paramillo como retaliación.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
 
 

El pasado lunes 9 de noviembre se inició en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia), la tercera jornada de exhumaciones realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual, en el marco del caso 03, investiga las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. El procedimiento, el cual está siendo dirigido por el magistrado Alejandro Ramelli y el equipo forense de la JEP, surgió debido a las versiones de al menos 16 militares de la Brigada XI del Ejército, quienes, al someterse a esta jurisdicción, coincidieron en afirmar que, en el cementerio de este municipio, ubicado a escasas 4 horas de Medellín, se encontraban sepultados en fosas comunes más de cincuenta cuerpos. Los primeros hallazgos se registraron en diciembre de 2019, cuando se exhumaron 17 personas, y en febrero de 2020, momento en el que se recuperaron 37 más. La diligencia también se realiza en el marco de las medidas cautelares que buscan proteger a las víctimas de la desaparición forzada.

De estos 54 cuerpos, 6 han sido identificados. Los restos del primero, correspondientes a Edison Alexander Lezcano, de 23 años, fueron entregados a sus familiares el pasado mes de febrero. El nombre de Lezcano fue presentado como guerrillero dado de baja por parte del Ejército en 2004. De acuerdo con un reportaje del diario El País de España al magistrado Ramelli, los restos examinados cuentan con patrones que concuerdan con las víctimas de los falsos positivos: disparos de gracia, uniformes camuflados sin tiros, reportes de policía judicial donde se los presentan como poseedores de armas y, en todos los casos, denuncias insistentes de sus familiares sobre la desaparición de sus seres queridos. Según un testimonio, publicado por el diario El Tiempo en 2019, un poblador de Dabeiba llamado Roberto fue contactado en 2004 por un alto oficial del Ejército para enterrar en el cementerio los cuerpos de 3 hombres y una mujer. Según Roberto, luego de que abrió la fosa en compañía de otros 2 hombres, se hicieron presentes un comandante y 15 soldados, quienes les ordenaron que los vistieran con camuflados antes de enterrarlos con el fin de tomarles fotos. Luego procedieron a la sepultura.

Gracias a estos primeros hallazgos, y luego de 23 años de espera, el pasado 12 de noviembre la familia Úsuga Manco recibió los restos de Alveiro y Eliécer de Jesús, de 22 y 14 años, quienes fueron desaparecidos por 50 paramilitares el 14 de noviembre de 1997 en la vereda Llanogrande de Dabeiba. En esta incursión paramilitar, la cual fue dirigida por un comando que para muchos estaba conformado por integrantes de una Convivir y para otros era parte de un escuadrón de las AUC, también desaparecieron Félix Manco Durango y su hermano Wilson Jairo. En las declaraciones de Ramelli a El País sobre este caso, afirma que “cuando ocurrió el hecho en 1997, este fue trasladado a la Justicia Penal Militar, pero ahí no pasó nada. Muchos años después, en 2008, la madre de uno de estos jóvenes se armó de valor y fue a la Fiscalía a denunciar la desaparición de su hijo, pero la investigación fue archivada. Solo hasta que la JEP recibió las versiones de los militares y contrastó, se pudo llegar a ubicar a estas personas”.

Los anteriores hechos permiten hacer tres reflexiones que incluyen la desaparición forzada, la tragedia de los pobladores de Dabeiba y la importancia de la reparación simbólica a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. En relación con el primer aspecto, parece que la sociedad colombiana aún no conoce la gravedad de la desaparición forzada como consecuencia del conflicto armado. De acuerdo con el Artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2006), la desaparición forzada es un delito, a la vez que un crimen de lesa humanidad, que consiste en la detención, arresto y/o secuestro, o cualquier forma de privación de la libertad ejecutada por agentes del Estado, grupos o personas privadas, que busca el ocultamiento de una persona y la negación de la privación de su libertad. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2016), en el caso de Colombia, este crimen pasó de ser ejecutado principalmente por agentes del Estado y dirigido hacia personas que supuestamente alteraban el orden social por ser de izquierda, a ser perpetrado por personas o grupos particulares, especialmente por grupos paramilitares y guerrillas. Dentro de las víctimas, si bien siguen siendo desaparecidas personas con compromisos políticos con partidos de izquierda u organizaciones sociales, durante las últimas tres décadas este delito también se ha cometido contra campesinos, habitantes de calle y hasta personas en situación de discapacidad.

En el año 2000, luego de varios debates jurídicos y políticos, la ley 589 tipificó la desaparición forzada como un delito en el cual un particular, integrante de un grupo armado al margen de la ley, somete a otra persona a privación de su libertad, seguida de su ocultamiento, la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero. Esta ley también señaló que el servidor público o particular que actúe como determinador o con la aquiescencia del perpetrador será igualmente condenado. Mediante la desaparición forzada, el perpetrador busca que no quede cuerpo, ni rastro del ejecutor, ni indicio del delito. Por esta razón, emplea estrategias para ocultar definitivamente la existencia de la víctima y, de este modo, negar cualquier testimonio de un sobreviviente que pretenda contar lo ocurrido. Luego de depurar las bases de datos, el CNMH (2016) estimó inicialmente que el número de desparecidos era de 26.000, pero luego de contar con más información, hacia 2013, manifestó que en Colombia hay 60.630 víctimas de este delito de lesa humanidad, entre 1970 y 2015. No obstante, en 2019, la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas señaló que Colombia registra 83.036 desaparecidos, a causa del conflicto armado, pero que la cifra puede llegar a 120.000.

En relación con el segundo aspecto, es probable que aún el país no conozca la tragedia de los habitantes del municipio de Dabeiba frente a este flagelo. Desde finales de la década de 1990, Dabeiba fue un territorio asediado por el bloque Noroccidental de las Farc, conocido antes de su desmovilización como bloque Comandante Efraín Guzmán, que estaba en una cruenta guerra contra el bloque Élmer Cárdenas de las AUC y el Ejército. De acuerdo con una crónica de El Espectador (2019), los habitantes no podían hacer compras que superaran el tope de entre 25 y 30 mil pesos, pues podrían ser suministros para la guerrilla, y algunos productos como baterías, ciertos tipos de medicamentos o botas pantaneras estaban prohibidas para su compra. Asimismo, eran frecuentes los toques de queda por las noches, las personas no podían visitar otras veredas y la comercialización de productos era controlada. Aunque la situación ha cambiado por cuenta de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, en la actualidad hay un control significativo por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por el Gobierno como Clan del Golfo.

Por otro lado, los hallazgos en el cementerio de Dabeiba corroboran la connivencia entre el Ejército y los paramilitares de manera sistemática, entre finales de la década de 1990 y el año 2008. Asimismo, evidencian el patrón de la desaparición forzada asociada a las ejecuciones extrajudiciales, las cuales, en este caso, se constituyen en un genocidio contra sus pobladores, pues son más de 600 las personas desaparecidas y, al parecer, convertidas en falsos positivos, en un municipio de 23.000 habitantes, cuyas principales actividades son las labores agropecuarias y comerciales. Al ser un corredor estratégico de grupos armados ilegales, y luego de que el Ejército se mostrara limitado y errático para producir resultados, en el marco de la tenebrosa política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, al parecer, los miembros de la fuerza pública eligieron a estos pobladores para efectuar las ejecuciones extrajudiciales con el fin de alcanzar mayor remuneración, asensos y permisos. A modo de ejemplo, durante la primera jornada de exhumaciones adelantada por la JEP, en diciembre de 2019, cuando uno de los investigadores le preguntó a uno de los exmilitares presentes en esta diligencia, sometidos a esta jurisdicción “¿Dónde lo asesinaron?”, el detenido respondió: “¿Si ve esas antenas en la montaña? Hay cuatro. Entre la primera y la segunda. Le disparamos y lo bajamos”. Luego complementó diciendo que en un lugar del cementerio enterraron a un niño de 15 años, y que el uniformado elegido para asesinarlo, al mostrarse dudoso en la ejecución, fue interpelado por el comandante, quien le dijo “¿Le quedó grande matarlo?” El soldado fue trasladado posteriormente al Nudo de Paramillo como retaliación.

Por último, en relación con el tercer aspecto, se puede concluir que la Justicia Transicional, representada por la JEP, y en general por las instancias que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación (SVJR), están haciendo una labor fundamental para la construcción de paz y reconciliación en un país cuyo Gobierno alienta la política de la guerra con los impuestos de los ciudadanos y los hijos de las familias más pobres, introduce tropas estadounidenses de manera ilegal en el territorio nacional, criminaliza a la oposición y a los movimientos sociales, y quiere eliminar a como dé lugar con esta jurisdicción especial. Uno de los aspectos que se debe resaltar de estas complejas actividades, como la persistente labor de investigación judicial y forense en el cementerio de Dabeiba, es el aporte a la reparación simbólica de las víctimas y sobrevivientes de la desaparición forzada y los crímenes de Estado. La reparación simbólica comprende un conjunto de acciones en las que la sociedad y el Estado restituyen la dignidad de aquellos que fueron asesinados por cuenta del conflicto armado y la de sus familias, quienes han prolongado el duelo y han sido silenciadas por los actos de impunidad y persecución, generalmente efectuados por los gobiernos de turno y los propios perpetradores.

En la actualidad, los actos de reparación simbólica están siendo llevados a cabo por las instancias de la justicia transicional, los artistas, algunas organizaciones no gubernamentales y las propias comunidades de víctimas. Se trata de un proceso en el que se restauran las dimensiones psicológica, moral, cultural y política de las víctimas por medio de actos colectivos de perdón, conmemoraciones y prácticas de duelo, en los cuales se resignifican las memorias de aquellos que fueron mancillados, especialmente, cuando sectores del Gobierno o de la sociedad aseguraron que si los mataron fue porque se lo merecían, porque eran delincuentes o porque eran una especie de desecho humano. También se trata de una forma de justicia social, en medio de la impunidad, en la que cada vez más sectores de la sociedad sienten empatía y compasión frente al daño del otro, y se conduelen con las pérdidas de quienes han vivido la adversidad al sentirlas como propias. Por último, se trata de una forma de movilización ciudadana, que asume la reparación como una conquista social y política, dado que las víctimas y sobrevivientes pueden volver a hablar, tal como lo está experimentando la familia Úsuga Manco, que luego de hacer el funeral de Alveiro y Eliécer de Jesús aplazado por 23 años, se sienten con más fuerza para continuar con la búsqueda de Félix y Wilson Jairo.

Edición 708 – Semana del 14 al 20 de noviembre de 2020
   
 
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