6.402 ejecuciones extrajudiciales durante
el gobierno de la Seguridad Democrática

 

La JEP reveló que durante el periodo 2002 – 2008, en pleno auge de la política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe, se registraron al menos 6.402 víctimas por esta macabra práctica delictiva a manos de las fuerzas militares. Uno de los aspectos que llama la atención es la diferencia entre estos datos con los expuestos por la Fiscalía General de la Nación.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE – UD)
 
 

El pasado 18 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, también llamados falsos positivos, reveló que durante el periodo 2002 – 2008, en pleno auge de la política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe, se registraron al menos 6.402 víctimas por esta macabra práctica delictiva a manos de las fuerzas militares. Uno de los aspectos que inicialmente llama la atención de la declaración es la diferencia entre estos datos con los expuestos por la Fiscalía General de la Nación, la cual, en un informe entregado a la JEP, presentó un registro de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. Los datos de la JEP también discrepan de otros registros suministrados por el Sistema Penal Acusatorio (SPOA), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), los cuales presentaron tiempo atrás cifras inferiores.

Por otro lado, las evidencias empíricas y el cruce de bases de datos adelantado por la JEP demuestran que, mientras en 2001 se presentaron 74 víctimas, este número aumentó a 473 en 2002. Asimismo, revelan que hacia 2009 este fenómeno macrocriminal cayó drásticamente, pasando de 792 víctimas en 2008 a 122 casos en 2009. Adicionalmente, la JEP plantea que los territorios en donde se adelantarán las investigaciones en una primera etapa son Antioquia, la región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, dado que el 66 por ciento del total nacional de víctimas se concentró en estos departamentos. En la segunda fase de la investigación la JEP espera profundizar sobre los hechos ocurridos en Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.

A modo de ejemplo, Antioquia registró el 25 por ciento del total de víctimas a nivel nacional en el periodo en cuestión con 1.611 personas asesinadas y/o desaparecidas. Según la JEP, en estos hechos están involucrados integrantes del Ejército Nacional de las divisiones primera, segunda, cuarta y séptima. Específicamente, aparecen el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (Bajes) con 103 víctimas, el Batallón de Infantería No.10 Coronel Atanasio Girardot (Bigir) con 74, el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) con 56 y el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles (Birif) con 40. Por su parte, en el inventario sobresale la IV Brigada, la cual puede llegar a ser responsable del 73 por ciento (1.242 casos) de los asesinatos identificados en el departamento en el mismo periodo. Este panorama es similar, aunque con variaciones en los registros, en los demás departamentos priorizados.

A partir de estas declaraciones surgieron varias reacciones. En primer lugar, en un comunicado de varias organizaciones de derechos humanos, dado a conocer el mismo día, se destaca el llamado a continuar las investigaciones por parte de la JEP para garantizar el reconocimiento de estas graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en el periodo establecido, pues, desde el 2002, se produjo un incremento exponencial de casos, del 2000 por ciento, que involucra directamente a varias unidades militares. El comunicado también señala que la JEP debe hacer los esfuerzos necesarios para ofrecer información sobre la pervivencia de estructuras y doctrinas que han permitido la existencia de este fenómeno criminal en la fuerza pública hasta la actualidad. Por último, el documento advierte que existen miles de casos que se encuentran en poder de los juzgados penales militares que no han sido reportados como ejecuciones extrajudiciales, evitando así las investigaciones correspondientes y la ubicación de las víctimas. Al respecto, precisa el comunicado que las ejecuciones extrajudiciales están asociadas al delito de desaparición forzada y que muchos de estos cuerpos se encuentran inhumados y sin identificación en fosas y cementerios del territorio nacional.

Por su parte, algunos familiares de las víctimas señalaron que el informe de la JEP es un avance hacia el esclarecimiento de la verdad y que resulta gratificante, en medio del dolor, que se demuestre ante la opinión pública que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, a partir de las orientaciones de la política de seguridad democrática. Otros familiares afirmaron que las consideraciones de la JEP demuestran que las denuncias de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos son ciertas. Al respecto, Jacqueline Castillo, directora del colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo) (citada por El Espectador, 19 de febrero de 2021), afirma “Aunque los mismos magistrados nos hayan dicho de frente que no pueden tomar caso por caso, porque eso les tomaría toda la vida, este auto marca un precedente que nos trazará un camino para saber quiénes dieron las órdenes y se haga justicia. Claro, sabemos que el trasfondo de estos crímenes es atribuible a Uribe y su Seguridad Democrática criminal”. Por su parte, Nora Pulgarín (citada por El Espectador, 19 de febrero de 2021), hermana de Humberto León Pulgarín, campesino asesinado por la IV Brigada del Ejército Nacional en 2006, señaló: “Era un secreto a voces que estas ejecuciones eran sistemáticas. Sin embargo, es diferente que lo diga yo a que lo haga un cuerpo de justicia como la JEP”.

Por último, el expresidente Uribe calificó el informe de la JEP como un atropello que busca desacreditarlo. Mediante un comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter, el exmandatario afirmó que la JEP tiene en cuenta organizaciones de “marcada orientación política y enemigas declaradas de su gobierno”, entre ellas, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, las Madres Víctimas de los Falsos Positivos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o la Organización Nacional Indígena de Colombia. Además de mencionar que atendió algunos casos en donde la fuerza pública no cumplió con rigor los protocolos operativos que pudieron llegar a “facilitar hechos delictivos”, arguye que se encargó de “acosar” a las fuerzas armadas para que garantizaran la tranquilidad de la ciudadanía y evitaran que el terrorismo se tomara el poder. Al final, con tono desafiante, señaló “siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados”.

De acuerdo con los hechos descritos, se puede decir que las declaraciones de la JEP demuestran que, pese a las acciones del partido de Gobierno, las fuerzas militares y los medios de comunicación adscritos al establecimiento para lograr su estigmatización y eliminación, este organismo está cumpliendo sus objetivos misionales, como consecuencia de lo establecido en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc en 2016. El planteamiento de la JEP también cuestiona seriamente el papel de la Fiscalía General de la Nación, la cual, durante casi dos décadas, ha sido cómplice de la impunidad y se ha puesto de parte de los gobiernos de turno con el fin de obstaculizar las investigaciones conducentes a alcanzar la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo, como lo señalan los testimonios, las consideraciones de la JEP dan la razón a varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos, las cuales han hecho esfuerzos importantes para recaudar información y conformar bases de datos rigurosas, en medio de los señalamientos y la persecución.

En lo que refiere a las cifras y las reacciones, se pueden exponer al menos tres reflexiones. En primer lugar, los datos empíricos demuestran una tendencia distinta, a partir de 2002, en la que este fenómeno creció casi en un 900 por ciento. Como se ha explicado ampliamente, el 2002 fue el año en el que Uribe no solo declaró la implementación de la política de seguridad democrática, según sus promesas de campaña, sino que propició, a partir de estrategias de “acoso” a las fuerzas militares, tal como él mismo les llama, una serie de prácticas delictivas y tenebrosas conducentes a dar de baja a los enemigos de la patria, quienes ya no eran insurgentes sino, al parecer, terroristas. Por medio de estos mecanismos de presión, procedentes de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Armadas, el ejército se dedicó a buscar “guerrilleros” con el fin de darlos de baja, a través de la persecución y eliminación a campesinos humiles, jóvenes pobres, personas desempleadas y habitantes de calle. Muchos de estos casos están ampliamente documentados y hoy hacen parte del caso 03 en la JEP.

Por otro lado, la reacción del expresidente Uribe no solo es descarada sino maniquea, pues claramente falta a la verdad de los hechos. No es cierto que durante su Gobierno se haya logrado con éxito la desmovilización de paramilitares y guerrilleros, tal como lo señala en el comunicado. De acuerdo con el CNMH (2015), luego de la aprobación de la ley 975 de 2005, también llamada de Justicia y Paz, se descubrieron falsas desmovilizaciones de jefes e integrantes de las bases entre 2002 y 2006, quienes se declararon paramilitares, cuando en realidad estaban sindicados por delitos relacionados con delincuencia común o narcotráfico. Por otro lado, una vez se iniciaron los procesos de judicialización de los desmovilizados, se procedió a extraditar a los jefes más visibles, en la mayoría de los casos sindicados por narcotráfico y no por crímenes de lesa humanidad. Esta situación se agudizó debido a que la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adolecían de información sobre los crímenes de estas personas. Por último, las víctimas de hechos atroces cometidos por paramilitares tuvieron muchas dificultades para acceder a la verdad y a las medidas de reparación, dado que el Estado no ofreció garantías para realizar audiencias públicas que permitieran conocer cómo se dieron los hechos y fueron pocos los desmovilizados que finalmente declararon los bienes adquiridos de manera ilícita (González – Posso, 2017).

Y, como tercera reflexión, se puede decir que las revelaciones de la JEP dejan claro que, entre 2002 y 2008, el Gobierno de Uribe ejerció una modalidad necropolítica de Estado de excepción, en la cual se admitió la eliminación sistemática y deliberada de personas jóvenes, pobres y sin oportunidades, así estas no constituyeran la ontología del enemigo declarado (Mbembe, 2011). Dado que la necropolítica incluye estrategias de exclusión por la vía de la etnia, la clase, el género y la edad, con el fin de decidir quiénes pueden vivir y quiénes deben morir, en este caso, el establecimiento decidió eliminar a estas personas jóvenes precarizadas por medio del engaño y la crueldad, en el marco de los poderes que le otorga el Estado de excepción. A esto se suma la ficcionalización del enemigo, un mecanismo por el cual el gobierno indujo una política de representación en la sociedad a través de discursos y narrativas que buscan la demonización de este. En este contexto, el Estado decidió asociar la figura de los jóvenes, campesinos y desempleados, víctimas de este flagelo, con el relato del enemigo. Por eso, decidió raptarlos mediante engaños, colocarles el uniforme del enemigo y asesinarlos como un acto de sacrificio por la sociedad amenazada. Ojalá que estos hechos nunca se olviden y se conviertan en una motivación para que la sociedad avance en la construcción de paz y reconciliación con justicia social.

Edición 718 – Semana del 20 al 26 de febrero de 2021
   
 
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