Vacunémonos de verdad

 

Este año los colombianos recibiremos otra vacuna, más necesaria, poderosa y vital que las aplicadas contra el Sars-CoV2. La vacuna de la verdad. Desde hace dos años y dos meses la ha venido preparando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
 
 

Este es el año de las vacunas, aunque para nosotros su aplicación comience con retraso y, por los previsibles problemas logísticos, su administración se prolongue por lo menos hasta el 2022. Solo entonces probablemente alcancemos la anhelada inmunidad de rebaño. Pero este año los colombianos recibiremos otra vacuna, más necesaria, poderosa y vital que las aplicadas contra el Sars-CoV2. La vacuna de la verdad. Desde hace dos años y dos meses la ha venido preparando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. La Comisión hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, junto a la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, conformadas para el cumplimiento del punto 5 del Acuerdo de Paz sobre víctimas en el conflicto armado. La Comisión fue creada mediante el Decreto 588 de 2017 “para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad”, como puede leerse en su magnífico portal: www.comisióndelaverdad.co. Portal que deberíamos consultar frecuentemente todos los colombianos, pues en él podemos encontrar los testimonios, los eventos y los informes que son la materia prima de la vacuna de la verdad que necesitamos para convivir. La Comisión debe rendir su informe final en noviembre de este año. Es decir, dispone de menos tiempo que las vacunas contra la pandemia para brindarnos y aplicarnos la inyección más vital que requerimos los colombianos: el conocimiento de los factores, los actores y las circunstancias que nos han convertido en un pueblo letal, que lleva más de medio siglo aniquilándose de todas las formas posibles e inimaginables. Y continúa haciéndolo todos los días. Hasta el 6 de febrero ya se han cometido 12 masacres que dejan 37 víctimas, según Indepaz1. Pero quizá no haya que esperar hasta noviembre para conocer esa verdad, pues ya la Comisión nos ha entregado valiosos testimonios de las víctimas y reconocimientos auténticos de las atrocidades cometidas por sus victimarios. El testimonio de Ingrid Betancur2 sobre su secuestro es una de las verdades más desgarradoras y reveladoras de la degradación alcanzada por la política cuando ésta se convierte en rehén de la violencia y se ensaña contra miles de colombianos. Así lo reconocieron sus victimarios, el Secretariado de las Farc-EP.: “El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad…El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”.3

Sin duda, uno de los componentes de la vacuna de la verdad contra el odio y su letal venganza, será nuestra capacidad para superar todos los maniqueísmos que están a nuestro alcance para justificar y legitimar la violencia. Desde la violencia insurgente con su invocación de la justicia social como justificación de sus acciones, pasando por la institucional con su cinismo de invocar la defensa a ultranza de una precaria y casi inexistente legitimidad, hasta la violencia interpersonal cuyo ejercicio se camufla bajo prejuicios y conductas arraigadas en millones de colombianos como la formación de autodefensas, la “justicia por propia mano”, el machismo y la xenofobia. Ya deberíamos tener absolutamente claro que la violencia no legítima ninguna causa, sino más bien todo lo contrario. Que la violencia deslegitima la autoridad, así ella invoque la defensa de valores superiores como la seguridad y el orden público, incluso hasta la democracia, en cuyo nombre comete crímenes tan atroces como los “falsos positivos”, las torturas, desapariciones y el asesinato de ciudadanos inermes4. Porque la única forma de recobrar la legitimidad una institución es procesando y penalizando ejemplarmente a los agentes responsables de las violaciones a los derechos humanos, jamás protegiéndolos, felicitándolos5 o ascendiéndolos en sus carreras oficiales, mucho menos cobijándolos con impunidad bajo el fuero penal militar, como lamentablemente ha sucedido en muchos casos. Así como es inaceptable la negación del reclutamiento de menores de edad por parte de las Farc con el pretexto de que dicha práctica jamás figuró en su Reglamento Guerrillero, menos lo es toda legitimación institucional de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, más aún las amparadas en Directivas oficiales como la 0296 de los “falsos positivos”. En ambos casos se trata de comportamientos y operaciones criminales, que deben ser plenamente reconocidas ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Espacial para la Paz – JEP. Ya los miembros del Secretariado de las Farc lo están haciendo, en el CASO 017 por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, así como cientos de miembros de la Fuerza Pública por los “falsos positivos”, que conoce la JEP como CASO 038. Respecto de la Directiva 029 es urgente conocer la versión del exministro de defensa Camilo Ospina Bernal, que la promovió en cumplimiento de la “seguridad democrática”, y tener así una explicación de su fatal deriva en la comisión de 2.248 asesinatos, según el informe número 5 de la Fiscalía enviado a la JEP.

Sin Verdad no hay Justicia ni futuro

Según lo establecido por el Decreto 588 de 20179, el fin primordial de la Comisión de la Verdad es cognitivo y no punitivo, por eso todas las versiones que reciba de las víctimas y de los victimarios no tendrán efectos judiciales. Su objetivo principal es aportar el esclarecimiento de la verdad, contribuir a la convivencia y evitar en lo posible la continuidad de las causas y factores de este prolongado y degradado conflicto que a todos nos avergüenza y cada día se repite. De allí el valor inestimable del conocimiento que han aportado miles de víctimas, con su sufrimiento inefable y dolor inolvidable, para develar la identidad y responsabilidad de sus victimarios, protagonistas y antagonistas en este conflicto. Por eso también la obligación indeclinable e indelegable de esos protagonistas para que den sus versiones sobre sus decisiones y actuaciones. Hasta ahora, han comparecido los antagonistas de la insurgencia y falta por recibir las versiones de los más importantes protagonistas del establecimiento, como los expresidentes y la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ministra de defensa de Álvaro Uribe Vélez, cuando se desarrolló la operación Orión en Medellín10. Sin dichas versiones no se podrá develar esa verdad compleja y dolorosa del conflicto que, como un caleidoscopio, tiene miles de formas y rostros, que lo expresan y explican. Cada protagonista tiene su verdad subjetiva y narrativa justificadora de sus actuaciones, que debe ser confrontada con los hechos públicos, para completar así el rompecabezas de la realidad fragmentada y disputada del pasado y el presente. Por eso es imprescindible conocer las versiones de todos los expresidentes, quienes, por acción u omisión, tienen muchas piezas de esa verdad dolorosa, oscura y astillada de sangre como un espejo roto en miles de fragmentos. Hasta ahora solo ha comparecido en dos ocasiones el expresidente Samper11 para dar su versión sobre la sombra inextinguible del proceso 8.000 que empaña la legitimidad de su mandato. Pero los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos tienen muchas valiosas piezas por aportar, sin las cuales no será posible conocer la verdad completa de lo acontecido y mucho menos honrar la memoria de miles de víctimas. Tampoco será posible identificar aquellos factores y actores que confrontaron en sus respetivos mandatos y todavía persisten en nuestros días, profundizando con su violencia y codicia el conflicto y el número creciente de víctimas. De no hacerlo, serían inferiores al compromiso con la verdad, la historia y el futuro que, como expresidentes, nos deben a todos, empezando por las víctimas irredentas de ayer y las evitables del mañana. Y, lo que es más grave, dejarían a la posteridad, como Belisario Betancur (Q.E.P.D), toda suerte de interpretaciones y conjeturas sobre sus indelegables responsabilidades, competencias y dignidades. De alguna forma su silencio los condenaría irremediablemente, bien como pusilánimes incompetentes, vanidosos insaciables, autócratas impunes o jugadores astutos del poder, pero en cualquier caso como inferiores a sus responsabilidades frente a la vida, la historia y el futuro de Colombia. Deberían sentir vergüenza por el espectáculo deplorable que nos dan con sus rencillas y odios personales, con sus cálculos mezquinos para las próximas elecciones. Si todavía tienen alguna noción de su responsabilidad histórica, honorabilidad personal y dignidad de lo público, deben ir a la Comisión de la Verdad y dar sus respectivas versiones para que las próximas generaciones comprendan mejor el pasado y eviten su repetición en el futuro. Quizás así aprendamos a convivir como ciudadanos, sin permitir que existan más víctimas y tolerar más victimarios o, lo que es peor, seguir siendo gobernados por vengadores impunes que deciden el futuro de todos en defensa de instituciones cacocráticas12. Instituciones sustentadas en prejuicios atávicos, corrupción pública-privada y odios viscerales contra enemigos imaginarios, sostenidas por la ignorancia y la indolencia de millones de ciudadanos amnésicos que precisan con más urgencia la vacuna de la verdad que alguna de las existentes contra la pandemia del Covid-19. Una vacuna que por fin los libere de la estupidez de rebaño e inocule para siempre en sus conciencias el repudio por la política asociada con el crimen, la violencia, la corrupción y la apropiación de lo público por cacocracias codiciosas, que gobiernan impunemente en nombre de una falaz e inexistente democracia.

Edición 718 – Semana del 20 al 26 de febrero de 2021

1 “Informe de masacres en Colombia durante el 2020”. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz.

6 “Directiva ministerial 029 de 2005”. Editorial El Espectador, noviembre 1º de 2008.

9 Decreto Ley 588 de 2017. Función Pública Gobierno de Colombia.

10 “Trece años de la Operación Orión”. Centro Nacional de Memoria Histórica.

12 “Cacocracia”. Fundeu Rae, Fundación del Español Urgente.

   
 
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