Educación en el plan de desarrollo: profundización de la privatización

Para una sociedad, cualesquiera que ella sea, debe ser muy preocupante que su Plan Nacional de Desarrollo no tenga en cuenta la educación como uno de sus ejes transversales, máxime cuando las condiciones de desigualdad, de pobreza extrema, de desempleo y de inequidad en la distribución de la riqueza, son tan preocupantes como las que tiene Colombia. Para el Gobierno Nacional nueve artículos, en los que se prioriza la Racionalización de Recursos Públicos del Sector  como lo plantea el artículo 83, son necesarios para evacuar la acción que planea para todo el sistema educativo.

Es lamentable, en consecuencia, que para este Gobierno no sea prioridad la educación para la potenciación del desarrollo y que la política “Educación de calidad, camino a la prosperidad”, no encuentre un respaldo financiero cierto en el Plan Nacional de Desarrollo, más allá de la propuesta gaseosa de redefinición de la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones, signada bajo la racionalización de recursos públicos y la posible reglamentación de indicadores de gestión para los establecimientos educativos, lo que deja entrever que la continuidad en la lógica de aplicación de la política educativa, en la que el supuesto de entrega al sector privado de todos los servicios y la reducción de la participación del Estado es el dogma predominante, como ya se anuncia con el establecimiento de alianzas entre el Sector Público y el Sector Privado en la educación superior, mediante contratos de asociación para la prestación de servicio y la inversión con capital dirigido a sectores específicos, esto es uso de recursos públicos para la generación de ganancias del capital privado.

A efectos prácticos el Plan de Desarrollo mantiene y profundiza la línea política que diluye el derecho a la educación en la prestación del servicio, como ya sucedió con la salud y en el que la privatización es llamada prestación eficiente de servicios a través de modelos empresariales. Lo que se busca: la ya trasnochada receta neoliberal de búsqueda de inversión de capital privado, bajo el pretexto de recursos públicos insuficientes y la necesidad que las instituciones educativas vendan servicios y realicen alianzas con el sector privado, de acuerdo, como es natural, al ánimo de lucro y los intereses de los dueños de capital, mientras el Estado se desentiende, vía recorte presupuestal, de la obligación con el sector educativo.

Este escenario es ya común en la aplicación de la política educativa de los últimos gobiernos, allí encontramos la explicación a la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2001, del Acto legislativo 04 de 2007, las leyes 715 de 2001, la Ley 1176 de 2007, la Ley 1294 de 2009, los decretos 230 de 2002, 1850 de 2002 y 1278 de 2002, que han traído consigo el recorte de transferencias, las concesiones, los megacolegios en concesión, el hacinamiento, el deterioro de instalaciones, la aplicación del modelo de competencias y estándares, la reducción de garantías laborales para el magisterio colombiano y el constante atentado al régimen especial del que gozan los docentes, en fin un modelo en el que la igualdad  de oportunidades no es para la prosperidad social como lo pregona el gobierno sino para los dueños del capital.

Allí encontramos también la lógica del artículo 81 de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo en la que, nuevamente bajo la idea de “mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación, transferencia y uso de los recursos para educación preescolar, básica y media”, se pretende facultar al Gobierno Nacional para redefinir “los criterios de asignación de recursos del Sistema General de Participaciones, a través de la revisión y modificación de los criterios de distribución de los recursos para la atención educativa”, bajo la idea de asignación directa de los recursos a los establecimientos educativos e incentivando la calidad.

Las propuestas de calidad, gratuidad y construcción de infraestructura descritas en los artículos 78, 79 y 83 respectivamente, palidecen al contrastarlo con la intencionalidad que se deriva de lo consagrado en el artículo 82: “garantizar la sostenibilidad del Sistema General de Participaciones para educación”, de tres maneras:

a.       Forzando a los departamentos, distritos y municipios certificados en educación a “administrar eficientemente las plantas de personal docente y directivo docente, requeridas para la prestación del servicio público educativo, ajustando estas plantas a la matrícula efectivamente atendida, de acuerdo con las relaciones técnicas establecidas para cada zona, y el nivel educativo, en las normas vigentes”. Es decir, búsqueda de recursos afectando planta docente y administrativa.

b.      Permitiendo la contratación “con cargo al Sistema General de Participaciones para educación”, de la prestación del servicio, “cuando se demuestre al Ministerio de Educación Nacional la insuficiencia en la capacidad oficial instalada”, lo que se traduce en profundización del uso de recurso público por parte del sector privado.

c.       Trasladando “Los sobrecostos generados, que superen los recursos asignados por prestación de servicios del Sistema General de Participaciones, exclusivamente a la entidad territorial certificada en educación con recursos propios de la misma”, lo que aunado a la propuesta de plantelización conlleva a la búsqueda de recursos por parte de la Entidad Territorial y en últimas de la institución.

Oscuro es pues el panorama que se coloca para el sistema educativo, hay que recordarle al señor Presidente Santos que no hay prosperidad, mucho menos si esta se pretende democrática, sin educación, que no hay igualdad de oportunidades, si no existe una sociedad equitativa y que la aplicación del actual modelo de política educativa lo único que ha logrado es la privatización de la calidad educativa.

 

Por:

Luis Carlos Avellaneda

Senador de la República

http://www.luiscarlosavellaneda.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=103

 

Una Respuesta to “Educación en el plan de desarrollo: profundización de la privatización”

  1. Ruth González Galvis dice:

    Doctor Avellaneda me gustaría comunicarme con usted, soy del sindicato Publico de empleados del SENA- SINDESENA.

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