Un año de la gestión de Barbosa: Una fiscalía subordinada al gobierno

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En los últimos ocho años hemos asistido a toda suerte de escándalos e interinidades en la Fiscalía General de la Nación. Han pasado por el ente investigador tres fiscales encargados y tres titulares rodeados de grandes cuestionamientos: Luis Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, quienes paso a paso han ido convirtiendo la institución en un proyecto político más que un ente jurídico.

Buena parte de esta catástrofe, para un país que requiere un organismo de investigación independiente y eficaz, radica en el origen de la nominación del cargo de Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República. Esto, sin duda, convirtió a la entidad en un apéndice del Ejecutivo, pese a que estructuralmente, la Fiscalía hace parte del poder judicial, del cual se predica la autonomía como su baluarte.

La persecución a la independencia judicial tiene rostro

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Enero 27 de 2021

Esta es una historia sobre la verdad y el exilio. Desde hace cinco meses, el juez Andrés Fernando Rodríguez Caez tuvo que salir huyendo del país. Su suplicio se inició el día que se negó a recibir un soborno de 200 millones de pesos ofrecido por el exsenador Eduardo Pulgar, con el que buscaba constreñir la decisión de este juez en favor de un amigo suyo: Luis Fernando Acosta Osío, líder de un grupo que logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano, según denuncias del periodista Daniel Coronell. Un ejemplo más de la amplia red de corrupción dentro de las instituciones en el departamento del Atlántico que son manejadas por políticos de gran poder electoral como el senador Pulgar.

En julio de 2020, el juez Rodríguez rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia por el caso Pulgar. Ese mismo día fue acogido por el programa de protección a testigos y su análisis de riesgo resultó extraordinario. Aunque hasta ahora no existe una amenaza directa, se sobreentiende que un funcionario judicial que enfrenta la maquinaria corrupta política por vías legales queda en total desprotección, y se expone a su destrucción profesional y moral, sin contar con el riesgo para su integridad y la de su familia.

En septiembre, Rodríguez fue desvinculado de la Rama Judicial por ser uno de los miles de jueces que se encuentran en provisionalidad actualmente en el país, cuando el juez de propiedad del cargo reclamó su despacho. Sin fuero como juez, automáticamente le fue retirado el esquema de seguridad y, sin más alternativas, emprendió su salida del país. Ya desde el exilio, y completamente solo, hoy vive las consecuencias del desarraigo, del desconocimiento del idioma y de las duras condiciones de trabajo que le exigen jornadas extensas, esfuerzo físico y pagos semanales que apenas le alcanzan para subsistir e ir adquiriendo lentamente enseres básicos.

El ahora ex Juez Rodríguez dice que está a total disposición del proceso en contra del senador Pulgar. Cree que, a pesar de las consecuencias y la zozobra por sus declaraciones, hizo lo correcto y no se arrepiente. Tiene nuevas metas, contando con el apoyo familiar y la solidaridad de organizaciones sociales y del país receptor que aceptó su solicitud de asilo, y espera algún día ejercer de nuevo el derecho y, por qué no, ayudar a otros funcionarios que vivan una situación similar.

En otro escenario de la administración de justicia, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló Camacho, fue citado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a finales de 2020 para rendir versión libre sobre sus actuaciones dentro del proceso contra el exsenador Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Esta citación se hizo a pesar de que los artículos 228 y 234 de la Constitución y la sentencia C-307 de 1996 prohíben investigar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus votos, opiniones y decisiones en actuaciones judiciales.

Este parece ser otro más de los ataques de Álvaro Uribe contra la Corte Suprema, y en particular contra el magistrado Barceló, por la investigación que se adelantó en esa corporación hasta hace unos meses contra el expresidente, con un agravante para tener en cuenta: en el mes de octubre del 2020 el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada fue elegido por la Cámara de Representantes como miembro de la Comisión de Investigación y Acusación, en medio de un fuerte debate y de cuestionamientos, pues él está vinculado directamente al caso de manipulación de testigos del jefe de su partido, el exsenador Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que Prada, en una actuación indebida, sería juez y parte en este proceso.

El congresista Prada debería declararse impedido. De otra manera, la “nueva jugadita” (como fue denominado el nombramiento de Prada en esta Comisión) ratificaría lo evidente: que el Centro Democrático y el exsenador Uribe se valen de una nueva acción de cooptación de los organismos de control y de los órganos de la administración de justicia para evitar investigaciones o atacar a los contradictores del partido de gobierno y de su jefe político. La Comisión de Investigación y Acusaciones, por su parte, debería evitar este tipo de nombramientos que socavan aún más su credibilidad.

La Corte Constitucional será la que deba pronunciarse sobre la ilegalidad de la investigación que pretende adelantar la Cámara contra el magistrado Barceló. Mientras tanto, urge brindar un amplio respaldo y hacer veeduría al proceso que pretende adelantar la Comisión de Acusaciones contra el Magistrado Barceló, cuyo único destino legal debería ser el archivo.

Las historias del juez Rodríguez y del magistrado Barceló son apenas dos de los rostros de la persecución contra la independencia judicial en Colombia. Existen muchas otras personas que han servido a la justicia y enfrentan situaciones similares. Más de 50 jueces han salido del país en circunstancias similares y hace unos meses documentaron sus casos en un informe para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV, como parte de la reconstrucción de las afectaciones a la justicia en el marco de violencia de nuestro país.

Pero esta no es una realidad nueva. Cómo no recordar la reciente conmemoración de la Masacre de la Rochela y otras similares contra comisiones judiciales; o el caso de la jueza de orden público Marta Lucía González, exiliada desde 1989 por sus investigaciones a los militares involucrados en las masacres de militantes de la UP en Honduras y La Mejor Esquina, bajo el gobierno Barco, que trajo al presente el periodista Alfredo Molano Jimeno; o la persecución vivida por el magistrado Iván Velásquez, investigador de la parapolítica durante el gobierno Uribe y quien recientemente estuvo a punto de perder su esquema de protección.

Los ataques contra jueces y fiscales son ataques a la independencia judicial, pues quienes administran justicia deben poder actuar libres de presiones e interferencias, y con todas las garantías para poder tomar determinaciones de manera autónoma. El ejemplo de estos funcionarios y funcionarias probos que han enfrentado el poder criminal con las armas de la justicia debe ser un aliciente para que, como ciudadanas y ciudadanos, sigamos defendiendo el derecho humano y el valor democrático de la independencia judicial.

Buscamos experiencias de participación ciudadana creativas e innovadoras en todo el país

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La Corporación Conciudadanía, Viva la Ciudadanía y Pan Para El Mundo, han dado inicio a la convocatoria para la identificación, en todas las regiones de Colombia, de experiencias de participación ciudadana creativas e innovadoras, cuyas agendas metodológicas y repertorios de movilización, miren, hablen y escuchen desde nuevos lugares de interpretación las problemáticas sociales, interroguen la cultura, alteren la cotidianidad con ingenio, reivindiquen nuevas formas de ser y de estar en el mundo, y establezcan un diálogo con la ciudadanía de manera simple, empática pero también disruptiva que la permita fortalecerla.

Mediante esta convocatoria se busca la conformación de todo un Tejido de experiencias de Participación Creativas, mediante la identificación y el mapeo a lo largo del país y que permita retroalimanterse mutuamente de los aprendizajes logrados por las y los participantes.

Cualquier ciudadana o ciudadano puede postular su experiencia de participación o alguna que reconozca, mediante un formulario en línea donde, en solo cinco minutos, podrá contar por qué razón considera novedosa su proceso. El formulario de inscripción estará alojado en los sitios web de las entidades organizadoras: web www.conciudadania.org y http://www.viva.org.co/ (o directamente en https://bit.ly/371ZATA)

Esta apuesta conjunta por la participación ciudadana se enmarca en el proyecto Tejiendo Acciones Conjuntas financiado por la Unión Europea en Colombia; una apuesta que busca generar reflexiones y aprendizajes en diferentes procesos sociales y ciudadanías, entorno a las nuevas subjetividades políticas, las agendas, metodologías y repertorios de movilización. Este proceso contará con una ruta metodológica distribuida en cuatro principales momentos: Identificación de experiencias, validación de información, acuerdos de colaboración y trabajo conjunto; y el diseño e implementación colaborativa.

Dentro de los principales incentivos para quienes se inscriban en esta convocatoria y Tejido de Experiencias de Participación Ciudadana, se encuentran las posibilidades de intercambio entre las experiencias, el aprendizaje colaborativo entre pares, la conexión y articulación entre apuestas ciudadanas, la formación en el manejo de plataformas digitales, la visibilización de las experiencias de innovación ciudadana, el apoyo en la pedagógico, la difusión de los aprendizajes de la experiencia, y la participación en la primera Feria de saberes, creatividad e innovación de la participación.

Inscríbete e invita a otras experiencias de participación ciudadana que conozcas para que también se sumen este gran Tejido. Las inscripciones estarán abiertas hasta marzo de 2021.

Una elección que afecta la independencia de la Corte Constitucional

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A partir de la renuncia presentada el 23 de julio de este año por parte de Carlos Bernal Pulido, quien se desempeñó como magistrado de la Corte Constitucional en los últimos tres años, se generó una gran controversia e incertidumbre frente a la integración de la terna para su reemplazo por parte del presidente Iván Duque. Esto se debe a que en estos dos últimos años el gobierno ha tenido manifestaciones de autoritarismo y de creciente cooptación de los cargos más importantes en los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, o en la Fiscalía General de la Nación.

El pasado 10 de diciembre se eligió como nueva magistrada de la Corte Constitucional a la abogada Paola Meneses, quien tiene experiencia en derecho corporativo y derecho público y se desempeñó como Superintendente del Subsidio Familiar gracias al nombramiento realizado por Iván Duque, y después de eso se desempeñó como Fiscal Delegada contra la Criminalidad Organizada. La nueva magistrada cuenta con un gran respaldo político, pues representa al ala conservadora y es cercana al actual Fiscal General Francisco Barbosa, quien se ha caracterizado por su falta de autonomía e independencia del ejecutivo en el desempeño en el cargo.

Su nombramiento no es sorpresivo, pero tampoco había posibilidad alguna de que quedara en el cargo alguien independiente del poder ejecutivo. Todas las personas que integraban la terna conformada el pasado 23 de noviembre tenían como único mérito la amistad con el Presidente de la República.

El segundo ternado era Fernando Grillo Parra, abogado especialista en derecho constitucional y derecho de familia, servidor público durante 30 años y actual director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien ocupa este cargo por segunda vez, pues ya lo había desempeñado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Por último, Duque incluyó en la terna a José María del Castillo, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y actual vicerrector de la misma universidad en la que el presidente Duque cursó sus estudios y que se ha vuelto infaltable en los perfiles de los altos cargos como el mismo Fiscal Francisco Barbosa, Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, o Ernesto Lucena, Ministro de Deporte. Castillo no ha tenido una trayectoria importante en materia constitucional y se ha desempeñado, sobretodo, en el campo del derecho comercial y el derecho administrativo. Tampoco cuenta con experiencia en el sector público, y es recordado como uno de los partidarios de las inconstitucionales objeciones presidenciales de Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.

La elección de Meneses mantiene la tendencia gubernamental de concentración de poder, y amenaza la imparcialidad, autonomía e independencia de la Corte Constitucional.

Además resulta cuestionable que la mencionada terna se integrara después de cuatro meses de la renuncia del magistrado. El Decreto 1081 de 2015, que establecía el procedimiento para la conformación de la terna para la Corte Constitucional, fue modificado convenientemente el pasado 15 de septiembre por medio del Decreto 1257 de 2020 que derogó las regulaciones existentes, dejando la conformación de las ternas a la total discrecionalidad del Presidente. .

Desde la Campaña #NadiePorEncimaDeLaJusticia lanzamos una nueva alerta ante la excesiva concentración de poder del presidente, el cual ahora afecta a la Corte Constitucional, alto tribunal que, además de la reconocida protección de los derechos fundamentales y el control de constitucionalidad de las leyes, desempeña un papel clave en la definición de límites claros al poder Ejecutivo y sus posibles arbitrariedades.

La Campaña manifiesta así mismo su creciente preocupación por el desmantelamiento paulatino por parte del Gobierno Duque del sistema de frenos y contrapesos establecido en la Constitución Política, e invita a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a defender la separación de poderes y la democracia, actualmente amenazadas por la acción presidencial.

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