Memorias Foro: “Retos de la Planeación Participativa en la Implementación del Acuerdo Final”

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El viernes 16 de junio de 2017 se llevó a cabo el foro "Retos de la Planeación Participativa en la Implementación del Acuerdo Final" en el auditorio Margarita González del Edificio de Posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de representantes del Gobierno Nacional, de la agrupación política Voces de Paz, del Sistema Nacional de Planeación, del Consejo Nacional de Planeación, de consejos territoriales de planeación y de la academia.

El foro fue organizado por la Fundación Foro Nacional por Colombia, SISMA Mujer y la Corporación Viva la Ciudadanía, con los siguientes objetivos:

• Realizar un balance de la planeación participativa en el país.

• Identificar los retos que plantea el AF en materia de planeación participativa.

• Generar insumos para una reforma de la Ley 152 de 1994, que contemplen tanto los diagnósticos que se han hecho desde su promulgación como los retos que plantea el AF en materia de planeación del territorio.

Estas memorias incluyen una revisión acerca de cómo se incluyeron la planeación local y el presupuesto participativo en el Acuerdo Final, la relatoría de los dos paneles del foro y una propuesta de reforma de la Ley 152 de 1994 elaborada por las tres organizaciones convocantes, que no comprometen ni reflejan necesariamente la visión de las entidades y personas que participaron como panelistas. Esperamos que este documento contribuya al debate nacional y regional acerca de la relación entre planeación participativa, implementación del Acuerdo Final y construcción de paz en el país.

Para descargar el documento, consulte la página

http://rednacionalplypp.co/documentos/memorias/

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

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Resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc – EP. En tal sentido en la Mesa de Conversaciones de La Habana, se discutió y llegó a acuerdos sobre la Agenda “Víctimas” que incluyó los subpuntos: 1. Derechos humanos de las víctimas y 2. Verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes han sido afectados por la larga confrontación respecto a cuya solución política hoy, mediante estos nuevos consensos e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, se ha dado un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país…

Convocatoria para postular hojas de vida

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La Corporación Viva la Ciudadanía requiere: Tres (3) Asistentes para Observatorio del Fast track.

Marco institucional

La Corporación Viva la Ciudadanía en una ONG colombiana, conformada por un acuerdo programático de 8 ONG. Nació en el año 1989, como una apuesta para la profundización de la democracia en un contexto de cambios políticos importantes en el país, que llevaron a la Constitución Política de 1991.

Desarrolla cuatro estrategias que buscan promover la profundización de lo público democrático, trabajando por una reforma en las costumbres políticas y la democratización de los partidos políticos; por reformas en el aparato del Estado para que las instituciones públicas y las leyes sean bienes públicos al servicio del bien común; por el fortalecimiento de la sociedad civil como constructora de bienes públicos; por reformas económicas y sociales que favorezcan la equidad, la superación de la pobreza, por la búsqueda de la paz y la convivencia ciudadana, por el desarrollo de una amplia pedagogía política que permita la formación de un liderazgo social y político con vocación de servicio público y por la generación de condiciones para el goce efectivo de derechos. Estas estrategias son: Diplomacia Ciudadana; Lobbying y Presión Política; Educación Ciudadana; y Comunicación Pública y Presión Social.

La presente convocatoria se enmarca dentro de la estrategia de Lobbying y Presión Política, en particular dentro de las actividades que se desarrollan en el marco del “Grupo de incidencia en políticas públicas para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, conformado con el propósito de incidir de manera oportuna y eficaz en la implementación del Acuerdo, en la perspectiva de que una implementación exitosa es condición necesaria para que los aspectos sustanciales de desarrollo democrático no se trunquen.

Descripción del perfil y requisitos para la postulación función general

Apoyar el seguimiento de los proyectos de ley que se tramiten en el Congreso de la República en el marco del procedimiento legislativo espacial – fast track para la implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Funciones específicas

1. Apoyar el seguimiento del trámite de los proyectos de ley presentados en el marco del fast track.

2. Elaborar informes sobre el contenido de las proposiciones presentadas por los parlamentarios/as, así como sobre el cumplimiento del reglamento interno del Congreso, en el marco del debate parlamentario legislativo para la implementación del Acuerdo de Paz.

3. Sistematizar la información recopilada en reportes para el Observatorio del Fast track.

4. Asistir a las reuniones de equipo y de seguimiento.

Responsabilidades

  • Por las actividades encomendadas.
  • Por la imagen y la política institucional.
  • Por el uso adecuado de materiales, insumos y equipos relacionados con su labor.
  • Por el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Conocimiento y experiencia

Estudios básicos: Estudiante de últimos semestres en Derecho, Ciencias Políticas o afines.

Conocimiento relacionado

• Ley 3, Ley 5, trámite legislativo.

• Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Experiencia

Deseable en las funciones específicas.

Habilidades y destrezas

  • Para redactar rápidamente diversos tipos de comunicaciones que presenten argumentos concisos y precisos.
  • Para la expresión escrita.
  • Para el trabajo en equipo.

Lugar de trabajo: Bogotá D.C.

Tipo de contratación y duración: Contrato laboral a término fijo por 3 meses.

Inicio de funciones: Inmediato

Remuneración: Un (1) salario mínimo mensual legal vigente con prestaciones legales.

Para la postulación enviar hoja de vida (sin soportes) y carta de motivación de una página, hasta el día 25 de julio 5:00 p.m. al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Las víctimas en la implementación del Acuerdo de Paz, oportunidades y retos

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Mónica Duarte

Asesora – Estrategia de Lobbying

Corporación Viva la Ciudadanía

Uno de los grandes desafíos que debe afrontar la sociedad colombiana en el tránsito de la guerra a la paz es lograr la reparación integral y transformadora de los millones de personas que se vieron afectadas por el conflicto armado. Así mismo, pensar en las víctimas como protagonistas del proceso de construcción de paz y específicamente de la implementación del Acuerdo Final implica en primer lugar, su reconocimiento como sujetos de derechos más allá de la mera consideración como beneficiarios/as de las diferentes medidas propuestas. Éste reconocimiento es necesario y clave para la materialización de la premisa que afirma que las víctimas son el centro del Acuerdo.

En consonancia con lo anterior, es fundamental la participación de las víctimas en el debate legislativo para la paz facilitando espacios y mecanismos para que puedan presentar propuestas y recomendaciones frente a las normas en discusión en el Congreso de la República, así como la oportunidad de intervenir en la Corte durante el proceso de control constitucional. De la misma manera, el Gobierno Nacional debe garantizar las condiciones para que las víctimas participen en los diferentes instrumentos que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, particularmente en la Comisión de la Verdad (CEV), en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Condiciones que significan por ejemplo, la plena distinción del rol de la víctima en el proceso judicial, la posibilidad de presentar casos y ser escuchadas sobre su versión de los hechos, el acceso a información, la confidencialidad cuando sea necesario, contar con representación judicial, acompañamiento psicosocial y en general institucional, entre otras garantías materiales.

Las víctimas también reclaman otro asunto transcendental para el restablecimiento de sus derechos: La verdad. Pero, una verdad que realmente sea esclarecedora que dé cuenta de lo ocurrido, de sus responsables y de los daños causados. Una verdad que contemple las particularidades de género, etnia y territorio en el análisis de las causas y consecuencias de los hechos. Una verdad que dignifique la memoria de los miles de muertos y desaparecidos. Una verdad que sirva de base al fortalecimiento de la convivencia en las regiones. Una verdad que respondiendo a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos permita que las víctimas de masivas violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el conflicto armado colombiano, sean protegidas y que tales abusos no se vuelvan a repetir.

Por otro lado, cabe mencionar que el país tiene desde hace más de una década programas de reparación a las víctimas del conflicto, pero el acuerdo profundiza el desarrollo de estos con medidas tanto simbólicas como materiales. Es decir, que van desde actos públicos de reconocimiento de las responsabilidades hasta acciones concretas como el desminado, la reconstrucción de pueblos y la entrega de cuerpos. La reparación colectiva se fortalecerá y se enlazará con los programas de desarrollo rural, de restitución y retorno de desplazados. Adicionalmente se fortalecerá la dimensión psicosocial y las FARC se comprometieron a contribuir con la reparación material de las víctimas. Esto es claramente un avance y así ha sido reconocido por diferentes sectores de la sociedad, sin embargo, resulta fundamental:

1. Que las más de dos mil propuestas que fueron realizadas por las víctimas en el marco del proceso denominado “Espacio amplio de participación” que desarrolló la Unidad Víctimas con el apoyo del Ministerio del Interior en respuesta a los establecido en el punto 5.1.3.7 del Acuerdo, sean tenidas en cuenta en el proceso de reforma a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

2. Que dicha reforma contemple cambios en términos institucionales y presupuestales para la mejora en la implementación de la Política Pública de Víctimas, la reglamentación de aspectos como: la reparación colectiva y la reparación de las víctimas que se encuentran en el exterior, y el fortalecimiento de los programas de salud y atención psicosocial, vivienda, empleabilidad y de retornos y reubicaciones.

3. Que se superen las medidas subsidiarias y en cambio se asuma el compromiso de poner en marcha una política social que logre reestablecer los derechos económicos y sociales de las víctimas.

4. Que la pedagogía sobre la justicia transicional sea permanente. Ya que por su novedad no es de fácil asimilación para un país con heridas abiertas y en el que política y justicia se entremezclan constantemente de manera riesgosa.

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