Infografias

 

6. Derechos a la tierra y al territorio

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La persistente desigualdad en la tenencia de la tierra fue confirmada por los resultados del Censo Nacional Agropecuario.Un 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas, todas ellas mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8% del área censada está ocupada por el 69.9% de unidades productivas con una extensión igual o menor a 5 hectáreas.El despojo generado por el desplazamiento forzado reorganizó la tenencia de la tierra. Se calcula que al menos 6.8 millones de hectáreas cambiaron de manos entre los años 1980 – 2010 profundizando un modelo de propiedad desigual.

5. Derecho a la Educación (artículos 13 y 14 del Pacto)

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Los problemas de la política educativa se reflejan en las brechas que surgen entre zonas rurales y urbanas en el nivel de garantía del derecho.La población mayor a 5 años cuenta, en promedio, con 7,5 años de educación. En el área urbana el promedio es de 8,2 años y en la rural es de apenas 4,9. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) señaló que Colombia tiene una tasa de analfabetismo del 5.8%, es decir, que alrededor de 1.802.637 personas mayores de 15 años en Colombia no saben leer ni escribir.Los resultados del reciente Censo Nacional Agropecuario presentados por el DANE en el año 2015, evidenciaron que en el sector rural la tasa de analfabetismo llega al 12.4%. En algunos departamentos de la Costa Atlántica (La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Atlántico) y en el departamento del Chocó, la tasa de analfabetismo alcanza el 20% de la población.

4. Derecho a la Vivienda (artículo 11 del Pacto)

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La política del Gobierno Nacional ha expandido la entrega de viviendas con un diseño único que no ha tenido en cuenta la diversidad cultural, ni las diferencias regionales o climáticas. El informe enviado por el Estado colombiano indica una reducción del 10.9 % frente al déficit cualitativo de vivienda, situación que muestra una clara desatención frente a las recomendaciones del Comité. La intervención del Estado se ha orientado exclusivamente a paliar el déficit cuantitativo abandonando aspectos cruciales del contenido del derecho a la vivienda, como la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, la habitabilidad y la adecuación cultural.

3. Derecho a la Alimentación (artículo 11 del Pacto)

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Aunque en 2008, el Estado adoptó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, su construcción e implementación careció de una perspectiva de derechos humanos, al tomar como enfoque central la “seguridad alimentaria” y no el derecho a la alimentación. El 42,7% de los hogares tiene inseguridad alimentaria, siendo mayor en las zonas rurales (57,5%) que en las urbanas (38,4%). La desnutrición crónica en menores de 5 años es del 13,2% en el total nacional (14,2% en niños; 12,1% en niñas; 10,6% en población afrodescendiente y 29,5% en población indígena), con valores de nuevo superiores en las zonas rurales (17%) si se compara con las urbanas (11,6%).

2. Derecho a la Salud y la Seguridad Social (artículos 9 y 12 del Pacto)

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El sistema de seguridad social vigente ha propiciado barreras al acceso físico y económico a la atención sanitaria. El principal rasgo de esta tendencia se refleja en una persistente crisis hospitalaria. Según la Superintendencia de Salud, de los 947 hospitales públicos existentes, 250 están en alto y mediano riesgo financiero. Un detonante de esta situación es el endeudamiento de las EPS (Empresas Promotoras de Salud) privadas con los hospitales públicos; solo en el departamento del Atlántico tales deudas ascienden a $147.700 millones (US$ 50.000.000) en mayo de 2016.

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