Lobbying y Presión Política (economico-social)

Momento crítico para la salud en Colombia

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Mario Hernández Álvarez1
 
Sin lugar a dudas, el Sistema de Seguridad Social en Salud colapsó. Para el gobierno, el problema sigue siendo un asunto financiero. Para quienes pensamos que llegó al límite, se trata de un problema de estructura. Son visiones muy diferentes, tanto de las causas de la crisis como de las soluciones. Estas diferencias se expresan en las iniciativas legislativas que cursan en el Congreso de la República.
 
El gobierno, junto con parlamentarios de la Unidad Nacional, presentó una ponencia para el primer debate de los proyectos de ley estatutaria, en cabeza del senador Armando Bendetti. En esta ponencia se entiende la salud únicamente como los servicios de atención de enfermedades. Por esta razón, se asume que este derecho es simplemente un plan de beneficios costo-efectivo que deberá actualizarse cada cierto tiempo. De esta forma, se pretende "descongestionar" la tutela por medio de un mecanismo administrativo apoyado en una junta médica que definirá si lo que se solicita por fuera del plan es necesario y justificable económicamente. Si se aprueba, se acudirá a la demostración de pago de las familias para pagar por lo no cubierto. Desde esta visión, no se toca la estructura del modelo actual y, por lo tanto, continuarían las EPS, los dos regímenes (contributivo y subsidiado) y la medicina prepagada, es decir, salud para pobres, medios y ricos, aunque en apariencia tengan el mismo plan. Mientras tanto, se aprobó la ley de cuentas maestras y se aumentó la UPC subsidiada; así que las EPS están contentas con más recursos. Y para completar, el gobierno prepara otro proyecto de ley ordinaria que ajustaría las tuercas del actual sistema, sin obligar a las EPS a que devuelvan los recursos públicos que se apropiaron indebidamente, como lo ordenó la Corte Constitucional a finales de 2012. Todo apunta a más de lo mismo, con total impunidad.

Coalición por la justicia: tenemos Corte Constitucional

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La coalición por la justicia celebra que la Corte Constitucional haya frenado la posibilidad de que los congresistas aprueben reformas a la Constitución en su propio beneficio, al declarar inexequible el Acto Legislativo 1 de 2011 que suprimía el régimen de conflicto de intereses cuando los Congresistas participaran en el debate y votación de proyectos de actos legislativos.

Avanza la construcción participativa de la Política Pública de DDHH y DIH para Colombia

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Con 24 foros realizados en diferentes regiones del país y con una participación de más de doce mil colombianos y colombianas, avanza el proceso de construcción participativa de la política pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, un proceso que busca satisfacer la necesidad del país de contar con una política pública a 30 años, vinculante, que recoja los avances universales, que articule la actuación de todo el Estado, que tenga legitimidad y sirva para enfrentar la grave crisis de DD.HH y DIH que afronta el país.
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Es posible cubrir el costo de la unificación de los planes de beneficios en salud

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  • Si gobiernos y demás instituciones del Estado cumplieran con las ordenes 260 al 264 de 2012, proferidas por la Corte Constitucional, podrían aportar a resolver la preocupación expresada por el Ministro de Salud sobre el costo de la unificación de los planes de beneficios.

 

  • ¿Serán suficientes las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para superar la crisis cada vez más profunda del sistema de salud?  

Pronunciamiento de la CSR Noviembre 27 de 2012

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El pasado 16 de noviembre la Corte Constitucional (CC), a través de su Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760, profirió un conjunto de cinco Resoluciones – Autos, en términos jurídicos – mediante las cuales analiza y califica la respuesta que el Estado y los gobiernos le han dado a algunas de las órdenes que la propia Corte impartió en julio del 2008 para tratar de garantizar de la mejor manera el derecho a la salud, dentro de los lineamientos y límites de la Ley 100 de 1993. Y no sólo analiza y califica la situación. Da órdenes perentorias, con destinatarios específicos y fechas exactas, para tratar de hacer valer sus  postulados, lograr que se cumplan sus mandatos anteriores y superar las persistentes actitudes evasivas y dilatorias, en especial del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud.
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