DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS

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Comunicado

A PROPOSITO DEL 9 DE ABRIL, DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS, LLAMAMOS A LA REFLEXIÓN SOBRE LOS RETOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS, PRINCIPALMENTE SOBRE LA AMENAZA DE LOS EJÉRCITOS ANTI RESTITUCIÓN.

La ley de víctimas es un paso adelante en el reconocimiento de las violaciones que han sufrido millones de víctimas durante años con ocasión al conflicto armado como desplazamientos masivos, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, violencias sexuales, entre otros.

Sin embargo deben resolverse varios retos lo antes posible. El principal de ellos, es el alto riesgo y vulnerabilidad  de las víctimas, sobre todo de los líderes y lideresas en procesos de restitución de tierras si se tiene en cuenta que a partir de la aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras, son diez y siete los lideres asesinados.  

En el 2011  murieron Eder Verbel Rocha del MOVICE en San Onofre (Sucre), Alejandro Padilla reclamante de tierras en Urabá, Leoncio Mendoza de la misma región. El reciente  homicidio fue el de Manuel Ruíz Torrelosa el 27 de marzo, miembro del Consejo Comunitario e Curbaradó y Jiguamiandó en Chocó.

Son asesinatos y violaciones que ocurren en un contexto  en el que gran parte de las tierras están bajo intereses legales e ilegales, la gran mayoría en manos de grupos armados ilegales que intimidan con sus armas para impedir que los beneficiarios reclamen sus derechos, entre ellos, las guerrillas, y en medio también se encuentra una reconfiguración del paramilitarismo, que ha tomado la forma denominada bandas criminales “bacrim”, estructuras armadas vinculadas al narcotráfico. A esto se agregan el surgimiento de los ejércitos antirestitución de tierras que apuntan contra la ley de víctimas y sus reclamantes.

Es obligación del Estado diseñar y ejecutar políticas reales de garantías de seguridad que garanticen la reclamación de los derechos, el retorno y la reparación. El Estado no debe ahorrar esfuerzos para brindar garantías de no repetición, prevención y protección sobre todo cuando se denuncia que los programas ofrecidos no son adecuadas ni suficientes y que los riesgos de las víctimas son altos.

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