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Comunicado a la opinión pública - Confluencia

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La Confluencia suspende su participación en el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los DERECHOS HUMANOS

Ante la persistencia del gobierno Nacional en un enfoque de defensa y seguridad basado exclusivamente en la militarización de los territorios, su incapacidad para poner en práctica los mecanismos acordados en el Acuerdo de paz, sus mensajes negativos en torno al respeto y garantías a la protesta social, la falta de voluntad para frenar la violencia en contra de líderes sociales, defensoras de derechos humanos, especialmente indígenas y personas en proceso de reincorporación

Desde el mes de mayo de este año la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, reunidas en la Confluencia, hemos atendido la convocatoria del actual gobierno para formular de manera concertada y con el acompañamiento de la comunidad internacional, una Política Pública Integral de Respeto y Garantía para la Labor de Defensa de Derechos Humanos. Esta decisión la asumimos, además, con la esperanza de que el Gobierno Nacional adoptara medidas eficaces y suficientes para frenar la violencia en contra del liderazgo social y de las personas defensoras de DDHH.

De igual manera, convinimos con el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, en avanzar simultáneamente en la implementación de los mecanismos ya existentes, entre estos los establecidos en el Acuerdo General de Paz: los puntos 2.1. (derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y de los nuevos movimientos) y 3.4. (garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluido el desmonte del paramilitarismo), el cumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades en el marco de los PNIS y los PDETs creados para frenar la violencia sistemática que arrecia en varias regiones.

A PROPÓSITO DEL LLAMADO A INDAGATORIA DEL EXPRESIDENTE URIBE VÉLEZ…

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EXIGIMOS RESPETO A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bogotá, octubre 7 de 2019

Las organizaciones y redes firmantes manifestamos nuestro total rechazo a los ataques y campaña de desprestigio adelantada a través de las redes sociales y distribución de volantes con información engañosa contra la Corte Suprema de Justicia, el senador Iván Cepeda Castro y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en la víspera de la indagatoria que debe rendir el senador ÁLVARO URIBE VÉLEZ ante el máximo tribunal penal en Colombia, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Dicha campaña tergiversa la actuación procesal, recurre a la difusión de mentiras y calumnias con la clara intención de afectar la independencia e imparcialidad judicial y menoscabar el debido proceso.

Comunicado de prensa Sept. 25 - 2019

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Alerta por regresión del país en materia de derechos humanos y pérdida de la paz

Gobierno Duque finge la paz, reinventa la guerra y retrocede en derechos humanos: Plataformas de DDHH

Recursos para periodistas:

Datos clave balance:

  • De los 37 billones previstos para la paz, más de una tercera parte son inciertos y los que están son para programas sociales generales del Estado.
  • Sin redefinir planes y recursos para la restitución de cultivos en las zonas cocaleras, la carrera contra el narcotráfico la va a perder el Estado Colombiano. La meta del gobierno es solo de 17 mil hectáreas a 2022.
  • En el primer trimestre de 2019 se duplicó el porcentaje de mujeres defensoras asesinadas de 6 en 2018 a 12 en 2019. Por su parte tres personas defensoras LBGTI fueron asesinadas durante el año 2018, mientras que en el primer semestre de 2019 ya han ocurrido seis asesinatos. 226 líderes sociales han sido asesinados en el primer año de gobierno.
  • Los decretos 1438 y 1426 expedidos por la Presidencia de la República en agosto, permiten la utilización de recursos de Fondo Paz y de Regalías para la construcción de paz, en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, con lo cual se abre la posibilidad de reducir aún más la financiación para la implementación del Acuerdo de Paz.

Bogotá 25 de septiembre de 2019. Más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales, agrupadas en tres plataformas de derechos humanos, presentan ante al Parlamento Europeo y en seis departamentos del país, el balance en términos de derechos humanos del primer año de gestión del presidente Iván Duque Márquez, en donde aseguran que hasta el momento este gobierno finge la paz, reinventa la guerra y es en general regresivo en términos de derechos sociales, económicos y de garantías para líderes, defensores y defensoras.

Defender la paz es defender la democracia

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Declaración del Primer Encuentro Nacional del movimiento Defendamos la Paz

Quienes conformamos el movimiento Defendamos la Paz nos reunimos hoy, para reafirmar nuestro compromiso con la construcción de la paz como política de Estado, nuestra defensa del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y nuestro respaldo a los líderes sociales en el territorio.

El Acuerdo Final permite hacer realidad los principios democráticos de la Constitución de 1991. El pleno ejercicio de los derechos; la construcción de la equidad social en los territorios; el surgimiento de una institucionalidad descentralizada y participativa; la reconciliación que se elabora sobre la justicia restaurativa y la verdad con protagonismo de las víctimas; la perspectiva de la equidad de género y la participación de los pueblos y comunidades étnicas; la conservación de los ecosistemas y el freno a la deforestación, son la base de la terminación del conflicto armado, que permite abrir las puertas a la convivencia pacífica y a la construcción de territorios verdaderamente sostenibles.

Constatamos los avances en la construcción de la paz, muchos de los cuales se han dado gracias a la valerosa acción de las lideresas y los líderes sociales que realizan inmensos esfuerzos diarios por avanzar en la consolidación de la reconciliación en los territorios. De igual modo, reconocemos la entrega de quienes dejaron las armas que, con hechos, demuestran su decisión de no volver a la guerra, y que defienden ese compromiso, en ocasiones al precio de su vida.

La construcción de la paz y la consolidación de la democracia son procesos inseparables. La animadversión al Acuerdo Final puede expresar contenidos de carácter autoritario que si son difundidos con métodos antidemocráticos como el uso sistemático de la mentira, incitan al odio. Se hace cada vez más evidente que el ataque al proceso de paz constituye una estrategia para la destrucción de la Constitución de 1991, las instituciones de la justicia, el principio de la separación e independencia de los poderes públicos y los derechos y libertades fundamentales.

Es el momento de reiterar el llamado al Presidente de la República, a que no se deje tentar por las corrientes del autoritarismo: a que cumpla su promesa de implementar en forma integral el Acuerdo de Paz; a que abandone el intento de cambio de reglas del juego para la justicia transicional; a que se emplee a fondo en acabar con los asesinatos de las personas que, en los territorios, lideran la defensa de la vida digna de las comunidades; a que no desconozca la generosa ayuda de la comunidad internacional para la salida del conflicto armado en Colombia; a que construya un verdadero diálogo con todos los sectores políticos y sociales en búsqueda de consensos en torno a la paz y al fortalecimiento de la democracia.

Respaldamos la verificación imparcial de la Misión de la ONU, cuyo mandato originado en el Consejo de Seguridad le otorga amplia legitimidad, y agradecemos el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de los demás programas y agencias del sistema de Naciones Unidas .

Recordamos y hacemos nuestras las palabras que nos dejó, en su visita de septiembre de 2017, Su Santidad el Papa Francisco: “Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente”.

Ningún acuerdo de paz en Colombia ha sido sometido a una implementación normativa, a una revisión constitucional y a una deliberación pública tan intensas como las que han acontecido en torno al Acuerdo Final. Por eso, consideramos que es plenamente legítimo, tiene rango estatal, sólidos fundamentos legales y constitucionales, y cuenta con el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional. Hoy, al concluir nuestro primer encuentro nacional, renovamos la invitación a todos nuestros compatriotas a defenderlo y a defender los procedimientos e instituciones nacidos de la Constitución de 1991 que son su garantía democrática.

En defensa de la democracia

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Declaración de Defendamos la Paz

Luego del trámite y rechazo de las objeciones presidenciales por parte de las dos cámaras del Congreso de la República, y del auto en que la JEP decidió la garantía de no extradición para Jesús Santrich, dirigentes del partido de Gobierno han reclamado al presidente de la República, Iván Duque Márquez, la declaratoria de un estado de conmoción interior para forzar medidas excepcionales.

Pese a que fuentes gubernamentales han descartado esa posibilidad, consideramos necesario señalar que, de elegir ese camino, el presidente de la República estaría optando por destruir el proceso de paz en sus fundamentos, asestar un golpe contra la democracia, e indefectiblemente dar un giro hacia la entronización de un poder totalitario.

En nuestras convicciones estará siempre el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales, y que las discrepancias con las mismas deben tramitarse en sede judicial. Sin embargo, con relación a los últimos acontecimientos llamamos la atención sobre el contraste entre la manera fluida con que se dio la cooperación internacional con la Fiscalía y no con la JEP, los pasos que fueron omitidos por el ex fiscal Néstor Humberto Martínez para legalizar actuaciones en este proceso, y el ocultamiento de material que fue presentado después de la decisión de los magistrados. Mientras se resuelve su actual situación judicial y los eventuales conflictos de competencia, corresponde a las autoridades tomar todas las medidas para proteger la vida e integridad de Santrich.

Estos hechos generan la fuerte impresión de que todo lo ocurrido pareciera una actuación meticulosamente tejida para provocar una crisis de legitimidad a la JEP, causar un grave daño al proceso de paz, inducir la equivocada percepción de que ha acontecido un cambio traumático en el funcionamiento del mecanismo de extradición, y promover la sensación de que se ha producido una situación de caos institucional que solo puede resolverse con medidas excepcionales.

La verdadera crisis no se desprende de fallos de la JEP ni de la justicia ordinaria. La crisis del país se está viviendo en los territorios más afectados por la guerra, que luego de haber comprobado de primera mano los dividendos de paz en 2017, hoy sufren el incremento de los homicidios (encabezados por los de líderes sociales y exguerrilleros), los desplazamientos y las víctimas de minas. El Gobierno Nacional ha sido incapaz de llegar a estos territorios con una política de seguridad y justicia territorial dirigida a la protección de la población, y con bienes y servicios básicos para fomentar el desarrollo rural. Por el contrario, hoy se conoce que a los territorios se llega con una política de evaluación de resultados operacionales que tiene el potencial de devolvernos a las peores épocas de los ‘falsos positivos’.

El movimiento Defendamos la Paz llama a la ciudadanía a discutir las decisiones judiciales en democracia y por las vías institucionales, y a volcarse a la transformación de los territorios más afectados por la guerra, allí donde el proceso de construcción de paz es más frágil. También insta a los organismos de la comunidad internacional a que redoblen su acompañamiento y observación indispensables para el afianzamiento del proceso de paz en Colombia.

“La paz en Colombia está en peligro”, denuncian organizaciones de derechos humanos en Bruselas

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  • Gobierno de Iván Duque incumple compromiso de Estado al no implementar integralmente el Acuerdo de Paz.
  • En 2018 cada 48 horas fue asesinada una persona defensora de los derechos humanos o con liderazgo social.
  • En los últimos 8 meses se han incrementado las masacres, los homicidios y los desplazamientos.

Bruselas, 4 de abril 2019. Más de 75 representantes de la sociedad civil colombiana, europea e internacional, se reúnen en Bruselas durante los días 4 y 5 de abril para evaluar la grave situación de derechos humanos en Colombia y para alertar a la UE y los Estados europeos sobre la falta de implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano.

Este encuentro internacional, que representa a más de mil organizaciones y movimientos sociales que trabajan en y por Colombia, ha sido convocado por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) junto con sus tres plataformas asociadas en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia; y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).

Los participantes en este Encuentro coinciden en que, desde su llegada al Gobierno, el presidente Iván Duque no ha demostrado la suficiente voluntad para implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que las políticas públicas propuestas en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, y derechos de las víctimas, así como el Plan Nacional de Desarrollo, son contrarias y regresivas a lo estipulado inicialmente en el Acuerdo, y por lo tanto ponen en peligro la construcción de paz en Colombia.

Existe una profunda preocupación por el desfinanciamiento y falta de respaldo gubernamental a los tres mecanismos del Sistema de Justicia Transicional. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya ley estatutaria fue objetada por el Presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28% menor que el que había pedido para su funcionamiento. Los representantes de las plataformas recuerdan que la JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que “tendría que ser intocable”.

A lo anterior se suma la nueva Política de Defensa y Seguridad, que representa una regresión en materia de derechos humanos: favorece el aumento de la militarización en los territorios, fortalece la participación ciudadana en actividades de seguridad, promueve la erradicación forzada de cultivos ilícitos y cierra puertas a la negociación con el ELN.

Las organizaciones reunidas en Bruselas quieren denunciar que la implementación del Acuerdo de Paz no solamente se ha desacelerado, sino que su incorrecta implementación está poniendo en riesgo a las personas defensoras y líderes sociales, en especial a quienes viven en regiones donde se registra una débil o nula presencia del Estado, es decir, donde antes se encontraban las FARC.

“El Estado tiene que actuar con urgencia y llegar con su institucionalidad a las zonas rurales más alejadas, apoyando los procesos de implementación del acuerdo en curso que atienden las causas estructurales del conflicto armado y en donde más defensores son asesinados, especialmente aquellos que trabajan con temas como la restitución de tierras o la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.

Para las plataformas europeas y colombianas, que tienen una agenda política con altos representantes de la UE en Bruselas, una de las grandes preocupaciones para transmitir son las cifras alarmantes de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de personas defensoras de derechos humanos, al igual que los retrocesos en materia de garantías de protección para este colectivo, en particular para las comunidades étnico-territoriales, las mujeres y las personas LGBT.

Según datos de la Defensoría del pueblo de Colombia, durante el 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales, sin embargo, el Gobierno colombiano sigue negando la existencia del conflicto armado y continúa criminalizando la protesta social, como lo hace actualmente con la Minga Social (movilización masiva de campesinos e indígenas en el Suroccidente del país en paro desde el 10 de marzo).

De acuerdo con el último informe anual de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las masacres han aumentado un 164% en el último año, pasando de 11 casos 2017, a 29 en 2018. Los desplazamientos forzados, por su parte, aumentaron de alrededor de 127.000 personas víctimas en 2017 a 145.287 en 2018. Con todo esto, afirman las organizaciones, “podemos decir que Colombia atraviesa una crisis humanitaria”.

“Las organizaciones colombianas y europeas tememos que la paz en Colombia esté en riesgo. Por eso pedimos a las instituciones de la UE y a sus Estados miembro que continúen acompañando de cerca el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que pidan cuentas de los recursos que han entregado para éste, y que insten al gobierno colombiano a mantener sus compromisos con la búsqueda de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas”, concluyen.

 

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Este lunes 18 de marzo ¡Nos movilizamos para defender la paz!

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Bogotá D.C. 14 de marzo 2019

Con el propósito de seguir abriendo espacios para la consolidación de la paz, es obligación de la ciudadanía, de todos y todas, defender y proteger el mayor logro político y social de la historia reciente de Colombia. La construcción de paz será el resultado de encontrarnos en nuestras diversidades.

Ante la campaña de desprestigio de los sectores políticos que han atacado y se han opuesto reiteradamente a la terminación del conflicto armado, es nuestro deber proteger a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, parte fundamental de la construcción y preservación de las memorias colectivas, de la verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto armado, de los responsables, y ante todo, de la garantía de No Repetición de los hechos victimizantes. Atacar a la JEP es atacar a las víctimas.

“Se está lesionando gravemente el acuerdo”

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Miembros del equipo negociador del Estado Colombiano y de las FARC-EP, congresistas de diversas formaciones políticas, exministros, víctimas, académicos y líderes de la sociedad civil, enviaron una misiva a António Guterrez, secretario general de la ONU. La comunicación surge en respuesta a las objeciones anunciadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.

Bogotá D. C., 12 de marzo de 2019. A través de una carta, los integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboraron el Acuerdo de Paz; congresistas de de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; víctimas del conflicto armado, académicos y dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, le expresaron a António Guterrez, Secretario General de las Naciones Unidas, su “preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como del sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.

La carta, que surge como respuesta a las objeciones que el día de ayer hizo el señor presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pese a que esta ya fue objeto de revisión por la Corte Constitucional. Buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, anotan los defensores del acuerdo de paz que firman la carta.

La razón por la cual la comunicación fue enviada a Guterrez, tiene que ver con que el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copiasdel acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se la entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

Finalmente, los firmantes de la carta piden al Secretario Guterrez y al Consejo de Seguridad de la ONU, instancia a la que le suscriben copia, a que sigan desarrollando una estricta observación de la situación colombiana. “Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional”, aseguran.

Señor Presidente Iván Duque Márquez

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Bogotá, D.C., 12 de febrero de 2019

 

 

Señor

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República

 

 

Respetado señor Presidente:

Reciba un saludo cordial.

Para el día de mañana, 13 de febrero de 2019, se ha anunciado una reunión en Washington entre usted y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Queremos manifestarle nuestra preocupación por la actitud complaciente del Gobierno Nacional con relación a una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, y a la participación que tendría nuestro país en ese propósito.

La complacencia a la que hacemos referencia se ha expresado de diversas maneras:

1. El 15 de septiembre de 2018, en la ciudad de Cúcuta, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acompañado del canciller, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que “[e]n cuanto a la opción militar para derrocar a Maduro, no debemos descartar ninguna opción”[1].

2. El 16 de septiembre de 2018, el gobierno colombiano se abstuvo de firmar la declaración del Grupo de Lima, en el que otros gobiernos de la región plasmaron su rechazo “[a]nte cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”[2].

3. El 18 de septiembre de 2018, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, declaró: “[s]e escuchan voces que hablan de operaciones militares unilaterales (sic). Creemos que debe darse una respuesta colectiva a esta crisis. Pero creemos, y, déjeme ser bastante claro, que todas las opciones deben ser consideradas"[3].

4. El 31 de enero de 2019, tras las reacciones por la nota en la libreta del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en la que se mencionaba el envío de “5.000 tropas a Colombia”, el embajador de nuestro país en los Estados Unidos dijo que “[e]s una jugada diplomática inteligente para decirle a Venezuela que está en el final (sic) […] Estados Unidos siempre ha dicho que ‘todas las opciones están sobre la mesa’”[4].

5. El 6 de febrero de 2019, ante ese mismo hecho que generó numerosas reacciones de preocupación en el mundo, al canciller Holmes Trujillo se le preguntó en rueda de prensa, luego de salir de la reunión con el Consejero de Seguridad de Estados Unidos, si había tratado el asunto de la anotación en la libreta a lo cual respondió: “Yo no iba a hacerle un interrogatorio, iba a conversar sobre lo que son las acciones que conjuntamente estamos diseñando política y diplomáticamente para crear condiciones que permitan que el hermano pueblo pueda vivir en democracia y libertad”[5].

6. El 31 de enero de 2019 se realizó la visita a Cúcuta del jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, con un despliegue militar inusitado en la región, generando mayor tensión en la frontera con Venezuela. En entrevista el 8 de febrero, el alto mando estadounidense fue consultado sobre si alguien le había pedido el envío de tropas a Colombia, dejando abierta tal posibilidad al responder que “una vez más remitía esa pregunta al Consejo de Seguridad Nacional”[6].

 

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Defender la democracia, nuestro compromiso con el país

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Bogotá, 30 de enero de 2019

  • Cerca de 300 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de todo el país, junto con congresistas de la bancada alternativa hemos conformado la Liga por la Democracia.
  • Hacemos nuestro el compromiso con la protección y defensa de la democracia, los mecanismos de participación ciudadana, consulta y consentimiento previo, consultas populares y la protesta social.
  • Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata.
  • Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino.

Cerca de 300 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de todo el país, junto con congresistas de la bancada alternativa queremos hacer público nuestro compromiso con la protección y defensa de la democracia, los mecanismos de participación ciudadana y la protesta social, y por ello nos hemos constituido en la Liga por la Democracia.

Organizaciones sindicales, ambientalistas, de mujeres, de organizaciones campesinas y comunitarias, pueblos indígenas y negros, estudiantiles, comunales, del movimiento de paz y de derechos humanos hemos reconocido los efectos nocivos que para los territorios y las comunidades generan los intentos de restricción de nuestra participación y posibilidad de decisión sobre nuestro desarrollo, el cuidado del agua y el ambiente.

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos étnicos, consagrado no sólo en la Constitución colombiana, sino en tratados internacionales reconocidos por el Estado. A pesar de las luchas de indígenas, negros y Rrom, es sistemáticamente violentado por los funcionarios del gobierno y por las empresas que buscan la explotación de nuestros territorios y nuestros pueblos. Rechazamos cualquier iniciativa de reglamentación, que han impulsado desde el ejecutivo nacional, desde el legislativo y desde los partidos políticos, que van en contra de los principios de la consulta previa y de nuestros planes de vida y etnodesarrollo, desconocen nuestros gobiernos propios, y la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Exigimos que se cumpla el derecho al consentimiento y la consulta previa libre e informada como plantea al Convenio 169 de la OIT, la Constitución nacional y reafirman las sentencias de la Corte Constitucional en la materia.

Las consultas populares mostraron ser un mecanismo de participación ciudadana capaz de poner la voluntad de las comunidades de preservar el agua, el territorio y la vida por encima de intereses privados. Los intentos de detenerlas han sido muchos. Sin embargo, diferentes movimientos ciudadanos han mostrado su legitimidad, así como la firme decisión de organizaciones y comunidades de ejercer su derecho a la participación, y por ello estamos dispuestos a utilizar todo lo aprendido para generar mejores y más eficientes mecanismos de participación que nos permitan defender nuestros territorios de la devastación.

El derecho a la protesta al ser un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, es un fundamento de toda la estructura democrática que ha demostrado ser un mecanismo eficiente para que los gobernantes escuchen el clamor de la ciudadanía, modifiquen sus políticas públicas, reversen medidas que atentan contra el bien común e incrementen la inversión.

Por ello consideramos que todas las medidas que se adopten para su reglamentación deben ir encaminadas al respeto, garantía y protección de todas las personas, organizaciones y movimientos sociales que lo ejercen. Es nuestra decisión seguir en la lucha por el ejercicio de este derecho, y lo utilizaremos para la defensa del agua, de los territorios, del ambiente, de la salud, de la educación, para el logro de la equidad, para la defensa de la paz, para seguir demandando la ampliación de la democracia y para lograr la efectiva protección del Estado frente al creciente número de homicidios y amenazas de líderes y lideresas sociales. Concluimos igualmente que es necesario seguir exigiendo el desmonte del ESMAD como una de las garantías del derecho a la protesta consagrado en la Constitución Política Colombiana.

Queremos además hacer un llamado a la sociedad colombiana para que aunemos esfuerzos para lograr la modificación de la actual política minero-energética y ambiental del país, de forma que se pueda iniciar el cambio hacia una transición energética justa, democrática, que garantice la participación de las comunidades y los individuos no solo en las tomas de decisiones sino en la propia generación de energía. La transición debe romper la dependencia de las energías fósiles y de grandes proyectos hidroeléctricos por energías más limpias, descentralizadas de pequeña y mediana escala, apoyada en la soberanía alimentaria y la justicia hídrica. El gobierno nacional y la empresa colombiana Ecopetrol deben contribuir a liderar la transición, por tanto, nos oponemos a su privatización.

Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata, abogamos por una solución política negociada al conflicto colombiano, de tal manera exhortamos al gobierno nacional a reestablecer la mesa de diálogo con el ELN y dar cabal cumplimiento al acuerdo firmado con las Farc. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino.

Contacto Prensa:

Maricela Londoño - 315 3808649 + Margarita Velásquez -300 6115592 + Yiya Gómez - 3174414455

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