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Las víctimas en el proceso de conversaciones de La Habana: un paso sin precedentes

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Nelson Socha M.
Abogado consultor – Corporación Viva la Ciudadanía

La realización del encuentro entre víctimas y FARC, y las manifestaciones realizadas por las mismas víctimas, antecedidas de oposiciones y contradicciones de ciertos sectores, son un signo de esperanza sobre lo que se puede construir a partir de los acuerdos de paz. Éste es un hecho sin precedentes y en un proceso de negociación de un conflicto armado.

 

La decisión de la Mesa de Conversaciones en La Habana de encontrarse con el primero de cinco grupos de víctimas se ha constituido en un hecho sin precedentes y en un proceso de negociación de un conflicto armado, según reconoció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Navy Pillay. Por su parte el jefe de la Delegación del Gobierno Humberto De La Calle, calificó el encuentro de histórico, lo mismo que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Es posible argumentar con suficientes razones que estas afirmaciones valoran de manera adecuada la trascendencia de este paso en la Mesa y que no es una afirmación retórica o grandilocuente.

Si bien en las conversaciones realizadas por las FARC con el Gobierno del ex presidente Andrés Pastrana, muchas víctimas concurrieron a la zona de distención para preguntar por la suerte corrida por sus familiares, estos encuentros personales no significaban ningún compromiso político por parte de la guerrilla, tampoco hacían parte de la agenda oficial de las conversaciones. Por tal razón el encuentro realizado en La Habana el sábado 16 de agosto, es inédito en negociaciones de paz en el pasado en Colombia así como en procesos de paz realizados en otras latitudes. Particularidad que se explica por hacer parte de un compromiso previo de las partes y por hacer parte estructural de la agenda.

Es necesario recordar que la mayoría de los procesos de paz realizados en el pasado en Colombia, no tuvieron en cuenta los derechos de las víctimas ni durante las negociaciones ni después de los acuerdos. Sólo el proceso de paz con los paramilitares incluyó los derechos de las víctimas por primera vez en una Ley, pero no estableció correlativas obligaciones para los victimarios hasta que la Corte Constitucional equilibró las cargas. La inclusión de los derechos de las víctimas en este proceso se explica por la irrupción de las víctimas como sujetos sociales activos y por la elaboración de marcos jurídicos en el derecho internacional y de sus primeros referencias generales en el derecho nacional.

Cuando se realizaron procesos de paz a principios de los años 90, los derechos de las víctimas no habían alcanzaron niveles explícitos de elaboración en instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Esto vino a darse a partir de 1997 con la aprobación en la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los documentos encargados al profesor francés Louis Joinet. Además porque en la tradición de negociación de los conflictos armados internos en Colombia, los derechos de las víctimas no eran una prioridad política por lo tanto tales negociaciones se entendían como pactos entre poderes armados centrados en la necesidad de dar salida a la confrontación.

No sucedió de esta manera en la agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno Nacional y las FARC. Lo que resulta explicable porque el escenario internacional había cambiado en relación con la exigibilidad de los derechos de las víctimas. También porque los derechos de las víctimas adquirieron un rol importante en la agenda política del país sobre la base de un trabajo iniciado por lo menos desde el año 2000, sobre todo desde sectores de sociedad civil con importante apoyo internacional.

En esta medida no hay antecedentes de presencia de víctimas en una fase de negociaciones de un conflicto armado.

La agenda de conversaciones que guía la Mesa, incluyó los derechos de las víctimas como uno de los 6 puntos estructurales de la misma. Incluso es el punto final de los 4 puntos de contenidos sustantivos, ya que los dos siguientes se pueden calificar como de contenido procedimental por cuanto se refieren a los mecanismos que ponen fin al conflicto y los procesos de implementación, verificación y refrendación. Resulta difícil hacer una valoración de cualquiera de los puntos como principal respecto de los otros, dado que todos aportan de manera estructural a la solución negociada. A pesar de esto la misma agenda dice que el resarcimiento de las víctimas “está en el centro” del acuerdo inicial pactado al inicio de las conversaciones.

El punto 5 sobre las víctimas en la agenda tiene 4 elementos básicos, primero el compromiso de resarcir las víctimas, luego la calificación de punto “central”, en tercer lugar como aspectos a desarrollar se indica de manera general los derechos de las víctimas, para finalizar destacando dentro de ellos el derecho a la verdad. Si se entiende que dentro de los derechos de las víctimas, de acuerdo con los desarrollos del derecho internacional y nacional se encuentran los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y las garantías de no repetición, nos encontramos con un compromiso inicial completo y complejo que significa enormes desafíos tanto para el Estado como para los miembros de una fuerza guerrillera en trance de reintegrarse a la vida civil.

Este compromiso inicial fue desarrollado por la Mesa en el momento de iniciar las conversaciones sobre tema de las víctimas en 10 puntos desglosados que es necesario identificar por cuanto manifiestan una intención de las partes negociadoras de no eludir las consecuencias de lo enunciado de manera general en la agenda. En efecto los 10 puntos desarrollados son los siguientes: reconocimiento de las víctimas; reconocimiento de la responsabilidad; satisfacción de los derechos de las víctimas; participación de las víctimas; esclarecimiento de la verdad; reparación de las víctimas; garantías de protección y seguridad; garantías de no repetición; principio de reconciliación; y enfoque de derechos.

Todos estos puntos son de gran importancia y el compromiso de la Mesa de llegar a un acuerdo sobre ellos constituye una apuesta inicial que es necesario reconocer. Ahora bien dentro de ello, llama poderosamente la atención el reconocimiento de responsabilidades en la victimización por parte de las dos partes negociadoras con la aclaración adicional de que no harán un intercambio de impunidades. Este compromiso de justicia en sentido amplio para las distintas victimizaciones producidas por distintos actores y donde el Estado y la guerrilla de las FARC se comprometen a reconocer su papel en la violencia infligida a las víctimas es de enorme trascendencia. Basta recordar como 5, cuatro años atrás, el Gobierno de la época, además de no reconocer la existencia de un conflicto armado, se negaba a cualquier reconocimiento de responsabilidades del Estado en las violencias de agentes perpetradas por sus agentes contra la población civil y contra otras personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Aún más, la celebración del primer encuentro de la Mesa de conversaciones con una representación de víctimas de distintos actores armados constituye un avance que abre la posibilidad de integrar y reconocer en el postconflicto todas las violencias realizadas por todos los actores del conflicto y en todas las modalidades, de modo que se profundice en políticas públicas que dé respuesta a todas ellas. La pluralidad de la delegación de víctimas es una anticipación del necesario encuentro de todos en el postconflicto y en los procesos de reconciliación. Con ello se aporta en el conjunto de condiciones que darán legitimidad a las conversaciones y a eventuales acuerdos.

La invitación a víctimas de diversos actores en el conflicto guarda relación con la intención de las FARC, compartida por el Gobierno de que en el post-conflicto se dé cuenta de todas las violencias por parte de todos actores. De esta manera busca que este período no se convierta en una fase de divulgación sólo de las atrocidades cometidas por esta guerrilla. Lo propio ha hecho durante estos años los postulados de los grupos paramilitares quienes en los procesos de Justicia y Paz, han vinculado la comisión de sus crímenes con la persistente presencia y acción de las guerrillas. La sociedad colombiana merece una mirada completa de las atrocidades cometidas por todos los actores armados y la develación de los sectores que fueron cómplices de ello.

La realización de este encuentro y las manifestaciones realizadas por las víctimas, con mayor razón cuando estuvieron antecedidas de oposiciones y contradicciones de ciertos sectores, son un signo de esperanza sobre lo que se puede construir a partir de los acuerdos de paz.

Muchos aspectos se pueden destacar de la intervención de las víctimas luego del encuentro en La Habana. Constanza Turbay, manifestó que si las víctimas están dispuestas a dar un paso adelante a favor de la paz, por qué otros colombianos se resisten a ello. Otros pusieron de presente su compromiso por la unidad de las víctimas en medio de la diversidad. Ángela María Giraldo, advirtió que se debe aprovechar esta ocasión para llegar a acuerdos porque otra oportunidad para ello va a ser difícil. También pusieron la verdad como reclamo central, al tiempo que reclamaron el no otorgamiento de inmunidades a ninguna de las partes.

Vale la pena destacar que este momento de gran contenido simbólico, fue antecedido por una serie de encuentros regionales de víctimas que concluyó con un gran encuentro nacional celebrado en Cali en la primera semana de agosto. Estos encuentros fueron la ocasión para que se expresaran multitud de propuestas de las víctimas, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas en torno a los diversos componentes de los derechos de las víctimas. Propuestas y exigencias planteadas tanto desde la perspectiva de las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno Nacional, como desde la perspectiva de exigencias al Estado y a las FARC como actores del conflicto armado en sus obligaciones de reparación y justicia. La diversidad de temas abordados en los encuentros previos fue de una riqueza enorme y se espera que sean suficientemente tenidos en cuenta La Habana. Las exigencias de justicia son quizás una de las que mayor dificultad traerán a la Mesa de negociaciones.

En relación con el desarrollo de otros puntos de la agenda de conversaciones, vale la pena destacar que el Presidente de la República envió una delegación de militares a la Mesa de conversaciones para hacer una primera aproximación técnica a los temas del cese al fuego, cese de hostilidades y el desarme. Este envío es de gran trascendencia dado el significado que tiene acercar miembros activos de las Fuerzas Militares a la Mesa.

La presencia técnica de militares en la Mesa de Conversación puede valorarse con un dinamismo importante y que proyecta entrar en una recta final, la concreción de acuerdos. En este mismo sentido puede entenderse la conformación de una comisión de científicos sociales para dar cuenta de las causas del conflicto armado. Estos dos hechos nuevos sumados a lo sucedido en el encuentro inicial con las víctimas, permiten mantener la esperanza en un proceso lleno de peligros.

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