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La reforma político-judicial de Santos (II)

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Javier Revelo Rebolledo
Estudiante - Doctorado en ciencia política de la Universidad de Pennsylvania

El Gobierno está promoviendo una ambiciosa reforma político-judicial. Si bien algunas propuestas mejorarían las calidades democráticas del régimen político, otras generan serias inquietudes. El Gobierno debería promover un amplio diálogo social porque una propuesta tan ambiciosa no puede quedar en manos de los políticos. La ciudadanía tiene el enorme reto de evitar que los políticos pesquen en río revuelto y que las aspiraciones democráticas de 1991 sean abandonadas.

 

El gobierno finalmente dio a conocer las líneas generales de su ambicioso proyecto de “equilibrio de poderes y ajuste institucional”. Aunque el articulado aún se desconoce, El Tiempo recientemente publicó el documento que el gobierno está socializando con los partidos. Tal documento confirma que la propuesta es mucho más ambiciosa de lo que el presidente Santos inicialmente planteó.

Este artículo es la continuación de un breve análisis que escribí para este semanario hace un mes. Aquí analizo los aciertos, desaciertos, y preguntas pendientes que se desprenden del nuevo documento. La propuesta del gobierno es tan ambiciosa y sensible que no puede quedar en manos de los políticos.

1. Los temas iniciales

El nuevo documento es útil porque aclara varios de los temas iniciales que el presidente Santos mencionó en el discurso del 20 de julio. Algunas de estas aclaraciones tranquilizan, otras preocupan y otras siguen pendientes.

Aclaraciones que preocupan

  • La circunscripción mixta para la elección del Senado. El Gobierno propone que únicamente el 20% del Senado sea elegido en circunscripción nacional. El 80% restante sería elegido en circunscripción departamental a razón de uno por departamento, como mínimo, y un número adicional en proporción al número de habitantes. Según el presidente Santos, este cambio es necesario para garantizar la representación equitativa de todos los departamentos.

Sin embargo, el Gobierno desconoce que existen otros medios para promover la representación equitativa de los departamentos. Se podría, por ejemplo, establecer unos porcentajes máximos de concentración electoral para impedir que los senadores concentren sus votos en un sólo departamento. Esta propuesta podría atender el clamor de los departamentos excluidos, sin abandonar la circunscripción nacional.

Ahora bien, si se quiere abandonar la circunscripción nacional, es necesario promover un debate serio y profundo sobre la estructura bicameral del Congreso. ¿Cuál es la necesidad de mantener dos Cámaras con funciones similares y con integrantes que han sido elegidos mediante mecanismos parecidos?

Aclaraciones que tranquilizan

  • Las listas cerradas.La eliminación del voto preferente sólo es conveniente si los partidos son verdaderamente democráticos. Esto es así, porque la democracia interna de los partidos garantiza que las listas cerradas beneficien a los partidos y no a sus directivos. Es un acierto del Gobierno reconocer que las listas cerradas y la democracia interna de los partidos son dos caras de una misma moneda.

  • Las modificaciones a la Procuraduría. El Gobierno de forma acertada busca reformar la Procuraduría para evitar los abusos de poder y armonizar el ordenamiento interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La propuesta busca, por ejemplo, eliminar la facultad que tiene la Procuraduría de investigar y sancionar disciplinariamente funcionarios que han sido elegidos popularmente. Según el documento, estas funciones serían asumidas por jueces penales (incluyendo a la Corte Suprema, la cuál investigaría y sancionaría las faltas disciplinarias de los congresistas).

Las modificaciones a la Procuraduría tienen un mayor alcance. Aquí sólo puedo mencionar que estas reformas reducen la duplicidad de funciones, aumentan la eficiencia administrativa y, principalmente, disminuyen la torta burocrática del Procurador.

Aclaraciones pendientes

  • El equilibrio de poderes. El Gobierno propone eliminar la reelección y ampliar el periodo presidencial a 5 años. La propuesta también busca ampliar de forma automática el periodo tanto del Contralor, Procurador, Fiscal, y Auditor, como de los miembros de la junta directiva del Banco de la República, congresistas, gobernadores, alcaldes, y personeros. El periodo de los magistrados de las altas cortes también sería ampliado pero a 10 años. Según el gobierno, estas reformas son necesarias para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, y para aumentar la gobernabilidad.

La propuesta ha generado varias reacciones e inquietudes que deberían ser consideradas. Primero, el Gobierno debe reconocer que la idea no ha generado un amplio consenso entre la oposición. Si bien la reforma puede ser aprobada sin los votos de la oposición, el gobierno debería buscar un amplio consenso en este tema. Sólo así se garantizaría que las reglas del juego no sean modificadas de nuevo en el mediano plazo. Si el consenso es imposible, es necesario aumentar la dificultad de una nueva reforma en el tema. Se podría establecer, por ejemplo, que el famoso “articulito” sólo puede ser reformado vía referendo o asamblea constituyente.

En segundo lugar, el gobierno debería aclarar por qué el periodo presidencial y, principalmente, el de muchos otros funcionarios debería ser ampliado. Sin una adecuada justificación, un cambio tan estructural y automático podría ser problemático. No es claro, por ejemplo, por qué se mantiene intacto el periodo de muchos otros funcionarios (v.gr. Defensor del Pueblo, Autoridad Nacional de Televisión, magistrados de tribunal, diputados a la asamblea, y concejales). Esta diferencia podría dificultar la colaboración armónica entre poderes. ¿Cuál es el criterio para determinar qué periodos deberían (o no) ser ampliados?

  • La nominación del Procurador y del Contralor. El Gobierno aclaró que no pretende eliminar todo el poder de nominación que tienen las altas cortes. Según el nuevo documento, la propuesta simplemente busca evitar que las cortes nominen al Procurador y al Contralor. El Gobierno disminuyó los temores que muchos teníamos al reducir el alcance de la propuesta. Sin embargo, aún es necesario aclarar quién nominará al Procurador y al Contralor.

2. Los nuevos temas

El nuevo documento incluye temas que no fueron mencionados por el presidente Santos en la instalación del nuevo Congreso. Si bien algunos de estos temas son convenientes, otros generan más preguntas que respuestas.

Los nuevos aciertos

  • Ampliación de la silla vacía. El Gobierno propone establecer la silla vacía para las condenas penales por delitos contra la administración pública. Esta ha sido una demanda histórica de varias organizaciones de la sociedad civil, la cuál busca responsabilizar a los partidos que incluyan candidatos corruptos en sus listas.

  • Responsabilidad penal y disciplinaria de congresistas. El nuevo documento también busca modificar el procedimiento penal y disciplinario de los congresistas. El Gobierno propone mantener la competencia en la Corte Suprema, pero separar las funciones de investigación y juzgamiento, y garantizar el principio de doble instancia.

  • La puerta giratoria de las altas cortes. La propuesta busca prohibir que los magistrados terminen su período en una corte y pasen a otra corte o a los organismos de control. Esta es una prohibición necesaria para garantizar la legitimidad y transparencia de las altas cortes. Sin embargo, es preciso reconocer que la regulación precisa se desconoce.

Las nuevas preguntas

  • ¿Cómo serán elegidos los integrantes del nuevo Tribunal de Aforados? El Gobierno propone crear un Tribunal de Aforados. En breve, el nuevo tribunal tendría la función de investigar y sancionar a los funcionarios que en la actualidad son investigados por la Comisión de Acusaciones. Esta propuesta podría aumentar la transparencia de la función pública. Sin embargo, se requiere determinar claramente cómo serán elegidos los integrantes de este súper tribunal, para garantizar tanto la independencia como la eficacia de la nueva institución.

  • ¿Por qué se quiere eliminar el Consejo Superior de la Judicatura? El Gobierno propone eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar crear un Consejo de Administración del Poder Judicial. En nuevo Consejo estaría compuesto por a) una sala de gobierno; b) una sala administrativa; y c) un director. Dada la magnitud de esta reforma, el gobierno debería socializar su diagnóstico sobre el funcionamiento de la institución. Sólo así se puede garantizar que las soluciones se ajustan a los problemas existentes.

  • ¿Por qué el juicio fiscal debe ser modificado? La propuesta busca modificar varios componentes del juicio fiscal que adelanta la Contraloría. Se propone, por ejemplo, eliminar las contralorías territoriales. Sin embargo, no es claro qué se busca con esta reforma.

3. Conclusión

El Gobierno está promoviendo una ambiciosa reforma político-judicial. Si bien algunas propuestas mejorarían las calidades democráticas del régimen político, otras generan serias inquietudes. El Gobierno debería promover un amplio diálogo social porque una propuesta tan ambiciosa no puede quedar en manos de los políticos. La ciudadanía tiene el enorme reto de evitar que los políticos pesquen en río revuelto y que las aspiraciones democráticas de 1991 sean abandonadas.

* http://works.bepress.com/javier_revelo-rebolledo

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