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La misión de transformar el campo colombiano

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Héctor Mondragón
Consultor

Con el título de “Saldar la deuda histórica con el campo”, fue presentado el 14 de octubre de 2014 el informe sobre el marco conceptual de la Misión para la Transformación del Campo, integrada por expertos en el sector rural y dirigida por el connotado economista José Antonio Ocampo. El informe declara sin titubeos que el desmantelamiento de la red institucional de apoyo al sector rural ha tenido efectos devastadores. Verdad gigante: presupuesto público enano, destrucción del ICA, de la Caja Agraria y del Idema, miniaturización del Incora, destrucción del Servicio de Erradicación de la Malaria, etc.

 

Con el sugestivo y bello título de “Saldar la deuda histórica con el campo”, fue presentado el 14 de octubre de 2014 el informe sobre el marco conceptual de la Misión para la Transformación del Campo, integrada por expertos en el sector rural y dirigida por el connotado economista José Antonio Ocampo.

La necesidad de la transformación ha sido planteada por el evidente atraso del desarrollo agropecuario, tanto con respecto a otros países latinoamericanos, como con respecto a la realidad de Colombia; por la crisis social rural evidenciada por el paro nacional agrario y otras grandes movilizaciones; y también por los planteamientos acordados en las negociaciones de paz, cuyo texto completo ha sido hecho público recientemente.

Es muy importante el objetivo central de la Misión: proponer políticas de Estado para que el país salde su deuda histórica con el campo, como elemento esencial para construir la paz. Hay un enfoque acertado sobre los principales problemas del sector, que desemboca en propuestas interesantes, pero que se contradice al tratar de algunas medidas concretas y es tímido frente a soluciones claves.

Entre los aciertos esenciales el informe declara sin titubeos que el desmantelamiento de la red institucional de apoyo al sector rural ha tenido efectos devastadores. Verdad gigante: presupuesto público enano, destrucción del ICA, de la Caja Agraria y del Idema, miniaturización del Incora, destrucción del Servicio de Erradicación de la Malaria, etc.

Si se quiere imprimir otro dinamismo al sector y a la institucionalidad agropecuaria hay que partir de la generación de tecnología. El informe saluda la reactivación de Corpoica y la ánima, pero es muy tímido. Colombia requiere dedicar recursos sustanciales a la generación de tecnología agropecuaria propia, limpia, adecuada a la diversidad geográfica y ecológica y a la heterogeneidad de las formas de producción, tamaño de propiedad y tenencia de la tierra. Se necesita un instituto y múltiples grupos de trabajo científico que generen tecnología y desde luego también que la transfieran en un país donde solamente el 4% de los campesinos tienen alguna asistencia técnica.

Es necesario construir un sistema de planificación agropecuaria, que pueda dirigir el crédito de fomento, la asistencia técnica, el mercadeo y el procesamiento de los productos. En este sentido, como bien lo han exigido las organizaciones campesinas, se requiere planificar y garantizar precios de sustentación para orientar adecuadamente el desarrollo del sector y evitar que sea atrapado por la telaraña de los precios y la especulación internacional.

El informe dice con razón que el sector agropecuario del país “enfrenta un volumen creciente de importaciones que han reducido el tradicional superávit de la balanza comercial del sector”. Tímidamente añade que “pueden ser necesarias algunas medidas de protección, pero con una visión de largo plazo que busque aumentar la competitividad”. Hay que llamar las cosas por su nombre. En verdad se necesita una política de protección de la producción nacional, que incluya la revisión de los tratados de libre comercio y que desde luego sea completada por la generación de tecnología propia, el crédito de fomento y los precios de sustentación. Hay que recuperar la soberanía alimentaria.

Con toda la razón, la Misión afirma que es prioritario “lanzar una política ambiciosa de ordenamiento social de la propiedad rural”, la cual es “parte además de la instrumentación de los acuerdos de paz”. Aquí no se trata solamente de un problema social de excesiva concentración de la propiedad y de despojo por desplazamiento forzado, se trata además de un problema económico clave para Colombia y de un problema ecológico fundamental.

El alto índice de concentración de la propiedad en Colombia, significa un alto precio de la tierra, de manera que la renta de la tierra es un obstáculo grave para el desarrollo rural, la rentabilidad y la competitividad del sector. El problema más común en Colombia no es comparar la productividad de la gran empresa con la de la agricultura familiar, sino comparar la ociosidad del latifundio que mantiene sin sembrar 16 millones de hectáreas aptas para la agricultura, con la laboriosidad de campesinos, indígenas y afros que se ven obligados a cultivar tierras menos aptas y desde ahí abastecen de alimentos y desde hace décadas se destacan como exportadores que participan del mercado mundial.

Este grave problema económico del no cumplimiento de la función social de la propiedad, se expresa también incumplimiento de la función ecológica, como un grave problema ecológico, porque la no utilización o subutilización de las tierras aptas para la agricultura, desplaza al campesinado a tierras no aptas y sobreutilizadas, forzando la destrucción de los bosques y causando la invasión de territorios indígenas.

El ordenamiento social de la propiedad es urgente y no puede depender solamente de los acuerdos de paz, es una necesidad del país y de la mayoría de los colombianos, comenzando por los habitantes de las ciudades, especialmente los que están desnutridos, los que tienen carencia de proteínas y vitaminas y necesitan comida de calidad y ambiente sano.

Aquí hay que anotar las inconsecuencias más graves de la Misión. Una institucional, volver a la enésima propuesta del reestructuración o hasta (qué despropósito) “liquidación” del Incoder (Incora). Cada reestructuración ha costado dos años de parálisis del ordenamiento social de la propiedad, por los costosos despidos y contrataciones nuevas, la elaboración y ampliación de nuevos decretos reglamentarios, los trasteos, las pérdidas de memorias institucionales. Del Incora salió el Himat, que luego fue refusionado en 2003 junto con el Fondo Dri que ahora se propone separar y ampliar y junto con el instituto de pesca que tenía que haberse ampliado y fortalecido en lugar de matar y que se pasó luego al ICA, cuando se descuartizó el Incoder en dos institutos de tierras que se refusionaron porque el Estatuto Rural era inconstitucional.

Semejante enredo de fusiones y divisiones institucionales cada vez con menos presupuesto, debería comenzar a resolverse dándole al Incoder la capacidad de cumplir sus funciones legales, tanto en lo que se refiere al presupuesto, como en lo que se refiere a las órdenes de no constituir reservas campesinas, que son ley vigente y no sólo ni principalmente asunto de acuerdos de paz.

Tal vez sería interesante tener un fuerte Incora que se encargue del tema tierras, un fuerte instituto de desarrollo rural y un gran instituto de pesca que por fin desarrolle ese sector clave para el futuro de Colombia. Pero comenzar por la reestructuradera sería matar para siempre el ordenamiento social de la propiedad, al menos las funciones de tierras deben continuar en el mismo instituto.

El otro asunto grave es el mico que quiere ir al hombro de una misión noble. La legalización del acaparamiento de baldíos. La misión propone en primer lugar, que se “interprete” que la prohibición de acumular baldíos adjudicados a colonos campesinos solo se refiere a títulos otorgados a partir de la vigencia de la ley 160 de 1994. Como lo ha dicho un concepto del Consejo de Estado, desde la ley 135 de 1961 el comercio de baldíos era restringido y las adjudicaciones se limitaban a 450 hectáreas en tierras cultivadas y hasta 1.000 hectáreas en sabanas de pastos naturales. Desde la ley 30 de 1988 el límite fue de 400 hectáreas y lo que hizo la ley 160 fue establecer que el límite era la UAF, de diferente tamaño según la región y que en los Llanos fue estirada por normas de Incoder a más de las 1.000 hectáreas en varios municipios. No se trata de retroactividad, sino de prohibiciones que establecían las leyes anteriores.

Propone también el informe de la Misión “sanear” la situación creada por acumulación ilegal de baldíos adjudicados a colonos campesinos en virtud de la ley 160 de 1994, a través de facilitar la creación de Zonas de Desarrollo Empresarial con las tierras acaparadas por empresas y “se aclare que en estos casos, y sobre tierras ya entregadas en propiedad, no se aplica la norma de acumulación pero al mismo tiempo se exija la unidad de empresa”. Y en el futuro crear esas Zonas “en tierras que serían arrendadas por períodos largos por el Estado más que entregadas en propiedad”. Es decir, quiénes violaron la ley podrán consolidar propiedades en “unidad de empresa”. ¿Cómo así? No se trata de un problema de mero saneamiento, sino de la generación de una inmensa renta de la tierra en manos de unos pocos propietarios, cuyo negocio principal no ha sido ni es ni será la producción agropecuaria sino la especulación con los precios de la tierra.

Para el futuro la recomendación que supuestamente es de la Misión, ya se ha concretado en el proyecto ley 133 de 2014 (Cámara), la única criatura que ya ha sido concebida en este proceso. En este proyecto el gobierno nacional insiste otra vez en que el problema de tierras se resuelve prioritariamente en los baldíos de la Altillanura y no en utilizar la gran masa de tierras aptas para la agricultura, desperdiciadas en manos del latifundio. En el proyecto se reduce a sólo una tercera parte el área que debe estar en aprovechamiento y a tres años el tiempo para adjudicar un baldío a un colono campesino y exige que éste presente su declaración de renta. ¿Cuántos colonos campesinos presentan declaración de renta? Ninguno.

El proyecto 133 pretende en sus artículos 11 y 12 quebrar la prohibición de acumular tierras adjudicadas en propiedad como baldíos y especialmente en el artículo 12 abre el paso a la acumulación de baldíos por grandes empresas en las que denomina “Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social” (ZIDES)”, donde se adjudicarán, además, áreas solamente en arrendamiento, pero donde ¡Oh Gloria inmarcesible! se realizará también el acaparamiento en propiedad, de baldíos previamente adjudicados a colonos campesinos. El artículo 13 añade la famosa interpretación ya negada por el Consejo de Estado. Por favor, expertos respetables que integran la Misión, bajen ese mico de su hombro.

Cuando en 2010 el entonces ministro Juan Camilo Restrepo presentó las conclusiones del estudio del IGAC sobre uso y aprovechamiento de tierras, podían esperarse transformaciones positivas para el campo. Cuando se presentó y aprobó la ley del plan de desarrollo, todo se redujo a atacar los baldíos, a permitir su acaparamiento. La Corte Constitucional dijo NO.

Ahora contamos con interesantes diagnósticos de la Misión Rural 2014, que llega hasta señalar las contradicciones que por el uso del suelo generan la minería y la explotación de hidrocarburos, que plantea la necesidad de una política integral, mucho más allá de lo agropecuario, para beneficiar a la población rural, que plantea que sea el sujeto principal, que participe en las decisiones y programas. Por favor, no vuelvan a salir con que el plan estrella es entregarle los Llanos Orientales, la que llaman “Altillanura”, a las transnacionales.

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