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El proceso de paz avanza en medio de sabotajes desde la extrema derecha

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Álvaro Villarraga Sarmiento
Fundación Cultura Democrática

El gesto de acercamiento para discutir “con patriotismo” en torno a la paz hecho por el presidente Juan Manuel Santos al senador Álvaro Uribe se cayó de peso. Lo cual no niega el ánimo general que debe primar de buscar un amplio consenso nacional por la paz con todos los sectores, pero que encuentra la dificultad expuesta puesto que más allá de los canales institucionales y las realidades políticas en juego, la extrema derecha recurre peligrosamente a sabotajes.

 

A dos años del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP se presenta un intenso debate sobre la validez y los resultados conseguidos en las conversaciones y con referencia al contenido de los distintos acuerdos parciales ya conseguidos. Sin embargo, si bien al seno de la sociedad y en el ámbito político es preciso reconocer y alentar tal debate, no es propiamente tal opción la que se asume por parte de la extrema derecha representada por el partido Centro Democrático liderado por el ex presidente Uribe, sino ante todo la de atacar de diversas formas el proceso de paz, incluidas las campañas de desinformación, las mentiras, la descalificación subjetiva y los recursos ilegales y de hecho. Así, contrasta la crítica política, legítima y constructiva hecha desde diversos ámbitos, en especial desde la izquierda democrática y los sectores sociales y poblacionales ante el gobierno y el propio curso de las negociaciones con las guerrillas, con la oposición que niega la posibilidad de la paz concertada, falsifica en sus documentos y discursos las situaciones y recurre de nuevo a actos de espionaje ilegal y de sabotaje frente al proceso de paz.
En lo referido al balance sobre el avance de las conversaciones de paz el resultado es evidentemente positivo si se valoran los hechos sucedidos. Con las FARC ya existe el compromiso de finalizar la guerra, se consiguieron consensos en lo fundamental en los puntos de tierras, participación política y superación de las economías ilegales, a la vez que se desarrolla de forma muy positiva el trabajo actual con el punto de las víctimas y se preparan en mesas técnicas avances sobre los asuntos faltantes como la finalización de las hostilidades y el tema transversal de género. Sin duda alguna las partes han actuado con realismo, el gobierno ha aceptado emprender reformas institucionales, políticas y sociales y medidas comprometidas que impactan políticas y planes gubernamentales de forma significativa. A su vez, las FARC con alta sensibilidad a demandas del ámbito popular y democrático ha posibilitado tales consensos bajo el enfoque de finalizar la guerra dando lugar a una fase de transformaciones democráticas con base en garantías que hagan posible el paso de sus militantes y combatientes a la vida civil.
Por tanto, la deuda más notable en el proceso de paz es el estar tan solo en el punto inicial, exploratorio, con relación a las conversaciones entre el gobierno y el ELN, lo cual resta posibilidades a este proceso paralelo en términos del abordaje de los propios temas a desarrollar, sus dinámicas y las nuevas iniciativas que habrá de aportar, por supuesto en una perspectiva prevista en términos de convergencia final entre los dos procesos de paz. Recientemente el comandante del ELN Nicolás Rodríguez Bautista ha declarado que hay avances con relación a otros elementos de la agenda y que han sostenido intercambios con las FARC en la perspectiva de que avancen las dos mesas de negociación pero que se consiga la convergencia al final del proceso de paz.
Es justo destacar el importante apoyo brindado por la comunidad internacional, el apoyo directo de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, los pronunciamientos profusos de órganos intergubernamentales en respaldo al proceso de paz colombiano y el muy valioso acompañamiento de la ONU, a través del PNUD, con relación a los foros de consulta con la sociedad civil, en alianza con el grupo de apoyo gestado desde la Universidad Nacional de Colombia. Resulta ilustrativo al respecto el artículo reciente publicado por el señor Fabrizio Hochscild coordinador del PNUD en El Espectador, titulado “La paz ya viene”, en el cual argumenta la importancia que reviste el proceso de paz colombiano, califica como de buen ritmo su desarrollo, estima de alto valor el lugar central concedido a las víctimas, alienta el que se configure una coalición amplia a favor de la paz y los derechos humanos y señala con preocupación la proliferación de amenazas y atentados contra personas defensoras de derechos humanos, promotoras de paz y líderes sociales y de pueblos étnicos, lo cual asocia a lo que califica como la manifestación de “actores interesados en sabotear la paz”.
Por su parte, el senador Álvaro Uribe y su partido Centro Democrática, como parte de su oposición sistemática y de verdaderos ataques y actos de sabotaje contra el proceso de paz, en las dos recientes semanas ha realizado dos hechos de particular gravedad. El primero difundir con alarde y profusión un documento que descalifica por su base, desfigura y entrega consideraciones falsas sobre el proceso de paz, bajo el título de que se trata de una “capitulación del gobierno frente a las FARC”, señalada a partir de 25 consideraciones que carecen de rigor y fundamento. Y el segundo, de nuevo acudir a la actuación ilegal con la posible ayuda de personal de las Fuerzas Militares y sus organismos de inteligencia, de manera que nuevamente en forma de provocación y reto, el propio expresidente y senador Uribe revela información militar y de seguridad nacional reservada, para informar de manera peligrosa sobre operativos oficiales de traslados de comandantes de las FARC desde regiones colombianas a Cuba, en el marco de la propia dinámica de las conversaciones de paz. Aunque este hecho ha sido denunciado y motivo de debate en el Congreso, indigna el que se repita y no se tomen medidas de investigación y sanción en consecuencia desde las esferas oficiales competentes. Además, deja seria preocupación sobre el nivel de infiltración, colaboración y participación de personal de la fuerza pública y los entes de inteligencia estatal en estos nuevos actos de provocación y sabotaje contra las conversaciones de paz.
En lo referido al documento divulgado como “las 25 capitulaciones del gobierno ante las FARC en La Habana” es preciso señalar que lejos de un debate en el marco del proceso de paz se trata de su negación directa y de plano. Esto por cuanto precisamente los argumentos de fondo, si es que los llegara a tener como tal, son de no aceptar a las guerrillas insurgentes como actores políticos, señalarlos como expresiones terroristas y narcotraficantes con quienes no resulta viable el entendimiento y llegar a concluir que las medidas acordadas en los valiosos acuerdos parciales conseguidos son concesiones injustificadas que le harían el juego “al discurso y a la actuación terrorista”.
En tal perspectiva este documento que en su forma es más un panfleto de señalamientos y expresiones infundadas, constituye un llamamiento a los grandes hacendados para negar la posibilidad de algún nivel de aplicación de reforma agraria, señalando de forma falsa que se trataría de un proceso arbitrario de expropiación y de la imposición en su contra de un modelo exclusivo de economía campesina, bajo el supuesto control militar de las FARC, en un horizonte de dos décadas. Los voceros en la mesa de negociación han procedido a aclarar que al contrario, se ha convenido la aplicación de mecanismos legales existentes de expropiación y de extinción de dominio, para conseguir medidas a favor de la economía campesina pero sin desconocer la existencia de los diversos sectores de la economía agropecuaria. Así mismo, resulta falso afirmar el control de las FARC cuando se trata de la aplicación de unos acuerdos en un contexto en el cual desaparece la organización guerrillera insurgente y se da lugar a la actuación política, social y comunitaria desde las plurales expresiones de la sociedad civil en los territorios. Por tanto, los señalamientos estigmatizantes del uribismo contra las organizaciones sociales, las zonas de reserva campesina y los actores políticos y sociales que habrán de proyectarse a través de una circunscripción especial territorial quedan sin fundamento.
Llama la atención la oposición rotunda de este sector de la extrema derecha al advenimiento a la vida política legal de quienes proceden de la insurgencia, en el contexto de los pactos de paz, por cuanto siguen señalando a tal población de “terrorista” y califica de “cinismo” a las condiciones y garantías en las que tal tránsito debe darse. Consideración que choca con las mismas obligaciones tanto del derecho internacional como del derecho constitucional e interno al respecto, sobre brindar en tales circunstancias las más amplias garantías políticas y jurídicas al respecto, por supuesto en el marco de los parámetros que habrán de definirse en el propio marco legal que se asuma con sus posibilidades, límites y compromisos con los derechos de las víctimas.
Entre otros señalamientos contra el proceso de paz el uribismo se declara partidario de reformas tributarias regresivas a favor de los sectores de “la riqueza”. Ataca las consultas previas requeridas con pueblos y comunidades étnicas y las formas de consulta y participación campesina y popular, calificándolas de “formas de abuso que paralizan el desarrollo”. Sostiene sin ningún fundamento que se estaría adoptando con los acuerdos un modelo de planeación centralizado que niega el mercado y que empoderaría a organizaciones sociales que señala de ligadas “al terrorismo”. Entre otras argumentaciones que realmente merecen ser calificadas de falaces.
En tal contexto, el gesto de acercamiento para discutir “con patriotismo” en torno a la paz hecho por el presidente Juan Manuel Santos al expresidente y senador Álvaro Uribe se cayó de peso. Lo cual no niega el ánimo general que debe primar de buscar un amplio consenso nacional por la paz con todos los sectores, pero que encuentra la dificultad expuesta, puesto que más allá de los canales institucionales y las realidades políticas en juego, la extrema derecha recurre peligrosamente a sabotajes, incitaciones al seno de las Fuerzas Militares e intentos de deslegitimación y desprestigio del avance del proceso de paz con recurso en los peores y más degradados métodos. Asunto muy distinto es el llamado hecho por sectores de la izquierda democrática que señalan ante el gobierno la ausencia de una política nacional, estatal, permanente y participativa de paz, que garantice una paz sostenible e incluso que sea viable a los propios compromisos pactados y por pactar con la insurgencia. Ojalá la reapertura tras tan larga, injustificada e ilegal demora gubernamental del Consejo Nacional de Paz, posibilite un espacio constructivo de discusión y aportes en torno a tal necesidad.

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