35 años después del holocausto la justicia sigue en llamas
El 6 y 7 de noviembre de 1985 un hecho sin precedentes, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, estremeció al país y al mundo entero, no sólo por la crudeza de la masacre a la que fueron sometidas las víctimas sino porque simbolizó un profundo desprecio por la justicia. Tomarse por las armas la sede de las altas cortes y después retomarla de manera desproporcionada, ocasionado la muerte de casi un centenar de personas fue un hecho que dejó una huella muy honda en la memoria de nuestro conflicto y en la justicia colombiana.
Una huella que se profundizó con el pacto de silencio de los agentes estatales involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma, y que se traduce en la impunidad que ha acompañado este caso en los escenarios judiciales. Han sido décadas de lucha para las víctimas quienes merecen un especial reconocimiento ya que, con dignidad y valentía, se han dedicado a reconstruir y hacer visible la memoria de estos hechos, dando ejemplo de resiliencia, resistencia y persistencia por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de hechos atroces como los que allí ocurrieron.
Recordemos que en la mañana del aquel 6 de noviembre aproximadamente 35 miembros del Movimiento 19 de abril -M19- se tomaron el Palacio de Justicia, en una acción temeraria que no midió las terribles consecuencias, con el objetivo de realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, debido los inútiles esfuerzos para entablar un proceso de paz y el incumplimiento de los acuerdos suscritos en Hobo, Medellín y Corinto un año antes de la toma. Horas después de la toma guerrillera, las Fuerzas Armadas ingresaron e iniciaron el operativo de retoma y con más de 3000 uniformados abrieron fuego sin consideración a los civiles que se encontraban en el Palacio.
Los enfrentamientos se extendieron hasta la madrugada del día siguiente y el Palacio se consumió en llamas. El gobierno en cabeza del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, no accedió a una negociación y tampoco respondió a las súplicas de cese al fuego en voz de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, asesinado en la retoma del Palacio junto con otros 10 magistrados y magistradas, y al menos 20 magistradas y magistrados auxiliares, varios empleados del Palacio, abogados y casi la totalidad de los guerrilleros que realizaron la toma. Otros cuerpos no fueron identificados, las actas de levantamiento no fueron consistentes, la evidencia fue alterada, al menos 12 personas fueron desaparecidas y se estableció que aproximadamente 94[1] murieron.
Este desgarrador suceso envió un mensaje alarmante para la justicia: Todo aquel y toda aquella que pudiera aplicarla, que pudiera contrariar con sus fallos intereses políticos y económicos estaba poniendo en riesgo su propia vida, integridad o libertad. Las amenazas a la independencia judicial se cumplían.
Años después, la masacre de la Rochela, en 1989, en el municipio de Simacota, Santander, volvió a traer de presente la violencia contra los funcionarios judiciales. Paramilitares secuestraron a 16 miembros de una comisión judicial que investigaba la responsabilidad de militares y civiles en delitos cometidos en Magdalena Medio, asesinaron a 12 personas y otras 3 fueron heridas. En este crimen se evidenció una presunta alianza entre paramilitares, narcotraficantes y miembros del Ejército. Posteriormente, el 26 de noviembre de 1991 ocurrió la Masacre de Usme, en la cual fueron asesinados siete miembros de una comisión judicial, y el 3 de octubre de 1997, en San Carlos de Guaroa, Meta, otros 12 integrantes de una comisión judicial fueron asesinados.
Estos y otros hechos nos llevan a concluir que los ataques a la independencia judicial han sido un fenómeno sistemático en el cual le cabe una enorme responsabilidad al Estado, no sólo por no garantizar la vida de jueces y fiscales que han caído por su labor, sino por no respetar ni mantener la división de poderes. A lo largo de las últimas décadas, se ha tolerado un amplio margen de injerencia, presiones, amenazas y ataques en contra de la justicia, incluso por parte de agentes estatales.
35 años después del holocausto, la justicia sigue en llamas. Ya no en el escenario de una confrontación bélica ni bajo la amenaza de un ataque similar al ocurrido entonces, pero sí sigue siendo blanco de declaraciones incendiarias que amenazan su independencia y el derecho que tenemos todas y todos a acceder a ella.
En su afán por concentrar aún más el poder y garantizarse una justicia a la medida de sus intereses, el gobierno actual, su partido y su jefe político, no han desperdiciado oportunidades de atacar a la justicia cuando sus fallos no se acomodan a sus aspiraciones y agendas. El propio ex presidente, ex senador y fundador del partido de gobierno, Álvaro Uribe Velez, ha centrado sus esfuerzos en ejercer una defensa dentro del proceso que lo involucra basada en los ataques de todo tipo, que han llegado a su punto más álgido con la propuesta de un referendo para acabar con las Altas Cortes, con la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y otras medidas sumamente regresivas, contrarias al orden constitucional, antidemocráticas y que contrarían los valores y principios del Estado Social de Derecho. Otra forma de acabar con la justicia.
Ante este oscuro panorama, cada vez somos más voces y más fuertes las que nos negamos a volver al pasado. Este 4 de noviembre lanzamos la campaña #NadiePorEncimaDeLaJusticia exigiendo que cese el fuego contra la justicia desde el alto gobierno y a que, en lugar de ese fuego destructivo, se encienda una llama que ilumine la memoria de quienes entregaron su vida por la independencia judicial y guíe el camino en defensa de ese bien colectivo que es la justicia. En memoria de las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia.
Suscriben,
Plataformas de Derechos Humanos
1. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
2. Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
3. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Organizaciones
1. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
2. Comisión Colombiana de Juristas
3. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
4. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
5. Viva la Ciudadanía
6. Asonal Judicial S.I.
7. Colombia Human Rights Committee
8. Corporación Reiniciar
9. Fasol
10. ANDAS - Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
11. ASAMBLEA PROVINCIAL CONSTITUYENTE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
12. Asociación MINGA
13. Asociación red de mujeres víctimas y profesionales
14. Asojuntas Comuna 10 Estación Gutiérrez Dosquebradas Risaralda
15. ASOMUDEM
16. Campaña Internacional por la Defensa de las Cortes y la Democracia
17. Ciudadanías por la Paz de Colombia
18. Colombia humana saint HYACINTHE
19. Comunal
20. Conciliadores En Equidad
21. Convergencia Internacional -NY
22. Corporación Conciudadanía
23. Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
24. CPDH Colombia
25. DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
26. Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
27. FCSPP Atlántico
28. Foro Nacional por Colombia
29. Fundación víctimas de estado desaparición Forzada ddhh (FVEDFDH)
30. JAC Olarte
31. MOVICE Meta
32. MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO-MOVICE
33. Polo Democrático Alternativo
34. Red De Mujeres Nodo Caldas
35. Sintraime la jagua
36. Sintravidricol
37. Vamos Cundinamarca
Personas
1. Adriana María Diosa Colorado, Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
2. Ana Aracelly Hoyos Gómez, Ciudadanía
3. Andrea Toro, Colombia humana
4. Anton Castro, Partido FARC
5. Beatriz Durango Hernández, Ciudadanía
6. Blanca Valdelamar Navarro, Conciliadores En Equidad
7. Boris Orjuela, Colectivo OFB
8. Carlos Arturo Correa Páez, Ciudadanía
9. Claudia Campo Cisneros, JAC Olarte
10. Cristian Oswaldo Quintero Rincón, Vamos Cundinamarca
11. Diana Sánchez Lara, Asociación MINGA
12. Eduardo Bustamante, Asamblea Provincial Constituyente Del Oriente Antioqueño
13. Enrique Rico, Docente Pensionado
14. Fernando Matamoros Castiblanco, Ciudadanía
15. Jairo Alberto Guerrero Davila, Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
16. Jesús Rodríguez De Las Salas, Sinproseg
17. José David Ortega Ruiz, ASCSUCOR
18. Joselito Rojas Rico, Asonal Judicial S.I.
19. Juan Sebastián Quintero Cabrera, Universidad Nacional
20. Julia De Castro Andrade, Ciudadana
21. Julio Cesar Bonilla Mosquera, Líderes Barriales
22. Leidy Jhoana Dávila Cano, Universidad de Antioquia
23. Leonor Cortés Bolívar, Colombia Humana
24. Luisa Antonia Serrano Gómez, Persona
25. Luisa María Muñoz López, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
26. Luz Mery Velásquez Carmona, DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
27. María Cecilia Lozano, ASOMUDEM
28. María Cepeda Castro, Vamos Por Los Derechos Internacional
29. María Jesús Cedeño Sarmiento, FCSPP Atlántico
30. María Teresa Muñoz, Foro Nacional por Colombia
31. Martha Rincón, Colombia humana saint HYACINTHE
32. Maureén Maya, Piero x la paz
33. Mildreth Solandy Hernández Rodríguez, Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta
34. Natalie Callejas, NA
35. Nívea Esperanza Dorado Guerrero, Independiente
36. Nixa Wguerddy Triana Balaguera, UNAL
37. Ramiro Antonio Sandoval, Convergencia Internacional -NY
38. Rosario Montoya Hoyos, Ceac
39. Saúl Felipe Malagón Maldonado, Cajar
40. Sonia Racines Velásquez, Comunal
41. Stella Cano, Escuela de Paz Eje Cafetero
42.Victoria Sandino Simanca Herrera, Senadora Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
43. Vilma Gutiérrez Méndez, MOVICE Meta
44. Wilfer Antonio Vergara García, Realizador radial Emisora Cultural U deA
45. Willman Parraci Peña, ANDAS - Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
46. Wilson Borja Díaz, Polo Democrático Alternativo
47. Wilson Montoya Castro, Sintravidricol
[1] Cifras obtenidas del informe final realizado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.
