Enero 27 de 2021
Esta es una historia sobre la verdad y el exilio. Desde hace cinco meses, el juez Andrés Fernando Rodríguez Caez tuvo que salir huyendo del país. Su suplicio se inició el día que se negó a recibir un soborno de 200 millones de pesos ofrecido por el exsenador Eduardo Pulgar, con el que buscaba constreñir la decisión de este juez en favor de un amigo suyo: Luis Fernando Acosta Osío, líder de un grupo que logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano, según denuncias del periodista Daniel Coronell. Un ejemplo más de la amplia red de corrupción dentro de las instituciones en el departamento del Atlántico que son manejadas por políticos de gran poder electoral como el senador Pulgar.
En julio de 2020, el juez Rodríguez rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia por el caso Pulgar. Ese mismo día fue acogido por el programa de protección a testigos y su análisis de riesgo resultó extraordinario. Aunque hasta ahora no existe una amenaza directa, se sobreentiende que un funcionario judicial que enfrenta la maquinaria corrupta política por vías legales queda en total desprotección, y se expone a su destrucción profesional y moral, sin contar con el riesgo para su integridad y la de su familia.
En septiembre, Rodríguez fue desvinculado de la Rama Judicial por ser uno de los miles de jueces que se encuentran en provisionalidad actualmente en el país, cuando el juez de propiedad del cargo reclamó su despacho. Sin fuero como juez, automáticamente le fue retirado el esquema de seguridad y, sin más alternativas, emprendió su salida del país. Ya desde el exilio, y completamente solo, hoy vive las consecuencias del desarraigo, del desconocimiento del idioma y de las duras condiciones de trabajo que le exigen jornadas extensas, esfuerzo físico y pagos semanales que apenas le alcanzan para subsistir e ir adquiriendo lentamente enseres básicos.
El ahora ex Juez Rodríguez dice que está a total disposición del proceso en contra del senador Pulgar. Cree que, a pesar de las consecuencias y la zozobra por sus declaraciones, hizo lo correcto y no se arrepiente. Tiene nuevas metas, contando con el apoyo familiar y la solidaridad de organizaciones sociales y del país receptor que aceptó su solicitud de asilo, y espera algún día ejercer de nuevo el derecho y, por qué no, ayudar a otros funcionarios que vivan una situación similar.
En otro escenario de la administración de justicia, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló Camacho, fue citado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a finales de 2020 para rendir versión libre sobre sus actuaciones dentro del proceso contra el exsenador Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Esta citación se hizo a pesar de que los artículos 228 y 234 de la Constitución y la sentencia C-307 de 1996 prohíben investigar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus votos, opiniones y decisiones en actuaciones judiciales.
Este parece ser otro más de los ataques de Álvaro Uribe contra la Corte Suprema, y en particular contra el magistrado Barceló, por la investigación que se adelantó en esa corporación hasta hace unos meses contra el expresidente, con un agravante para tener en cuenta: en el mes de octubre del 2020 el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada fue elegido por la Cámara de Representantes como miembro de la Comisión de Investigación y Acusación, en medio de un fuerte debate y de cuestionamientos, pues él está vinculado directamente al caso de manipulación de testigos del jefe de su partido, el exsenador Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que Prada, en una actuación indebida, sería juez y parte en este proceso.
El congresista Prada debería declararse impedido. De otra manera, la “nueva jugadita” (como fue denominado el nombramiento de Prada en esta Comisión) ratificaría lo evidente: que el Centro Democrático y el exsenador Uribe se valen de una nueva acción de cooptación de los organismos de control y de los órganos de la administración de justicia para evitar investigaciones o atacar a los contradictores del partido de gobierno y de su jefe político. La Comisión de Investigación y Acusaciones, por su parte, debería evitar este tipo de nombramientos que socavan aún más su credibilidad.
La Corte Constitucional será la que deba pronunciarse sobre la ilegalidad de la investigación que pretende adelantar la Cámara contra el magistrado Barceló. Mientras tanto, urge brindar un amplio respaldo y hacer veeduría al proceso que pretende adelantar la Comisión de Acusaciones contra el Magistrado Barceló, cuyo único destino legal debería ser el archivo.
Las historias del juez Rodríguez y del magistrado Barceló son apenas dos de los rostros de la persecución contra la independencia judicial en Colombia. Existen muchas otras personas que han servido a la justicia y enfrentan situaciones similares. Más de 50 jueces han salido del país en circunstancias similares y hace unos meses documentaron sus casos en un informe para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV, como parte de la reconstrucción de las afectaciones a la justicia en el marco de violencia de nuestro país.
Pero esta no es una realidad nueva. Cómo no recordar la reciente conmemoración de la Masacre de la Rochela y otras similares contra comisiones judiciales; o el caso de la jueza de orden público Marta Lucía González, exiliada desde 1989 por sus investigaciones a los militares involucrados en las masacres de militantes de la UP en Honduras y La Mejor Esquina, bajo el gobierno Barco, que trajo al presente el periodista Alfredo Molano Jimeno; o la persecución vivida por el magistrado Iván Velásquez, investigador de la parapolítica durante el gobierno Uribe y quien recientemente estuvo a punto de perder su esquema de protección.
Los ataques contra jueces y fiscales son ataques a la independencia judicial, pues quienes administran justicia deben poder actuar libres de presiones e interferencias, y con todas las garantías para poder tomar determinaciones de manera autónoma. El ejemplo de estos funcionarios y funcionarias probos que han enfrentado el poder criminal con las armas de la justicia debe ser un aliciente para que, como ciudadanas y ciudadanos, sigamos defendiendo el derecho humano y el valor democrático de la independencia judicial.
