#NadiePorEncimaDeLaJusticia

En varias ocasiones desde la Campaña por la Independencia de la Justicia hemos alertado sobre la estrategia adelantada por el presidente Iván Duque y su partido para hacerse al control de instituciones claves de los organismos de control y del poder judicial, afectando de esta forma el equilibrio de poderes y la independencia judicial, y poniendo en grave riesgo la democracia y el Estado de derecho en su conjunto.

Esto es lo que ha sucedido con la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, quien llega a ese cargo luego de una intensa campaña adelantada por el propio presidente Iván Duque. Además de no tener trayectoria en derecho penal, como se esperaría para ocupar este cargo, Barbosa ocupó un alto cargo en el Gobierno nacional antes de ser Fiscal General de la Nación y es públicamente conocido por ser amigo entrañable del presidente y muy activo durante la campaña electoral de 2018.

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El 9 y 10 de septiembre de 2020 la brutalidad policial se tomó las calles de Bogotá y las cubrió de sangre. La respuesta represiva y sistemáticamente violenta que caracteriza el actuar de la Policía Nacional y sus agentes dejó sin vida a 14 personas, más de 70 heridas y 3 víctimas de violencia sexual. En las movilizaciones de esos días la ciudadanía ejercía su derecho a la protesta con ocasión del homicidio de Javier Ordóñez, precisamente en manos de agentes de dicha institución.

En medio del lento avance de las investigaciones, el pasado 18 de enero de 2021 la Fiscalía imputó cargos a tres de los policías involucrados en estos hechos (1) que, presuntamente, habrían cometido el homicidio de cuatro personas en el marco de las movilizaciones del 9 de septiembre. Sin embargo, como ya es habitual en estos casos, la defensa de los miembros de la Fuerza Pública solicitó que la Justicia Penal Militar asumiera la competencia para juzgar a dos de los policías que habían comparecido por considerar que los hechos fueron actos del servicio, y durante las audiencias preliminares los jueces de control de garantías no tramitaron la petición de competencia de la justicia penal militar, argumentando que esto debía resolverlo el juez de conocimiento. Es decir, la posibilidad de que los casos sean conocidos por la jurisdicción militar sigue abierta dentro de las audiencias de imputación de cargos que están pendientes.

Consulte aquí el Boletín N°20 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus con análisis sobre el aumento de las cifras de desempleo, la nueva reforma tributaria que amplía el IVA, la entrada en vigencia del decreto 1174 de 2020, entre otros temas.

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En los últimos ocho años hemos asistido a toda suerte de escándalos e interinidades en la Fiscalía General de la Nación. Han pasado por el ente investigador tres fiscales encargados y tres titulares rodeados de grandes cuestionamientos: Luis Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, quienes paso a paso han ido convirtiendo la institución en un proyecto político más que un ente jurídico.

Buena parte de esta catástrofe, para un país que requiere un organismo de investigación independiente y eficaz, radica en el origen de la nominación del cargo de Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República. Esto, sin duda, convirtió a la entidad en un apéndice del Ejecutivo, pese a que estructuralmente, la Fiscalía hace parte del poder judicial, del cual se predica la autonomía como su baluarte.