30 de noviembre de 2020

Hace un poco más de 36 años llegó Fanny González Franco a la Corte Suprema de Justicia, la primera mujer que en su historia se posicionaría como magistrada, y luego ella misma sería una de las víctimas del Holocausto del Palacio lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Pasaron más de 10 años para que una mujer volviera a ocupar este importante cargo, esta vez en la Corte Constitucional, cuando llegó Clara Inés Vargas.

Al día de hoy, sigue siendo una deuda la elección de más mujeres para que ocupen altos cargos en la administración de justicia, a pesar de que han transcurrido ya 20 años de la Ley de Cuotas, 581 de 2000, y de importantes avances a nivel legislativo y jurisprudencial que incluso han llevado a la adopción de enfoques de género en diferentes entidades, que buscan superar un sistema judicial patriarcal permisivo de todo tipo de violencias, a la par de acabar con la exclusión de las mujeres en espacios directivos o de toma de decisiones.

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue creada por medio del Acto Legislativo 02 de 2015 en su artículo 257A para reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero desde 2016 está pendiente su conformación.

Esta Comisión es de la mayor importancia porque ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre todas y todos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, e investigará y sancionará las faltas de las y los abogados en el ejercicio de la profesión. Estará integrada por siete magistradas y magistrados que se elegirán en el Congreso por un período de ocho años sin reelección.

El gobierno del presidente Iván Duque ha puesto en grave peligro el orden constitucional, la democracia y el sistema de frenos y contrapesos a través de postulaciones y elecciones de quienes están a la cabeza de ciertos organismos de control, que de forma muy reducida asumen el cargo y sus funciones con total independencia, autonomía e imparcialidad.

Una de estas elecciones es la del actual Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien fue Alto consejero para los Derechos Humanos de la Casa de Nariño y posteriormente propuesto en la terna integrada por el presidente Iván Duque, con quien tiene una evidente cercanía lo que hace cuestionable su actuación.

Consulte aquí el Boletín N°19 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus con análisis sobre el aumento de las cifras de pobreza, el proyecto de ley 010 de 2020 sobre la prestación del servicio de salud, los componentes mínimos de una política migratoria y las medidas para la inclusión laboral de personas trans en Argentina, entre otros interesantes temas.

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