El 6 y 7 de noviembre de 1985 un hecho sin precedentes, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, estremeció al país y al mundo entero, no sólo por la crudeza de la masacre a la que fueron sometidas las víctimas sino porque simbolizó un profundo desprecio por la justicia. Tomarse por las armas la sede de las altas cortes y después retomarla de manera desproporcionada, ocasionado la muerte de casi un centenar de personas fue un hecho que dejó una huella muy honda en la memoria de nuestro conflicto y en la justicia colombiana.

Después de años de negociaciones entre Gobierno Nacional y las FARC-EP se llegó al Acuerdo Final para la Paz en 2016, este puso fin a un prolongado conflicto armado interno que dejó millones de víctimas y problemáticas que al día de hoy no se han resuelto. En virtud de este Acuerdo se crea un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, está integrado por dos mecanismos extrajudiciales y por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, cuyo objetivo es satisfacer los derechos de las víctimas, garantizar su reconocimiento como ciudadanos con derechos, lograr la verdad plena de los ocurrido durante el conflicto, un máximo de justicia con penas alternativas y de rendición de cuentas.

Los Consejos Territoriales de Planeación CTP son instancias de participación ciudadana en la planeación económica y del modelo de ocupación del territorio, de corto, mediano y largo plazo, que poseen un estatus muy especial que los diferencia cualitativamente de cualquier otro espacio de participación ciudadana. Por este carácter, no son uno entre las decenas de espacios de participación ciudadana formales e informales creados por ley, normas o actos administrativos regionales y locales sino ser considerados independientemente por su naturaleza de mayor jerarquía que otros en la estructura del Estado.

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Consulte aquí el Boletín N°18 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus con análisis sobre la profundización de la crisis del empleo, las nefastas consecuencias del hundimiento del proyecto de Ley 322 de Senado y 050 de Cámara que permitía el traslado de millones de trabajadoras y trabajadores a Colpensiones, la protección judicial de los derechos de trabajadores de plataformas, entre otros temas.

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