Neutralidad frente a la protesta
Respeto y garantías para la minga
Nadie por encima de la justicia
El pasado 22 de septiembre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia protegió el derecho fundamental a la protesta, amenazado y vulnerado en el marco de las movilizaciones realizadas a partir del 21 de noviembre del 2019. Para garantizar dicha protección se emitieron distintas órdenes, una de estas se dirige a los miembros del Gobierno Nacional y consiste en mantener la neutralidad en el desarrollo de las manifestaciones no violentas, aún cuando los cuestionamientos se realizan frente a sus propias políticas.
También se ordenó al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, en un término no mayor a treinta días, expedir un acto administrativo por medio del cual se ordene mantener la neutralidad a todas y todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, que incluye cumplir permanentemente con la obligación de garantizar imparcialmente y facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales a la protesta pacífica, reunión y expresión.
En abierto desacato, varios funcionarios del Gobierno Nacional y de otras instituciones estatales dejan claro que su postura frente a la protesta no es neutral. La Ministra del Interior, Alicia Arango, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, han hecho referencia a supuestas infiltraciones en la Minga por parte de grupos armados al margen de la ley. Bajo este discurso, se pretende criminalizar la protesta y legitimar la respuesta violenta y represiva a los manifestantes. Es así como el Fiscal General anuncia desde ya judicializaciones por el supuesto terrorismo presente en las manifestaciones.
También Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, ha deslegitimado la Minga, afirmando que el Gobierno ha cumplido con sus compromisos, por lo cual sugiere acudir a otros espacios como el Congreso, negando así la movilización social como escenario de debate político.
Por su parte, Diego Molano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Dapre- afirma que la movilización desarrollada por la Minga pone en riesgo la reactivación económica y llama a la Alcaldía distrital a hacer valer las normas de bioseguridad, con lo cual desconoce la expresa exigencia de las Naciones Unidas de no ligar esta enfermedad a ningún grupo social en particular, mucho menos a un grupo étnico en concreto, y de la CIDH a no restringir las garantías democráticas con la excusa de la pandemia.
Todas estas declaraciones, ya características de este Gobierno y sus funcionarios, no sólo desconocen un fallo judicial sino la obligación que el Estado tiene de mantener una postura neutral para evitar la exclusión de diversos sectores que pretendan dar inicio o ser parte de un debate público. La neutralidad de los funcionarios frente a las razones de la protesta social es garantía de una sociedad plural y democrática.
La Minga exige el respeto y la garantía del derecho a la vida, el reconocimiento de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los puntos del Acuerdo Final para la Paz, entre otros múltiples incumplimientos por parte del Estado colombiano. El gobierno Duque debe atender estas demandas, y abrir espacios al diálogo y a concertación con la Minga y las demás expresiones del movimiento social.
La Minga es protesta social, resistencia, dignidad, pluralidad y derecho ancestral. Es parte de la vida en democracia, no representa criminalidad y mucho menos terrorismo. Los pueblos indígenas han sido víctimas del conflicto armado. Tanto frente a la Minga como frente a las movilizaciones de esta semana, el Gobierno Nacional y sus funcionarios tienen la obligación de frenar toda estigmatización y expedir el correspondiente acto administrativo que ordene la neutralidad a sus funcionarios en el término ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
La neutralidad es un presupuesto democrático mínimo para avanzar en la construcción de la paz en medio de un país marcado por décadas de conflicto armado interno y la doctrina del enemigo interno, en la que desde los diferentes Gobiernos se ha intentado asociar el ejercicio del Derecho fundamental a la protesta a la comisión de un delito o a la pertenencia a grupos insurgentes. Al respecto afirma la Corte en dicha sentencia que “Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo – enemigo”.
