El próximo jueves 30 de julio a las 6 p.m., les invitamos a participar de este interesante conversatorio en el que ahondaremos sobre los retos, avances y la importancia de la participación ciudadana en la construcción de paz. Con la participación de Alexander Reina (director del IDPAC), Osman Díaz (RAP-E), Aura Rodríguez (Corporación Viva la Ciudadanía) y Daniel Cano (Instituto Kroc). Invita: Escuela de Participación del IDPAC.
Consulte aquí el Boletín N°12 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus con análisis sobre la urgencia de la renta básica universal, el declive de la economía nacional, el Decreto 811 que facilita la privatización del patrimonio nacional, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia protegiendo el derecho a la huelga, las recomendaciones de la CEPAL para la reactivación empresarial y del empleo, entre otros temas.
Muchos gobiernos en el mundo han optado por utilizar poderes excepcionales que les conceden las constituciones y los ordenamientos jurídicos para poder adoptar medidas inmediatas que les permitan enfrentar la crisis desatada por el Covid-19. Sin embargo, estas medidas tienen el riesgo de que los mandatarios las utilicen de forma desproporcionada o sin límite de tiempo, lo que puede generar graves afectaciones al Estado de derecho, la división de poderes, un recorte masivo de derechos civiles y sociales, entre otras.
En Colombia la declaratoria del Estado de emergencia coincidió con el inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso de la República, institución fundamental para la de Democracia y el equilibrio de Poderes; no obstante, mientras el Ejecutivo nacional aplicó las facultades extraordinarias que le otorga la constitución y la ley para enfrentar situaciones como la pandemia, el Congreso de Colombia comenzó a reunirse formalmente por medios virtuales, casi un mes después del inicio de la legislatura. No tramitó ninguna ley orientada a la pandemia, no modifico ninguna de las normas expedidas por el Gobierno, ni ejerció su función de control político ante la avalancha de medidas emitidas por el Ejecutivo nacional cuando, incluso, algunas de ellas no estaban directamente relacionadas con la atención de la pandemia. La ley colombiana contempla la posibilidad de hasta 3 prórrogas del estado de excepción, de las que el presidente Duque ya ha utilizado una, por lo cual el celo democrático debe ser mayor, pues la tendencia a concentrar el poder en el Ejecutivo puede romper el equilibrio de poderes que garantiza el Estado social y democrático de derecho. El Congreso de la República no puede renunciar de facto a ejercer el poder del control político ni a cerrar las posibilidades de convocar a un debate amplio y pluralista sobre la forma como se está regulando la vida social y política del país. Aunque se requieren medidas inmediatas, dada la velocidad creciente del contagio del Covid-19, las medidas de prevención no pueden eliminar el papel de los otros poderes públicos y menos marginar a la ciudadanía de participar en los asuntos que le conciernen directamente.
La pandemia generada por el Covid19 ha puesto en riesgo la vida y la salud de la humanidad. Para mitigar la propagación del virus y preparar a los sistemas de salud, algunos gobiernos han adoptado gran cantidad de disposiciones que limitan e incluso suspenden varios derechos y garantías. Nadie discute que una situación tan difícil y con tan graves consecuencias exige la rápida adopción de medidas haciendo uso de facultades extraordinarias; sin embargo, en un Estado social y democrático de derecho, los derechos y las garantías fundamentales no pueden suspenderse ni siquiera en las situaciones más extremas, porque en una democracia el poder y los derechos de la ciudadanía no se ceden ni se enajenan.
Han trascurrido cuatro meses desde la primera declaratoria de emergencia, y el gobierno nacional, haciendo uso de las facultades previstas en la Constitución ha expedido más de 400 normas[1] (decretos con fuerza de ley, decretos reglamentarios y normas de otra jerarquía), no ha acudido al Congreso a tramitar ley alguna prefiriendo prorrogar la emergencia, y no ha realizado ningún esfuerzo para escuchar de la ciudadanía sus inquietudes y propuestas. Las complejas opciones de acción frente a la pandemia y sus impactos necesitan de información confiable y deliberación pública, sin ellas no tendremos la confianza, la solidaridad y la cooperación necesarias para superar las ya muy graves consecuencias del Covid19.
