1978-2008. Treinta años de narco-parapolítica

Gabriel Bustamante Peña
Abogado, asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía.

La infiltración de las mafias del narcotráfico y de los grupos armados en los partidos y en el Congreso, en el Gobierno nacional y local, en la justicia, en las Fuerzas Armadas y la Policía; en los grupos económicos nacionales y transnacionales, deberían ser la principal preocupación de una verdadera política de seguridad democrática.

El principal escenario de la guerra contra el narcoterrorismo debería ser expulsar el hampa de las instituciones del Estado, donde se enquistaron en los años ochenta e hicieron metástasis durante todos estos años. Pero, por el contrario, en Colombia se cohonesta y se cogobierna con las cúpulas de la mafia, mientras hipócritamente se reprime, criminaliza, fumiga y asesina al campesinado cocalero o se muestran a medianas mulas como chivos expiatorios de un Estado decadente.

Lo que hoy conocemos como parapolítica, o mejor, narco-parapolítica, es la culminación de un proceso que inició exactamente hace tres décadas, en una alianza donde narcos, grupos armados y sectores políticos, fusionaron esfuerzos para reconfigurar de una manera más degradada la corrupción y la violencia heredadas del Frente Nacional y del ensañamiento bipartidista. Estas raíces históricas de nuestra descomposición política no sólo no han sido superadas sino que, por el contrario, han prosperado y acrecentado su poder de envilecimiento social y político en nuestros días.

El turbayismo y los Inicios de la narco-parapolítica

Como bien lo anota Fabio Castillo en su libro “Los Jinetes de la Cocaína”, el primer caso público que se conoció de la mezcla de política y narcotráfico fue en 1976: “Un diputado liberal por Risaralda, el odontólogo Jairo Montoya Escobar, fue capturado en Bogotá cuando negociaba la venta de 30 kilos de cocaína, que traía de Pereira”. Montoya Escobar pertenecía al grupo político dirigido por Gabriela Zuleta, condenada tiempo después por cobrar porcentajes por cada "auxilio parlamentario" que entregaba a colegios, juntas de acción comunal y entidades de servicio comunitario.

Hace treinta años (1978) Diego Ascencio, embajador de Estado Unidos en Colombia, declaró públicamente:"los narcotraficantes (colombianos) son tan fuertes, en términos de poder financiero que podrían tener su propio partido y pueden ya haber comprado y pagado diez miembros del cuerpo legislativo". Posteriormente en 1980, el Washington Post, ampliaría la denuncia afirmando que posiblemente el 10% del Congreso colombiano habría sido elegido con dineros del narcotráfico.

Los indicios de esta nueva degradación política también apuntaban al Ejecutivo. Un informe del asesor presidencial de Jimmy Carter, Peter Bourne, acusaba al presidente Turbay y a familiares y personas cercanas a él, de tener vínculos estrechos con el narcotráfico. El informe, llamado “El memorando Bourne” fue revelado por el programa 60 minutes de la cadena CBS y desató un escándalo de enormes proporciones.

El resultado, Turbay en medio de una crisis de ilegitimidad arremetió contra los cultivos de marihuana; criminalizó y reprimió violentamente al campesinado; inició las fumigaciones con glifosato y experimentó el uso del paraquat; firmó el tratado de extradición con Estados Unidos y convenios de cooperación militar; declaró la guerra a las guerrillas bajo su nefasto Estatuto de Seguridad, con el cual comenzó una etapa de degradación del Estado colombiano, y especialmente de sus fuerzas armadas, por medio de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, configuración del paramilitarismo, negación de libertades civiles y políticas, violación sistemática y progresiva de los derechos humanos y persecución a la oposición y a los intelectuales que como Gabriel García Márquez, tuvieron que asilarse en el exterior para salvar sus vidas.

Pero, contrario a lo que quería demostrar con su política de guerra y represión, Turbay favoreció a los emergentes capos y carteles de la cocaína que además del poder económico logrado en su administración, comenzaron la infiltración directa del Estado colombiano. Fue así, como la lista de Pablo Escobar ganó un cupo en el Congreso de la República, avalado por un sector del partido Liberal, donde militaban Santofimio, Jairo ortega, Ernesto Lucena y William Vélez, éste último fue, como lo anota Daniel Coronel “uno de los escuderos de Uribe, ex presidente de la Cámara y compañero de fórmula del primer primo Mario Uribe”. Además, protagonista de un video donde califica al capo Pablo Escobar de "noble y brillante figura del Partido Liberal".

El capo llega al Congreso supliendo al titular de la lista, Jairo Ortega, e inmediatamente se hace beneficiario de la inmunidad parlamentaria. Como lo explica Fabio Castillo: “es decir que no podía ser detenido sino en caso de flagrancia en la comisión de un delito, o 20 días antes y 40 después, de las sesiones del congreso que se prolongan por medio año”. Por esta vía, Escobar obtuvo una visa privilegiada que le permitía entrar a los Estados Unidos, visa solicitada directamente por la cancillería colombiana.
Por esta misma época, Carlos Ledher formó su movimiento Latino Nacional, inspirado en ideologías fascistas y declarado antiimperialista, con el que pretendió llegar a ocupar un escaño en el Senado. Posteriormente, en 1984 logró elegir dos diputados en el Quindío y concejales en Armenia y la Tebaida.

También cabe destacar al senador santandereano, Eduardo Mestre Sarmiento, miembro de la Dirección Liberal Nacional, denunciado por el Espectador por sus vínculos con los Rodríguez Orejuela. O Jairo Siebi y Félix Salcedo Baldión, congresistas liberales de Norte de Santander quienes tenían orden de captura en Venezuela  por el decomiso de 30 kilos de cocaína. O los casos de los representantes a la Cámara liberales por Nariño, Samuel Alberto Escrucería Delgado y Samuel Alberto Escrucería Manzzi. El padre, Escrucería Delgado, fue condenado en Carolina del Norte, por el tráfico de más de 200 kilos de cocaína. O Carlos Nader Simmonds, congresista liberal de Córdoba, y amigo intimo de Alvaro Uribe Vélez, capturado en mayo de 1983, cuando ofrecía 10 kilos de cocaína a agentes encubiertos de la DEA.

Pero tal vez, lo más sobresaliente del apoyo de Turbay a las mafias de la cocaína, fue el impulso que se les brindó a éstas desde una entidad clave para que literalmente, despegara el negocio: la Dirección de la Aeronáutica Civil. Tres libros de diferentes autores, de diferentes décadas y con diferentes fuentes señalan el importante papel que cumplió la Aeronáutica, entre 1980 y 1982, para el desarrollo de los carteles de la cocaína y de las fortunas de sus grandes capos.

En el primero “Los Jinetes de la Cocaína”, escrito en 1987,  Fabio Castillo, denuncia que en su etapa al frente de la dirección de la aeronáutica, Uribe favoreció al cartel de Medellín, concediendo a sus pilotos licencias de vuelo con que poder trasladar los cargamentos de droga. Tanto así que su segundo al mando en la aeronáutica civil, era Cesar Villegas, quien fue más tarde condenado a cinco años por narcotráfico y vinculado al cartel de Cali. En otra publicación que apareció trece años después, Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek y Fernando Garavito columnista de El Espectador, llegan a la misma conclusión una vez revisados expedientes y consultado declaraciones de funcionarios de la época: “Un año después del retiro de Uribe Vélez, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenó a la Aerocivil “suspender los vuelos de naves de narcotraficantes” y señaló que en el pasado esa entidad había adolecido de una actitud pasiva y negligente”  Y en la más reciente publicación que dice tener como fuente al mismísimo capo Escobar, su ex amante Virginia Vallejo, asegura que Pablo llamaba a Uribe «ese muchacho bendito» Vallejo afirma que el jefe del Cártel de Medellín adoraba a Alvaro Uribe porque este, en su etapa de director de Aeronáutica Civil (1980-1982), “concedió docenas de licencias para pistas de aterrizaje y centenares para los aviones y helicópteros sobre los que se construyó toda la infraestructura del narcotráfico”. Agrega Virginia Vallejo: “Pablo solía decir: ‘Si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a los gringos”.

También fue con Turbay y en estrecha colaboración con los narcotraficantes que comenzaron a desplegar operaciones los grupos paramilitares. Como se puede observar en los informes de Javier Giraldo, por ejemplo, en el primer año de Turbay, miembros de la TRIPLE A , estructura paramilitar fundada y dirigida por la comandancia del Batallón Charry Solano, ya eran conocidos por sus secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. El 29 de septiembre de 1978, fue encontrado en un basurero cerca al municipio de Sibaté (Cundinamarca), el cadáver torturado del abogado, JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ QUIROZ, militante del ELN. Su cara estaba destrozada, las uñas levantadas, las plantas de los pies quemadas. En enero de 1979, fue capturado y desaparecido el estudiante, CLAUDIO MEDINA. Medina fue torturado hasta tal extremo que le pasaron un pico de botella por las venas hasta que lo asesinaron. La persecución a las personas acusadas de pertenecer al M-19, se vio plagada de torturas injustificables y crímenes atroces. La política de seguridad de Turbay llegó a formar autodefensas en caseríos y veredas que participarían en operaciones de guerra. Posteriormente, los narcotraficantes aprovecharían las estructuras montadas por el Gobierno para la conformación de sus propios ejércitos.

Para rematar, el presidente Turbay a poco tiempo de terminar su cuestionado, nacional e internacionalmente, periodo presidencial, declaró algunos insumos químicos como el éter de libre importación y además los eximió de impuestos. El éter, como se sabe, es un precursor necesario e indispensable en el proceso de transformación de la cocaína.

La lucha del Estado contra la narco-parapolítica

Ya en 1984, el entonces director del diario El Espectador, Don Guillermo Cano Isaza, advertía a la nación lo que se estaba cocinando:“El narcotráfico nos ha corrompido, el contrabando nos ha corrompido, la compra y venta de las influencias nos han corrompido, la mordida nos ha corrompido, el afán del dinero fácil nos ha corrompido, el alquiler del voto nos ha corrompido”  Pero, también señalaba el inicio de lo que sería la guerra del Estado colombiano contra la infiltración del hampa en las instituciones,: “Estamos presenciando el crecimiento de una generación sin fronteras morales, sin valores ni principios éticos. Esto es lo que combate el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla”. Guerra inicialmente librada por un Ministro de Justicia solitario y desamparado.

Lara Bonilla, era el segundo a bordo del Nuevo Liberalismo, disidencia del partido Liberal que fundara con Luis Carlos Galán en 1979. Movimiento abiertamente critico del turbayismo, la corrupción y el narcotráfico. En las elecciones de 1982, Luis Carlos Galán, se presenta como candidato presidencial y divide el voto liberal permitiendo que el conservador Belisario Betancur, gane las elecciones. Betancur, conservador demócrata y progresista, nombra a Lara, de tan sólo 37 años, su Ministro de Justicia. Rodrigo Lara empieza de esta manera su lucha solitaria contra la narco-parapolítica. Empieza denunciando con nombres propios a los infiltrados de las mafias, desenmascara públicamente a los Ochoa, a Pablo Escobar, lo saca del Congreso y a Ledher lo hace huir del país, desempolva expedientes judiciales de narcotraficantes, revoca cientos de licencias de aeronaves y aeropuertos otorgadas por Álvaro Uribe Vélez, y hasta llegó a propinar el primer gran golpe contra los narcotraficantes cuando lideró el gigantesco allanamiento al complejo de producción de cocaína denominado “Tranquilandia”. Esta base de operaciones contaba con 8 pistas de aterrizaje y en ella, se decomisaron numerosas aeronaves, entre ellas un helicóptero perteneciente al padre de Álvaro Uribe.

Esta lucha le costó la vida al joven Ministro, pero, su muerte fue a la vez la copa que reboso la rabia por la prostitución que al Estado y a la sociedad le habían propinado los narcotraficantes. A partir del asesinato de Lara, el presidente Belisario aplicó la extradición y desató la ira de los narcos y la época del narcoterrorismo. Los narcos plagaron de bombas las calles de  las principales ciudades, volaron centros comerciales, hicieron explotar un avión de Avianca en pleno vuelo, dinamitaron sedes de medios de comunicación, destruyeron el edificio del Das, asesinaron a centenares de jueces, policías y periodistas honestos. Matan a Don Guillermo Cano, al procurador Mauro Hoyos, al Coronel Ramírez, comandante de antinarcóticos y que era la mano derecha de Rodrigo Lara, y por último y ya fusionados con un brazo armado que ellos mismos habían ayudado a conformar, asesinan a los mejores hombres de la política colombiana, entre ellos a Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro.

Hoy, la guerra que inició, digna y valientemente, Rodrigo Lara Bonilla, la estamos perdiendo. Cada vez son más los congresistas involucrados con las mafias narco-paramilitares, cada vez más los alcaldes, gobernadores, diputados, y concejales que representan al hampa organizada y no a la sociedad. Cada vez más los funcionarios públicos que desde el Das, las embajadas, los ministerios y hasta la justicia, son salpicados por sus relaciones con las mafias. De aquella época en que Pablo Escobar pretendió prostituir la democracia colombiana subsiste su primo hermano, José Obdulio Gaviria, como asesor presidencial, William Vélez como congresista y el legado de Turbay subsiste a través de su pupilo en la presidencia y su estatuto de seguridad reflejado en la seguridad democrática. ¿Qué diría Rodrigo Lara Bonilla si viera que murió para esto? O peor, ¿qué diría si viera que quien lo reemplaza hoy en el Ministerio de Justicia, es el hermano de un fiscal que le vendió el país a la mafia?

Octubre de 2008


Castillo Fabio, Los Jinetes de la Cocaína, Capítulo X Mafia Y Política.
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