Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

Es posible una amnistía pero bajo nuevas condiciones y exigencias

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente de la Fundación Cultura Democrática
   
 

Entre las discusiones que surgen en la negociación con las FARC y que habrá también de tratarse con el ELN está la de si tiene validez la aplicación de una amnistía, que características tendría, a quienes acogería y cuál sería el momento y el mecanismo adecuado para implementarla. Al respecto puede afirmarse que la amnistía mantiene vigencia, es figura constitucional y legal vigente en el derecho internacional e interno; pero a la vez tienen un margen más limitado de aplicación por cuanto se excluyen de su beneficio a responsables de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad; a esto se agrega que en la actualidad debe estar ligada a compromisos con la verdad y la reparación de las víctima; y así mismo, aunque las amnistías pueden aplicarse en distintos momentos, de forma general se hace y en nuestro contexto es conveniente hacerlo sobre la base de la terminación del conflicto armado.

La amnistía es una medida de perdón a favor de combatientes que hayan tomado parte en el conflicto armado o de personas detenidas por motivos relacionados con el mismo. Significa que las autoridades en el poder pueden conceder este beneficio, recomendado por el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, para que en su aplicación se proceda “de la manera más amplia posible al finalizar las hostilidades”. Con relación a la dinámica histórica del conflicto armado interno colombiano se aplicó una amnistía en 1982, Ley 35, que abrió el proceso de paz con las guerrillas, de manera que beneficio a más de dos mil ex combatientes que se acogieron a sus beneficios penales y de reintegración social. Luego, en 1989, la Ley 70, posibilitó las amnistías y los indultos en la aplicación de los pactos de paz con el M19, el EPL y otros grupos insurgentes menores. Ambas amnistías y sus decretos reglamentarios de indulto excluyeron legalmente el beneficio para los responsables de homicidios fuera de combate, actos de sevicia y barbarie. Mediante las Leyes 104, Decreto 1385, y luego Ley 782 y su Decreto 128, se aplican indultos sólo a ex guerrilleros, por cuanto las Cortes los negaron para ex paramilitares, al no reconocer que su actuar representara delitos políticos, con la misma exclusión legal, es decir que quienes están comprometidos con graves crímenes responden ante la justicia ordinaria o se someten a la justicia mediante instrumentos alternativos como las leyes 975 –recién reformada- y la 1424.

En la legislación colombiana la aprobación de una amnistía es competencia del Congreso de la República, que debe expedir una ley, la cual lleva a desconocer la responsabilidad penal por hechos que constituyen delitos políticos (rebelión, sedición, asonada, conspiración y delitos conexos), de manera que detiene las diligencias judiciales y anula las condenas. Esa figura es distinta al beneficio de gracia, que en la legislación de distintos estados considera la posibilidad de que el jefe de Estado o presidente de gobierno suprima la ejecución de la condena, aunque sin suprimir los demás efectos judiciales. La amnistía puede concederse por parte de las autoridades en condiciones de derrota militar ocasionada a la contraparte, o para facilitar la resolución del conflicto armado por vía política en términos de un armisticio o un pacto de paz que signifique el fin de la guerra. La amnistía puede conllevar paralelamente procedimientos expresos de desmovilización, desarme y reintegración de los ex combatientes a la vida civil.

Pero la figura de la amnistía también ha sido históricamente utilizada, en Colombia y en otros contextos internacionales, con el propósito perverso de servir a los perpetradores de graves, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, para propiciar condiciones institucionales de impunidad, hecho objetado en las últimas décadas. En consecuencia, se han producido una serie de decisiones de organismos intergubernamentales en contra de tales acciones, lo que ha dado lugar a la consagración en varios tratados internacionales, incluido recientemente el que dio lugar a la creación de la Corte Penal Internacional, de la no amnistiabilidad de este tipo de graves violaciones. Se rechaza así mismo el concepto que les sirvió de fundamento en muchos, cuando los responsables esgrimían el concepto de “obediencia debida” como supuesto eximente de responsabilidad.

En el contexto latinoamericano fueron famosas las leyes de auto-amnistía de las dictaduras del cono sur en los 70 y 80, pero en las décadas posteriores surgieron movimientos de las víctimas y los defensores de derechos humanos que consiguieron anularlas o reabrir casos que habían quedado en la impunidad, a la vez que legislaciones y medidas a favor de los derechos de las víctimas. También resulta además llamativo el precedente de la amnistía general decretada en El Salvador, en 1993, a un año del pacto de paz, sobre la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que esta ley vulneraba la Convención Americana de Derechos Humanos y normas del derecho internacional humanitario. De otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra amnistías aplicadas en Perú bajo el régimen autoritario de Fujimori que habían favorecido a responsables de graves crímenes como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, por cuanto vulneraban derechos no derogables1.

Distintos estados han concedido amnistías en épocas recientes y en contextos actuales en aras de la solución de guerras civiles, recurriendo según las condiciones a acuerdos especiales, leyes, decretos u otras figuras. Las Naciones Unidas desde el Consejo de Seguridad, las misiones de acompañamiento, el anterior Comité de Derechos Humanos y resoluciones de la Asamblea General las ha fomentado con relación a los procesos de paz. Así mismo la han estimulado otros organismos intergubernamentales. Pero en todo caso, las Naciones Unidas a propósito de casos como los de Croacia y Sierra Leona ha insistido en que no pueden aplicarse amnistías frente a responsables directos de graves crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. En igual sentido obra la jurisprudencia producida por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Así también lo establece el Estatuto de Roma, en vigencia desde 2001.

En el caso de Suráfrica, en la aplicación del proceso de paz, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no aplicó una amnistía general pero sí concedía en particular la amnistía a quien revelara la verdad de los hechos sucedidos, de manera que si no lo hacía con coherencia perdía tal beneficio, ante lo cual frente a la demanda de no amnistiabilidad de graves crímenes el Tribunal Constitucional de ese país interpretó que la figura era válida al no tratarse de amnistía general frente a todos los hechos y al ser un beneficio de aplicación excepcional.

Es innegable la tensión existente entre los propósitos de la paz y las posibilidades de la aplicación de la justicia, de forma tal que no se vulneren los estándares internacionales, se consiga la reintegración política y social de los alzados en armas en los procesos de transición a la paz y a la vez se atiendan compromisos en justicia, de manera que para conseguir una solución viable se enfatice en torno a los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, en conjugación con formas de flexibilidad de los términos penales, excarcelaciones condicionadas y formas de priorización e incluso de selección, con relación a implicar ante todo a los principales responsables de los más graves crímenes. La experiencia reciente y actual en Colombia, bastante debatida, la aplicación de la reciente reforma constitucional, la tramitación de una próxima ley orgánica al respecto y el instrumento legal para beneficios jurídicos que habrá de apoyar el proceso de paz con las FARC y el ELN, son asuntos de primer orden a tratar en la agenda actual, de forma que se implica en ellos la posibilidad de aplicar formas de amnistías e indulto, pero en un marco de mayores de mayores posibilidades de exclusiones legales y condicionamientos.

La aplicación de amnistías y otros beneficios penales no niega responsabilidades básicas en justicia ni justifica el no retorno a su plena vigencia tras la aceptación excepcional de figuras transicionales como las de penas alternativas. Los graves crímenes no pueden dejar de ser investigados. “Los Estados deberán investigar los crímenes de guerra posiblemente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. Deberán así mismo investigar otros crímenes de guerra que sean de su competencia y encausar, si procede, a los imputados”2. El derecho internacional consuetudinario establece que los Estados deben acoger como norma que las leyes de prescripción no se aplican para los crímenes de guerra cometidos en los conflictos armados, sean internacionales o no internacionales3. Además, en todo caso, el conceder amnistías es una figura posible, a discreción de los Estados, aunque por supuesto se sugiere por su utilidad y conveniencia en la finalización de las hostilidades y su relación frecuente a compromisos en los pactos de paz suscritos con fuerzas rebeldes. “Las autoridades no están obligadas en absoluto a conceder una amnistía al final de las hostilidades, sino que se les pide que lo consideren detenidamente y se esfuercen por concederlas”4.

Pero ahora es preciso subrayar que la amnistía se asocia a exigencias sobre revelación de la verdad sobre violaciones graves a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como a compromisos obligantes de contribuir mediante diversas formas en la reparación de las víctimas ocasionadas y para servir de forma efectiva a afianzar los propósitos y las condiciones para la paz y la reconciliación. A ello se agrega el que la amnistía sin duda en cualquier circunstancia requiere de un amplio consenso político, por supuesto que resulta ser el propio de un proceso de paz, al estar inscrito en él, como han sido del caso las experiencias colombianas recientes y la necesidad surgida en el proceso de paz en curso.

En consecuencia, los militantes de las insurgencias de las FARC y el ELN podrán ser beneficiados de nuevas amnistías, pero en el marco de las condiciones referidas, es decir, de nuevo con exclusiones legales, ahora más significativas para responsables directos de graves crímenes, con compromisos hacia el esclarecimiento de la memoria histórica y la reparación de las víctimas y como figura no aplicable en las fases iniciales de la negociación, sino social y políticamente aceptable en el contexto de la finalización de las hostilidades. Es decir, la legitimidad y posibilidad del otorgamiento de este tipo de beneficio es posible y conveniente, en el contexto de la legitimidad y las posibilidades que ofrezca un proceso de paz logrado con todas sus implicaciones, que habrán a la vez de alentar una dinámica de recuperación de la paz bajo preceptos de profundización de un proyecto democrático de sociedad y Estado.

Edición N° 00332 – Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2012

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos.

2 HENCKAERTS, Jean-Marie y Louise Doswld-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas, Norma 158, CICR, Ginebra, Suiza, 2005, página, 687.

3 HENCKAERTS, Jean-Marie y Louise Doswld-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas, Norma 160, CICR, Ginebra, Suiza, 2005, páginas, 694 y ss.

4 HENCKAERTS, Jean-Marie y Louise Doswld-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas, Norma 159, CICR, Ginebra, Suiza, 2005, página, 692.

 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus