Proceso de paz: avances, desescalamiento militar y refrendación

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Fundación Cultura Democrática
   
 

Este año podrán concluirse los acuerdos Gobierno-FARC puesto que además de los acuerdos sobre tierras, participación política y drogas ilegales las conversaciones avanzan positivamente en el tema de los derechos de las víctimas y el marco legal, la Comisión Histórica se apresta a entregar su contribución en la interpretación del conflicto, formas y responsabilidades en victimizaciones, la Comisión Técnica sobre el Fin del Conflicto prepara los asuntos definidos para ser abordados por la mesa, la Subcomisión de Género contribuye en la adopción de este enfoque de forma transversal y las partes habrán de convenir la forma de refrendación ciudadana. Hechos importantes en tal contexto han sido las expresiones ahora mayoritarias de la opinión ciudadana sobre prever la conclusión positiva de los acuerdos y manifestarles respaldo y la dinámica de desescalamiento militar que se relaciona con la declaratoria unilateral de las FARC de cese del fuego y el consiguiente llamado del presidente Santos de discutir de inmediato los términos hacia el cese bilateral y definitivo.

Es evidente que predominan los avances y los obstáculos tienden al reducirse o superarse. Entre las limitaciones del proceso de paz se carece de una política gubernamental y estatal de paz, coherente con las políticas públicas implementadas, que permita prever la viabilidad de un proyecto de paz sostenible. El hecho de tras dos años el Gobierno-ELN no superan la fase exploratoria y no se inicia esta negociación que resulta imprescindible para que sus compromisos complementen y hagan efectivo el cierre de la guerra interna. Continúa la oposición del uribismo y los sabotajes contra el proceso de paz. Sin embargo, ante la contundencia de los avances hacia la paz esta oposición pierde iniciativa, fuerza y razón de ser. La movilización contra los acuerdos de paz del Centro Democrático fracasó; ahora varios líderes del uribismo matizan sus posiciones e incluso algunos hablan de apoyar críticamente el proceso; continúan amenazas y atentados contra promotores de la paz pero las acciones judiciales en curso y el costo político y en legitimidad que ocasionan los hechos de sabotaje al proceso podrán frenar tal recurso a la ilegalidad.

Los acuerdos Gobierno-FARC

La Mesa de Conversaciones se ocupa ahora del tema de Víctimas y Verdad Histórica. Lograron un acuerdo en principio que incluye diez consideraciones sobre el reconocimiento de las víctimas en condiciones de dignidad; las responsabilidades de las partes; el compromiso con los derechos de las víctimas; su participación; el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas causadas en el contexto del conflicto. Y fue creada una Comisión de Esclarecimiento Histórico que con apoyo en doce expertos y dos relatores entregará a inicios de 2015 un aporte interpretativo sobre orígenes, factores y formas de victimización en el contexto del conflicto armado. Se prevén “consensos, disensos y pluralidad de visiones”. Este ejercicio se proyectará en beneficio del tratamiento de las víctimas y como contribución hacia la conformación prevista de una Comisión de la Verdad.

Las FARC habían declarado cuatro treguas temporales unilaterales, una de ellas compartida con el ELN, con motivo de fin de año y como gesto político de entendimiento durante los últimos comicios electorales. El 20 de diciembre de 2014 adoptaron por primera vez un cese al fuego y a las hostilidades, unilateral e indefinido, condicionado a no ser atacada ninguna de sus estructuras por las tropas estatales, a la vez que reiteraron la propuesta de pactar un armisticio y llamaron a instalar una veeduría. El gobierno valoró tal declaratoria como un buen inicio del desescalamiento de las hostilidades previsto, pero no aceptó la implementación de un mecanismo de verificación con apoyo interno o internacional, sin desconocer que este asunto se trate con el tema del Fin del Conflicto. La propuesta de armisticio como posible acuerdo de carácter militar que podría regular, limitar o suspender dinámicas militares así como otras opciones en lo militar, podrán ser consideradas en este mismo tema, asociadas al propósito de la terminación de las hostilidades.

Urge abrir la negociación con el ELN

Aunque la mesa de exploración Gobierno-ELN hizo público el 10 de junio de 2014 la definición de dos temas de la agenda: la participación de la sociedad y los derechos de las víctimas, se inicia el presente año sin que consigan el primer acuerdo de agenda, mecanismos y alcance de tal negociación. Todo indica que no han conseguido consensos sobre los temas de la agenda y su alcance y resulta un síntoma negativo que el comandante de esta guerrilla haya entregado información unilateral a la prensa internacional, en la cual informa que el gobierno no tendría disposición a reconocer nuevos temas a abordar y que estaría presionado en aras de una negociación de paz centrada ante todo en el desarme guerrillero. Recientemente se han tenido que reactivar dinámicas de exigencia de entendimiento y en aras de su facilitación desde la sociedad civil, enfocadas a contribuir ante tal circunstancia de estancamiento de la posibilidad del inicio de este proceso de paz.

Es de esperar que algunos temas convenidos en esta otra negociación puedan ser coincidentes con la mesa de La Habana, que se incluyan nuevos temas y que se adopte un criterio de complementariedad en asuntos relacionados o convergentes como podrán ser el marco legal, la refrendación ciudadana, las contribuciones hacia la Comisión de la Verdad y las reformas y estrategias a adoptar en la fase de transición pos-acuerdos. Es posible que con esta guerrilla se incluyan asuntos sobre mecanismos amplios de participación ciudadana y social en el proceso de paz, relacionados con la propuesta histórica del ELN sobre una Convención Nacional. Igualmente, ha sido frecuente el tratamiento del tema minero energético y de otros como las garantías de participación política y para los movimientos sociales, los derechos humanos y el derecho humanitario y el enfoque diferencial de género, etnia y edad, entre otras posibilidades.

Desescalamiento militar y cese del fuego

La política de paz gubernamental pone de presente mantener las hostilidades militares y las campañas contraguerrilleras ofensivas hasta que se logren los acuerdos de paz definitivos, lo cual se ha sido aplicado en consecuencia. Las FARC desde el inicio de las conversaciones propusieron un cese al fuego bilateral, pero al no ser acogida esta propuesta realizaron como gesto de entendimiento las treguas temporales y la reciente tregua indefinida referidas, sin que hayan cesado con anterioridad la actuación guerrillera en todas las regiones donde tienen presencia sus diferentes frentes. En tal situación, el avance en las negociaciones comentado y en especial el cese del fuego unilateral de las FARC, el inicio de los trabajo de la comisión técnica de finalización del conflicto y el nombramiento de un comando para la fase de transición a la paz por la parte gubernamental que adelanta sus trabajos, crean un ambiente de desescalamiento progresivo de las hostilidades.

De hecho, la iniciativa de cese de las FARC obliga a la parte gubernamental a no considerar ofensivas militares contra las tropas y campamentos guerrilleros, so pena de que se rompa la tregua guerrillera, con los consiguientes mensajes negativos tanto para la negociación como para el ambiente político y de respaldo ciudadano que la rodea. Situación que conlleva una particular coyuntura en la cual paradójicamente no existe de manera declarada un cese al fuego bilateral, pero la realidad dicta que debe propenderse de hecho por tal situación, lo que exige regulación, prudencia y desescalamiento de operativos militares ofensivos. Positivamente entes de la sociedad civil obran de hecho como veeduría, para el caso el colectivo Frente Amplio por la Paz, que a la vez condensa esfuerzos de observación de organizaciones sociales, ONG y voces de la población civil, de manera que ha conceptuado que la guerrilla cumple satisfactoriamente con su declaratoria. Pero además, el propio presidente Santos y entes estatales como la Defensoría del Pueblo, también han declarado que las FARC cumplen satisfactoriamente con este compromiso.

Sin embargo la situación no resulta fácil, por el contrario es frágil y denota dificultades. Los opositores al proceso de paz atacan la falta de dinámica ofensiva contraguerrillera y afirman sin fundamento que la guerrilla no cumple su compromiso, al no registrarse aún como es lógico el cese general de las hostilidades, en términos de la presencia y actuación de control territorial y relacionamiento desde las dinámicas de guerra de la insurgencia frente a la población y las instituciones. El Gobierno nacional tiende a la exigencia unilateral de compromisos de las FARC en términos militares y humanitarios, pero no adopta ni anuncia compromisos propios que se hacen imprescindibles en la perspectiva del desescalamiento de las partes hacia el cese de las hostilidades. Realiza una presentación equivocada al asociar el desescalamiento militar a las exigencias humanitarias, aunque los temas se relacionen en términos de la regulación humanitaria exigible, pero soslaya compromisos de limitación o suspensión de determinadas conductas como los operativos ofensivos. A la vez, el presidente Santos en sus distintas declaraciones aparece ambiguo, confuso y con insinuaciones más que con políticas y afirmaciones claras, en continuidad a su postura defensiva y temerosa ante el discurso guerrerista y descalificador asumido por la oposición al proceso de paz.

La refrendación ciudadana

Queda por resolver el reto más grande del proceso de paz: la refrendación ciudadana de los acuerdos. Sobre la forma de refrendación está abierta la discusión: plebiscito, referendo, constituyente, consulta popular u otra forma de apelación al constituyente primario. En todo caso es un gran desafío asumido por las partes que le podrá brindar a los acuerdos un sólido respaldo, legitimidad política, posibilidad de aplicación y seguridad jurídica. Ha sido claro que no existe una obligación legal para esta refrendación, pero el gobierno y las FARC asumieron este compromiso como reto político valorable y que proporcionará además un sentido de mandato con elementos jurídicos vinculantes que le dará solidez y viabilidad a la aplicación de los acuerdos.

Lo valioso en esencia será la participación de la sociedad en la decisión, pero quizás la forma más conveniente sea someter a votación de la ciudadanía el respaldo con un SI o el rechazo con un NO a los pactos de paz con las insurgencias de las FARC y del ELN, para lo cual resulta conveniente recurrir a formas como el plebiscito o la consulta popular. No parece conveniente la propuesta del gobierno de un referendo puesto que el someter a votación aparte cada uno de los tópicos centrales podría llevar a una aprobación parcial de los acuerdos y a una desaprobación de parte de sus contenidos. Tampoco parece aconsejable para la ocasión de la propuesta de estas guerrillas y de otros sectores de recurrir a una Asamblea Nacional Constituyente, puesto que por el carácter de este organismo conllevaría a una revisión y en la práctica a una renegociación o reconfiguración general de los acuerdos. Precisamente el uribismo aparece particularmente interesado en una variante de esta opción, con la propuesta de pequeña constituyente o comisión legislativa temporal, que revise y modifique los acuerdos conseguidos.

En resumen, el proceso de paz avanza positivamente con las FARC y sus acuerdos se podrán culminar en el presente año. Sin embargo, es dudoso que se alcance a implementar la refrendación ciudadana en las elecciones territoriales del 25 de octubre de este año, pues no hay certezas en términos temporales de la conclusión del conjunto de los acuerdos. Pero además, aunque empiece pronto la negociación con el ELN, es aún más dudoso que para tal fecha haya culminado el desarrollo de los acuerdos de su agenda. No obstante, lo importante ahora es avanzar con decisión, crear las mejores condiciones pronto y conseguir este año avanzar de manera definitiva y ojalá final en tales negociaciones, a la vez que reforzar la dinámica de movilización y participación ciudadana para apoyar tales resultados y hacer protagonista al conjunto de la sociedad y del Estado en el proyecto democrático de construcción de una paz sostenible.

Edición N° 00432 – Semana del 30 de Enero al 5 de Febrero – 2015
 
 
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