Agendar la paz en las regiones

  Héctor Alonso Moreno
  Docente Universidad del Valle
   
 

Este es un año de gran importancia política no solo por el tema de las elecciones para Alcaldes, Gobernadores, Concejales y Diputados, sino también, porque será un año decisivo en materia de la paz; como quiera que se avecina próximamente la finalización del conflicto político armado con las FARC. En tal sentido, dos hechos de gran importancia se han generado en los últimos días. El primero es lo referente al acuerdo de las partes para adelantar un proceso técnico de desminado de amplias zonas de la geografía nacional que durante años fueron sembradas de terror y muerte con las llamadas minas quiebra-patas, que han causado miles de muertos y mutilados no solo de combatientes, sino, en su gran mayoría, de población civil que nada tiene que ver directamente con el conflicto político armado.

El otro hecho importante y significativo, es la decisión del presidente Juan Manuel Santos de constituir una comisión asesora de paz con el propósito de vincular otros factores de poder político, económicos y sociales bogotanos al proceso de paz. Dicha comisión busca aglutinar a las voces discordantes con el proceso de paz y aportar una nueva visión sobre las negociaciones que se adelantan en La Habana (Cuba).

De esta comisión también hacen parte Antanas Mockus, el expresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia monseñor Rubén Salazar, Carlos Yépez presidente de Bancolombia, Julio Roberto Gómez de la CGT, el General retirado Rafael Zamudio, Vera Grabe ex integrante del M-19, Paula Moreno, Ati Quigua, Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván Zuluaga y el Ex presidente Andrés Pastrana.

Para algunos analistas la conformación de esta comisión asesora deja por fuera amplios sectores populares que hacen parte del Consejo Nacional de Paz que no ha sido convocado aún, luego de varios meses de su instalación. Ni tampoco se ha convocado a rodear el proceso a los líderes de las regiones y localidades en donde se vive con mayor intensidad el conflicto armado. Es preciso recordar que este es un conflicto armado demasiado activo en la periferia del poder político y con muy poca incidencia en los señores de la metrópoli bogotana: La periferia del país va mal y la economía de los bogotanos va bien.

En la actual coyuntura que vive el país de crisis política e institucional en la justicia, de grandes movilizaciones populares, de reclamos históricos de las más sentidas y legítimas reivindicaciones por la tierra por parte de los Indígenas Caucanos, de las protestas de la salud, la educación, los camioneros etc., protagonizadas por diversas comunidades, debemos también, todos los ciudadanos demócratas, ejercer un liderazgo en la sociedad colombiana para rodear los procesos de negociación entre el Gobierno Nacional y las insurgencias. Para ello, deben los diversos sectores de la sociedad civil declararse “en pie y actitud de diálogo y concertación”, de tal manera, que desde la ciudadanía activa se contribuya a levantar la Agenda de Paz y a trabajar en el posconflicto.

Con preocupación se advierte como la Paz parece a veces no estar al orden del día en muchos de los escenarios de la sociedad colombiana. No solo se percibe ausente en la agenda de vastos sectores de la sociedad civil, sino también, de la propia sociedad política y en parte de la institucionalidad gubernamental nacional y regional. A parte de ello, las reacciones negativas ante las posibilidades de discutir la refrendación de los acuerdos de paz por mecanismos diferentes al referendo, las amenazas del Procurador de disciplinar a los funcionarios que viajen a la Habana a informarse de los avances del proceso, las delirantes declaraciones de algunos sectores de derecha a favor de la continuidad de las acciones guerreristas de los bombardeos a los campamentos guerrilleros, la polarización critica de la derecha Uribista en contra de los diálogos y la desinformación perversa de algunos medios de comunicación sobre el transcurrir de las conversaciones Habaneras, conforman un panorama muy negativo de profunda polarización que está conspirando en contra de la búsqueda de la paz.

En tal sentido, es necesario exhortar a trabajar desde las regiones en la perspectiva de la paz como un derecho y una obligación de todos los colombianos, a trabajar misionalmente por promover y difundir una cultura de paz, que logre contrarrestar las formas culturales de hacer violencia, trabajando en temas relacionados con el manejo y transformación de los conflictos, la negociación y la reconciliación como formas de reconstruir el tejido social. Por su parte, a la escuela y a los educadores nos compete la promoción de una pedagogía de paz y convivencia que difunda el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; y a trabajar con mayor intensidad porque el tema de la terminación del conflicto político armado y la Paz se convierta en un propósito nacional, el cual deba ser agendado y puesto en el orden del día de la inmensa mayoría de los colombianos y sus instituciones, tanto públicas como privadas.

Edición 439 – Semana del 20 al 26 de marzo de 2015
 
 
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