Las cartas sobre la mesa

 
  Fernando Valencia Rivera
  Abogado, docente de análisis político en la Universidad de Antioquia,
director Regional Viva la Ciudadanía Antioquia
 
   
 

Se ha desatado una campaña para convencer a la opinión pública de que los tribunales están equivocados y de que acusan o sancionan injustamente a algunas de las personas que desde posiciones de poder han logrado beneficio propio arrasando los derechos de otros o saqueando los bienes públicos.

El Procurador Alejandro Ordóñez presentó una propuesta de ley para reformar el código disciplinario en la que se incluye la rebaja general de la sanción impuesta a los funcionarios corruptos e ineficientes.1 Aunque es evidente que esta rama del poder público ha impuesto castigos severos y exagerados en algunos casos, también lo es que estos pueden ser revisados por otras instancias, y que el beneficio generalizado propuesto rehabilitará políticamente a grandes saqueadores del Estado, permitiéndoles su regreso a los cargos públicos, en una suerte de amnistía encubierta.

La revista Semana publicó un artículo donde plantea que, salvo los caso de Jorge Noguera, exdirector del DAS, y de Santoyo, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño, la mayoría de las penas impuestas a la plana mayor del uribismo son exageradas; dejando la pregunta de si tal vez se trata de una persecución política materializada por los jueces. Este importante medio cuestiona, por severas, las sanciones impuestas o aplicables a funcionaros por casos como los de Agro Ingreso Seguro, del exministro Arias; la falsa desmovilización de guerrilleros, del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo; la compra de votos para la reelección de Uribe, agenciada por Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez; y el espionaje del hacker Sepúlveda, de la campaña de Oscar Iván Zuluaga.2

Por otro lado, basados en algunas denuncias sobre irregularidades en el proceso de restitución de tierras y en fallos que reconocen a empresarios los derechos sobre predios reclamados por víctimas, se difunde la idea de que el programa está infestado de falsas víctimas y de carteles de delincuentes dedicados a argumentar falsos despojos para quedarse con las tierras. Se aprovecha la situación para salir en defensa de negocios como los de la empresa Argos en Montes de María y para criminalizar la acción desesperada de campesinos recuperadores de tierras que luego de tantos años de espera infructuosa siguen desplazados, sin poder retornar a sus fincas.

El propio Presidente Santos advirtió en la celebración de los 50 años de Augura que se le garantizará la legítima propiedad a los empresarios, se judicializará a los despojados por acudir a vías de hecho, y se sacarán del proceso de restitución los predios tomados por estos reclamantes de tierras; todo esto a fin de evitar “que por las malas se vayan a colar o les vayan a quitar las tierras a sus legítimos dueños”. Anunció además que se reformará la ley de baldíos para favorecer a los bananeros.3

Tal vez sea pura casualidad, pero tal como sucedió en el 2003 cuando se tramitaba la “Ley de Alternatividad Penal” con beneficios para los paramilitares en proceso de negociación, hoy se está agitando la idea de una rebaja generalizada de penas; lo que finalmente se convierte en una campaña fervorosa de los hacinados presos, donde los beneficios efectivos llegan a unos cuantos mientras se continúa con el endurecimiento de la política criminal selectiva y deshumanizante que hoy es evidente en las cárceles del país.

¿Se trata de pescar en río revuelto, aprovechando la crisis de legitimidad que tiene la justicia colombiana por cuenta de la corrupción de algunos magistrados? ¿O es tal vez que se está habilitando el escenario para aplicar las medidas de justicia transicional también a la dirigencia política y económica de este país?

Además de la impunidad pretendida por todas las partes del conflicto, los empresarios quieren legalizar los bienes adquiridos de manera no santa y los políticos recuperar su vida pública. Estas son aspiraciones previsibles en un contexto de negociación con los actores armados donde se aplican beneficios penales y políticos frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero lo cuestionable es que no se haga en mesa de negociación oficial, de cara al país, con las cartas sobre la mesa.

Le haría mucho bien a nuestra sociedad poder tramitar estos asuntos de manera abierta y concertada, sin necesidad de convertir a las víctimas en victimarios y a éstos en perseguidos, tal como se está haciendo con estas campañas. Lo esencial es reconocer que esta guerra no ha sido responsabilidad exclusiva de los armados sino que ellos han sido en muchos casos incluso el instrumento para la realización de los propósitos de otros que están en el lado de lo que llamamos la sociedad civil.

El trámite de estos asuntos tal vez no pueda hacerse en un escenario nacional porque será difícil lograr que algunos intereses sean representados por los gremios y los partidos políticos; por eso será necesario habilitar mesas regionales, en las que todas las partes involucradas en el conflicto pongan sus demandas y ofertas. Está bien que empresarios y políticos también puedan recibir beneficios de la justicia transicional siempre y cuando se incluyan formalmente en el proceso de paz y dejen claro qué entregarán a cambio a la sociedad. A los armados se les ha pedido cesar en su actividad ilegal, desarticular las estructuras criminales, contar la verdad, devolver los bienes despojados, ayudar en la reparación y, por supuesto, pedir perdón. ¿Qué ofrecen estos empresarios y políticos a cambio de este régimen de favorabilidad?

1 Artículo final transitorio del proyecto de ley “Por el cual se adopta el nuevo código disciplinario único” agosto de 2014, consultado en http://goo.gl/LlzUCn

2 ¿Justicia o persecución? Revista Semana, edición 1720, p. 28 a 31.

Edición 443 – Semana del 24 al 30 de abril de 2015
 
 
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