La verdadera razón ciudadana

 
  Felipe Pineda Ruiz
  Publicista Politécnico Grancolombiano, activista social,
colaborador Fundación Democracia Hoy
 
   
 

Ciudadanía, lógica de pertenecer a una comunidad, axioma que adquiere un sentido de acuerdo a los diferentes contextos y momentos históricos de las sociedades.

Sin duda, este concepto ha tenido diferentes interpretaciones en el transcurso del tiempo. Es así como la esencia de la ciudadanía conocida en la antigua Grecia difiere radicalmente de la practicada en la Roma antigua1 y, a su vez, ambas se alejan de la versión de ciudadano post-moderno que prescinde de la comunidad para encontrar su identidad mediante la liberación de su pensamiento, en un proceso de individualización alienante.

Pero resulta difícil desligar la noción de ciudadanía del acervo de luchas que emergen entre los actores de una sociedad, las cuales devienen en correlaciones, reafirmaciones de la identidad de los contendores, hegemonías y contra-hegemonías que arrojan resultados inexorables: construcciones de sentido común del lado victorioso que se replican al popolus2 mediante nuevos o vigentes imaginarios colectivos.

El bando victorioso en Colombia durante estos últimos 30 años, en esta pugna desigual entre actores que disputan la construcción de relato hegemónico, lo encarna el proyecto liberal quien ha logrado instauran un régimen, no solo económico sino ideológico capaz de “vender” una homogeneizante caracterización que instrumentaliza a cada sujeto en la sociedad en función de deberes múltiples y de derechos diluidos.

Esa tesis de ciudadanía incorpórea, descontextualizada, ha tenido como obsesión más latente la de abocar al conjunto de la sociedad a la lógica etérea de consumidor, sin cuestionamientos, ni interacciones en demasía. Más allá de todo, sus objetivos principales han sido la destrucción del tejido social y la disolución de las concepciones de comunidad, comuna, solidaridad y pensamiento crítico.

Dicho proceso, ligado al neoliberalismo ascendente post-muro de Berlín, ha sabido trazar una ciudadanía estandarizada, que hace sus mejores esfuerzos por despolitizar, desarticular, si se quiere enajenar y colmar de menesteres a los sujetos que habitan en una sociedad, para mantenerlos en una situación insular, en donde todos y cada uno, adquieren el rol de clientes o usuarios, es decir, ha logrado con éxito parcial mercantilizar no solo los ámbitos de transacción económica sino las relaciones humanas en general.

En una perspectiva más amplia, esta teoría deshumanizante, que visionaba de manera avasalladora “el fin de las ideologías”, claudicantes éstas ante los postulados “despolitizados” de la economía, postulado principal de Francis Fukuyama en su quimérico libro “El fin de la historia y el último hombre”3, ha logrado, en países como Colombia, extender los campos de acción e influencia del mercado destruyendo paulatinamente el papel cohesivo del Estado, dejando una estela de resignación y ausencia a su paso.

Esta desagregación como sociedad ha delineado la matriz de comportamiento de quienes habitan las urbes colombianas en esta primera etapa del siglo XXI: una plétora de seres mecánicos, desanimados, desinformados, banales y funcionales a la lógica del mercado laboral, que paulatina se han marginado de los grandes debates de interés público, cada vez más dominados por opiniones privadas construidas desde salas de redacción que delinean la ruta editorial de los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión y las principales radios del país.

Por ello, no es exagerado cuando se escucha en diversos ámbitos el comentario cargado de un evidente sarcasmo “los únicos partidos políticos que ejercen su función día a día son los medios masivos de comunicación”. ¡La opinión milita…y mejor si lo hace desde audiencias multitudinarias!

Bajo la trampa de un pacto social no acordado, se ha perseguido imponer una polis carente de consenso, decretada por los resultados en las urnas, que ha devenido en un régimen cada vez más cerrado y excluyente. Se ha intentado borrar, a fin de cuentas, el sentido comunitario del conjunto y sobre todo la construcción política y de sociedad en base al disenso (polemos), por un modelo común construido en base a roles y funciones preestablecido por quienes construyen el relato ganador.

Aquel pacto social jerarquizante tiene la intención deliberadamente perversa de legitimar las desigualdades que existen al interior de la sociedad, justificándolas como “simples imperfecciones irremediables del mercado”. Dicho axioma configura una trampa sin salida que busca no solo desde el plano meramente retórico, sino desde la política pública, acabar con los derechos sociales de los desvalidos, diluir la consigna de justicia social y con lo anterior deslegitimar las reivindicaciones históricas de los trabajadores, aboliendo el estado social de derecho desde su propia médula.

En el fondo se intenta ocultar, a como de lugar, las profundas desigualdades que yacen en la periferia: disparidades económicas, sociales, culturales y de oportunidades que incuban antidemocracia y condiciones para que el conflicto social se agudice.

Desestimar la raíz del conflicto (la desigualdad, la violencia económica y la marginación) acudiendo a paradigmas de vieja data relacionados con la disyuntiva trabajadores versus parásitos, emprendedores versus beneficiarios, no deja de ser una cortina de humo superflua que intenta ampliar el horizonte del “sálvese quien pueda” en una sociedad fragmentada, desorientada, disuelta. Por ello no es exagerado cuestionarse lo siguiente: ¿Existe en Colombia una democracia liberal formal que subsiste paralela a una sociedad fascista socialmente?

Y es el carácter avasallador del esbozo de ciudadanía moderno, entendido como una cartilla de deberes a los que deben agregarse todos aquellos que tienen la capacidad de acceder al mercado, donde se crean las barreras excluyentes para marginar a amplias capas de la población.

No es una exageración aseverar que donde comienza y termina el principio de ciudadano/cliente/consumidor que goza de libertades, coexiste, en la marginalidad, el ciudadano pleno de derechos que rehúsa a ser tratado como residente de segunda categoría.

Thomas H Marshall, en su obra “ciudadanía y clase social”4, publicada en 1950, ya daba cuenta de estas contradicciones que subsistían en la médula de la sociedad de la época. Finalizada la segunda guerra mundial, en plena cresta de la ola del denominado “new deal” en Norteamérica que acontecía paralelamente al ascenso del Estado de Bienestar en el continente europeo, el avance en las reivindicaciones también se traducía en el desarrollo de una nueva concepción de ciudadanía.

Marshall esbozaba como el acceso de amplias capas sociales a recursos materiales básicos, se convertía en el canal para construir una verdadera sociedad de derechos y deberes. El autor inglés aducía como una persona sin relativa capacidad socio-económica y en clara desigualdad con una gran parte del conglomerado social no puede ser enteramente deliberante, y dicha situación solo puede devenir en la incubación de insolidaridad y fragmentación social.

El autor inglés señalaba vehementemente la necesidad de vincular los derechos a la noción de ciudadanía y el imperativo de separar estos de la relación capital-trabajo, suprimiéndole su impronta de mercancía para proteger al sujeto social de las arbitrariedades del mercado y del Estado, es decir de los abusos de todo tipo de poder.

Ese proceso, conocido como desmercantilización, término acuñado por Karl Polanyi en 19445, convertido en  referencia investigativa protagónica para autores como Richard Titmuss (1981) y Jose Luis Monereo Pérez (1996)6, presupone la existencia de consumo no mercantil y la ruptura de la dependencia del poder adquisitivo (salario) como único garante de acceso a bienes y elementos fundamentales para el buen vivir, léase alimentos, vivienda y seguridad social.

El rol de los Estados, cobra vigencia precisamente en este contexto al regular, desde afuera del mercado mismo, cualquier intento de agentes privados de buscar obtener renta de lo que se considera como público e inalienable, asegurando la cobertura de los mínimos comunes para todos los individuos en una sociedad.

Por tanto, la concepción de ciudadanía social no es entendible sin el ensanchamiento de las políticas sociales estatales que amplían en el imaginario colectivo, los ideales de justicia y moral como aspectos integradores y constructores de verdadera igualdad ciudadana.

Al respecto Richard Titmuss, en su notoria obra “Política social”, extiende la incidencia, desde lo discursivo y conceptual, de señalar las desigualdades que subsisten entre los diferentes miembros de las sociedades modernas, las cuales obedecen a pulsos históricos que no deben sustraerse tanto del debate sobre derechos/deberes como de la noción de ciudadanía.

Titmuss alimenta dicha discusión, en la que algunos teóricos alineados al liberalismo económico deciden dejar en estado etéreo a la ciudadanía social, al resaltar como “La política, cualquier política, para ser efectiva debe escoger un objetivo y ha de enfrentarse a dilemas de elección. Sin embargo, para entender esa línea de actuación, para distinguir entre fines (lo que deseamos o creemos que deseamos) y medios (el modo de alcanzar los objetivos), tenemos que plantearla en el contexto de un conjunto particular de circunstancias, una sociedad y cultura dadas, y un período histórico más o menos especificado. En otras palabras, la política social no puede discutirse o incluso conceptualizarse en un vacío social”7.

En ese mismo sentido, autores como Gøsta Esping Andersen resuelven darle un vínculo más estrecho a la relación derechos y política social lejana a los designios del mercado al establecer “La ampliación de los Derechos Sociales se ha considerado siempre la esencia de la política social (...) El criterio relevante para estos debe ser el grado en que permiten a la gente que sus niveles de vida sean independientes de las puras fuerzas del mercado. Es en este sentido en el que los Derechos Sociales disminuyen el status de los ciudadanos como mercancías”8.

En una etapa mediada por los significados diluidos, el marketing, los eslóganes demagógicos y la antidemocracia disfrazada de anti-política, la defensa de los derechos sociales acaba con la pretensión de unos pocos (ellos) de travestir las reivindicaciones de las mayorías (nosotros) para darle largo aliento a los ejes de la verdadera razón ciudadana: la comunidad, el encuentro entre distintos, la defensa de lo público, la solidaridad, la construcción colectiva de identidades y la reivindicación de la lucha social entendida como un proceso histórico que trasciende más allá de los tiempos.

Twitter: @pineda0ruiz

1 En la antigua Grecia el status de ciudadanía estaba reservado para unos pocos que hacían parte de la arité o aristocracia, quienes tenían el deber de participar activamente de la vida de la “polis" adquiriendo unas obligaciones de índole política. La ciudadanía romana difiere de la griega ya que no se circunscribe únicamente a quien participa en ella sino a quien goza, desde su nacimiento, de unos derechos adquiridos elevados a la categoría de status.

2 Palabra tomada del latín que significa pueblo en español.

3 Fukuyama, Francis (1992): El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta, Madrid.

4 Marshall, TH (1950): Ciudadanía y clase social. Editorial Alianza, Madrid.

5 Polanyi, Karl (1944): The great transformation -traducción al español: La gran transformación (1989). Editorial La Piqueta, Madrid.

6 Monereo Pérez, José Luis (1995): La política social en el Estado de bienestar: los derechos sociales de la ciudadanía como derechos de “desmercantilización”, en Revista de trabajo y seguridad social. Edición No. 19, p. 7-46.

7 Titmuss, Richard (1981): Política social. Editorial Ariel, Barcelona, p. 17.

8  Esping Andersen, Gøsta (1993): Los tres mundos del Estado de Bienestar. Editions Alfons El magnánim, Valencia, p. 20

Edición 443 – Semana del 24 al 30 de abril de 2015
 
 
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