Balance de incidencia Plan nacional de desarrollo

 
  Diana Salcedo Novoa y Karina Camacho Reyes
  Asesoras Estrategia de Lobbying y Presión Política, Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

Sector Minero – Energético

A pesar de la escasez en el tiempo y de la precariedad en los mecanismos de divulgación y discusión del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, muchas organizaciones sociales debatieron e hicieron propuestas y exigencias procurando que el Plan respondiera a las necesidades de los y las colombianas y garantizara sus derechos. Una vez conocido el texto final del Proyecto de Ley 138 de 2015 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo” quisimos hacer un balance en términos de los resultados de la incidencia, ubicando las propuestas recogidas y aquellas que tendrán que ser impulsadas desde otros mecanismos.

En la presente entrega, solo haremos referencia al sector minero - energético, uno de los aspectos más importantes del Plan debido a las acuciantes problemáticas existentes en el país, posteriormente versaremos sobre otros aspectos como la participación política, el desarrollo rural, y la garantía de derechos para sectores sociales históricamente discriminados.

El capítulo del PND sobre Competitividad e Infraestructura Estratégica avanza en el reconocimiento de la minería pequeña y de subsistencia, el artículo 21 clasifica la minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande, y otorga facultades al Gobierno Nacional para definir y establecer los requisitos para la exploración y explotación según número de hectáreas y/o producción de las unidades mineras de acuerdo al tipo de mineral. Sin embargo sigue vigente la deuda con la minería artesanal y ancestral que viene siendo desarrollada en Colombia por grupos que requieren protección y políticas diferenciales para acceder a las licencias, préstamos, tecnologías, entre otros.

El artículo 19 “Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título en la pequeña minería”, si bien reglamenta los subcontratos de formalización minera, se requiere que sea claramente delimitado y se establezcan una serie de regulaciones que protejan la pequeña minería de los grandes dueños de los títulos; es preocupante que el periodo mínimo para los subcontratos sean de cuatro años, ya que esto no brinda seguridad económica para realizar inversiones de largo plazo.

También es importante destacar que el artículo abre una ventana de oportunidad para la pequeña minería con respecto a la devolución de áreas; no obstante se limita el alcance de esta devolución: en el evento en el que él o la aspirante no obtenga las autorizaciones correspondientes para la explotación las áreas serán liberadas para otorgarse por régimen ordinario, y esta disposición no se acompaña de garantías para acceder a tales autorizaciones. Adicionalmente, si no se adjudican estas áreas en los dos (2) años siguientes a su devolución, podrán ser igualmente otorgadas para el régimen ordinario. Es necesario entonces, la implementación de programas de acompañamiento jurídico y técnico a la pequeña minería, en aras de garantizar el alcance de este artículo.

El artículo 20 denominado “Áreas de reserva para el desarrollo minero” es nocivo por los eventuales efectos ambientales y sociales para los territorios, ya que da la potestad de delimitar -de manera indefinida- como áreas de reserva minero energética “áreas que se encuentren libres”. Por otro lado, señala que esta delimitación se hará en doce meses, lo que es un periodo de tiempo muy corto para la obtención de la información geo científica y la realización de las consultas previas. Por otra parte, no se reconocen como responsables de garantizar los derechos ambientales, sociales y económicos al Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones ambientales y los entes territoriales, retrocediendo en términos de recentralización del Sistema Minero.

Se destaca en el artículo 20, que gracias a las acciones de incidencia de las organizaciones y comunidades que defienden el medio ambiente, se logra dejar en el Plan Nacional de Desarrollo que no podrán ser áreas de reserva minero energética las delimitadas como páramos y humedales.

El artículo 23 que hace alusión a la “Integración de áreas” profundiza el modelo extractivista, por el cual se pretenden explotar los recursos naturales aún existentes en algunos territorios del país, este artículo también permite que se integren en un solo título áreas que no necesariamente sean colindantes si son del mismo yacimiento.

En el artículo 28 denominado “Coyuntura del sector hidrocarburos” el Gobierno Nacional introduce modificaciones a las regulaciones para la exploración y explotación de los hidrocarburos, y argumentando que para hacer frente a las condiciones adversas de la caída de los precios internacionales del petróleo abre la posibilidad de “adecuar o ajustar los contratos de explotación y exploración, y los contratos de evaluación técnica en materia económica, sin que, bajo ninguna circunstancia se puedan reducir los compromisos de inversión pactados”.

En términos de las acciones de incidencia venideras, es de capital importancia, asegurar que esto no se traduzca en la flexibilización de las responsabilidades de las empresas extractivas en lo que refiere a los compromisos de inversión social, los programas de beneficio a las comunidades, y las inversiones en materia ambiental.

Artículos como el 50 “Proyectos de Interés Nacional y estratégico -PINE” vulneran abiertamente los derechos de las víctimas al introducir restricciones a la restitución de tierras. De esta manera señala que al incluir un predio como PINE se generará una imposibilidad jurídica para la restitución, esto implica que el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas compense con un predio similar.

En concordancia con el modelo extractivista, -sobre el cual la OCDE recomendó remplazar por actividades más sostenibles en el largo plazo y que generen un mayor número de trabajos decentes-, el artículo 53 “Prórrogas de Concesiones Mineras” establece que se puedan hacer prorrogas a las concesiones hasta por treinta años, y le otorga la potestad solo a la autoridad minera, excluyendo la participación de los entes territoriales de la decisión de si concede o no dicha prorroga.

Bajo esta perspectiva -e ignorando por completo las persistentes luchas de los colombianos y colombianas por su derecho al agua y el territorio-, establece en el artículo 54 “Concesiones para el uso del recurso hídrico” que es viable el otorgamiento de una concesión de agua para el uso del recurso con destino a la operación de plantas de energía eléctrica por periodos de mínimo 20 años y hasta 50 años. De la misma manera, las prórrogas pueden ser de periodos mínimos de 20 años más.

De esta manera recogemos las principales preocupaciones que atañen al sector minero – energético, especialmente a los y las trabajadoras de la pequeña minería y la minería de subsistencia y ancestral, a los derechos colectivos de las comunidades que van a seguir viendo afectado su entorno natural y social, a las víctimas en espera de restitución de tierras, y a las organizaciones sociales que no están siendo atendidas en sus exigencias. Esperamos que estas preocupaciones tengan salida en las acciones que se emprendan en el proceso de aprobación final del Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo que a partir de su redacción definitiva ha quedado en manos de la Corte Constitucional.

Descargue aquí el texto del PND publicado en la Gaceta del Congreso.

Edición 445 – Semana del 8 al 14 de mayo de 2015
 
 
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