Balance de incidencia Plan Nacional de Desarrollo (III)

 
  Diana Salcedo Novoa y Karina Camacho Reyes
  Asesoras Estrategia de Lobbying y Presión Política, Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

Enfoques diferenciales (mujeres, jóvenes, etnias, lgbt, víctimas) y territorial, basado en derechos humanos

Enfoques diferenciales:

Mujeres

Con respeto a las propuestas de las organizaciones de mujeres para el PND no se adoptaron propuestas importantes como: el artículo que buscaba la reducción de las muertes maternas en un 50% en los próximos cuatro años; la propuesta de agenda nacional sobre economía del cuidado; ni los programas para la erradicación de la pobreza extrema de las mujeres.

Cabe anotar que hay logros importantes en la inclusión del artículo 129 Evaluación de la política pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres y de la política Pública para la prevención de riesgos, la protección y garantías de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, ya que permitirán con su ejecución el desarrollo de apuestas más amplias, lo mismo en lo que concierne a la política de mujeres rurales, y en el artículo 67 se amplían los recursos de atención y protección a víctimas de violencia de género en el marco de la Ley 1257.

Juventud

Desde la perspectiva diferencial de la juventud, se había impulsado el artículo que buscaba la creación del Consejo Nacional de políticas públicas para la juventud, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos que propenderían por el desarrollo integral de este grupo poblacional, no obstante en la versión final del articulado no se incluyó.

Etnias

En el capítulo IV Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz solo se incluye un artículo referido a la población afrocolombiana (artículo 112 Decenio Internacional Afrodescendiente). Con ocasión de la no realización de consultas previas entre dicha comunidad, la Autoridad Nacional Afrocolombiana -ANAFRO- impuso una acción de tutela para proteger su derecho, no obstante dicho fallo no favoreció a las comunidades afro.

Como logros de los pueblos indígenas en particular, se destacan los artículos 113 Derechos Constitucionales de los indígenas, el artículo 114 Identificación de designaciones presupuestales a los pueblos indígenas (que obliga a las entidades estatales a presentar al Departamento Nacional de Planeación de manera desagregada las asignaciones presupuestales específicas para pueblos indígenas), en el artículo 115 Elaboración de presupuestos se establece que durante cada vigencia fiscal se elaborarán los anteproyectos con las respectivas partidas presupuestales para cumplir con lo establecido para este grupo en el PND, además, se convocará a la Mesa Permanente de Concertación para analizar y revisar la correspondencia de dichos ante proyectos con los acuerdos suscritos.

Al artículo 116 Seguimiento de políticas de los pueblos indígenas se añadió un tercer parágrafo que dice: “El Gobierno Nacional seguirá impulsando la construcción y la puesta en funcionamiento de los pueblos indígenas culturales del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la conservación del territorio ancestral arhuaco a través de la implementación del Programa Guardabosques Corazón del Mundo”. Por último, se mantuvo el artículo 117 con el cual se adoptará -previa consulta-, la Política Pública Nacional Integral para los pueblos indígenas que garantice la protección de derechos humanos de las familias, mujeres, niñas, niños, jóvenes y mayores indígenas.

Para el pueblo raizal, se destaca que, se logró incluir el artículo 131 Estatuto del pueblo Raizal y Reserva de la Biosfera Seaflower que obliga al Gobierno a realizar una consulta previa con el pueblo raizal para la presentación de un proyecto de Estatuto del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas

Se incluyó en el artículo 130 la obligatoriedad de implementar y hacer seguimiento a la política pública nacional LGTBI, así como de incluir en los planes de gobierno los entes territoriales acciones y metas que garanticen los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, y personas trans, e intersex. No obstante, no se logró que se adicionara el parágrafo por el cual se garantizaría el derecho a la consulta previa y a la planeación y seguimiento y evaluación participativa de las políticas.

No se consiguió incluir los siguientes artículos: i) La promoción de acciones enrutadas a reducir la violencia y la discriminación contra la población LGTBI, simultaneo a la creación de una mesa conjunta para la construcción y seguimiento de indicadores para medir dichas acciones, y de igual forma, obviaron la propuesta que creaba el Sistema de Información de Casos de Violencia contra este segmento de la población; y ii) El plan de garantía de derechos y reducción de la violencia contra personas trans.

Víctimas del conflicto armado

En lo que refiere a las personas víctimas del conflicto armado, el PND modifica a través del artículo 122 Componente de alimentación en la atención integral a víctimas varios de los artículos de la Ley 1448, pasando la obligación de brindar alojamiento y alimentación transitoria a víctimas en el caso de la ayuda de emergencia a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas -UARIV- y los entes territoriales; la ayuda humanitaria de emergencia también queda a cargo de la UARIV.

Se destacase la eliminación del “contrato de transacción” que contenía la ley 1448 y que fue objeto de múltiples debates durante su trámite y ha sido considerado como un atentado al derecho a la reparación integral de las víctimas.

Enfoque territorial

En lo que se refiere a la perspectiva territorial no se logró frenar el artículo 90 referido al Sistema de Ciudades; y en el Capítulo III “Transformación del campo” no hubo cambios en los artículos, esto evidencia que no se adoptaron las recomendaciones de: a) crear una Comisión Nacional para el Desarrollo del Sector Agropecuario; b) diseñar e implementar el Plan Nacional para el Fomento y la protección de la agricultura familiar; c) la aplicación de un enfoque de género para la titulación de tierras como estrategia para corregir las inequidades históricas que han limitado el acceso a la mujer a los activos; d) y el que prohibía otorgar derechos de propiedad de las semillas y especies vegetales para la alimentación de los colombianos originarias del país, y a su vez prohibía patentar semillas y acaparar alimentos.

Se mantuvo -en contra de los ejercicios de incidencia de los diferentes actores sociales, entre ellos organizaciones de la sociedad civil, campesinas, comunitarias, entre otras-, el artículo 107 que conceden Facultades extraordinarias al presidente de la república para el desarrollo rural y agropecuario. Y más grave aún, no se incluyen nuevos artículos que den forma a los acuerdos suscritos entre el Estado y los campesinos, productos del paro agrario.

Según el artículo 170, se deja en firme la formulación de una política de crecimiento verde de largo plazo sobre la base de los liderazgos de los Ministerios de Ambiente y de Planeación Nacional.

Aún persisten los términos relacionados con el crecimiento y el desarrollo sostenible, siguen siendo necesarias las perspectivas de la sustentabilidad, o una interpretación amplia de sostenibilidad que incluya la sustentabilidad.

Se reconoce como avance de la política la preocupación por la investigación, no obstante, para que esta sea efectiva, debe garantizarse la política e inversión para la investigación en general, y que se pueda poner al servicio de las necesidades nacionales y del campesinado y no sólo de la gran agroindustria y la industria transnacional.

La formulación e implementación de planes y el establecimiento de metas solamente están referidas  a la "adaptación al cambio climático, y a la "reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Carbono" (pero no a otros aspectos de la contaminación y preservación ambiental), y a los ministerios (pero no a actores contaminantes como la gran industria y la industria transnacional).

Otro avance se encuentra en la disposición según la cual se "revisarán los mecanismos e instrumentos de mercado existentes que puedan tener efectos adversos sobre el mercado que fomenten el crecimiento verde", para la eficiencia de esta disposición podían aplicarse ejercicios de participación y veeduría ciudadana. Lo mismo con respecto a la apuesta contenida en el artículo 171 para prevenir y revertir la deforestación de los bosques.

No es procedente que la reducción de gases debido a la deforestación y a la degradación forestal (artículo 175) se pretenda solamente mediante reconocimientos pecuniarios a quienes deseen desarrollar procesos de reducción, es necesaria la definición de los topes y sanciones correspondientes.

Preocupa del artículo 176 que reforma el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 (para que el ministerio de Ambiente pueda integrar y percibir las Comisiones Conjuntas de los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en virtud de las necesidades ambientales, sociales, o económicas) la competencia de Minambiente en estas últimas (económicas), así mismo preocupa que éstas llegasen a primar sobre las ambientales y sociales.

La versión definitiva del artículo sobre el procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales (179) reafirma las urgencias en el inicio de los trámites para ser otorgadas, (“licencias express”), por lo que se establece que una solicitud esté acompañada por un estudio de impacto ambiental sobre el cual no hay regulaciones y, solo se enuncia que la verificación de que esto estén ajustados al Manual de Evaluación de estudios Ambientales tendrá que realizarse en escasos 20 días, y que la visita a los proyectos sólo se realizará “cuando la naturaleza de los mismo lo requieran”, otros plazos de ampliación de información y apelaciones son igualmente inmediatos en el tiempo y no garantizan un examen suficiente de la sostenibilidad y sustentatividad ambiental y social de los proyectos.

También en el tema de las licencias se insistió en la necesidad de que los conceptos de viabilidad surtieran etapas para garantizar la consulta y participación ciudadana, exigencia que fue desatendida en el PND y que encontramos además de lesiva para el derecho a la participación, contradictoria con los principios del PND en relación con la construcción de la paz, y más concretamente de la paz territorial.

Enfoque basado en derechos humanos

Una vez hecha la revisión del capítulo de Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz, se destaca que el PND integra en diferentes partes del articulado la concepción del Enfoque Basado en Derechos propuesto desde el proceso tripartito comunidad internacional, sociedad civil y gobierno. En efecto se incorporó en el artículo 123 del Plan la Política Pública de DDHH De la violencia a la sociedad de los derechos.

Este artículo determina que la Consejería Presidencial para los DDHH articulará, coordinará y supervisará la implementación de la política Integral de los DDHH, de acuerdo con la “Estrategia Nacional para la garantía de los DDHH 2014-2034”. Además, determina que los entes territoriales podrán incluir en sus planes territoriales de desarrollo las estrategias, metas y objetivos que permitan la realización del Enfoque Basado en Derechos. Corresponde ahora avanzar en la ruta de implementación del artículo y en la asignación de recursos para ello.

Edición 446 – Semana del 15 al 21 de mayo de 2015
 
 
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