Interferencia de Poderes

 
  Alberto Ramos Garbiras1
  Abogado, Universidad Santiago de Cali
 
   
 

La audaz pero pifiada propuesta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, de archivar la reforma a la justicia y de promover una Asamblea Constituyente, es la prueba palmaria de la autodefensa promovida por los adversarios a ser reformados. Un saboteo fue lo que pretendieron y un intento por conservar sus privilegios camuflados en un mecanismo de reforma como la Constituyente que, siendo el más popular, auténtico y democrático, es el más inconveniente en este momento, todo lo contrario de lo que argumentaron. Las salas en pleno de dos cortes supuestamente firmantes por consenso, desconocieron que pretendieran acudir a una Constituyente, es decir fueron sus presidentes los que calcularon la idea, sin consultar con el total de los magistrados, esa es la prueba de que actuaron como ruedas sueltas.

No puede abrirse la puerta a una Constituyente en este momento porque el proceso de paz no ha terminado, y con él se está discutiendo una reforma vital a cinco aspectos centrales que envuelven más de treinta subtemas de la vida nacional. Así, una Constituyente sería alterar todo lo discutido en casi tres años desde La Habana, para empezar de cero otra vez, porque una reforma a través de Asamblea Constituyente, permite todos los cambios, otra vez. Aunque se diga que sería con carácter limitado, el fundamento del poder originario que tiene, permite cambios sin límites, entonces, los elegidos a esa eventual Asamblea Constituyente, armarían una especie de Mazagatos. Colombia está viviendo cuatro reformas a la vez, la del proceso de paz, la reforma al equilibrio de poderes (judicial y electoral), la de la Salud, y la de la educación en tramojo. Sin contar otras reformas ventiladas en el Congreso.

Como diría Alfonso Palacio Rudas, fue una hábil cancamusa para frenar la reforma a la justicia en marcha. Todo parece insuflado desde el Consejo Superior de la Judicatura, condenado a desaparecer por haberse convertido en una rémora. Muy valiente el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Fernando Giraldo Gutiérrez, que salió a contradecir el montaje de la propuesta. Esas recomendaciones contra la reforma al equilibrio de poderes resultó una verdadera interferencia de poderes.

El investigador Jorge Enrique Almario, miembro del Centro de Pensamiento “Democracia y Postconflicto”, expresó: “Sin embargo, estoy de acuerdo con el profesor Ramos en el sentido de que la reforma al a justicia no da más plazos y que la propuesta de una constituyente es para atrasar la reforma y proteger privilegios de los magistrados como la puerta giratoria inter-cortes. La salida intermedia para zanjar el debate es simple: Que el congreso someta a consideración del pueblo vía referendo la reforma a la justicia que apruebe. Con esto no podrá nadie decir que el poder judicial pidió la consulta al constituyente primario y el Congreso la negó con arrogancia extralimitándose en su competencia para reformar la Carta. Las cortes pasarían a ser defensores de la democracia y el congreso la perversión de la misma, cuando hoy, ante la necesidad de reformar la justicia, es todo lo contrario. Sobre el proceso de paz es cierto que hoy una constituyente sin acuerdos de paz podría convertirse en un instrumento de dilación para ponerle fin a la fase armada del conflicto, pero sin duda es el mejor y más firme escenario para afianzar la paz como parte esencial de las instituciones que nazcan de la Constituyente. Ponerle fin a cincuenta años de guerra bien vale una constituyente”.

La iniciativa legislativa en Colombia es amplia, no por ello se puede permitir atarzanar ni suplantar al Congreso que tiene la facultad natural de adelantar el trámite, pero sin que les soplen todo, sin tanto consejero, asesor ad honorem y propuestas a tutiplén para llenar de arandelas una reforma que no se ha podido lograr por los mismos vicios e intenciones que se descubrieron en junio 2012, a fin de atornillarse los que tienen privilegios. Es decir, no se puede permitir que en aras de la iniciativa legislativa los interesados del sector impidan la reforma necesaria que otros visualizan y conciben para que marche una institución, y lo tratan de impedir so pretexto de que son juristas impolutos y neutrales.

Además, esta justicia colombiana no ha funcionado porque la guerra interna y las violencias urbanas impiden que se ejerza a cabalidad, les da temor hasta practicar cierto tipo de pruebas, en lo rural peor, los campesinos quedan indefensos, los jueces no aparecen; tampoco funciona la justicia porque las reglas institucionales la entraban; por la corrupción de jueces y amanuenses, por el cartel de las sentencias (la venalidad se impone en muchos casos); por la politización de varios magistrados que también montaron sus negocios con la selección de tutelas, con los carteles fácticos de exmagistrados que ejercen influencias sobre los auxiliares; y ahora vienen a enredar a la nación con propuestas inoportunas.

El politólogo Harold Ortiz, profesor de ciencia política en la Universidad Libre de Cali, expresó, “La reforma a la justicia es buena porque desmonta toda clase de privilegios a las altas cortes y exige más requisitos a quienes aspiran a ellas. Me parece insano no desmontar los privilegios a los magistrados mientras que al resto de servidores públicos del país han estado siempre sometidos a unos desmontes de sus beneficios laborales y a una pérdida de su estabilidad laboral. Por eso debemos apoya la reforma a la justicia”.

Indudablemente, después de leer todos los elementos que rodean el caso Pretel que afectó la imagen de la Corte Constitucional, más las reacciones de los otros magistrados cuestionados, la opinión de los abogados litigantes, los comentarios de los columnistas en la prensa de amplia circulación, etc., queda la sensación, casi la certeza, de que el ariete por donde penetró la corrupción a ese Tribunal fue por la tutela contra sentencias que atañen a personas jurídicas.

Paradójicamente, la tutela, esa acción constitucional maravillosa para proteger los derechos humanos, se comenzó a abusar de ella al conceder las tutelas que invocan el debido proceso, supuestamente violado a empresas, grupos económicos, sociedades, fiduciarias, etc., es decir a personas jurídicas, ocultándose detrás de ello los intereses de grandes empresas que tienen la capacidad de comprar conciencias y convertir en escribanos o plumíferos a los magistrados, como ocurrió en varios casos que están por salir a la luz pública por el ventilador prendido.

En esta reforma a la justicia u otra reforma posterior, o en el reglamento interno de la Corte Constitucional que se anunció dar a conocer el 30 de abril, se tendrá que abordar este tema de cómo las personas jurídicas, so pretexto del debido proceso, se han ido colando para desplazar la primacía de los derechos humanos en la sala de selección para la posterior revisión.

Ya a la altura del sexto debate terminado, la reforma a la justicia debe concluirse y no archivarse como lo piden. Si se cometió un error desde el comienzo, ese fue la mezcla. Porque no es una reforma a la justicia con dedicación exclusiva, es una mezcla con la reforma político-electoral que, confundió a muchos, inclusive a varios congresistas, e impidió el énfasis y profundidad que necesitaba.

Después del lobby graneado que hicieron a la altura del tercer y cuarto debate del trámite dentro del acto legislativo, podría decirse que esta propuesta de una Constituyente limitada, fue el último intento de frenar la reforma a la justicia que le desmantelará privilegios a los magistrados de las Altas Cortes (como la puerta giratoria que les ha permitido pasar a otro alto tribunal, o la supresión de las funciones electorales de las Altas Cortes que los ha llevado a influir en los organismos de control y a burocratizarlas relaciones,…) y exigirá más requisitos para llegar a la magistratura. Así, quedó en claro por qué no se ha podido hacer en los últimos 23 años una reforma a la justicia que sirva: por la intimidación y el temor mutuo, de dos ramas del poder público, la judicial y el legislativo que, se “juzgan” mutuamente en la letra constitucional, pero no se juzgan en la práctica: un empate pernicioso. Muchos parlamentarios temen que las investigaciones contra ellos los perjudiquen, prefieren ablandarse para ser absueltos. Esto se llama judicialización de la política, facilitada por la corrupción desde lo público: allanaron el camino al chantaje.

Ahora bien, la reforma no necesita decir ni predecir qué ocurrirá en la etapa venidera, ni que se debe hacer para el postconflicto, porque Colombia necesita instituciones judiciales que funcionen desde ya y para cualquier época. Al postconflicto se va a llegar por la vía de la justicia transicional, y esta dejará en vilo a la justicia ordinaria o tradicional porque no sirvió para desactivar la guerra. Pero luego de pactada la paz, si se logra, vendrá el momento propicio para hacer los reajustes a la justicia ordinaria, en otras palabras a esta reforma a la justicia, le vendrán unos retoques. Entonces también está pifiada la crítica que hicieron cuando expusieron que esta reforma debilita la justicia que se necesita para enfrentar el postconflicto. Reitero, solo una justicia transicional facilitará llegar a esa etapa, entonces esta justicia reformada nada tiene que ver, será utilizada y aplicada cuando la normalización se logre.

1 Abogado especializado en derecho constitucional de la Universidad Libre; Magister en ciencia política de la Universidad Javeriana; PhD en política latinoamericana, Universidad nacional (UNED) de Madrid-España; profesor de derecho internacional, Universidad Libre.

Edición 446 – Semana del 15 al 21 de mayo de 2015
 
 
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