Hagamos planes

 
  Fernando Valencia Rivera1
  Medellín
 
   
 

Acaba de concluir el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual fueron necesarios múltiples talleres, debates y jornadas de socialización. En el congreso, las regiones y los medios de comunicación se libraron los debates para ajustar las iniciativas del gobierno nacional según los intereses y la capacidad de incidencia de diversos actores sociales, económicos y políticos.

Para que fuesen incorporadas sus respectivas propuestas cada sector acudió a realizar una clara formulación de ellas, a ponerlas en debate público,  a ganar la aceptación del gobierno y de  los parlamentarios como encargados de su aprobación y a presionar por los medios a su alcance, que para unos fue la denuncia y la movilización, y para otros las prebendas, la amenaza y la agresión.

Este ejercicio de juego de poderes en el Estado se cumple desde la sociedad mediante una técnica de participación ciudadana que conocemos como incidencia en los programas y planes de gobierno, la cual inicia en la campaña electoral y consiste básicamente en convencer al candidato, o en su defecto a los encargados de revisar y aprobar los planes de desarrollo, de incluir la respectiva propuesta.

Como sabemos que los candidatos a presidencia hacen una propuesta de plan,  que por disposición legal cada candidato a gobernación o alcaldía debe presentar un programa y que el del ganador se tiene que convertir en plan de desarrollo2; la primera tarea consiste en hacer que los aspirantes recojan nuestras iniciativas; la segunda en votar y promover el voto por quien mejor las represente; la tercera en participar en las actividades de discusión y revisión en el Consejo Territorial del Planeación, así como en las de aprobación en la respectiva corporación pública (Congreso nacional, Asamblea departamental o Concejo municipal) para garantizar que se le asignen recursos y se definan indicadores que permitan verificar su cumplimiento; la cuarta en estar atentos a que la ejecución se haga según lo ordenado; y la última, en evaluar los resultados para definir futuras acciones políticas.

Lo que se llama voto programático no se reduce entonces a la necesidad de conocer la propuesta de los candidatos para apoyar la mejor, sino que es una ruta de participación ciudadana que va desde las campañas electorales hasta los balances de fin de gobierno; el voto ciudadano deja de ser así un fin y se convierte en el medio para refrendar el acuerdo programático alcanzado entre los diferentes sectores e intereses y el mandatario. Claro está que también puede incidir en los planes de desarrollo quien se abstenga de votar y de participar en política electoral, pero tal vez se requiera mayor esfuerzo por la dificultad de introducir temas que no hicieron parte del programa y que no se debatieron durante las campañas.

Como estos acuerdos son el resultado de las fricciones de poder (por fuerza y legitimidad) siempre será necesario hacer las propuestas desde lugares con base política, con capacidad de representación; para evitar que los candidatos demagógicos las instrumentalicen en su favor hay que formularlas de manera precisa y clara, superando la tradicional “lluvia de ideas” o las formulaciones genéricas como “apoyar”, “fortalecer” o “promover”; y para evitar que se desdibujen a la hora de su aprobación hay que movilizarse y mostrar capacidad de defensa, porque algunas veces lo que se gana en la elección de un buen mandatario se pierde con la aprobación de un mal plan de desarrollo.

La propuesta se presenta casi siempre a manera de agenda sectorial o territorial, se pone a consideración de los candidatos en foros o eventos citados por quien promueve la iniciativa, se suscriben acuerdos con los aspirantes para la inclusión en sus programas y de ser necesario se les asesora para su formulación técnica.

Es indispensable que esta acción ciudadana sea oportuna. En cada periodo de elecciones se establece una fecha límite para que los candidatos registren sus programas y si se aspira a incidir en ellos hay que empezar con suficiente antelación a formular las propuestas, a conseguir aliados para su presentación y a reunirse con los políticos para gestionar su compromiso. En igual sentido, si se pretende actuar ya sobre el proceso de aprobación del plan de desarrollo hay que considerar que la ley prevé términos precisos para que el mandatario presente el proyecto, para que se emita el concepto del Consejo de Planeación, para que se hagan los ajustes y para que sea debatido y aprobado por la respectiva corporación pública.

La iniciativa también debe ser pertinente. En el Estado hay competencias diferenciadas según el nivel territorial; no puede pedirse a un gobierno municipal que asuma una responsabilidad del orden nacional, como el manejo de la fuerza pública, las relaciones internacionales o la expedición de leyes; así como tampoco puede pretenderse que el gobierno nacional defina cosas locales como la peatonalización de una vía, la exención del impuesto predial o la remodelación del parque municipal.

La formulación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial tienen en nuestro país una metodología ampliamente participativa; las instancias de consulta obligatoria se complementan con desarrollos implementados en algunos territorios, como la formulación descentralizada de planes parciales o sectoriales y la definición participativa de un porcentaje del presupuesto, en lo que se ha llamado el Presupuesto Paticipativo; además de las facultades dadas a los Consejos de Planeación para hacer seguimiento a la ejecución de los planes, se ha configurado una amplia red de veedurías sobre todo el instrumento o sobre partes de él; y como si fuera poco, el desarrollo de sistemas de información, la rendición pública de cuentas, las audiencias públicas y cabildos abiertos, entre otros, son mecanismos que, pese a que requieren perfeccionamiento, constituyen medios idóneos para controlar la ejecución de los planes y el desempeño de la administración pública en su conjunto.

Así es entonces que existen amplias posibilidades para incidir en las ofertas políticas, elegir a quien mejor represente nuestras propuestas, garantizar su inclusión en los planes y presupuestos de la administración pública, y vigilar la correcta ejecución de lo dispuesto. Si eso no fuese suficiente, queda el camino de la revocatoria de mandato3, prevista para alcaldes y gobernadores que no cumplan con la ejecución del plan de desarrollo.

Tal vez algunas cosas en el país no funcionan mal solo por la ineficiencia de los gobernantes y la extendida corrupción sino también por el déficit de ciudadanía. Transformar eso no depende de grandes reformas legislativas ni de explosivas campañas publicitarias; requiere más bien de un sostenido proceso que modifique nuestra cultura política, nuestro sentido de responsabilidad con lo público y nuestra negativa a ejercer como poder soberano, con disposición de mando sobre nuestros gobernantes.

La elección de gobernantes de departamentos y municipios ofrece una buena oportunidad para implementar esta ruta de incidencia dada la cercanía de los ciudadanos con los temas de interés y su mejor conocimiento del territorio; el avance que en cultura política se alcance en las localidades irá elevando los niveles de democracia en toda la nación, y así podremos ser artífices del tránsito a una sociedad más evolucionada, en la que sea posible para todos y todas convivir en paz y disfrutar de las plenas condiciones de dignidad humana.

¿Cuál es tu plan?

1 Director Corporación Viva la Ciudadanía – Regional Antioquia, abogado y docente de análisis político en la U de A.

2 Ley 152 de 1994, artículo 39, y Ley 131 de 1994 que reglamenta el voto programático, en desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política.

3 Artículos 40 y 103 de la Constitución Política.

Edición 447 – Semana del 22 al 28 de mayo de 2015
 
 
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