Con los crespos hechos

 
  Amylkar D. Acosta M.
  Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
 
   
 

“La locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”
Albert Einstein

El nuevo aplazamiento

A sólo 5 días de la fecha fijada para abrir los sobres contentivos de las ofertas presentadas por tres empresas, que fueron las que finalmente mantuvieron en firme su oferta de compra del 57.66% de la participación accionaria de la Nación en ISAGEN y las cuales fueron precalificadas, se produjo un nuevo pronunciamiento de parte del Consejo de Estado que frenó en seco el proceso de dicha venta, después de que este se reanudara el de agosto, luego de superar una suspensión del mismo anteriormente. Después de acumular tres procesos en curso a través de los cuales se impetraba la nulidad del Decreto 1609 y 2316 de 2013 que autoriza la enajenación, la Sección Cuarta del Consejo de Estado tomó la determinación de ordenar, como medida cautelar mientras se pronuncia de fondo contra las demandas interpuestas, la suspensión temporal de la subasta a realizarse el próximo martes 19 de mayo. Para ello alega la defensa del interés público y justifica su actuación diciendo que se trata de “evitar posteriores y eventuales daños al interés público en caso de que se adjudicaran las acciones a los inversionistas privados y luego, el Consejo de Estado declarara la nulidad de los actos que autorizaron la enajenación1.

Esta decisión del Consejo de Estado le cayó al Gobierno como un baldado de agua fría, justo en el momento en que el Vicepresidente Germán Vargas y el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas protagonizaban un agrio enfrentamiento público en torno a la suerte del paquete de la cuarta generación de concesiones viales (4G). El Vicepresidente increpó al Ministro Cárdenas por la virtual parálisis de las obras programadas y después de manifestarse “fatigado” con el Ministro lo emplazó a través de un trino que circuló ampliamente en las redes sociales, en el que le espetó: “tome una decisión de si la tercera ola de las 4G se va o no se va a hacer”. A propósito de esta trifulca entre dos altos funcionarios del Gobierno en las actuales circunstancias, sí que cabe la expresión de Jesús en aquél pasaje bíblico en el que reprende a uno de sus discípulos diciéndole: “como estamos Pedro y tú cortando orejas”.

De modo que el próximo martes la canadiense Brookfield Managment, la chilena Colbún y la francesa GDF Suez se quedarán como la novia de Barrancas, con los crespos hechos, vestida y alborotada, porque el novio no va a poder llegar al altar para consumar las nupcias. A propósito de la decisión del Consejo de Estado no hay que llamarse a sorpresas, el Gobierno estaba advertido del riesgo de seguir avante con dicho proceso, a sabiendas de que cursaban en los tribunales varias acciones legales en su contra que no habían sido resueltas. A ello se suman la abierta oposición del Congreso de la República a dicha enajenación y las reiteradas advertencias de los organismos de control sobre un posible detrimento patrimonial de la Nación a consecuencia de la misma y a todos ellos se les desoyó. Con suficiente antelación el señor Procurador le solicitó al Gobierno que no se avanzara en dicho proceso “hasta que se verifique, de acuerdo a los criterios técnicos adecuados y apropiados, cuál va a ser la afectación al patrimonio público”2. Y más recientemente llamó la atención del Gobierno mediante un Oficio exhortándolo a tener cautela, “por cuanto a la fecha se encuentran en curso 9 acciones judiciales, cuyas decisiones pueden resultar adversas a los intereses de la Nación”3. Y va más lejos el señor Procurador, al coincidir con el pronunciamiento de la Contraloría General en el sentido que “la venta no solo limita el control que el Estado tiene en el mercado de energía eléctrica, sino que se pasa a depender de las determinaciones de privados para expandir la oferta energética. El negocio puede generar presiones sobre las finanzas públicas, pues la Nación dejará de recibir dividendos de cerca de medio billón de pesos anuales”4.

De modo que resulta tardío el llamado por parte del Gobierno al Consejo de Estado “a que se tome una decisión de fondo de todas las demandas que cursan contra la enajenación y que se resuelvan esos recursos”5, por qué no lo hizo antes. Porque a contrario sensu lo que se hizo fue, como se dice coloquialmente, fusilar mientras venía la orden. El Presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (CCI) Juan Martín Caicedo se lamenta, a propósito del pronunciamiento del Consejo de Estado que “ahora se interpongan talanqueras y cortapisas con la suspensión de la venta de ISAGEN”6. Pero no hay tal, simple y llanamente de lo que se trata es que estamos en un Estado social de derecho, como lo prescribe la Constitución y parte consubstancial del mismo son los pesos y contrapesos y el Consejo de Estado no ha hecho otra cosa distinta que cumplir con su deber constitucional. No hay allí ningún “contrasentido”7, como lo calificó Juan Martín.

¿Un activo por otro?

Se ha salido precipitadamente a decir que con esta decisión el Consejo de Estado está atentando contra una de las principales metas del Gobierno porque los $5.3 billones que se aspira recibir por la venta de la participación de la Nación en ISAGEN se pone en riesgo la modernización vial del país. Ello en razón de que, como aduce el Ministerio de Hacienda, “los recursos de ISAGEN son necesarios para los grandes proyectos de infraestructura, que generarán miles de empleos que nuestros compatriotas están pidiendo”8. Porque, además, se ha dicho que de lo que se trata es de “cambiar un activo por otro” supuestamente más rentable. Se ha dicho “en el pasado ha habido muchas privatizaciones que han financiado al Gobierno. En este caso nosotros queremos es convertir un activo en otro, movilizando un activo y unos dividendos hacia el sector de la infraestructura se genera valor y muchos empleos”9. Es lo mismo que sostiene Juan Martín Caicedo: “vender ISAGEN significaría cambiar un activo importante por uno aún más importante: generación de energía por modernidad en infraestructura vial”10.

Dicho planteamiento entraña una falacia, porque no es que los $5.3 billones o más que se reciban por la venta de ISAGEN el Estado procederá a invertirlos en las 4G que el país reclama a gritos; la verdad sea dicha, tales recursos tendrán por destinación la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) de la cual son socios, además de la Nación, la Corporación Andina de Fomento (CAF), la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial y el Sumitomo Bank del Japón. Y qué se busca con esta capitalización de la FDN? Pues que mediante el aumento de su patrimonio ella pueda tener un mayor músculo financiero para jalonar recursos de crédito y depósitos, sirviendo de puente, para apalancar financieramente a los privados que resulten favorecidos con las concesiones y de esta manera puedan lograr el cierre financiero de sus proyectos para que se puedan ejecutar. Recursos estos que, como lo afirma la Contraloría General de la República, “serían otorgados a los inversionistas privados (léase concesionarios) con unas condiciones de crédito flexible11, además de advertir el riesgo de cambiar “un activo productivo”12 por otro “que tiene una rentabilidad difícil de cuantificar”13. Y, de contera, las vías que se construyan bajo este esquema no serán activos de la Nación sino de los concesionarios y estos recuperarán su inversión por la vía del cobro de peajes que tendremos que pagar todos los colombianos para poder transitar por ellas.

Hacia un Estado rentista

El Presidente de la FDN Clemente del Valle ha dicho que “con el patrimonio actual no vamos a poder llegar posiblemente sino a la primera ola y algo de la segunda, y ahí se nos va agotando nuestra capacidad, incluso con un porcentaje inferior al que nos están pidiendo”14. Pero, si el Gobierno se ha decidido por este esquema de financiamiento para sacar avante su programa de las 4G, quién ha dicho que la venta de ISAGEN es la única alternativa para fondear a la FDN? Un experto en la materia, muy serio, como lo es Mauricio Cabrera, le ha planteado al Gobierno otras alternativas más viables y menos traumáticas que la venta de ISAGEN. Plantea cabrera, a guisa de ejemplo, que se puede “utilizar una parte de las reservas patrimoniales del BR ($10 billones de $29.2 billones de utilidades acumuladas a la fecha) para capitalizar la FDN es una operación que guarda alguna similitud con la venta de ISAGEN para el mismo propósito, pero con dos diferencias de fondo. En primer lugar, en el caso de las reservas del BR se está cambiando un activo improductivo por otro productivo. En segundo lugar porque al privatizar ISAGEN el Estado si está entregando un activo productivo y rentable, que además tiene una importancia estratégica en el mercado energético nacional15. Por qué no se contempla esta posibilidad, que está al alcance de la mano, en lugar de insistir con terquedad aragonesa digna de mejor causa en la venta de una de las joyas de la corona del Estado colombiano como es ISAGEN. El mismo Juan Martín afirma que “se pueden mirar distintas opciones: buscar nuevos empréstitos, emitir TES”16, entre otras alternativas. Es más, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su 56ª Asamblea anual en Busán (Corea del Sur) el pasado 26 – 29 de marzo, aprobó una nueva línea de crédito, esta vez para los privados, a través de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). ¡A ella podrán acceder los concesionarios de las 4G!

Por qué no explorar, también, la posibilidad de que los fondos de pensiones, que manejan recursos que superan los $180 billones inviertan parte de ellos en estos proyectos, los cuales según se ha dicho ofrecen una alta rentabilidad y bajo riesgo. Para ello basta con un cambio de reglamentación de la operación de los fondos, la cual está en manos del Gobierno. De hecho, el Vicepresidente Germán Vargas ha manifestado que el Gobierno está dispuesto a hacer los ajustes necesarios en los decretos reglamentarios para eliminar las restricciones que hoy le impiden hacerlo17. ¿Qué se espera para dar ese paso? Según el Presidente de la Junta directiva de Asofondos, Miguel Largacha, ellos tienen “vehículos tradicionales como las acciones y bonos pero tenemos vehículos nuevos que nos van a permitir acompañar este gran proyecto que licita el país como fondos de deuda, Asociaciones Público Privadas (APP), bonos específicos de financiación de infraestructura que nos van a dar la posibilidad de canalizar recursos de una forma muy importante para el desarrollo de la infraestructura. Estamos preparados para apoyar al país en el desarrollo de la infraestructura que es altamente indispensable18. Desde Nueva York, en donde participaba en el evento “Colombia InsideOut” el banquero Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente del Grupo Aval, puso de manifiesto el interés del Sistema financiero colombiano de apostarle a las megaobras de infraestructura de las 4G como los principales proveedores de recursos frescos y recordó que los bancos de su Grupo disponen ya de $12 billones para la financiación de los concesionarios que asuman su construcción19.

En la FDN se dice que mientras la Nación en su calidad de accionista podrá recibir una rentabilidad que oscila entre el 16% y el 18%, la que hoy recibe por cuenta de su participación accionaria en ISAGEN a duras penas tiene un retorno del 8.5%; claro que este cálculo tal vez lo hicieron antes de la entrada en operación de la central de Hidrosogamoso en diciembre del año anterior, que muy seguramente la habrá valorizado. Se insiste en que “lo que ganará el país con esta privatización es muy superior a las utilidades que genera ISAGEN”20. A juicio del Ministerio de Hacienda “se necesitaría esperar 40 años para que las utilidades de ISAGEN generaran los recursos que hoy demanda la infraestructura del país”21. ¿Pero, acaso los $5.3 billones que se espera recibir por su venta serán suficientes para proporcionar “los recursos que hoy demanda la infraestructura del país”? En este punto cabe destacar que la rentabilidad financiera no lo es todo, que debe sopesarse también la importancia de la seguridad energética del país, amén de que a estas alturas no es dable pensar en un Estado rentista. De imponerse este, dentro de poco se estaría evaluando si la rentabilidad de ECOPETROL se puede equiparar con la que se obtendría con su venta colocando los recursos así obtenidos en la FDN y así quedaría allanado el camino para su privatización, desestimando el carácter estratégico que también tiene este activo del Estado.

Recordemos que en los últimos 15 años, los proyectos de mayor envergadura del Plan de expansión eléctrica en el país han corrido por cuenta de aquellas empresas controladas por capital público. Para destacar Hidrosogamoso (820 MW), El Quimbo (400 MW) e Hidroituango (2.400 MW), que en su momento fueron subastados y no despertaron el interés de los privados, sólo ellas se atrevieron a desarrollar estos proyectos. Cabe preguntarse ¿qué habría sido de estos importantes proyectos, que son los que hoy le están garantizando al país la confiabilidad y firmeza del Sistema eléctrico? Me temo igualmente que de pasar ISAGEN a manos privadas proyectos que hacen parte del Portafolio de esta empresa como el parque eólica de La guajira y desarrollos de energía geotérmica como el del municipio de Villa María en Caldas no tendrán futuro.

Finalmente, una reflexión: por más loables y plausibles que sean los fines que se persigan, estos no justifican ni validan los medios escogidos para alcanzarlos, cualesquiera que ellos sean22. Y no estamos hablando de naderías, es que se trata de defender el patrimonio del Estado, que es de todos los colombianos. Hoy por hoy ISAGEN es la segunda empresa generadora del país, con 3.032 megavatios de potencia instalados (2.732 MW hídricos y 300 MW térmicos), que representan nada menos que el 20% de toda la capacidad instalada con la que cuenta el país. Esta empresa, en la que la Nación posee el 57.66% y EPM de Medellín el 12.95 % es un activo de importancia estratégica para el país, del que no se debe salir, porque, como lo acota la Contraloría General de la República, pasaremos “a depender en ese sector estratégico de las actuaciones de privados”23, que no siempre consultan el interés general.

www.fnd.org.co

1 Comunicado del Consejo de Estado. Mayo, 15 de 2015.

2 RCN – Radio. Septiembre, 13 de 2013.

3 El Heraldo. Mayo, 12 de 2015.

4 Ídem.

5 Portafolio. Mayo, 16 de 2015.

6 El Nuevo Siglo. Mayo, 16 de 2015.

7 Ídem.

8 La República. Mayo, 15 de 2015.

9 El Universal. Mayo, 13 de 2015.

10 El Nuevo Siglo. Mayo, 16 de 2015.

11 El Tiempo. Mayo, 11 de 2015.

12 Ídem.

13 Ídem.

14 El Tiempo. Mayo, 16 de 2015.

15 Cali. Mayo, 15 de 2015.

16 El Nuevo Siglo. Mayo, 16 de 2015.

17 Portafolio. Mayo, 12 de 2015.

18 Mercado de dinero. Especial Infraestructura. Mayo de 2015.

19 Portafolio. Mayo, 12 de 2015.

20 El Tiempo. Mayo, 17 de 2015.

21 Ídem.

22 Amylkar D. Acosta M. ISAGEN de remate. Agosto, 8 de 2013.

23 El Espectador. Mayo, 11 de 2015.

Edición 447 – Semana del 22 al 28 de mayo de 2015
 
 
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