¿Hasta cuándo el rosario de muertes mineras?

 
  Mauricio Torres-Tovar
  Médico, Especialista en Salud Ocupacional.
Profesor Asistente Universidad Nacional de Colombia
 
   
 

Nuevamente son las tragedias las que colocan el tema de la muerte minera en el escenario público. Ahora, producto de una inundación de una mina de oro en el municipio de Riosucio, Caldas, fueron 17 los mineros muertos la semana anterior, continuando el rosario interminable de muerte por causa de las condiciones inseguras en las minas.

Este tipo de hechos van y vuelven. Los medios masivos de comunicación despliegan la noticia, profundizan sobre la tragedia humana, pero al día siguiente se pasa la página. Hay una naturalización por parte de la sociedad frente al drama de los obreros mineros. Se asume que es una labor riesgosa, que no es posible de otra manera y que finalmente es designio de Dios que unos mineros mueran y otros sobrevivan.

Adicionalmente el gobierno nacional goza de una bonanza por su locomotora minera, pero esta se hace a expensas de la salud y la vida de los obreros porque son ellos los que exponen su cuerpo para la generación de tal riqueza.

En el año 2010 escribí una columna para el diario El Tiempo titulada La seguridad en el trabajo, en la que comparaba la tragedia minera en Chile que dejó atropados a 33 mineros, que felizmente fueron rescatados sanos y salvos, con la tragedia en paralelo en una mina de Amaga que dejó 73 mineros muertos.

El planteamiento que hice en esa columna fue la urgente necesidad que el gobierno nacional asumiera la protección de la salud y la seguridad en el trabajo como una política de Estado, que revertiera la tendencia dada desde los 90 que puso el acento en el tema del aseguramiento de los riesgos laborales (con exclusividad para la economía formal), pero retrocedió en la perspectiva de la salud ocupacional que había en el país en términos de desarrollo de programas de promoción de la salud en el trabajo y de prevención de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Han pasado 5 años desde esa flexión y en vez de revertirse la tendencia de muerte minera se ha incrementado.

Según los informes anuales elaborados por la Agencia Nacional de Minería se en el 2009 el número de muertes mineras fue de 84 casos; en el 2010 fue de 173; en el 2012  fue de 138 con 122 emergencias reportadas; en el 2013  fue de 91 con 90 emergencias reportadas y en el 2014 fue de 118, de las cuales el 45% fue en la minería legal (que rompe el argumento que la muerte minera solo es en minería ilegal).

Según esta misma Agencia, las principales causas de las muertes mineras es por derrumbes, riesgos electromecánicos, inhalación de gases, inundaciones, incendio y explosiones.

Estas cifras revelan que se está frente a un fenómeno creciente en vez de decreciente, en el cual todas las causas son completamente previsibles y prevenibles; que hay una muy débil inspección estatal y una falta de efectiva medidas de sanción; una responsabilidad empresarial nula sobre la protección de la vida de los mineros y sobre la cual no ha recaído la justicia para que responda por su responsabilidad en la ocurrencia de estos hechos.

¿Cuáles es entonces una salida real?

Esta situación lleva a pensar que realmente en el sector minero hay un grupo de personas que se lucran de la explotación minera a expensas del bienestar, la salud y la vida de los mineros; no de otra manera se explica tales niveles de inseguridad y peligro en la explotación minera.

De otro lado, que los empresarios no asumen el deber que les compete en esta materia, que las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) no va más allá de hacer los cálculos actuariales de la muerte minera y que el Estado tiene una muy débil intervención en varios niveles (de ministerios, de agencias nacionales, de departamentos y de municipios), lo que los constituye en los responsables principales de la muerte minera.

Este vergonzante panorama en pleno siglo XXI, exige más que las habituales declaraciones de los altos funcionarios de las instituciones gubernamentales, más que las “exhaustivas investigaciones”, más que el exhibición de los medios de comunicación del dolor de las familias para aumentar su rating, más que unas simples denuncias de las organizaciones u asociaciones de trabajadores, más que una sociedad que se entristece pero al otro día olvida.

Cambiar esta realidad implica como paso inicial que la sociedad, las familias de los mineros y los propios mineros, no acepten la muerte minera como un hecho natural, como un designio de Dios, es decir que se requiere establecer una cultura de tolerancia cero de la sociedad ante este tipo de muerte.

Igualmente, se requiere que haya responsabilidad empresarial para desarrollar un real y verdadera gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresas mineras junto a la intervención en promoción y prevención de las ARL, las cuales deben ser vigiladas por el Estado a través de adecuados y eficaces procesos de inspección de las condiciones de trabajo y con la toma de medidas contundentes que eviten que ocurran estos desastres mineros.

Pero finalmente, y dada esta situación, que en vez de tender a resolverse después de tragedias tan graves como la del 2010 en Amaga, empeora, queda claro que frente a estas realidades los protagonistas fundamentales de la defensa de la salud y de la vida son los propios mineros. No hay otro actor que va actuar de manera contundente para proteger sus vidas, por lo cual se requiere incidir en los procesos de conocimiento, de conciencia y organizativos de este grupo laboral para que se convierta en el protagonista de la defensa de su propia vida y salud y no acepte trabajar en condiciones de riesgo, aún en medio de las limitaciones de empleo en que viven cotidianamente.

Acá las organizaciones sindicales tienen un deber ético de aportar en este sentido a los mineros y la academia de aportar con educación e investigación junto a los mineros, que devele la precariedad y riesgo en que trabajan, para que se actué realmente para su control efectivo.

Edición 447 – Semana del 22 al 28 de mayo de 2015
 
 
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