Frente a la suspensión de las fumigaciones con glifosato:
optimismo moderado

 
  Rafael Colmenares
  Miembro de Unión Libre Ambiental
 
   
 

Pasaron más de veinte años, se fumigaron millones de hectáreas1, se desplazaron cientos de miles de campesinos, se desconocen las dimensiones del daño ambiental en términos de contaminación de acuíferos y cursos de agua, disminución de especies animales y vegetales y no existe una cuantificación cierta de la pérdida de vidas humanas y una valoración de la descomposición social provocada por un método brutal e ineficaz en la lucha contra el narcotráfico.

De pronto, el Gobierno Santos ante un informe de la Organización Mundial de la Salud que advierte sobre el alto riesgo cancerígeno que comporta el glifosato decide suspender las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con dicho agente. Bienvenida la medida aunque no se acompañe de una autocrítica y de un reconocimiento del enorme daño causado, tanto social como ecológico, y no se anuncie un estudio y evaluación del mismo, que propongo desde estas líneas, para que haya reparación de las víctimas y garantías de no repetición.

Reto para el movimiento ambiental

La decisión de erradicar los denominados cultivos ilícitos mediante la fumigación con glifosato, adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 1992 fue un enorme reto para el movimiento ambiental. A su vez el naciente Sistema Nacional del Ambiente, creado por la Ley 99 de 1993, ante una decisión del alto gobierno exigida sin duda por los EEUU y por lo tanto casi imposible de rechazar, no tuvo otro camino que aceptarla, a pesar de la intensa polémica que se desató y no ha cesado hasta hoy.

No ocurrió lo mismo con el movimiento ambiental, particularmente con sus vertientes más radicales, que convirtieron la denuncia y la lucha contra la medida en una de sus más importantes banderas. Desde luego las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes estuvieron en la primera línea de la denuncia y la resistencia pues sufrían en carne propia las consecuencias de la aspersión del veneno sobre sus cultivos, el agua que bebían y su propio cuerpo.

Fueron innumerables los estudios, artículos, pronunciamientos, manifiestos y libros que se produjeron a lo largo de los años. Siendo imposible reseñarlos todos quiero hacer mención de tres de ellos, advirtiendo que antes y después de la fecha en que fueron emitidos hubo otros no menos importantes.

En 1998, se elaboró la que en mi opinión sigue siendo la más completa propuesta del ambientalismo para la construcción de una sociedad diferente en la perspectiva de la paz para Colombia. Se trata de “Nuestro Compromiso Político con el Cosmos” documento elaborado en 19982. En él se rechazaba, desde luego, la aspersión con glifosato y se señalaba:

“En el caso de las fumigaciones contra “cultivos ilícitos” ya existe un daño ambiental previo a las mismas, en la medida en que la preparación de los suelos para dichos cultivos requiere la deforestación de terrenos de vocación forestal, muchas veces en pendientes laderas y zonas productoras de agua. Sin embargo, la fumigación contribuye no solamente a incrementar el deterioro de los ecosistemas ya afectados, sino que los efectos de las mismas trascienden a las áreas vecinas. Cuando las fumigaciones producen los efectos deseados, los cultivadores se trasladan a nuevas zonas boscosas, debido a lo cual se incrementa todavía más el problema”3 (las negrillas son mías).

De la “guerra contra las drogas” al “Plan Colombia”

El documento anterior ya advertía sobre las fumigaciones con agentes químicos como una práctica de guerra, con dramáticos antecedentes en la agresión norteamericana al pueblo de Vietnam y este aspecto y el contexto geoestratégico y político fue precisamente analizado a profundidad por el sociólogo Darío Fajardo en el artículo “La guerra contra las drogas”, publicado en 2002 en el Boletín de Ecofondo4. Aquella guerra desembocó por esa época en el llamado “Plan Colombia” que la acentúo cuando más se hablaba de paz y sobre cuyas características y alcances el autor mencionado señaló:

“Visto en conjunto el Plan se ha convertido en la aceptación por parte del gobierno nacional de una estrategia de intervención militar y económica de los Estados Unidos, encubierta como una nueva fase de la lucha antinarcóticos, ahora entretejidas como una nueva cruzada, la “guerra contra el terrorismo”, pero cuyos verdaderos propósitos de dominación están cada vez más a la vista”5.

El daño ecológico

Una de las organizaciones ambientalistas que más combatió contra las fumigaciones fue RAPALMIRA, afiliada a la Red de Acción contra los Plaguicidas en América Latina – RAPAL y esta a su vez a PAN – Pesticide Action Network. Su Directora, la agrónoma Elsa Nivia, escribió numerosos artículos y estudios y participó en muchísimos eventos. En el Boletín No. 25 de Ecofondo, publicado en Mayo de 2004, explicó ampliamente los orígenes y antecedentes de la guerra química en los remotos años cuarenta, el refinamiento alcanzado en la guerra de Vietnam y el funcionamiento letal del veneno. Refiriéndose a sus efectos señalaba:

“El herbicida es 100 veces más tóxico para los peces que para las personas. Es tóxico además para las lombrices, bacterias del suelo y hongos benéficos y los científicos han podido establecer un número considerable de efectos fisiológicos en peces y otros animales silvestres además de efectos secundarios atribuibles a la defoliación de los bosques”6.

Alternativas desde el ambientalismo

El ambientalismo y las organizaciones sociales no se limitaron, sin embargo, a denunciar y oponerse a las fumigaciones sino que apoyaron formas alternativas de producción a los cultivos ilícitos potenciadas por la agroecología. Refiriéndome solo a Ecofondo, que conozco bien, pero no es la única experiencia de las varias que existieron y existen en Colombia, para 2010 había apoyado 200 proyectos del eje temático de gestión en agro – ecosistemas, en todo el país. Desarrolló entre 2004 y 2009 el Proyecto Nacional “Gestión Ambiental Participativa para la Paz y el Desarrollo Sostenible en Colombia”, explícitamente orientado a fortalecer y visibilizar alternativas a los cultivos ilícitos en zonas particularmente afectadas o potencialmente amenazadas. Así mismo el Programa Amazónico de la Embajada de Holanda, gestionado por Ecofondo, entre 2006 y 2009, dio especial importancia al fortalecimiento de alternativas a dichos cultivos como ocurrió en la Serranía de la Lindosa, Departamento del Guaviare.

Incluso desde el campo estatal se impulsaron algunos exitosos experimentos de erradicación manual y sustitución de cultivos ilícitos como el adelantado en el Departamento de Nariño durante la administración de Antonio Navarro.

Cultivos ilícitos y crisis del campo colombiano

Una constante de los diferentes estudios y pronunciamientos desde el campo ambiental ha sido la vinculación de los cultivos ilícitos con la crisis del agro colombiano. Uno de los aspectos de dicha crisis es la concentración de la propiedad de la tierra. Según la revista Semana para el 2012, el índice de Gini de la propiedad rural, que mide la desigualdad había aumentado de 0,74 a 0,88 y el 77% de la tierra estaba en manos del 13% de los propietarios pero 3,6% de estos poseía el 30% de la misma7. Esto determina una expulsión constante de población hacia zonas de colonización. A su vez el deterioro de los precios de los productos agrícolas lícitos, ante la apertura indiscriminada al comercio globalizado y la protección que ejercen los países del primer mundo sobre su producción agropecuaria va determinando la insostenibilidad de la economía campesina y la deriva hacia los cultivos ilícitos, más rentables, situación que es aprovechada, estimulada e incluso forzada por el narcotráfico8.

De otra parte y como se sabe el glifosato no es solo utilizado en las fumigaciones de las plantaciones de coca, amapola o marihuana. Es empleado como herbicida por la agricultura comercial o convencional e incluso por la economía campesina dependiente de los insumos de la revolución verde.

Una muestra de la profunda dependencia de la producción agrícola aún existente en Colombia de los paquetes agrotóxicos fue la reacción del Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC- ante el anuncio de la suspensión de las fumigaciones con glifosato. Rápidamente se reunió con Juan Manuel Santos y al final el gremio emitió la siguiente declaración: “La SAC y sus gremios afiliados reciben positivamente la decisión del gobierno de asegurar la aplicación correcta del glifosato y demás productos químicos de uso agrícola, al considerar que el manejo y forma de utilización del herbicida en la producción agropecuaria no produce efectos nocivos en la salud, cuencas hídricas y sistemas ambientales”9.

Vaya una contradicción: ¡no resulta cancerígeno ni peligroso si se emplea en cultivos lícitos!

Por el contrario, es sabido que dicho agente se aplica en concentraciones aún mayores a cultivos industriales como la caña de azúcar en el Valle del Cauca.

La Corte Constitucional y las fumigaciones

Las fumigaciones también constituyeron un reto para la Justicia y en particular para la entonces recién creada Corte Constitucional. Mediante Sentencia 067 de 1993, se negó la tutela interpuesta por el ciudadano Gerardo Ardila, a nombre de la Alianza Democrática M19, a fin de que se protegiera su derecho al ambiente sano vulnerado por aquellas. La Corte consideró que en ese caso no procedía la acción de tutela y el inolvidable Magistrado Ciro Angarita salvó su voto al considerar que en las circunstancias del fallo se inducía la aprobación de las fumigaciones con glifosato.

Pasaron muchos años y es luego de que la Corte, mediante Auto 073 de Marzo de 2014, señalara que en ausencia de certeza del carácter inofensivo del glifosato para las personas debería suspenderse su aplicación, que el Gobierno decide suspenderla. Según el Ministro de Justicia tal decisión se fundamenta en la orden de la Corte además de la inclusión por la OMS de la sustancia en la lista de agentes cancerígenos.

Vale la pena resaltar que dicho Auto fue proferido en desarrollo del seguimiento que la Corte hace al cumplimiento de la Sentencia T – 025 de 2004, por la cual se protegen las comunidades y personas afrodescendientes de la Costa Pacífica nariñense. Diez años después de la sentencia la Corte constata que el “estado de cosas inconstitucional” continúa en la zona y que “los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento y resistencia continúan siendo masiva y sistemáticamente desconocidos; y que las personas y comunidades de la región se encuentran en una situación de riesgo agravado frente a nuevos desplazamientos, producto del contexto de conflicto armado, de violencia generalizada y de sus factores asociados, que se vive en sus territorios colectivos y ancestrales”.

¿Qué pasará?

Sorprende que la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes no tenga aplicación inmediata. No se entiende porqué depende de tramites posteriores a cargo de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Algunos analistas prevén un incremento de las aspersiones de acá hasta Octubre, cuando se haría efectiva la medida10. El plazo hasta Octubre, como máximo, fue mencionado por el Ministro de Justicia en declaraciones a El Tiempo11. ¿Cómo se compagina esto con el grave riesgo de contraer cáncer al que se expone a la población de las áreas que serán fumigadas? ¿Por qué se aplaza, una vez más, el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional?

Otro aspecto sobre el cual no hay total claridad es la posición de los EEUU, que han sido los principales promotores del método que ahora se suspende. El Ministro de Justicia estuvo en Washington el 4 de Mayo explicando la decisión, antes de que se tomara, al Subsecretario de Estado para el control de narcóticos, William Brownfield y el Director de la Oficina contra las Drogas, Michael Boticcelli. Unos días después el Embajador Whitaker, en una columna en El Tiempo titulada: “La aspersión ha ayudado a Colombia” hizo este pronunciamiento lapidario: “Quien argumenta que la aspersión de glifosato en cultivos de coca es peligrosa, o que hay muchos casos comprobados de daños a la salud humana, está mal informado”.

Por otra parte la medida cuenta con fuerte resistencia de la derecha colombiana, encabezada por el ex – presidente Uribe, el Procurador y dentro del propio gobierno por el hasta hace pocos días Ministro de Defensa y ahora Embajador en Washington. ¿Cómo incidirá esto en el afianzamiento de la decisión?

Lo cierto es que sin decidirse a abordar las causas profundas que llevan a los cultivos ilícitos, lo cual como se dijo tiene que ver con la redistribución de la propiedad rural, el impulso a la producción agropecuaria nacional y su progresiva reconversión en producción agroecológica, será difícil encontrar una salida. Sin ello no sería descartable un regreso a la fumigación con otro agente químico.

Sin embargo, la medida constituye un indudable alivio para la población campesina, indígena y afrodescendiente, víctima de la violencia que comporta el narcotráfico y en general del conflicto armado. Ojalá signifique el comienzo de un nuevo camino hacia la paz y por ello debemos exigir la suspensión inmediata de las fumigaciones y un gran debate nacional que vincule el tema de los cultivos ilícitos con el secular problema agrario colombiano.

1 Según Wola, “Hora de abandonar la fumigación de coca en Colombia”: Entre 1996 y 2012, estos aviones han rociado herbicidas sobre 1.6 millones de hectáreas en Colombia — un área equivalente a un cuadrado de casi 130 kilómetros por lado. Las esquinas de este cuadrado se extenderían desde los suburbios de Washington hasta los de Filadelfia. Equivale a una hectárea fumigada cada 5 minutos y 29 segundos desde el 1 de enero de 1996.

2 El documento, encargado por Viva la Ciudadanía, cuya redacción final se confió a Gustavo Wilches Chaux, fue inicialmente presentado a la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil (30 de Julio a 1 de Agosto de 1998), luego expuesto en el Congreso “Ambiente para la Paz” celebrado en Guaduas, en Julio de 1998, presentado a la Cumbre Social contra la Pobreza y por la Equidad (22 y 23 de Septiembre de 1998) y finalmente enviado por Ecofondo y otras organizaciones ambientalistas como aporte a las mesas de El Caguán en el frustrado intento de alcanzar la paz con las FARC.

3 Nuestro Compromiso Político con el Cosmos, Ecofondo 1999, p.13.

4 Ecofondo publicó hasta marzo de 2010, treinta y dos ediciones de su Boletín y el artículo en mención aparece en el No. 23, editado en Abril de 2002.

5 Ibídem, p. 55

6 Ver, “Ecosistemas colombianos en peligro por cultivos de uso ilícito y estrategias de erradicación” por Elsa Nivia Gil, en Boletín Ecofondo No. 25, Mayo de 2004, p. 22

7 Véase, “Así es Colombia rural” en www.semana.com 2012.

8 Al respecto, Darío Fajardo en el artículo antes relacionado cita en extenso al investigador Ibán de Rementería en su libro “La guerra de las drogas” Ed. Planeta, Bogotá, 2001.

9 Ver, www.cmi.com.co

10 Véase el artículo “¿Cómo responder al problema de las drogas sin glifosato?” de Juan Carlos Garzón Vergara en Razón Pública, 18 -05 -2015.

11 Véase, “Uso del glifosato terminará en Colombia antes de Octubre: Minjusticia”, El Tiempo, 15 -05-2015.

Edición 448 – Semana del 29 de mayo al 4 de junio de 2015
 
 
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