Antioquia entre campañas y mañas

 
  Jharry Martínez Restrepo
  Analista en proceso político y elecciones Corporación Viva La Ciudadanía
– Regional Antioquia
 
   
 

A medida que se acercan las jornadas electorales locales del próximo 25 de octubre, candidatos, partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y todos sus seguidores, arrecian en sus estrategias para conseguir los tan anhelados puestos en la estructura administrativa local. Sin embargo estas acciones en pro de alcanzar las gobernaciones, alcaldías, JAL y Corporaciones públicas territoriales muy a menudo se desarrollan en la delgada línea entre la legalidad y la ilegalidad dejando serios cuestionamientos no solo en la forma como hacen proselitismo sino en cómo estos actos son síntomas de una enfermedad mayor inmersa en nuestra clase política donde pareciera ser que la premisa fundamental es aquella que reza “el fin justifica los medios”.

Aun faltando algunas semanas para la inscripción oficial de los candidatos, una evaluación de los actos de estos en las campañas adelantadas en Antioquia deja muchas dudas sobre el sentido ético y legal de sus aspiraciones, y más aun de sus posibles administraciones. Supuestas consultas internas que vienen elegidas desde antes, declaraciones de una supuesta “independencia” promovida en recolección de firmas donde el candidato termina siendo avalado por partidos políticos, sutiles apariciones de publicidad extemporánea y hasta escandalosos casos de participación en política por parte de funcionaros públicos son el día a día de las actuales contiendas electorales, pasando por la ya tristemente acostumbrada práctica de trashumancia que por lo general esconde el delito de constreñimiento al elector y que en muchos municipios del departamento y del país se ha convertido en una forma “común” de hacer política de cara a elecciones populares. Solo en Antioquia existen clarísimas alertas de inscripción irregular de cédulas en más de 6 municipios y hay más de 80 reportes de irregularidades en las precandidaturas entre las que sobresalen las campañas extemporáneas como uno de los actos más comunes1.

La misma democracia que defienden muchos precandidatos en los micrófonos y medios de comunicación se ve pues asaltada por medio de prácticas en algunos casos solapadas y en muchas otras descaradas que muestran al elector el verdadero talante de quienes podrían ser sus próximos dirigentes regionales y municipales. Es solo cuestión de hacer una rápida mirada a redes sociales, alguna caminata por algunos sectores de casi cualquiera de los 125 municipios de Antioquia o asistir a alguna de las actividades de los hasta ahora precandidatos para ver como muchos de ellos se rajan en ética y hasta legalmente en cuanto a campañas limpias de cara a la justicia y a la ciudadanía.

Algunos se salvan es verdad, algunos precandidatos se mantienen dentro del margen de los tiempos estipulados por la ley, no aceptan las tentadoras ofertas de las ya establecidas maquinarias electorales que muchas veces recuren a actos ilegales para lograr sus fines y a las cuales quedan empeñados luego durante su gestión, no ceden a la tentación de utilizar mecanismos legales como la consulta interna o la recolección de firmas para impulsar sus campañas cuando saben perfectamente que no obedecen a sus necesidades, no hacen publicidad extemporánea, etc.

Si bien es cierto el problema no es de ilegalidad necesariamente, puesto que la ley no prohíbe explícitamente que un candidato por firmas reciba luego avales, o que las consultas internas tengan publicidad de candidatos siempre que sea desde los partidos, o que cualquier persona publique sus opiniones en sus redes personales a favor o en contra de candidatos; sí es un problema de nuestra ética política que sucumbe ante sendas campañas en redes sociales por medio de perfiles en algunos casos engañosos, las ya conocidas experiencias de avales en medio de recolección de firmas y consultas internas con candidatos ya elegidos previamente que solo buscan aprovechar las campañas de las consultas como una forma de adelantarse a las campañas de los otros candidatos.

Frente a esto los antioqueños al igual que todos los colombianos tenemos dos salidas para nada excluyentes: La confianza en que la Comisión Nacional Electoral o alguno de los entes de control encargados llevara a cabo las investigaciones necesarias y terminara por sancionar a los candidatos y candidatas que hayan cometido acciones ilegales durante sus campañas, y la sanción social por medio del poder ciudadano representado en el voto.

Cuando una candidatura desde su campaña electoral muestra irrespeto a las reglas de juego, intención de flexibilizar la ley en su favor o respaldo de grupos ilegales, está evidenciando lo que seguramente será una forma de gobierno. No es posible esperar actos legales, decentes y responsables de funcionaros que llegaron a sus puestos mediante ilegalidades y acciones descaradas. Estas candidaturas pueden y deben ser castigadas por una ciudadanía que no tolera más políticos mentirosos, inescrupulosos, mañosos.

La lucha política en Antioquia apenas comienza, Uribismo, Santismo y Fajardismo protagonizarán una de las contiendas electorales más relevantes para el departamento en los últimos años, la implementación de los acuerdos a los que se llegue en la Habana, lo sufrido históricamente por la guerra en este departamento, la desmovilización de guerrilleros de las Farc, la existencia de otros grandes grupos ilegales y la certeza de que Antioquia es simbólicamente el lugar de la victoria política de cualquiera de estas tres fuerzas a nivel nacional hacen de estas próximas elecciones una jornada como dirían las abuelas “para alquilar balcón”. Pero eso sí, es responsabilidad de todos y todas velar por que los candidatos y candidatas tengan propuestas programáticas en vez de mentiras candorosas, compromisos reales en vez de populismos vacíos, y comportamientos políticos serios respetuosos de la ley en vez de mañas politiqueras y corruptas.

1 Información tomada del portal Pilasconelvoto.com

Edición 450 – Semana del 12 al 18 de junio de 2015
 
 
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