“Agilizar en La Habana, desescalar en Colombia”,
y volcar la sociedad a la paz

 
  Antonio Madariaga Reales
  Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

Parafraseando el título/consigna del comunicado conjunto expedido el pasado domingo por los negociadores, y donde presentaron al mundo la solución parcial de la crisis desatada en las conversaciones, que mantuvo en vilo a la sociedad colombiana ante la posibilidad de que finalizaran los diálogos para la terminación del conflicto, mostraremos la necesidad de añadir a esa perspectiva el imperativo de abordar el más público de los asuntos, la paz, en perspectiva de volcar la sociedad a ella.

El comunicado en referencia revela un acuerdo, que tiene los siguientes elementos básicos:

1. Define como propósitos, fortalecer la confianza de la población y entre las delegaciones, agilizar la construcción de acuerdos y crear condiciones para la puesta en marcha del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.

2. Para lograrlo cambiaron la metodología de ciclos, por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo, definiendo un plan con metas preestablecidas; acordaron solicitar el acompañamiento de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de la presidencia de UNASUR (actualmente Uruguay), para que la subcomisión técnica avance rápidamente hacia el Cese al Fuego y Hostilidades, y subrayamos, la dejación de armas; definieron un plazo de cuatro meses para evaluar los avances de las medidas de desescalamiento acordadas y en los Acuerdos; y finamente acordaron intensificar medidas para la construcción de confianza.

Por supuesto que el acuerdo no significa que todos los peligros estén conjurados, pero revela importantes asuntos, que no están dichos todos de manera explícita.

El primero de ellos, a nivel político, es que la mesa de negociación no sólo escuchó la enorme cantidad de voces pidiendo agilidad y desescalamiento, sino que comprendieron y coincidieron en la necesidad de dar una clara muestra de la voluntad de persistir en las conversaciones.

El segundo, del mismo tenor, es que entendieron la gravedad de la pérdida de confianza de la sociedad hacia el proceso y decidieron con el acuerdo mismo y con su contenido enviar un fuerte mensaje, (los plazos puestos, que evidentemente no son fatales, forman parte de ello), de querer recuperar la confianza de las colombianas y colombianos.

El tercero, de carácter político/metodológico, es la comprensión de que la concreción de acuerdos, implica necesariamente nuevos ritmos y acercamientos a los temas por desarrollar y de manera particular, el imperativo de sumar fuerzas y legitimidad a lo que se acuerde en la subcomisión técnica, (la inclusión del delegado del Secretario General de ONU y de UNASUR con la presidencia Uruguaya van en esa dirección) y poner en escena que ese asunto incluye sin duda alguna la dejación de armas. Es un mensaje contundente del destino exitoso esperado para las conversaciones.

El cuarto tiene de nuevo, lo que no es de poca monta, el compromiso explícito por parte del gobierno de desescalar el conflicto, lo que en el pasado había sido una exigencia solo a las FARC, y contiene una determinación de no seguir operando para darle gusto a la extrema derecha uribista y a sectores de las fuerzas militares y de oficiales retirados. La decisión del presidente de dejar de llamar a las FARC, “bandidos narcoterroristas”, hace parte de lo que llamó el desescalamiento del lenguaje, tiene un gran efecto en los imaginarios y significa la comprensión de la necesidad de humanizar al contrario, a las FARC y prepararse para recibirla como contendor político; es a lo que nos referíamos en un artículo anterior con la expresión de que Santos y las FARC deben entenderse como lo que son: “cómplices para la paz”. En esa misma lógica, se comprende la decisión de mejorar la confianza entre las delegaciones.

Hasta aquí la mirada al acuerdo, reconociendo el positivo impacto que puede causar y que lamentablemente sólo podrá verse en su magnitud cuanto empiece el cese unilateral del fuego de las FARC, el próximo 20 de julio.

Sin embargo, la confianza ciudadana está seriamente lesionada y requiere de esfuerzos enormes para ser restaurada y no basta con lo anunciado el pasado domingo.

En ese sentido, debemos apelar a toda la creatividad posible, pero también a rescatar y potenciar esfuerzos que el Estado y el gobierno y la sociedad civil, con el acompañamiento y respaldo de la comunidad internacional, hemos desarrollado exitosamente en el pasado.

En Colombia hay por lo menos, en el terreno del trabajo sobre los derechos humanos, tres experiencias recientes de esfuerzos compartidos entre Estado, sociedad civil y comunidad internacional, en las que Viva la Ciudadanía ha participado y participa intensamente.

El proceso Londres-Cartagena –Bogotá1, que reunió a 35 países en el G-24, al sistema de Naciones Unidas, al gobierno nacional, (Vicepresidencia, Cancillería, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, y otros), a la Defensoría y la Procuraduría, por el Ministerio Público, a gobiernos locales y a diversos sectores de la Sociedad Civil, (Gremios, inicialmente representados por el hoy ministro de defensa en nombre del Consejo Nacional Gremial, Iglesias, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Plataformas de Derechos Humanos, Organizaciones Sociales, Organizaciones de Mujeres y ONG), en un proceso de cerca de 8 años (2003 – 2012), y que dio como resultado en un trabajo nacional, (múltiples seminarios, foros, encuentros y talleres en regiones), e internacional, (tres conferencias internacionales), el desarrollo de deliberaciones y acciones en DD.HH, que dan legitimidad al trabajo por la causa de los DD.HH y han impulsado dentro del gobierno y el Estado actitudes, comportamientos y normas más comprometidas con las obligaciones internacionales en Derechos Humanos.

Con los mismos protagonistas, el proceso de Construcción Participativa de la Política Pública2 en Derechos Humanos, cuyo resultado ha sido incorporado al ordenamiento jurídico en el artículo 123 del recientemente aprobado Plan de Desarrollo, y donde participaron más de 19.000 personas de 850 organizaciones de todos los departamentos del país, más de 2.000 servidores públicos de todos los niveles y muchos miembros de la fuerza pública, es otro ejercicio de gran relevancia, que todavía está desarrollando acciones en la medida que se propone ser referente en Derechos Humanos para todas las políticas públicas, nacionales y territoriales por lo menos durante los próximos 20 años.

Finamente, la experiencia del Proceso Nacional de Garantías3, todavía en marcha, que sigue siendo una de las interlocuciones de más alto nivel entre el Estado y el movimiento de Derechos Humanos, con el acompañamiento de la comunidad internacional que ha dado lugar y sigue produciendo aun, diversas políticas públicas, el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos es uno de los grandes avances derivados de ese proceso, y acciones en desarrollo de la Garantía para la Defensa de los Derechos Humanos.

La relación precedente, así como las experiencias del FOREC y del PNR entre otras, señalan claramente que podemos echar mano de lo mejor de nuestras tradiciones y experiencias y reelaborarlas para hacer frente a los retos de la comprensión, refrendación e implementación de los acuerdos, como condiciones necesarias en la construcción de la paz.

Una Alianza de esta naturaleza entre Estado, Sociedad Civil y Comunidad Internacional que tenga como propósito “volcar la sociedad a la paz”, tendría enormes ventajas en términos de legitimidad, impacto, eficiencia en la realización de las acciones y racionalización de los recursos. Pero además, solo una alianza de esta magnitud, donde puedan confluir las múltiples iniciativas y acciones en favor de la paz, podrá llegar a la mayoría de colombianas y colombianas a los que se requiere llegar y ayudar a sembrar de nuevo la ilusión de un país en paz.

Compartiendo este propósito, compartiendo un amplio marco de pedagogía para la movilización por la paz, y un método, la conversación, estamos seguros que alcanzaremos los consensos necesarios para hacer de la paz la gran causa nacional.

Estamos dando una respuesta a un gran desafío. Volver efectivamente pública, es decir de todos y todas, la más pública de nuestras conquistas: LA PAZ

1 Ver, http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aCa020031--&x=51705#.VamHL_l_Oko

Edición 455 – Semana del 17 al 23 de julio de 2015
 
 
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