El sujeto de la negociación, en construcción Paz y Justicia Transicional

 
  Camilo Villa Romero
  Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
 
   
 

La introducción en el país de una particular visión de la justicia transicional y de la aplicación del derecho internacional en procesos de paz, ha trazado –en parte– el campo de comprensión del significado político de la mesa de diálogos con las FARC-EP en La Habana (Cuba) y ahora también con el ELN.

En realidad, casi todas las interpretaciones hasta ahora conocidas hablaban de los retos para juzgar graves crímenes cometidos por las guerrillas y, aunque algunos aceptan es que en materia de Crímenes de Estado está todo por hacer, la discusión sigue partiendo de un supuesto cierre judicial-penal para los insurgentes. Lo que parece indicar que no participamos de la negociación de un proceso de paz para poner fin al conflicto armado sino que nos enfrentamos tan solo al sometimiento judicial de las guerrillas.

Al tiempo que el Fiscal Montealegre ha impulsado un gran cambio de metodología en la investigación penal con la creación de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC), según la cual debe diseñarse una hipótesis criminal a partir de un “hecho total” dejando de lado el enfoque del trámite del caso a caso. Paradójicamente el Estado colombiano sólo ha aceptado su responsabilidad cuando ha sido condenado judicialmente. A pesar que, en su origen la DINAC apoyaba las investigaciones contra generales del Ejército Nacional por ejecuciones extrajudiciales y los crímenes atribuidos a las estructuras paramilitares con presencia en las zonas de los Montes de María y el Urabá Antioqueño, actualmente la dirección está concentrada exclusivamente en las investigaciones en contra de integrantes de las FARC-EP y ELN, abandonando la criminalidad estatal y el paramilitarismo. Esto constituye un claro reflejo de las resistencias institucionales para enfrentar el negacionismo y con ello renunciar definitivamente a su papel de juez y parte en el posconflicto.

Este comportamiento institucional está liderado por el “lobby militar” y apoyado por quienes temen a una justicia de posguerra, quienes han convencido al gobierno y a parte del Congreso de la República que el Derecho Internacional  Humanitario (DIH) es el “derecho de guerra” y no el de las conquistas mundiales a favor de la protección de la población civil y la garantía del principio de distinción. Con ello el Estado colombiano insiste en la etapa de negación, sin poder evolucionar aún a otra dimensión de la aceptación de su responsabilidad en el conflicto armado y en la violencia política.

Según esta visión del DIH y de la justicia transicional –que presume la imparcialidad de la justicia interna en medio del conflicto armado al mismo tiempo que acepta sin reparos el debilitamiento del delito político en Colombia–, las medidas de justicia producto de la negociación con las guerrillas replicarán el modelo del derecho penal del enemigo concentrando la atribución de responsabilidad en los máximos comandantes de las FARC-EP y el ELN mientras refuerzan la impunidad histórica de la que han gozado los autores de graves violaciones a los derechos humanos como son los agentes estatales al igual que los determinadores de estos crímenes (políticos, empresarios y ganaderos).

Mientras los voceros de las FARC-EP han acordado participar en una Comisión de la Verdad y han aceptado su responsabilidad en la comisión de infracciones graves al DIH, como lo demuestra la ceremonia de aceptación de responsabilidad en Bojayá (Chocó). Por su parte, el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, siguen en la bicicleta estática del error militar y los daños colaterales. Pareciera que en este punto las FARC-EP estuvieran más decididas y preparadas para enfrentar el debate público sobre su responsabilidad en el conflicto armado que el mismo Estado colombiano, a quien le corresponde asumir su responsabilidad en la violencia política y emprender las reformas institucionales que garanticen la no repetición.

Habría que preguntarse ¿Cómo piensa el gobierno incluir a los agentes estatales en el modelo de justicia transicional sin reconocer la sistematicidad y la masividad de este tipo de criminalidad?, ¿No es acaso la justicia transicional un mecanismo para enfrentar fenómenos masivos y sistemáticos de graves violaciones de los derechos humanos?, ¿Nos conformaremos con la tesis de perseguir a los ejecutores directos y no ha quienes motivaron, promovieron y se beneficiaron de la violencia política y el despojo?

Si podemos entender que el proceso de paz es la oportunidad de poner fin a un conflicto armado de larga duración y degradado en límites insospechados, y no solo un mecanismo de sometimiento de la insurgencia. Si podemos imaginarnos que el sujeto de la negociación no son exclusivamente las guerrillas sino precisamente los factores reales de poder y los conflictos sociales que se han acumulado e incrementado en medio de la guerra. Podremos con otra mirada mucho más integral, concentrar nuestros esfuerzos en hacer posible un país menos desigual e injusto, que se beneficie del fortalecimiento de la democracia y se sostenga sobre bases sólidas que permitan la reconciliación nacional superando el enfoque retaliador y vengativo que ha caracterizado los procesos de paz fallidos en el pasado.

Edición 458 – Semana del 7 al 13 de julio de 2015
 
 
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