Puerto Rico y su deuda pública “impagable”

 
  Cristina Fontenele
  Publicista y Experta en Gestión de Marketing – Adital
 
   
 

Señalada como la “Grecia del Caribe”, Puerto Rico enfrenta una grave crisis financiera. Con una deuda pública acumulada de US$ 73 mil millones de dólares, la isla dejó de pagar, por primera vez, a comienzos de este mes de agosto, una parte del débito. El gobernador de Puerto Rico, Alberto García Padilla, ya había anunciado que la deuda es “impagable”. Él encomendó un plan de reestructuración para escapar de lo que considera un “círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos”.

En entrevista con Adital, la co-presidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico (MIÑ), Wilma Esther Reverón Collazo, explica que la economía de Puerto Rico estuvo siempre orientada a generar lucros para las empresas estadounidenses. Exenciones fiscales y el capital que sale del país, pero no retorna, fueron destruyendo la base fiscal de la isla, diezmando a las empresas portorriqueñas, que quedaron sin competitividad. Según Wilma, son décadas de una partidocracia corrupta, privatizaciones y políticas neoliberales que llevaron al país a la ruina.

La deuda portorriqueña no es reciente. El país nunca generó ingresos suficientes como para pagar sus gastos de funcionamiento, contrayendo préstamos y multiplicando el endeudamiento a lo largo de los años. Para atraer inversores, la economía pasó a ser dirigida a través de elementos de estudio fiscales, sobre todo para industrias farmacéuticas estadounidenses. Sin embargo, en 2006, con el fin de la exención fiscal, varias compañías dejaron la isla, enfriando la economía.

Para contener la crisis, en 2010, el gobierno decidió adoptar una política de austeridad, aumentando impuestos sobre el agua, energía, gasolina, y realizando recortes en la Previsión Social, salud, y cambios en la edad mínima de jubilaciones. Las medidas causaron insatisfacción y protestas de parte de la población.

Desempleo y emigración

Actualmente, con una tasa de desempleo del 13%, cerca de 280 mil portorriqueños ya emigraran en busca de mejores condiciones de vida. Restan ahora en la isla 3,5 millones de habitantes y, en Estados Unidos, ya viven 4,7 millones de portorriqueños.

Wilma cree que la emigración es una “válvula de escape” que, conjuntamente con la economía subterránea y la dependencia de fondos de ayuda de Estados Unidos, saca la presión que podría crear condiciones adecuadas para la movilización social. Todavía incipiente, ella dice que los movimientos sociales están empezando a realizar llamados para hacer demostraciones de protesta.

“Es un momento difícil”, evalúa Wilma. Para ella, las medidas recomendadas por el Informe Krueger van a quitarles a los trabajadores las conquistas de los últimos 200 años, la clase media empobrece y los jóvenes en edad productiva emigran en masa.

El informe Krueger, llamado “Puerto Rico, un camino a seguir” (“A Way Forward”, título en inglés), fue elaborado por la ex-directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne O. Krueger, para encarar la crisis económica en Puerto Rico. Entre las recomendaciones, el estudio sugiere recortes en el presupuesto del gobierno y aumento de impuestos, además de indicar que la crisis no es sólo fiscal, sino que refleja problemas estructurales.

Para superar la crisis, Wilma defiende que es necesario buscar soluciones fuera de la estructura política y económica controlada por Estados Unidos y Wall Street. “Un gran desafío, que los partidos que están en el poder no van ni siquiera a proponer”, concluye.

Una política colonial

Cedido a Estados Unidos en 1898, por España, Puerto Rico fue declarado “Estado Libre Asociado” a Estados Unidos, en 1950, lo que significa en la práctica que todavía es una colonia estadounidense, con status de autogobierno y Constitución propia, pero con poder restricto de voto en elecciones y subordinado a Estados Unidos, en áreas como defensa, moneda, inmigración y aduanas. Tal condición limitadora incide directamente sobre la reestructuración económica del país, que no puede negociar apoyos de la banca multilateral de desarrollo, como las demás naciones latinoamericanas y caribeñas, ni tampoco recurrir a organismos internacionales, como la FAO (Organización para Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

Otra cuestión económico-social restrictiva es el hecho de que la isla está sujeta a las leyes de cabotaje estadounidenses. En esta condición, Puerto Rico puede utilizar sólo navíos de fabricación, propiedad y tripulación estadounidense, la flota más cara del mundo. Además del claro impedimento que esto impone a la viabilidad de su economía, impide a la isla adquirir alimentos frescos, afectando la seguridad alimentaria de la población. Hoy, el país importa el 85% de sus alimentos de consumo diario.

El deseo de independencia de la isla en relación a la colonización estadounidense ha movilizado a parte de los portorriqueños, como ejemplo el MIÑ, coordinado por Wilma, que cree en la soberanía del país como alternativa para la refundación del Estado.

En relación con la deuda pública, el MIÑ exige una auditoría ciudadana, con auditores elegidos por el pueblo, para verificar el origen del débito, en qué se utilizó el dinero, quien asumió la obligación en nombre del pueblo portorriqueño y si los préstamos beneficiaron, de hecho, al país. El MIÑ propone que los autores del “desastre administrativo fiscal” sean responsabilizados económica y legalmente.

El Movimiento pide también el fin de las leyes de cabotaje, que conducen a una práctica comercial “injusta”, así como piden que se dé prioridad y protección a las empresas locales, optando por un modelo de inversión en la producción del propio país, como por ejemplo las cooperativas agrícolas.

Edición 459 – Semana del 14 al 20 de agosto de 2015
 
 
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