En homenaje a Jorge Bernal, amigo y compañero

Con ocasión de la publicación de avances de los resultados del Censo Agropecuario, se ha vuelto a poner en la agenda pública con distintos calificativos el tema de las precariedades de la vida de los y las habitantes del sector rural colombiano.

En efecto, produce y debe producirnos vergüenza, que el 20% de los jóvenes del campo no tengan acceso a la educación. Sin duda y a pesar de que la educación primaria y aun la educación media han perdido en buena parte su capacidad para ser factores de movilidad social este dato refiere a una gran cantidad de jóvenes condenados a la trampa de la pobreza.

Que el 12% de la población rural sean analfabetos, además de reafirmarlos en su condición de pobres le significa la negación del acceso a los escasos bienes culturales que el Estado oferta para el campo. La mayor parte de esos analfabetas son personas mayores cuyas expectativas de vida son limitadas. Como limitadas serán las perspectivas del 73% de los niños menores de 5 años que no asisten a una escuela o jardín infantil desde donde puedan desarrollarse cognitiva, social y emocionalmente.

A su vez las cifras de la pobreza multidimensional revelan las condiciones en las que se desenvuelve la vida del 45% de la población en las áreas rurales.

Una buena parte de estas condiciones podrán ser superadas con un dedicado compromiso del Estado a construir bienes públicos. A construir dotaciones escolares de gran calidad, con cuerpos docentes bien formados y bien remunerados, con acceso a Internet, zonas de recreación, ayudas didácticas y bibliotecas. Concentraciones escolares para el nivel medio en corregimientos y municipios con posibilidades de transporte para las veredas cercanas y con alojamiento y manutención para las más alejadas. Servicios de agua potable, disposición de excretas y basuras, vías, energía eléctrica, etc.; en fin el conjunto de bienes y servicios que el Estado no ha ofrecido al campo manteniendo en el atraso y la pobreza a sus habitantes.

Resulta vergonzoso que se requiera una negociación del conflicto armado con las FARC, luego de 50 años de desangre, para que el gobierno gire su mirada hacia lo rural y descubra la enorme deuda que se tiene con el campesinado.

Pero dedicarse a construir y proveer los bienes públicos, durante décadas ausentes en el campo y expresión de la precariedad de la existencia del Estado en esos territorios permitirá aumentar los niveles de goce de derechos en una parte de la población y disminuir significativamente los niveles de pobreza. Pero disminuir la pobreza no resulta suficiente.

Durante los últimos cincuenta años en Colombia persisten condiciones de desigualdad y exclusión para grandes grupos de la población y de los territorios, claramente mucho más en los sectores rurales, como lo demuestra el censo agropecuario y si bien desde que se tiene información el PIB per cápita ha presentado una tendencia creciente, lo que sugiere que la pobreza, medida a través del PIB per cápita, ha disminuido a través del tiempo, simultáneamente ha aumentado la desigualdad de tal manera que hoy somos uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Según la OCDE, el proceso de concentración de la tierra y la riqueza hace de Colombia uno de los países más desiguales del mundo, ocupando el lugar 12 entre los países más desiguales.  La pobreza en Colombia se concentra en el sector rural y en algunas regiones del país, y de hecho en el que según los registros se desarrolla buena parte de la confrontación armada. En efecto, el 41 % de los 113 millones de hectáreas que se destinan al uso agropecuario está en manos del 0,4 % de propietarios, mientras que el 70 % de las fincas o parcelas campesinas tienen menos de cinco hectáreas y la mayor parte de su uso solo garantiza la subsistencia y a pesar de ello contribuyen con cerca del 70 % de la comida que consumimos.

Lo anterior significa que si bien la construcción de bienes públicos en el campo es eficiente en la lucha contra la pobreza no resulta suficiente para la lucha contra la desigualdad que requiere la adopción de medidas de desconcentración de la propiedad, de acceso al crédito y a la asistencia técnica en unidades productivas que no solo aumenten la productividad sino que lleven a excedentes suficientes para superar los niveles de subsistencia.

Hasta aquí encontramos dos de los asuntos fundamentales contenidos en el punto referido al desarrollo rural en las negociaciones de la Habana. Es decir, una adecuada implementación de los acuerdos a los que se llegue en la Habana para la terminación del conflicto permitirá avanzar significativamente en la disminución y erradicación de la pobreza rural y en la disminución de la desigualdad.

Erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad si bien son objetivos importantes y redundarán en beneficios tangibles para la población del campo, resultan también insuficientes en la construcción de una democracia viva.

Es un hecho cierto que existe un importante déficit de ciudadanía una de cuyas expresiones es la abstención, pero sobre todo la baja participación de la población en los asuntos públicos. La planeación y presupuestación participativa, los mecanismos de rendición pública de cuentas, el estímulo a la utilización de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, son todos elementos contenidos en el acuerdo sobre participación ciudadana de la Habana que contribuirán a una disminución del déficit de ciudadanía.

Existe otra dimensión del ejercicio de ciudadanía que tiene que ver con la participación en la conformación del poder y las alternativas en la conducción del Estado. En ese terreno concurren tres grandes déficits. Un déficit de cultura política que afecta a la ciudadanía y que es una de las principales fuentes de corrupción político/electoral y de clientelismo; un déficit de institucionalidad democrática que se traduce en la ausencia de la comprensión del Estado como garante de derechos y de negación de la soberanía popular; un déficit de sociedad política entendida como la ausencia de partidos democráticos especialmente en la vida rural.

En ese terreno son pocas las alternativas que ofrecen hasta ahora los acuerdos de la Habana. La existencia de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, de una democracia profunda y de una ciudadanía de alta intensidad es necesaria en todo el territorio pero es especialmente importante en el campo donde los déficits descritos son mucho más profundos y más extendidos.

Las condiciones para una paz sostenible y duradera tienen que ver con modificaciones de la cultura política de la ciudadanía, también con el necesario tránsito de los partidos de empresas electorales a vehículos de los intereses de la ciudadanía, con la imperiosa necesidad de arrebatar el poder político a las mafias y a las elites locales corruptas y excluyentes, y a la consolidación de normas, prácticas e instituciones al servicio de la ciudadanía y del goce efectivo de derechos.