Antonio Madariaga Reales
  Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

En los últimos días una transformación importante ha sufrido el debate público sobre el proceso de negociación en la Habana, tanto en sus contenidos como en los actores involucrados. Y esa transformación supone un importante avance en la medida en que pone nuevos acentos que incluye además de lo que se negocia y la pertinencia de los acuerdos, las preguntas y propuestas sobre cómo implementar esos acuerdos y también cómo proceder para la refrendación popular de lo acordado.

En el primer caso, el de la implementación –ya se da por descontado que habrá acuerdo-, las propuestas de adecuación institucional señalan que las fechas más probables de firma de un acuerdo están alrededor del final del primer semestre de 2016 toda vez que son los tiempos legislativos necesarios para realizar los cambios constitucionales y eventualmente legales, necesarios para la implementación de lo que se firme en la Habana. Ya se había avizorado así por distintos analistas y nosotros mismos habíamos señalado, que el Marco Jurídico para la Paz es un instrumento insuficiente para implementar los aspectos esenciales que los acuerdos contienen. Para dar un solo ejemplo, las condiciones que ese instrumento constitucional señala con respecto a la creación y funcionamiento de una Comisión de la Verdad ya fueron ampliamente rebasadas por el acuerdo de la Habana que creó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Lo novedoso, es el debate por el método de realización de esos cambios en primer lugar. Que si “Congresito”, que si “Comisión Legislativa Especial”, que si Facultades Extraordinarias al Presidente Santos, o que si una combinación de algunas de las anteriores. Todo parece indicar que tendremos, muy a la colombiana, una combinación de Comisión Legislativa con facultades extraordinarias, tal que la iniciativa se comparta de la siguiente manera: Iniciativa del presidente para proponer la reforma constitucional correspondiente; otorgamiento de facultades extraordinarias por parte del Congreso sujetas a control por la Comisión Legislativa, con aprobación o rechazo de las medidas del Ejecutivo, sin lugar a modificación.

A nuestro modo de ver ese procedimiento que podría variar en cuanto a los mayores o menores grados de libertad que las facultades extraordinarias den al presidente, debería incluir también una figura transitoria, para ser utilizada una sola vez, que consagre el procedimiento especial de refrendación popular, que para estos acuerdos es indispensable, y que no parece tener cabida en los mecanismos de participación hoy existentes en la normativa sobre el tema.

Poner el tema de la refrendación en la agenda pública es un enorme acierto y proporciona una oportunidad para respaldar la tarea que en ese sentido han emprendido muchas organizaciones de la sociedad civil, que como las que se desarrollan por parte del Comité de Impulso al Consejo Nacional de Paz, buscan que a nivel nacional, pero sobre todo a nivel territorial se avance en la consolidación de una masa crítica de ciudadanía en favor de la paz y de los acuerdos de la Habana. Igual papel cumplen muchas otras iniciativas entre las que destacamos la Agenda de Paz del Pacífico y la II Asamblea de Paz convocada por la USO, la Universidad Nacional y el Ministerio del Trabajo y proceso que está precedido por 50 talleres regionales y 10 Asambleas Regionales.

La segunda novedad tiene que ver con la incorporación de miembros de las FARC al procedimiento legislativo excepcional que se acuerde. Este es una consideración de enorme realismo político, en la medida que recoge la necesidad de dar garantías a las FARC de que las normas que se aprueben, permitirán la efectiva implementación de los acuerdos y darán sentido a la dejación de armas.

Para señalar algunos ejemplos de este asunto, la implementación de los acuerdos en materia de participación política deberá proveer normas para lograr la separación entre la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, es decir su existencia legal y el umbral para obtener representación en los cuerpos colegiados; la creación del Tribunal Nacional de Garantías Electorales en reemplazo del actual Consejo Nacional Electoral, cambios sin los cuales las posibilidades electorales de las FARC, enfrentadas a esas máquinas acostumbradas a hacer campañas y ganar elecciones que hoy existen en los partidos, se verán seriamente menguadas.

Los ejemplos anteriores, y podemos abundar en muchos otros, muestran los desafíos a los que se enfrenta la implementación de los acuerdos. O para ir más lejos, tal como fue planteado a manera de hipótesis por parte del presidente Santos el pasado jueves, el otorgamiento de curules directas de manera transitoria a las FARC en la Cámara de Representantes. Nosotros hemos sostenido y lo reafirmamos, la conveniencia de dar al movimiento político hacia el cual transiten las FARC, “favorabilidad política”, una de cuyas manifestaciones puede ser otorgar transitoriamente, sin perjuicio de la competencia política abierta, un número de curules adicionales a las existentes de por lo menos un 10%, tanto en Cámara como en Senado, disminuirlas en la siguiente competencia legislativa al 5% y desapareciendo en un tercer periodo.

La tercera novedad es que define una nueva cancha y un nuevo jugador. Un jugador y una cancha necesaria porque pone en un lugar principal al legislativo y por tanto involucra a la sociedad política, a los partidos. En una negociación política por excelencia o sea en una negociación del poder, una parte de su legitimidad, pero sobre todo de sus posibilidades fácticas reside en la aceptación por los partidos de que hay un nuevo escenario político, donde el tránsito de las FARC a movimiento político implica nuevas reglas, pero ante todo la disposición necesaria para impedir la desaparición física y/o política de ese movimiento. Los partidos tienen que desarrollar todas las garantías posibles para que sea cierta la pluralidad política y en un escenario de democracia profunda, puedan los movimientos políticos nuevos convertirse en alternativas reales de poder y para ello tienen que tener activa participación en el diseño y seguimiento a la implementación de los acuerdos.

En el panorama realmente esperanzador que las novedades reseñadas anteriormente ofrece, se destacan por contraste dos grandes nubarrones. El primero de ellos hace relación al poder tanto legal como ilegal, ligado en muchos casos a las mafias y a la corrupción, que ostentan elites locales y regionales, que en el pasado pusieron todas las trabas posibles a la consolidación del espíritu democrático contenido en la Constitución de 1991 y que podrían convertirse en obstáculo de la implementación territorial de los acuerdos.

El segundo refiere a la todavía insuficiente acción del gobierno para procurar un proceso de pedagogía y movilización social de respaldo a la negociación, de comprensión de los acuerdos y de compromiso con la refrendación. Son muchas las iniciativas a ese respecto en marcha, la mayoría provenientes de la sociedad civil. El presidente Santos, cuya valentía en jugarse por la paz está suficientemente demostrada, ha sido incapaz simultáneamente de reconocer la potencia e importancia de las organizaciones sociales y políticas que en la segunda vuelta presidencial inclinaron las elecciones a su favor, justamente por ese compromiso con la paz y por lo tanto de darles el lugar político que se requiere. Y no por una consideración moral de ingratitud que no tiene especial importancia en política y que debe dejarse a los reclamos lastimeros de Uribe, sino porque contiene la grave equivocación de no identificar quienes son sus aliados principales en la lucha por la salida política negociada y la construcción de una paz sostenible y duradera.

El civilismo, la democracia profunda y una ciudadanía de alta intensidad, necesarias para lograr la convivencia y la reconciliación en Colombia solo serán posibles con dosis inconmensurables de generosidad, y de manera especial con una actitud y una práctica inclusiva e incluyente.

Coda. La necesaria recuperación de la frontera con Venezuela capturada por mafias de distinta índole y autoridades corruptas de ambos lados, no puede esconder el comportamiento violatorio de los derechos humanos de autoridades venezolanas, ni tampoco refugiarse en patrioterismos belicosos de ambos lados. Además de solidaridad con los humildes, que otra vez pagan los platos rotos, preocupación por los impactos negativos que el conflicto en la frontera tenga sobre la negociación de la Habana, pero sobre todo y de manera especial en el proceso con el ELN.

Edición 461 – Semana del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2015

   
 
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