Ricardo Cruz
  Agencia de Prensa IPC
 
   
 

Desde que llegó a la región de Urabá, hace ya 36 años, Ángela Salazar ha presenciado todas las violencias imaginables cometidas por todos los grupos armados ilegales que han querido ejercer dominio, poder y control en ese rincón estratégico del país. Sus vivencias resumen esos vaivenes entre guerra y paz en los que ha vivido la región agroindustrial.

Se aterrorizó con las atroces masacres perpetradas por los llamados ‘mochacabezas’, por allá a finales de la década de los ochenta. Fue testigo excepcional de esa espiral de violencia protagonizada por los ‘Comandos Populares’, la guerrilla de las FARC y una disidencia de Ejército Popular de Liberación (EPL) que se negó a entregar las armas una vez este grupo subversivo firmó la paz con el gobierno nacional en 1991.

Vivió para ver el surgimiento y consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes impusieron un régimen de terror finalizando la década de los noventa. Cuando parecía que nuevos y mejores días vendrían para la región con la desmovilización de las estructuras paramilitares, sus herederos conformaron una poderosa fuerza criminal que, replicando las prácticas de las autodefensas, convirtieron al Urabá en su fortín inexpugnable.

Hoy, los vientos de la paz vuelven a soplar fuertemente en el país. El anuncio hecho desde La Habana, Cuba, por el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC sobre la inminencia de un acuerdo que pondrá fin a un conflicto armado de más de cinco décadas, elevó los bajos niveles de optimismo de la sociedad colombiana.

Pero en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, donde sus pobladores son conocedores como nadie en el país de lo que significa un proceso de paz que no involucre a las comunidades, que no comprometa a las autoridades locales y que termine abandonado a su suerte por el Gobierno Nacional, el escepticismo aún es fuerte.

Para Ángela, la razón radica en la falta de pedagogía que ha tenido el proceso de paz, pues “no ha habido quien le diga a la gente lo que se está negociando”. Su apreciación es compartida por Tomás1, un líder del norte de Urabá, quien pese a la esperanza que hoy lo embarga tras los anuncios de los negociadores de la guerrilla y del gobierno, reconoce que “hay mucha gente escéptica, que no cree. Pero en parte ha sido también porque el gobierno no ha hecho la tarea de ir a las comunidades, a las veredas, a los pueblos, a decir que es eso de la paz”.

Pese a ello, Ángela no duda en calificar las actuales negociaciones como las “más serias que se ha hecho en el país. Las recomendaciones que uno formula, de una u otra forma llegan a la Mesa de Negociaciones. Por lo menos así me sucedió: envié una recomendación y fue recogida por los negociadores. Cosa distinta en los noventa, que nadie se enteró de las negociaciones, solo hasta el momento de las desmovilizaciones”.

Ambos estuvieron presentes en el encuentro “Desafíos y oportunidades desde los territorios a la luz del acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, que tuvo lugar en el Parque de los Encuentros, del municipio de Apartadó, el pasado 24 de septiembre.

El evento fue organizado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) desde el proyecto Agendas Territoriales hacia la Paz financiado por el Fondo Sueco Noruego de Cooperación para la Sociedad Civil Colombiana (FOS).

Paz estable y duradera

Como su nombre lo indica, el encuentro sirvió para poner en común los desafíos que le esperan a esta región de cara a la terminación del conflicto armado con las FARC. Este grupo guerrillero también ha dejado sus huellas de dolor y sangre en esta tierra. Con todo y ello, quienes le apuestan a la firma del acuerdo y a la reconciliación advierten cuáles serían esos retos a enfrentar una vez se silencien los fusiles.

Ángela, actual delegada por Urabá ante la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, señala con la propiedad que le dan sus años de vivir y trabajar por la región lo que hay hacer para que este nuevo proceso que se avecina, funcione: “¿qué ha pasado? Que cuando un grupo armado deja las armas, el Estado no ha copado esos territorios, permitiendo que llegue otro actor armado”.

Conocedores de procesos de paz, como Álvaro Villarraga, coordinador de los Acuerdos por la Verdad de la Comisión Nacional de Memoria Histórica (CNMH), también recalcan la responsabilidad que tiene el Estado para que en el Urabá no se repitan historias como las del EPL o las AUC. “En el caso del EPL, por ejemplo, el Estado no brindó las condiciones de seguridad a la población desmoviliza. La fuerza pública no atendió los factores de violencia que sobrevinieron contra los desmovilizados”.

Y es que si algo tienen claro hoy los líderes sociales, las organizaciones sociales con presencia en la región y la comunidad en general, es que la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC, aunque importante y trascendental, es tan solo el inicio de un proceso mucho más dispendioso: la construcción de un nuevo país que garantice una paz estable y duradera.

Ello es tan evidente que hoy, gracias a las enseñanzas que dejan dos décadas de esfuerzos de paz con otros grupos alzados en armas de todos los espectros ideológicos, desde la guerrilla marxista, leninista y maoísta del EPL hasta las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el gobierno nacional tiene claro que dicha reconstrucción pasa por las regiones.

Allí, resultará clave lo que suceda en el Urabá, donde las violencias protagonizadas por todos los actores armados ha dejado un número cercano a las 200 mil víctimas, sin mencionar las cifras de despojo de tierras, tema que, en sí solo, constituye un capítulo especial.

“La implementación de los acuerdos pasa por generar condiciones para ello. En Urabá, por ejemplo, no podrían implementarse a los dos días de firmado el acuerdo de paz porque aquí persisten problemas de seguridad, problemas como la restitución de tierras, que aquí son muy fuertes; aparte de eso el Estado sigue en deuda con la región”, señala Diego Bautista, director de Paz Territorial de la Oficina del Alto Comisionada para la Paz y uno de los invitados al encuentro, quien afirma rotundamente que “si ese tipo de situaciones no se corrige se corre el riesgo de que aquí no pase nada con la firma de los acuerdos”.

Postconflicto: costoso, pero vale la pena

Ese es, precisamente, el gran reto que le esperan a regiones como el Urabá tras la firma de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba. Será el periodo que todos llaman “postconflicto”. Y para las comunidades es claro que, sin la guerra como telón de fondo, serán más evidentes las problemáticas estructurales que han prevalecido en las regiones. Para Tomás, el líder del norte de Urabá, es claro que “la paz se construye desde las alcaldías, con justicia social. Suena a frase de cajón pero es así: que realmente haya una presencia del Estado con educación, servicios públicos, empleo”.

Lo anterior requerirá, de acuerdo con los análisis realizados por Claudia López, senadora por el Partido Verde, unas instituciones locales fuertes y una ciudadanía vigorosa capaz de hacer respetar y cumplir lo pactado en la mesa de negociaciones. A su juicio, son precisamente estos dos aspectos, sumado a la oferta que pueda provenir de los sectores que manejan las economías ilegales, las principales amenazas de cara al postconflicto.

Según su diagnóstico, unos 394 municipios del país requerirán intervención prioritaria durante el postconflicto toda vez que en ellos se advierte la presencia de actividades y grupos ilegales en un contexto de debilidad institucional, lo que demanda, como tarea urgente, realizar inversiones de toda índole (infraestructura, fortalecimiento de gobiernos locales, impulso de la ciudadanía, reparación de víctimas, procesos de memoria) durante los próximos 15 años. El costo de dichas inversiones podría rondar los 20 billones de pesos.

De los municipios a priorizar, 43 están en Antioquia y 25 en el Chocó y de ellos, un total de doce integran la llamada región Darién; es decir, el Urabá antioqueño y chocoano: Apartadó, Arboletes, Carepa, Murindó Mutatá; Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte; Carmen del Darién y Riosucio.

“En ellos habría que realizar acciones puntales como la actualización catastral, entre otras, para tener mayor precisión sobre la magnitud del despojo de tierras y, de otro lado, formalizar la posesión de la tierra. También habría que fortalecer todo el sistema de justicia, para que sea el Estado y no los ilegales, el que preste este servicio. Lo más importante: generar desarrollo incluyente y justicia social. Un postconflicto con hambre no es rentable para ningún proceso de paz”, sostiene la senadora.

Paz desde las comunidades

Para Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización no gubernamental con presencia en el Urabá antioqueño, la implementación de los acuerdos que se pacten en La Habana, Cuba, tendrán el vigor transformador que todos anhelan si, además de una presencia estatal efectiva, se acompaña con propuestas desde las propias comunidades.

“Hemos visto que el tema de las negociaciones de paz ha sido un tema, en sus inicios, muy desde La Habana (Cuba); y luego un diálogo La Habana-Bogotá. Pero esto hay que llevarlo a las regiones, principalmente aquellas que tienen un pasado y un presente crítico como Urabá, para que la gente se forme, discuta, pero que también vea las implicaciones”, afirma Herrera, quien expresa que “la construcción de la paz territorial no puede convertirse en un proceso exclusivo de instituciones, tiene que ser un proceso de la gente”.

Actualmente, el IPC viene realizando un seguimiento especial a las propuestas de los actuales aspirantes a las alcaldías del Urabá antioqueño, con el fin de determinar qué tantas posibilidades tendrán los temas relacionados con la paz y la reparación a las víctimas de quedar inscritos en los próximos programas de gobierno local. “Lo que observamos es un compromiso muy fuerte con políticas de desarrollo económico para la región y muy poco con temas relacionados con el postconflicto y la construcción de paz en la región. Eso es un tema crítico”, agrega Herrera.

Para el presidente del IPC, es claro que los acuerdos que muy probablemente se suscriban en La Habana, Cuba, plantearán nuevos desafíos para todo el Urabá. Quizás uno de los más importantes es la creación de la Comisión de la Verdad, la cual se espera cuente con su capítulo regional, para que desde esta instancia, “se develen por fin los patrones de despojo que hubo en esta región y la vinculación de agroempresarios y políticos con las estructuras de poder que llevaron a cabo dicho despojo”, plantea Herrera.

De otro lado, emerge la posibilidad de renovar liderazgos políticos a la luz de la apertura democrática que plantean los acuerdos. Pero sin duda el principal reto que plantea el acuerdo para el fin del conflicto guarda relación con las responsabilidades que tendrá que asumir el Estado desde lo local.

“El movimiento social en Urabá tiene una particularidad: tiene un alto grado de politicidad. Las mujeres han alcanzado un alto grado de reconocimiento; los jóvenes; aquí están organizados las víctimas de todos los victimarios. Hay capital humano para hacerle frente a los desafíos. Pero hay que trabajarle mucho al tema del Estado local, cooptado por los ilegales. Ese es el verdadero reto”, asevera el presidente del IPC.

1 Nombre cambiado para proteger su identidad.

Edición 466 – Semana del 2 al 8 de octubre de 2015
   
 
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