Yhoban Camilo Hernández Cifuentes
  Agencia de Prensa IPC
 
   
 

La creación de un fondo de tierras propuesto desde la mesa de negociación entre el Gobierno y las FARC en La Habana (Cuba), es un paso importante para resolver el problema del acceso y uso de la tierra en Colombia, pero no es la solución; máxime cuando el Gobierno incurre en propuestas orientadas a legalizar el despojo.

De esa forma lo planteó César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzor), durante su participación en el XI Seminario Otra Economía es Posible, realizado en Medellín por la Red de Economía Solidaria (Redesol).

En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, Jerez expresó que en Colombia hay que pensar en “cómo se desarrollan las zonas rurales en el país teniendo en cuenta que hay un contexto negativo: el modelo extractivo, de enclave y depredador”.

Jerez indica que este modelo necesita de toda la tierra y de todos los recursos, y eso hace inviable el equilibrio con otras visiones del desarrollo rural para campesinos, indígenas y afros.

Por ello, el líder campesino cree que se requiere un modelo mesurado, que redistribuya la riqueza y que ordene el territorio. De lo contrario, “será difícil una paz estable y duradera”.

Sobre el acuerdo de desarrollo rural integral logrado en La Habana, Jerez considera que debería ser más garantista, buscando que el Estado verdaderamente cumpla e implemente lo pactado.

La desconfianza es apenas obvia, según él, Colombia es un país donde históricamente los Gobiernos le han incumplido al campo y, peor aún, el actual Gobierno habla de crear un fondo de tierras pero, a su vez, “le abre camino legislativo a un proyecto de ley sobre unas supuestas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres)”.

Esta iniciativa, que pretende otorgarles baldíos a empresarios del campo, “no es más que la burla a la Ley 160, la cual dice que los baldíos son para campesinos sin tierra o con poca tierra”, advierte el dirigente agrario. Para él, lo que busca el Gobierno con las Zidres es “legalizar todo lo ilegal que hicieron latifundistas y rentistas de la tierra en Colombia”; quienes concentraron terrenos en diferentes regiones del país.

Pregunta: Como líder campesino, ¿cuál es su punto de vista sobre el acuerdo de desarrollo rural integral?

César Jerez: El hecho de que se haya avanzado en acuerdos así sean parciales genera una gran expectativa. Después de 30 años de intentos de llegar a un acuerdo con las FARC finalmente tenemos un proceso donde se ha avanzado en al menos 4 puntos con acuerdos parciales, eso dice mucho de la calidad del proceso que se lleva en La Habana.

Pero el que los acuerdos sean parciales, en el tema más estructural que tiene esa agenda que es el de desarrollo agrario integral con enfoque territorial, ya plantea unos desafíos. O sea, los acuerdos no pueden ser parciales porque no solucionan. Se requiere avanzar. Hay unas salvedades en el tema y pienso que en ese acuerdo hace falta mucho más compromiso y muchas más concesiones por parte del Gobierno.

Si bien un fondo de tierras puede ayudar a cambiar la situación, el hecho de que se genere un catastro no es suficiente, aquí hay que solucionar el problema del acceso, el tema de la formalización de la propiedad y finalmente el cómo se desarrollan las zonas rurales del país teniendo en cuenta que hay un contexto negativo: el modelo extractivo, de enclave y depredador, que es el que está vigente.

Entonces, todavía hay mucho por acordar. El acuerdo final que se firme en esa materia debe ser mucho más garantista: debemos recuperar la soberanía alimentaria que se perdió, dignificar la vida de por los menos 15 millones de personas que todavía viven en los campos del país, garantizarles condiciones en materia de participación política y en vigencia plena de los derechos humanos.

Si eso no se da, lo que quedaría después de un acuerdo final con las FARC sería muy ambiguo y generaría mucha zozobra en la gente que está en el campo; con decir un ejemplo, hay una gente que ha estado toda la vida viviendo en zonas de influencia de las FARC, donde el grupo insurgente ha tenido un poder de facto, y una de las preocupaciones de esa gente es quién va a garantizar su seguridad frente al narcotráfico, al paramilitarismo o las agresiones del mismo Estado que, de una u otra manera, era el papel de esa guerrilla en los territorios, y no estoy justificando si lo ha hecho bien o mal.

P.: Hay varias visiones del desarrollo rural en el país: de un lado la agroindustria y el extractivismo, y de otro estas iniciativas como Zonas de Reserva Campesina, distritos agrarios… ¿Debería o podría generarse un equilibrio entre esas visiones? ¿O tendría que haber una transformación de fondo?

C.J.: La falta de ordenamiento territorial, la falta de políticas públicas, la falta de inversión, los problemas estructurales de la tierra tienen convertido al campo colombiano en un caos, con el agravante de que está enmarcado en un conflicto armado.

El escenario actual es de un antagonismo entre dos sectores:

De un lado, campesinos sin derechos; comunidades afros e indígenas con derechos parciales; pequeños productores que han perdido garantías de mercado, a los cuales se les ha hecho inviable la producción en pequeña escala; todo esto asociado a las reformas de las últimas décadas que se consolidaron con los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Y de otro lado: el modelo extractivista, fundamentalmente ampliación del negocio del petróleo, la entrega de los territorios para la minería y la generación de energía eléctrica; y la agroindustria. Ese es un modelo que hace imposible el equilibrio, porque es un modelo que necesita toda la tierra, todos los territorios y todos los recursos, con la gravedad de que no es un modelo redistributivo, es decir, ese modelo no redistribuye la riqueza, no genera desarrollo y bienestar en las zonas donde se están extrayendo esos recursos, lo que genera es una fuerte contradicción y eso se evidencia en la cantidad de conflictos socio ambientales por todo el país, derivados de la llegada de ese modelo a los territorios.

Yo pienso que el equilibrio es necesario construirlo, es decir, un equilibrio implica otorgar derechos a los campesinos, incluyendo los derechos de acceso a la tierra y de ejercicio territorial, ampliando derechos para negros e indios, y garantizando la viabilidad de la economía campesina y de los pequeños productores.

Eso se logra con recursos, porque es una situación de atraso, ostracismo y marginalidad que requiere de mucha inversión. Esos recursos podrían salir de un mesurado modelo minero, energético y de expansión del negocio petrolero; con unas territorialidades definidas para eso, con procedimientos de consulta donde haya que hacerlo, porque la gravedad de ese modelo es que se impone contra viento y marea y contra la voluntad de los pobladores rurales.

Si esa dinámica excluyente en el ordenamiento territorial y en el modelo económico continúa, pues va a ser muy difícil pensar en una paz estable y duradera, con todo y acuerdo con las FARC.

P.: Su respuesta toca el tema de los derechos de las comunidades al territorio ¿Cómo pueden las comunidades ganar capacidad para ejercer ese derecho?

C.J.: En el escenario de un eventual acuerdo tendría que haber un marco garantista en materia de ordenamiento territorial. De una u otra manera, al introducir la figura de Zona de Reserva Campesina en los acuerdos eso es lo que se busca: que haya derechos territoriales para indígenas y afros, que ya están reconocidos en la Constitución de Colombia desde 1991 —que obviamente requieren ser ampliados—, pero la novedad es que por primera vez se incluirían derechos campesinos de la mano de una figura que ya tiene un marco legal desde el año 94.

Ahora, queda el camino de cómo esos derechos tienen mucha más garantía, es decir, se debe respetar la consulta previa, libre e informada para indios y afros; se debe implementar para comunidades campesinas, que blinden los territorios campesinos, más allá de que haya una o varias figuras campesinas territoriales. Queda pendiente el ordenamiento del resto del territorio par que no se vuelva una amenaza para esas comunidades, para esos modelos de vida, para la economía campesina.

Así que uno de los grandes retos y desafíos de un futuro del país, donde ya la política se haga sin armas, es lograr un consenso del ordenamiento territorial que incluya a todos los intereses, que defienda la naturaleza, que brinde garantías.

P.: ¿Los temas de restitución y baldíos, cómo los ve en el país?

C.J.: Son dos de los temas donde el Gobierno está enviando mensajes muy en contravía de los acuerdos de La Habana, y muy en contravía de los compromisos que tiene por Ley 160 y por Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras.

Una paradoja total. Mientras se avanza en La Habana con unos acuerdos parciales aquí se retrocede en baldíos y hay retrasos en restitución. En restitución porque las cifras hablan de un fracaso. No se está restituyendo con garantías, no hay seguridad para los retornos de las familias campesinas y hay un elemento doctrinario militar que pesa mucho con la política de micro focalización que establece que es en últimas el Ministerio de Defensa el que define si se restituye o no atendiendo a supuestos determinantes de seguridad. Así que la cantidad de fallos es precaria, la cifra restituida es precaria, la falta de garantías es evidente.

Nosotros que hemos dicho, que sin embargo la ley es un avance, con todo y sus pocos logros, el hecho de que haya una ley de restitución es muy importante en un país conservador, latifundista y expropiador como Colombia.

Nosotros hemos propuesto un modelo donde se restituyan tierras con garantías dentro de Zonas de Reservas Campesina. Obviamente el Gobierno no ha atendido esta propuesta. Los fallos de los jueces podrían ayudar a que se cumpliera la Ley 160 a que se constituyan territorios campesinos en la forma de ZRC, a que se financien los planes de desarrollo, y eso podría ser un fallo de un juez, y esas reparaciones y restituciones serían de forma colectiva en esos territorios.

De otro lado, en baldíos, el Gobierno, a la vez que hace un acuerdo sobre fondo de tierras con las FARC en La Habana, le abre camino legislativo a un proyecto de ley sobre Zidres, unas supuestas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, que no son más que la burla a la Ley 160 en materia de baldíos. Esa ley es clara y dice que los baldíos son para campesinos sin tierra o con poca tierra. Con esa norma el Gobierno, a su vez, busca legalizar todo lo ilegal que hicieron latifundistas y rentistas de la tierra en el país al concentrar esos baldíos en el Vichada, en la altillanura del país, y lo que se busca es que esos baldíos sean otorgados otra vez a los mismos de siempre: terratenientes, latinfundistas, rentistas de la tierra, que a su vez van a hacer un negocio con esas tierras al entregarlas mediante la extranjerización al capital extranjero.

Edición 470 – Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015
   
 
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