Olga Lucía Arango Herrera
  Presidente de SINPRO, Sindicato de Profesionales de EPM, UNE y Aguas de Barrancabermeja
 
   
 

El que EPM sea llamada la “Joya de la Corona” no es hecho fortuito sino el reflejo de dimensión como motor de desarrollo de la ciudad y la Región, con la eficiente prestación de servicios públicos y a las transferencias al Municipio, que hoy representan más del 20% del presupuesto total de Medellín.

Precisamente por ello se debe proteger esta joya, el mayor patrimonio público de Medellín, que en los últimos años ha sido víctima de decisiones administrativas que podrían lesionar sus finanzas y su sostenibilidad futuras.

En abril de 2015, por ejemplo, EPM compró la concesión de Aguas de Antofagasta en Chile por 965 millones de dólares, que brinda ese servicio a las empresas mineras y a unos 650 mil chilenos. Pero ese negocio partió de una reventa de un privado que había comprado la concesión a 30 años por 165 millones de dólares, es decir, EPM la compró por unas cinco veces más respecto al valor inicial y por solo 18 años, y que de acuerdo con los resultados recientes, en utilidades se recuperarán unos 800 millones de dólares, cerca de 200 millones menos que lo invertido, con el agravante del sentimiento ciudadano de recuperar el servicio de aguas para las municipalidades.

En épocas recientes ya se habían visto negocios lesivos para EPM. En 2005 se compró por 80 millones de dólares a los grupos Santo Domingo y Sarmiento el 50% de Orbitel -valorado por la Contraloría de Medellín en 33 millones de dólares-, por un negocio sin futuro (telefonía de larga distancia) y una tecnología incierta y rápidamente obsoleta (Wimax).

A esos casos se suma el de 2009 cuando EPM pagó 205 millones de dólares al IDEA por el control para construir Hidroituango (proyecto que había descalificado), habiendo tenido años atrás la mayoría accionaria de Pescadero Ituango.

En cuentas sencillas esas posibles pérdidas suman unos 500 millones de dólares. Pero habría más. En Telepsa (1999), las inversiones fallidas sumaron unos 4,5 millones de dólares de la época; la multa por no construir Porce IV fue de 14 millones de dólares y lo relacionado con la venta de UNE, de la que no se conoce la recepción por parte de EPM, de los 1,4 billones de pesos que debía pagar Millicom, a lo que se suma la capitalización de Tigo, a través de UNE, por 160.000 millones de pesos. En matemática simple, son más de 3 billones de pesos.

En caso de entregarse a manos privadas o esfumarse el patrimonio público representado en activos productivos como EPM y UNE ¿resistiría la ciudad vivir a punta de impuestos? A futuro ¿la clase media será capaz de sostener a toda la ciudad? Además, si EPM genera unos 55.000 empleos, entre directos e indirectos ¿puede la ciudad, la región y el país soportar más desempleo?

Estas preguntas debe tenerlas bien en cuenta la entrante administración municipal de Medellín, en cabeza del Alcalde electo, Federico Gutiérrez Zuluaga, Presidente de la Junta Directiva de EPM, la joya que hay que proteger como el gran patrimonio público de la ciudad. Ese es el gran reto.

A todas estas, ¿Qué están haciendo la Personería, las Contralorías, la Procuraduría, la Fiscalía y el Concejo de Medellín?

Edición 471 – Semana del 6 de al 12 de noviembre de 2015
   
 
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