Antonio Madariaga Reales
  Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

Tal vez la más importante transformación que durante 2015 tuvo la agenda de paz en Colombia, fue la de pasar de una agenda centrada en la validez, pertinencia y posibilidades de alcanzar un acuerdo de fin del conflicto armado con las FARC, a las características e instrumentos necesarios para implementar los acuerdos que resultan de la negociación. De hecho los amigos de la guerra centran hoy sus críticas en lo que desde su perspectiva son las características indeseadas o los riesgos innecesarios de los contenidos de los acuerdos, y no en la existencia de la negociación y en la posibilidad cierta de alcanzar acuerdos. Incluso la frase tantas veces repetida en el pasado, “nada está acordado hasta que todo este acordado”, dejó de ser utilizada por los negociadores como explicación o justificación de las diferencias o como perspectiva de la falta de confianza en la capacidad de alcanzar un acuerdo.

Y esa certeza de que habrá acuerdos en la Habana, se fundamenta en la existencia de avances concretos, como en el caso del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que efectivamente se convierte en una vía para satisfacer los derechos de las víctimas, pero también en la capacidad del proceso para superar los obstáculos más importantes acaecidos en este año, próximo a terminar, resultantes de la violación del cese al fuego unilateral por parte de las FARC y los posteriores bombardeos a los campamentos guerrilleros por parte de las Fuerzas Militares.

Una vez roto el cese unilateral y reanudados los bombardeos reclamamos así: “Por las vidas de quienes están en la confrontación, por la vida y la tranquilidad de las comunidades que viven donde esta confrontación se desarrolla, las FARC, deben considerar la reanudación del cese al fuego, el gobierno debe suspender los bombardeos y “cuidar” el cese al fuego unilateral, hay suficiente evidencia internacional, e inclusive nacional, de que eso es posible” [1]. Y añadimos, “El anuncio hecho por las FARC de decretar un cese al fuego unilateral desde el próximo 20 de julio y por un mes, además de valiente, es un acto de realismo político y de compromiso con la terminación del conflicto. La aceptación por parte del gobierno de la necesidad del desescalamiento del conflicto y de la urgencia en llegar a un cese bilateral y definitivo del fuego es un paso en la dirección correcta, pero así como la tregua unilateral de las FARC, es insuficiente.

Las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, la comunidad internacional, los países garantes y todos y todas quienes clamamos por el desescalamiento, tenemos que celebrar el triunfo de la sensatez y seguir convencidos de que nuestras voces en la coyuntura reciente y al futuro son capaces de sobreponerse al estruendo de la guerra y poner a la negociación en el lugar que le corresponde. Abordar con seriedad y prontitud los temas faltantes es la tarea de todos los negociadores. Para ello deben comenzar por un cambio de actitud y enviar un mensaje que el país necesita.

Es hora que tanto las FARC, como el gobierno de Santos se entiendan a sí mismos como contradictores y no más como enemigos. De hecho, es hora que se consideren “aliados de la paz” y de la terminación del conflicto, para que honren el acuerdo que dio origen a los diálogos de la Habana. Tienen que entender que la suerte del gobierno Santos y la de las FARC están atadas al proceso de la Habana y que a su vez están atadas al fin del conflicto. Significa que lo que algunos han llamado la “paz de Santos” es al mismo tiempo “la paz de las FARC”. Es decir, que los resultados y acuerdos de la negociación en la Habana comprometen a ambos y que las contradicciones y diferencias de posturas sobre muchas cosas son parte de esa construcción del acuerdo y no razones para imposibilitarlo.” [2]

1. Por todo lo anterior celebramos que se llegara al acuerdo de “Desescalar en Colombia y Agilizar en la Habana”.

Este acuerdo “1.Define como propósitos, fortalecer la confianza de la población y entre las delegaciones, agilizar la construcción de acuerdos y crear condiciones para la puesta en marcha del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. 2.Para lograrlo cambiaron la metodología de ciclos, por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo, definiendo un plan con metas preestablecidas; acordaron solicitar el acompañamiento de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de la presidencia de UNASUR (actualmente Uruguay), para que la subcomisión técnica avance rápidamente hacia el Cese al Fuego y Hostilidades, y subrayamos, la dejación de armas; definieron un plazo de cuatro meses para evaluar los avances de las medidas de desescalamiento acordadas y en los Acuerdos; y finamente acordaron intensificar medidas para la construcción de confianza.

Por supuesto que el acuerdo no significa que todos los peligros estén conjurados, pero revela importantes asuntos, que no están dichos todos de manera explícita. El primero de ellos, a nivel político, es que la mesa de negociación no sólo escuchó la enorme cantidad de voces pidiendo agilidad y desescalamiento, sino que comprendieron y coincidieron en la necesidad de dar una clara muestra de la voluntad de persistir en las conversaciones.

El segundo, del mismo tenor, es que entendieron la gravedad de la pérdida de confianza de la sociedad hacia el proceso y decidieron con el acuerdo mismo y con su contenido enviar un fuerte mensaje, (los plazos puestos, que evidentemente no son fatales, forman parte de ello), de querer recuperar la confianza de las colombianas y colombianos. El tercero, de carácter político/metodológico, es la comprensión de que la concreción de acuerdos, implica necesariamente nuevos ritmos y acercamientos a los temas por desarrollar y de manera particular, el imperativo de sumar fuerzas y legitimidad a lo que se acuerde en la subcomisión técnica, (la inclusión del delegado del Secretario General de ONU y de UNASUR con la presidencia Uruguaya van en esa dirección) y poner en escena que ese asunto incluye sin duda alguna la dejación de armas.

El cuarto tiene de nuevo, lo que no es de poca monta, el compromiso explícito por parte del gobierno de desescalar el conflicto, lo que en el pasado había sido una exigencia solo a las FARC, y contiene una determinación de no seguir operando para darle gusto a la extrema derecha y a sectores de las fuerzas militares y de oficiales retirados. La decisión del presidente de dejar de llamar a las FARC, “bandidos narcoterroristas”, hace parte de lo que llamó el desescalamiento del lenguaje, tiene un gran efecto en los imaginarios y significa la comprensión de la necesidad de humanizar al contrario, a las FARC y prepararse para recibirla como contendor político”[3].

Hoy son evidentes los extraordinarios resultados de ese acuerdo, tenemos los niveles de confrontación armada más bajos en décadas, se ha avanzado y cerrado el punto de Víctimas, y también se avanza en la sub comisión para el fin del conflicto.

2. El segundo acuerdo que destacamos es el acuerdo de creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación con sus diversos componentes.

a) La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la convivencia y la no repetición.

Este fue el primer punto del sistema que fue dado a conocer contiene una serie de temas que van desde la conformación de la Comisión de Escogencia de los 11 Comisionados, la metodología para elegir a estos comisionados, el asunto del acceso a los archivos y la preservación de los mismos, la Comisión de Búsqueda, los incentivos para la comparecencia a la Comisión, los métodos y estrategias para la investigación en terreno, la relación con la estructura judicial que se acuerde en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y en general un amplio mandato que busca esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que en el conflicto constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) considerando el impacto humano y social en la sociedad; valorando el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado y los asuntos que contribuyeron a mantenerlo e intensificarlo. La amplitud de su mandato, entendida como parte del Sistema Integral de Justicia Transicional, su carácter extrajudicial, el que contemple espacios de participación de las víctimas y de la sociedad, un enfoque diferencial y un enfoque territorial, y la novedosa puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Comisión son aspectos destacables. Resulta igualmente sugerente la inclusión de los temas de convivencia y no-repetición en el marco de la Comisión lo que normalmente no está presente. Todavía y esa es una responsabilidad y una oportunidad para la sociedad civil hay necesidad de llenar de contenidos aspectos como la metodología o los perfiles de los magistrados que en el acuerdo, son sólo titulares.

b) El tema de los desaparecidos

En lo que tiene que ver con las personas dadas por desaparecidas, que es el segundo elemento del sistema, se parte de reconocer la magnitud de la tragedia colombiana en ese aspecto. En efecto la guerra colombiana ha producido más desapariciones que las dictaduras del Cono Sur sumadas, ya que según el Registro Único de Victimas hay más de 45.000 víctimas directas de desaparición forzada y más de 114.000 víctimas indirectas sumidas en un dolor continuado y de enormes proporciones. El largo listado incluye soldados y civiles que estando secuestrados por las FARC nunca aparecieron, así como humildes ciudadanos que fueron víctimas de los “falsos positivos” a manos de las Fuerzas Militares, estudiantes y activistas sociales y políticos que dentro del régimen de Estado de Sitio fueron torturados y desaparecidos por las agencias estatales de inteligencia, así como desaparecieron a sobrevivientes del Palacio de Justicia, y el enorme número de desapariciones que con la falsa idea de “quitarle el agua al pez” perpetraron los paramilitares a dirigentes y militantes de organizaciones sociales y políticas, defensores de Derechos Humanos y muchos otros habitantes del campo.

Las familias y allegados de esos compatriotas han tenido largas esperas, han movido literalmente cielo y tierra buscándolos, a veces a riesgo de su propia vida, y ahora con el acuerdo sobre los desparecidos logrado en La Habana entre el gobierno y las FARC pueden pensar que ha llegado el momento para muchos de ellos de encontrar las respuestas larga y dolorosamente buscadas.

Con los dientes que no tiene la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el acuerdo crea la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas e incluye las desapariciones perpetradas por todos los actores del conflicto y no sólo las atribuibles a agentes estatales. El otro aspecto fundamental de este acuerdo es la contribución que hará a la verdad y de manera particular a hacer visible una tragedia hoy invisible.

c) La Jurisdicción especial de paz JEP

Se destacan unos principios o criterios orientadores sumamente sugestivos como verdad exhaustiva y detallada y cero impunidad y una combinación de justicia restaurativa y retributiva. Sus objetivos son • Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; • Ofrecer verdad a la sociedad colombiana; • Contribuir a la reparación de las víctimas; • Contribuir a luchar contra la impunidad; • Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste; • Contribuir al logro de una paz estable y duradera.

Se establece con toda claridad que el delito político y los conexos a este, el narcotráfico puede serlo, serán objeto de amnistía e indulto.

También se establece que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y las graves violaciones a los DD.HH, e infracciones al DIH, no serán objeto de amnistía e indulto y todos pasarán por investigación, juicio y vencidos en juicio, sanción.

El acuerdo tiene en su base una estrecha relación entre verdad, justicia y sanción. De esta relación se desprende que el incentivo para alcanzar el mínimo de sanción; sanción restaurativa de 5 a 8 años con restricciones a la libertad, es la aceptación de responsabilidad y la entrega de verdad completa y detallada. Por el contrario, la no aceptación de responsabilidad y la renuencia a contar la verdad pueden llevar a una pena de prisión de hasta 20 años.

La jurisdicción especial de paz que se crea es independiente de la justicia ordinaria, estará compuesta por cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva; la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Amnistía e Indulto; la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; la Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal para la Paz, que estará compuesto, a su vez, por cinco secciones: (i) Sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de responsabilidad; (ii) Sección de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de responsabilidad; (iii) Sección de apelación; (iv) Sección de revisión; y (v) Sección de estabilidad y eficacia y tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC y a los agentes del Estado. Las Salas de Justicia y el Tribunal para la Paz estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, con una participación minoritaria de extranjeros y el desarrollo y cierre de los procesos en esta jurisdicción especial, pasan a cosa juzgada. La imposición de cualquier sanción por parte de la Jurisdicción Especial no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho (activo o pasivo) de participación política. Se insiste en que los criterios y procedimientos se aplicarán de manera equitativa y equivalente a los miembros de las Fuerzas Militares.

d) La reparación

El componente de reparación incluye en primer lugar actos de reconocimiento y de contrición, formales, públicos y solemnes en los cuales el Gobierno, las FARC-EP y quienes puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconocerán su responsabilidad colectiva por el daño causado y pedirán perdón, cada uno según lo que le corresponda y lo harán en el ámbito nacional como en el territorial.

A partir de allí esta parte del acuerdo del sistema aborda un importante y profundo recorrido por diversos temas, que van desde la reparación colectiva, la priorización de los territorios para la misma, pasando por la rehabilitación psico-social, para considerar el tema de los retornos, la restitución de tierras y la adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de atención y reparación integral a víctimas.

Lo correspondiente a las garantías de no repetición van acompañadas de un consideración de la promoción, vigencia y protección de los Derechos Humanos como un componente importante de las mismas.

Destacamos que el acuerdo reconoce la existencia de políticas, procesos y acciones en ejecución que deben ser fortalecidas y profundizadas.

Como se despende de este apretado recorrido por algunos de los asuntos esenciales de los acuerdos alcanzados, los avances son enormes, gigantescos y demuestran el compromiso de las partes por poner fin al conflicto armado. Por eso hemos dicho, “Desde nuestra perspectiva, la magnitud de los desafíos que se alcanzan a vislumbrar a partir de los asuntos definidos o esbozados en cada uno de los acuerdos, obligan a una comprensión nueva y distinta del quehacer que impida una nueva frustración. Ya en el pasado hemos diseñado sofisticadas estructuras, complejas normativas e instituciones, intrincados y ambiciosos procesos que a la postre tienen grandes dificultades para ser implementados efectivamente. Para disminuir el riesgo de fracaso de la implementación habría que considerar entre otras las siguientes cosas:

A. La construcción de un propósito nacional compartido.

Convertir la paz, pero sobre todo el éxito de la terminación del conflicto en sus tres componentes: Firma de los Acuerdos; Refrendación de los acuerdos e Implementación de los mismos, en un propósito nacional, insistir en despertar la ilusión de la vida sin guerra, aun para aquellos que la han vivido y viven como un asunto lejano. Ello comporta comunicación y movilización, pedagogía y convicción, es decir, participación social y ciudadana. Ello implica impulsar en la sociedad colombiana un horizonte de reconciliación; del Estado y la Sociedad en una causa común.

B. La definición concertada de un Programa Nacional de Reconstrucción.

Reconociendo experiencias institucionales como la del FOREC, el PNR, los Laboratorios de Paz de un lado y las múltiples experiencias de paz de las Organizaciones de la Sociedad Civil; articulando Estado, Sociedad Civil, Sociedad Política, incluida la organización política a la que transiten las FARC, Gremios y Comunidad Internacional en una lógica y dinámica de mediano plazo. Un Programa de esta naturaleza le daría sentido a la Paz Territorial, en la medida que se construya desde esa perspectiva. No podrá ser, como parece estar pasando, una invención hecha por el Ministerio del Postconflicto, secreta y misteriosa, sin deliberación, a espaldas de la sociedad.

C. La reorientación de las prioridades del Gasto Público y la Inversión.

Cada uno de los aspectos contemplados en los acuerdos implica importantes recursos que han sido calculados entre 40 y 90 billones de dólares por algunos y no podrán ser cubiertos y menos en condiciones de disminución de ingresos fiscales sin una reorientación de gasto público. Resultaría consistente con la idea del Plan Nacional de Reconstrucción una caracterización del presupuesto nacional para ese propósito y un Marco Fiscal de Mediano Plazo con esa orientación.

D. Una Cooperación para la Paz

Está meridianamente claro que la paz en Colombia no la va a financiar la Comunidad Internacional. Tendrá que ser el resultado de una opción política de toda la sociedad colombiana, a la cual, no tenemos duda, contribuirá la comunidad internacional. Para iniciar una aproximación, por supuesto en otra coyuntura, los Estados Unidos destinaron al Plan Colombia 7.500 millones de dólares, buena parte de los cuales alimentaron la guerra, mientras que la Unión Europea ha destinado 160 millones de Euros al apoyo a los Laboratorios de Paz. Cuantiosos recursos como esos se podrían destinar, ahora que los Estados Unidos y la Unión Europea parecen compartir el anhelo de paz de las y los colombianos, a un Gran Fondo para la Reconstrucción de Colombia”[4].

CODA: Renovamos nuestra esperanza en que 2016 será el año de la firma en la Habana del Acuerdo Final y el comienzo de la fase pública de negociación con el ELN, pero también que será el año en que, no solo discursivamente, se entenderá por parte del gobierno que la sociedad civil es parte de la solución y no parte del problema y abrirá las compuertas a la más amplia participación en la pedagogía, y la implementación de los acuerdos.

Notas:

[1] Madariaga Antonio, Bombardeos y suspensión del cese al fuego unilateral por parte de las FARC, Semanario Virtual Caja de Herramientas.

[2] Madariaga Antonio, El cese al fuego unilateral de las FARC: Una decisión valiente, Semanario Virtual Caja de Herramientas.

[3] Madariaga Antonio, El acuerdo sobre desaparecidos, Semanario Virtual Caja de Herramientas.

[4] Madariaga, Antonio, Acuerdos a la Vista…Ideas sobre la Implementación, Semanario Virtual Caja de Herramientas.

Edición 477 – Semana del 18 de Diciembre al 21 de Enero de 2016

   
 
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