El adiós a las armas

La firma del cese bilateral del fuego entre el Gobierno del presidente Santos y las Farc es un hecho histórico indiscutible en la tarea de la búsqueda y consolidación de la paz.

Este cese de hostilidades definitivo es la culminación de un proceso político de negociaciones que se inició a partir del momento en que la guerra se deslegitimo y los actores armados se vieron abocados a negociar una salida política al conflicto armado.

A la guerra la deslegitimo la barbarie de las masacres, los asesinatos fuera de combate, los falsos positivos, la muerte de la verdad, la presión de casi 7 millones de víctimas y desplazados, y las nuevas realidades del marco internacional en el cual ninguna ideología merece una guerra. La guerrilla llego a la conclusión de que no es posible su triunfo militar y el Estado igualmente comprendió que no era posible aniquilar militarmente a la insurgencia creándose así una especie de empate militar negativo.

La guerra también se deslegitimo porque la lucha por la paz es una lucha cultural. La paz es un requisito fundamental para aplicar justicia y para ejercer a plenitud los derechos humanos; por su parte, las victimas requieren de la paz para poder ser indemnizadas, para acceder a los programas de restitución de tierras; y porque es en la vida política y social en paz en donde se puede garantizar la verdad histórica.

De allí que la paz debe entenderse también como el producto de la perdida de vigencia ideológica de la guerra como una forma de la política, aunado a la presión internacional en materia del respeto a los derechos humanos y de las exigencias de la civilidad en el sentido de buscar la salida negociada a todo tipo de conflictos.

La paz que se está construyendo en Colombia es una paz política entre los dos actores para poner fin al conflicto político armado; ambos sectores ganaron porque se reconocieron sus legitimidades después de 50 años en que se negaron como actores políticos. Hoy día, las Farc con la negociación política han terminado reconociendo que el gobierno es legítimo y el gobierno ha reconocido que la lucha armada de las Farc sustentaba sus razones en la existencia de una violencia estructural.

Ahora bien, la paz política no es la paz social; para que ello ocurra, es necesario e imprescindible que haya paz política. La paz política es un resultado social, es una conquista social; y lograr la paz social implica también generar condiciones para mejores conflictos sociales que permitan avanzar en la conquista de reivindicaciones a partir de la protesta social organizada; es ahí, donde está la clave de este proceso de democratización de la vida nacional. La paz política es la oportunidad para que se desaten mejores conflictos sociales.

Es por ello, que a partir de la firma de la paz política el movimiento popular y democrático debe refundarse en sus formas organizativas, trabajar la unidad de esfuerzos en una sola dirección hacia los intereses de los más olvidados, de los de abajo. Es preciso construir un programa mínimo que aglutine la protesta social para tener mejores conflictos sociales. La paz política se requiere con urgencia para que en Colombia por fin haya verdadera lucha de clases.

De otro lado, hay que decir con claridad que este proceso de paz tiene “enemigos agazapados” como diría Otto Morales Benítez. Es un sector muy importante de las élites que no comparten los avances del proceso del fin de la guerra. Eso no debe alarmar a nadie; ello es el reflejo de una profunda crisis interburguesa, de las profundas contradicciones al interior de las élites que reflejan grandes diferencias sobre como dirimir los conflictos políticos en la sociedad.

Esa crisis interburguesa se expresa en más de 100 parlamentarios procesados por parapolítica y en procesos abiertos y en otros por abrir, sobre el apoyo al paramilitarismo como forma predilecta de un sector de la burguesía aliada de la mafia del narcotráfico para liquidar la protesta social mediante el crimen. Se expresa, igualmente, en la ferocidad del discurso del expresidente Uribe y de todos los turiferarios del Centro Democrático que no aceptan que la paz ya no es una posibilidad sino una realidad que se les vino encima. Su oposición coincide con la de los señores de la guerra para quienes la barbarie del conflicto político armado les es muy rentable.

Es la oposición igualmente de una plutocracia mafiosa que busca cooptar el Estado para sus intereses sin importar para nada el destino de la patria. Es la oposición del resentimiento y del deseo de venganza que no encuentra en sus pocas razones del odio ninguna posibilidad para el perdón y la reconciliación nacional. Esperemos que entren en razón y se den cuenta finalmente que la paz es no solo un anhelo de nuestra sociedad sino el fin último a alcanzar para una vida digna de la Colombia venidera.

Es preciso señalar también que en Colombia hay un sector social muy importante que jugará un papel  trascendental como garante de este proceso de paz; son mujeres y hombres  demócratas que con su esfuerzo cultural y académico se han incrustado en el aparato de justicia, son jueces amantes de la doctrina de los derechos humanos y con una profundad convicción y respeto por los valores democráticos de la sociedad. Jueces y Magistrados de justicia y paz que han cumplido un excelente papel en la defensa de la democracia como la mejor forma de gobierno, y que seguramente contribuirán de manera decisiva a consolidar la paz a partir de la justicia transicional en la cual serán juzgados los crímenes de lesa humanidad; dando así garantías de verdad,  justicia, reparación y de no repetición.

De tal manera que lo que viene es lo mejor. El país presenciara unas grandes movilizaciones de los de abajo por sus reivindicaciones en el marco del respeto por la protesta popular en un clima de paz política; asistiremos, igualmente, a los procesos de justicia transicional sin impunidad para los crímenes de lesa humanidad, y a la consolidación del pos conflicto en las regiones que otrora fueron martirizadas por la guerra.

Finalmente, el cese bilateral de fuego y hostilidades implica que el fin del uso de las armas por parte de las Farc para hacer política no es posible y debe corresponderse con la misma consideración por parte del gobierno con el no uso de las armas para reprimir la protesta cívica y ciudadana; lo anterior en consideración a que la guerra y el uso de las armas se deslegitimo tanto para hacer política; así como para reprimir violentamente la protesta social por parte del gobierno.