La Ley de Víctimas
y los retos para la construcción de Paz

 
El Gobierno y las Farc han afirmado públicamente en reiteradas ocasiones que las víctimas están en el centro de los acuerdos de paz. Para que esto se convierta en una realidad, resulta fundamental que los planes de implementación de dichos acuerdos sean formulados con enfoque reparador y desde la justicia restaurativa...
 
Mónica Duarte
 
Asesora Estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

En el mes de junio, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió 5 años desde su promulgación el 10 de junio de 2011, y aunque es sin duda uno de los grandes pasos que ha dado el Estado colombiano en materia de verdad histórica con el reconocimiento pleno del conflicto armado interno, de las víctimas y de su responsabilidad, el balance de su ejecución plantea grandes desafíos, especialmente de cara a la implementación de los acuerdos de paz.

Uno de ellos, tiene que ver con la reparación integral. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, el registro de personas afectadas por el conflicto armado asciende a 8.040.748, de las cuales son sujetos de atención y reparación un poco más de 6,2 millones. El último informe de esta entidad, reporta que 503 mil víctimas han recibido indemnización económica, y si bien esto significa un avance, no deja de preocupar que el proceso sea tan lento.

En el recientemente publicado boletín electrónico Más Derechos Colombia, la Defensoría del Pueblo describe los resultados de una encuesta que aplicó a las personas afectadas por el conflicto armado, entre los que llama la atención que el 36% de los encuestados que han sido beneficiados con la reparación administrativa considera que esta no contribuye a la reconstrucción de su proyecto de vida, mientras que el 49% piensa que la medida recibida no les permitirá tener condiciones de vida diferentes a las que tenían antes del hecho victimizante. Esta información refleja que además de las dificultades procedimentales y administrativas que ralentizan el proceso de reparación, las víctimas están inconformes con los montos de la indemnización económica y con las medidas para el restablecimiento de las capacidades productivas y el empleo, puesto que consideran que no contribuyen sustantivamente a la superación real de las condiciones de vulnerabilidad y mucho menos a la transformación de sus vidas.

Otra de las medidas de la Ley que avanza lentamente es la restitución de tierras. A la fecha sólo el 3,4 % de las solicitudes han sido resueltas judicialmente, es decir, únicamente 2.900 de las 87.000 solicitudes de restitución presentadas. Sin embargo, las medidas especiales que conlleva este proceso pretenden compensar la inmensa vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado y de despojo. La Ley por eso creó entidades para su atención, incluyó instrumentos como las presunciones de despojo, y asignó la responsabilidad a una instancia judicial especializada que no abordara el proceso como un conflicto civil normal de intereses entre personas en igualdad de condiciones. Nadie puede ignorar que la restitución está llena de dificultades, como las condiciones para la micro-focalización o la atención a los verdaderos segundos ocupantes (personas en situación de vulnerabilidad que hayan sido víctimas o que dependan económicamente del predio objeto de restitución). Estos asuntos sin duda deben resolverse para que la ley cumpla su “fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible” (artículo 8 de la Ley1448).

Un reto más tiene que ver con la Reparación Colectiva. En el Conversatorio Ley de Víctimas 5 años: Avances y Desafíos para la Paz, desarrollado por la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales y la Corporación Viva la Ciudadanía el pasado 30 de junio, Ana Cristina Portilla del Centro Internacional de Justicia Transicional, planteó que aunque la ley es garantista y fue creada especialmente para favorecer a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, persisten las dificultades para satisfacer los derechos colectivos de grupos humanos que fueron afectados por la violencia de la guerra no solo individualmente, sino como comunidades organizadas, ya que a pesar de que los planes de reparación colectiva se construyen con el grupo, las medidas se aprueban por oferta, es decir, dependen más del presupuesto anual asignado para tal fin y de la oferta institucional existente que de las necesidades o expectativas de las víctimas y la correspondencia con el daño causado.

Y aunque seguramente existen otros desafíos importantes, se hace necesario resaltar que el Acuerdo sobre Víctimas negociado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, promete un nueve panorama y considera la realización de las reformas requeridas para el fortalecimiento y adecuación de la Política de atención y reparación integral, mediante un ejercicio amplio de participación de las víctimas. Por tanto, resulta urgente, el inicio de un gran diálogo nacional entre el Gobierno y las Víctimas, que favorezca la discusión en torno a los ajustes estructurales que requiere la Ley para el logro de la reparación integral transformadora y la participación efectiva de las víctimas en la construcción de paz.

Dichos ajustes podrían corresponder a: 1) Una revisión juiciosa del Conpes 3712 que contiene el Plan de Financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011, puesto que este fue diseñado para atender sólo a 4 millones de víctimas inicialmente. Y en este mismo sentido, también debería revisarse la forma de ejecución de los recursos, ya que la centralización en el manejo de los mismos, puede ser una talanquera para el proceso de planeación e implementación de la política que realizan las entidades territoriales; 2) Contemplar la posibilidad de ampliación de la vigencia de la ley, considerando el gran porcentaje de víctimas que aún están pendientes por reparar; 3) Hacer una reingeniería institucional para la implementación de la política pública, que permita elevar el estatus de la Unidad de Víctimas –podría ser a Ministerio- para mejorar su coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) logrando que las entidades gubernamentales que lo conforman, reconozcan y se apropien de sus lineamientos; 4) Mejorar el proceso de restitución de tierras incrementando el número de hectáreas restituidas, realizando un estudio de las causas que no permiten el avance de los casos en la etapa administrativa y sus dificultades procesales y metodológicas, con el fin de superarlas e invocando a la institucionalidad a monitorear y proteger a los reclamantes, a las víctimas y segundos ocupantes de buena fe exentos de culpa.

El Gobierno y las Farc han afirmado públicamente en reiteradas ocasiones que las víctimas están en el centro de los acuerdos de paz. Para que esto se convierta en una realidad, resulta fundamental que los planes de implementación de dichos acuerdos sean formulados con enfoque reparador y desde la justicia restaurativa, para que permitan, entre otras cosas, romper el infernal ciclo intergeneracional por el cual los hijos de una violencia se ven destinados a vivir la siguiente.

Edición 502 – Semana del 8 al 14 de Julio de 2016
   
 
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